Buscar este blog

lunes, 30 de octubre de 2017

Observatorio Ciudadano, Consorcio TICCA y organizaciones indígenas presentan propuestas al proyecto de ley sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas

En Comisión de Medio Ambiente del Senado.
  • Las indicaciones son una construcción colectiva, basada en estándares internacionales de derechos humanos, indígenas y de conservación, que buscan sean incorporados a la normativa en discusión parlamentaria.
Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano, 25 de octubre de 2017
El pasado lunes el Observatorio Ciudadano y el Consorcio TICCA, junto a representantes de comunidades indígenas, presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente del senado un conjunto de observaciones y propuestas de modificación a introducir al Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín Nº 9.404-12), que esta tramita actualmente.
Las indicaciones que se formulan al proyecto, se basan en estándares internacionales de derechos humanos, de pueblos indígenas y de conservación, proponiendo redacciones alternativas a su texto en temas relativos al principio participativo, el reconocimiento adecuado de los territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales, la participación en la gestión, la modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado, la elaboración de informes de aspectos culturales previo a la creación de un área protegida, el procedimiento para la elaboración de planes de manejo de área protegidas, la creación de áreas protegidas de propiedad privada y las infracciones a los instrumentos de conservación de la biodiversidad.
En la sesión participaron Lorena Arce, coordinadora del Consorcio TICCA para el Cono Sur, y José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, exponiendo estos estándares y sobre los territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA). Además se realizaron exposiciones de experiencias de conservación de biodiversidad indígenas en Chile, por parte de Leciticia González, quien dio cuenta de la experiencia de comanejo -o gestión compartida de áreas protegidas- del pueblo atacameño; Joaquín Miliñir, en el caso de la Comunidad de Quinquén, y Carolina Huenucoy, de la comunidad kawésqar de Puerto Edén, respecto de los problemas de superposición del Parque Nacional Bernando O’ Higgins sobre las tierras y mares de uso tradicional de este pueblo.
Tras la reunión Lorena Arce señaló que “las propuestas que presentamos en esta sesión son el resultado de un largo proceso en el que hemos estado trabajando con representantes de diversas comunidades para que este proyecto de ley logre reconocer de manera apropiada los aportes que hacen las comunidades, tanto indígenas como locales, a la conservación de la biodiversidad. Agregó que “es importante que entendamos que la conservación no se logra sólo a través de las áreas protegidas del estado o recientemente de privados, sino que existen otros medios, como las prácticas, los usos consuetudinarios y los conocimientos tradicionales, que han demostrado ser efectivos para la protección y conservación de la naturaleza”.
Por su parte José Aylwin sostuvo que  “a  través de estas propuestas las organizaciones que las suscribimos queremos poner énfasis en que la conservación de la biodiversidad no se puede seguir haciendo de espaldas a los pueblos indígenas y comunidades locales y vulnerando sus derechos”.
Aylwin agregó que “si bien el proyecto en debate reconocía la figura de las áreas de conservación indígena, inicialmente no considerada, esta es muy insuficiente por cuanto considera solo las tierras de propiedad legal de las comunidades. En consonancia con las directrices internacionales se propone la inclusión de la figura de los territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales, las que abarcan tanto áreas terrestres como marítimas, tanto de propiedad legal como de uso tradicional”.

domingo, 29 de octubre de 2017

Eso que llaman Ley Lonqueira, Ley Corrupta o Ley de Pesca

#opinión @rodrigodelao
Mucho se ha hablado de la ley de pesca, también llamada Longueira en honor al ex ministro re-formalizado. Y, desde su texto y proceso para convertirse en ley; de empresas ligadas a pseudo parlamentarios (de “representación popular”), en financiamiento de campañas a través de los "legales" (¿éticos, morales?) aportes reservados, en concomitancia, se ha dicho, con funcionarios de gobierno; el lobby, tráfico de influencias y manejo de información privilegiada para particulares réditos o beneficios, etc. Junto a ello, la brutal inequidad respecto de la adjudicación de cuotas y la captura de las pesquerías ancestrales por la mega industria pesquera. Es decir, artesanales terminan trabajando (a veces, sin saberlo) para los industriales. También, nace la pesca y acuicultura ilegal y de la mano del colapso de diversas pesquerías con la ayuda de la metodología de "pesca por arrastre". 

De todo el producto obtenido en el mar, un gran porcentaje se convierte en harina de pescado; en alimento de otros peces, de salmones, por ejemplo. Lo que da argumento a la industria acuícola a expandirse, con subsidios fuertes, a nuevas aguas, prístinas, oceánicas, que reúnan las condiciones apropiadas (benditas AAA) debido al colapso del mar austral por la inclemente sobrepoblación de granjas salmoneras que, sencillamente, aniquilaron las aguas y fondos marinos, siendo imposible poder mantener cultivos en muchos de ellos porque el ecosistema no lo sostiene. No es capaz de recuperarse. El "Mayo Chilote" (2016) es un símbolo reciente de los riesgos de una industria que produce su producto (Salmón), se accidenta, falla reiteradamente, y el subproducto (Riles) se deposita en el mar. Las consecuencias, ambientales, sociales; impredecibles. 
Sin ir más lejos, hoy un carguero se encuentra hundido en Chonchi (Wellboat Seikongen, de origen chino) con 200 mil kilos de salmones muertos (covertidos en riles) y otros tantos miles de combustible y aceite manteniendo alarmada a comunidades cercanas. Una bomba de tiempo. 
Además, a la gran carga ambiental sostenida por la industria acuícola de alta gama; hoy se deben incluir aspectos ligados al comportamiento antrópico, a la sobrepoblación, planificación, forma de consumo establecido por convención y efectos, consecuencias en el medio natural responsablemente, lo que adiciona elementos que no se han incorporado en la actualidad en esta industria cautiva, privada y de consecuencias, al menos, cuestionables donde los errores los paga el medio ambiente local y las comunidades.
Una industria que proclama sustentabilidad y equilibrio en su negocio, en bienes fiscales, requiere mil doscientos kilogramos de pellet (alimento) para alimentar (o engordar) 1 kilo de salmón. Pero, para hacer ese kilo, se necesita entre 5 a 10 kilos de pescado (no importa cual, da lo mismo, solo interesa la proteína). Por eso, se menciona, que artesanales trabajan para industriales. Prácticamente, todo es para hacer harina y alimento para peces. Y lo que queda para consumo, en su mayoría, se exporta.
Esto, solo es una parte, podríamos hablar (o escribir) horas. De plagas exóticas, por ejemplo, que la IA ha traído (ISA, Caligus, piojos, etc.); de los antibióticos; sus fecas; la alta tasa de muertes de trabajadores, etc., etc.
Es urgente poder coordinarse desde las ciudades y localidades costeras. Desde la pesca artesanal, autoridades, organizaciones locales, juntas de vecinos y comunidad en general. Se necesita salvaguardar las 5 millas. No tan solo para preservar y salvar la pesca artesanal y los caladeros históricos. También porque la primera franja marítima que tiene Chile es una virtud que debemos respetar, mantener y, en ese desafío, presentarla al mundo como ejemplo de gestión y trascendencia.
Menos mal que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, se puso las pilas y, salvo algunos condoros como lo de Campiche, Pérez Yoma y eso, marcó una ruta respecto de la importancia vital que tienen los océanos para nuestro país y para el mundo (Partiendo con lo de las bolsas plásticas y el gran paso de lad AMP). Gritando al mundo, construyendo un hito y punto de inflexión que implica el colapso de nuestros mares, de nuestros cuerpos hídricos; o, si actuamos con decisión y compromiso desde las más altas esferas del poder para su defensa, protección y permanencia. Con mayor razón en Chile, con una de las costas más extensas del mundo.
Ojalá con ese mismo ímpetu el ejecutivo de hoy pudiera de una vez derogar la ley corrupta y presentar un proyecto de ley que, ante todo, defienda las 5 millas como ARPA y zona de conservación, descanso, alimentación y/o reproducción de fauna y flora marina. De flora definitiva, se aplique una moratoria o eliminación definitiva de la pesca de arrastre; y se potencie el trabajo junto a la pesca artesanal, sindicatos, agrupaciones de recolectores, fomentando proyectos extensivos de pequeña escala, con énfasis en la bioseguridad y biomantención ecosistémica.
No faltarán los críticos que tiñen de política lo que no debiera resistir análisis. Esta ley no es justa y los recursos marinos deben protegerse para que puedan existir como patrimonio de todos.

Complemento e invito a ver este documental, "Mala Pesca", de 2016 y que, curiosamente, está vetado en medios de comunicaciones cada día más obsoletos y arcaicos. Al menos en lo que se relaciona al control y condicionamiento de la información. Hoy existen otras vías; todavía y que también hay que cuidar.



Nota escrita por:
Rodrigo de la O | Director | Vigilante Costero ONG | Waterkeeper Chile

sábado, 28 de octubre de 2017

Emplazan a sello internacional FSC por complicidad en crímenes e impactos forestales en Chile


Una treintena de organizaciones extendieron una misiva ante la oficina oficial de resolución de conflictos del sello internacional FSC (Forest Stewardship Council) con asiento en Alemania por las certificaciones otorgadas a empresas forestales en Chile sin que se atiendan casos de violaciones a derechos humanos e impactos socio ambientales en diversos territorios.

Nota completa en enlace. OLCA.

martes, 24 de octubre de 2017

¿Congelará Bachelet su legado en materia de aguas?

Sara Larrain
Foto: ChileSustentable.net
Por Sara Larraín | Directora Chile Sustentable
El agua viene escaseando en Chile hace varias décadas. Más allá de los años húmedos o secos, de la oscilación del Niño, la Niña, y la sequía prolongada de los últimos años, la evidencia muestra en los hechos una mega sequía, producto del cambio climático que llegó para quedarse.
Desde el parlamento se desarrollaron comisiones investigadoras sobre sequía y desertificación, sobre robo de aguas, se generaron nuevas comisiones de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, tanto en la Cámara como en el Senado, y se han multiplicado proyectos que intentan mejorar las políticas públicas en materia de acceso, gestión y protección de las aguas. 
En la misma línea, el actual gobierno, en coherencia con lo comprometido en su programa de gobierno, nombro un Delegado de Recursos Hídricos, una Mesa Inter ministerial del Agua, retomó la tramitación de la ley que crea los servicios sanitarios rurales, la ley que mejora la fiscalización y sanciones, y patrocinó la moción parlamentaria que Reforma el Código de Aguas, que se venía tramitando en la Cámara desde 2012. Asimismo patrocinó una Ley de Protección de Glaciares ingresada a tramitación por un conjunto transversal de diputados. Todas estas iniciativas claramente constituían una adecuada respuesta no sólo a la escasez y los conflictos crecientes por el agua, sino al principal problema de Chile para adaptarse al cambio climático, tal como ha reconocido recientemente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
La agenda del agua avanzó a inicios el gobierno, con liderazgo del Ejecutivo y el Parlamento, logrando aprobarse la ley de servicios sanitarios rurales, y recientemente la referida a mejoras en la fiscalización y sanciones. Pero la Ley de Protección de Glaciares, quedó congelada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y la Reforma al Código de Aguas, que se aprobó en dos comisiones y el pleno de la Cámara, y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, hoy se encuentra bloqueada en la Comisión de Agricultura, presidida por la oposición  y abandonada por el ministro del ramo Carlos Furche, que ha argumentado como gran excusa que “la tramitación de la reforma se contaminó con la coyuntura electoral”, cuando  es obvio que todo históricamente se ha contaminado con las tensiones electorales  desde que existen elecciones.
El abandono de la Reforma al Código de Aguas por parte del ministro de agricultura en particular y del gobierno (SEGPRES) en general, pone en evidencia la dudosa voluntad política de algunos sectores de la coalición de gobierno, de resolver los desafíos críticos que enfrenta el acceso y gestión del agua en Chile. Pero también  ponen en riesgo el importante legado del gobierno de Bachelet en materia de aguas, que está en juego, justamente en esta reforma al Código de Aguas, que establece el derecho humano al agua, la priorización del acceso al agua para usos esenciales, las condiciones de sustentabilidad ambiental en la gestión del agua, el fin del acaparamiento para uso especulativo de las aguas, el reconocimiento de las aguas ancestrales de los pueblos indígenas y la creación de concesiones de uso temporal de las aguas por 30 años renovables para los nuevos derechos  de aprovechamiento.
Esta reforma, permite a Chile superar los retrasos sociales y ambientales que arrastra el Código de Aguas de 1981, pero además permite al país cumplir con las recomendaciones de la OECD en materia de aguas. Entre ellas, la necesidad de “adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos”; diseñar e “implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible”.
La OECD también es clara al recomendar a Chile “establecer usos esenciales del agua (agua potable saneamiento y protección de ecosistemas) a los que se otorgue alta prioridad” y ”acelerar la regularización y un registro transparente de los derechos de uso del agua y reforzar las medidas de fiscalización y las sanciones aplicables a las extracciones ilegales". También llama al gobierno a evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua, y expandir las normas de calidad de las aguas y monitorear la contaminación del suelo y “la extracción de agua para proteger los ecosistemas, en particular los humedales”.
El gobierno debe ser coherente con su programa de gobierno, con las recomendaciones de la OECD para alcanzar el estándar que requiere ser miembro de dicho bloque y ser responsable ante los riesgos de mayor inseguridad hídrica que trae el cambio climático. Esperamos que los meses que quedan, el gobierno de Michelle Bachelet sea coherente con sus compromisos, con el interés público nacional e internacional y no se deje arrastrar por las amenazas de la oposición que sigue defendiendo sólo intereses privados. ….y de unos pocos.

lunes, 23 de octubre de 2017

TRAMITACIÓN REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

(Boletín 7543-12) Minuta N°82 Sesión Comisión de Agricultura, Senado 23/10/2017 - #Minuta #OjoconelPalamento 
MINISTROS DE AGRICULTURA Y OBRAS PUBLICAS EXPONEN FUNDAMENTOS Y VENTAJAS DE LA REFORMA AL CODIGO DE AGUAS Y SOLICITAN CONTINUAR LA TRAMITACION A LA BREVEDAD.
La Comisión de Agricultura recibió este martes 23 de octubre al Ministro de Agricultura, Carlos Furche; al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga y al Director General de Aguas, Carlos Estévez, quienes además de desmitificar los argumentos de los grandes empresarios agrícolas, expusieron las ventajas de la Reforma y demandaron a los senadores, retomar la tramitación que se encuentra congelada desde inicios de septiembre en esta Comisión. 
Comenzó la audiencia el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quién fundamentó y expuso los avances de la Reforma, mencionó que esta se hace cargo de los distintos usos del agua, con prioridad en el consumo humano y que reconoce los derechos de agua (DAA) ya otorgados por el Estado no cambiando la naturaleza jurídica de estos, ni prohibiendo su venta. Enfatizó que el futuro regimen de concesiones de largo plazo (30 años) para el 10% de las aguas superficiales y el 40% de las aguas superficiales aun sin otorgar, no tiene ningún efecto sobre los créditos a los que puedan optar los agricultores y que además dichas concesiones serán renovables. Destacó que el Estado ha hecho más inversiones en embalses, que lo aportado por el empresariado agrícola en los últimos 100 años, desmitificando declaraciones públicas de gremios como la SNA.
Undurraga concluyó que la reforma es un proyecto clave y urgente para los desafíos de seguridad hidrica que enfrenta el país, y que cualquier hipótesis de expropiación queda descartada.
A continuación, el ministro de AgriculturaCarlos Furche, comenzó diciendo que esta es una reforma que ha generado debate, pero que se deben aclarar objetivos y dudas. Mencionó que desde el Código de 1981 hay nuevas condiciones en la oferta del recurso, debido al Cambio Climático y también en la demanda hídrica, la cual ha aumentado siendo usada en un 80% por el sector agrícola.
Furche destacó que la reforma garantiza el abastecimiento para las necesidades humanas y luego se prorratea para actividades productivas. Es una reforma acotada que no afecta a los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) ya otorgados y que para las nuevas concesiones 30 años que instaura la reforma para nuevos derechos, es tiempo más que suficiente para cualquier proyecto agrícola. Además, recordó que la tramitación para comenzar a regularizar los DAA en el caso de campesinos que no los tengan regularizados o inscritos, considera que el trámite se debe empezar dentro de los 5 años siguientes a la aprobación de la reforma, y que el Ministerio de Agricultura contempla 2.750 millones de pesos para apoyar dicha regularización a través de INDAP. Recordó que los DAA de las comunidades indígenas no están afectos a ningún plazo para iniciar esta diligencia.
Carlos Furche mencionó que los temas respecto del caudal ecológico sólo incluyen formalmente los cambios a la norma del año 2005 y que en áreas protegidas no se entregarán nuevos derechos.
Luego de la intervención de los ministros tomaron la palabra los senadores de la comisión:
Rabindranath Quinteros Lara (P.S.) solicitó que se inicien a la brevedad las audiencias a las 48 organizaciones inscritas, y que se ordenen las presentaciones por estamentos separados.
Víctor Pérez (UDI), pidió eliminar incertidumbres que no están basadas en mentiras sino en realidades y destacó como el ministro de agricultura fue ovacionado en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro) con el anunció de que el Gobierno había tomado la decisión de no apurar el proyecto de reforma al Código de Aguas durante el periodo electoral. Dijo que sería importante para la Comisión que el gobierno informara sobre quiénes son los especuladores del agua, que no la usan y solo la acaparan o la venden.
Manuel Antonio Matta (D.C.), habló de la campaña ideológica organizada en la Región del Maule, donde se dice que esta reforma es expropiatoria, aludiendo a una segunda Reforma Agraria. Preguntó cómo el gobierno respondía frente a esto, y porque el gobierno no se habia desplegado en el territorio para explicar la reforma.
José García Ruminot (R.N), quien preside la Comisión de Agricultura, dijo que es importante que los agricultores regularicen los DAA, y que ello ha sido bien recibido en su región. Pidió que se haga un programa lo más cercano a la gente para que no tengan problemas y evaluar si el monto propuesto para apoyar la regularización es suficiente para ello o no. Dudo a su vez de que el 80% de los recursos hídricos sean utilizados por la agricultura, lo que fue complementado por el senador Pérez quien solicitó estudios al respecto.
En respuesta a lo planteado por los senadores, el director de la DGA, Carlos Estevez, dijo que los elementos centrales “uso, goce y disposición” se mantienen y que solo hay dos excepciones que afectan la disposición que hoy existen en el Código de aguas pero no se les pone plazo: a los especuladores y a los usos ociosos, donde hoy se entrega el agua que se pide, no lo que se necesita. Expresó que es difícil saber quiénes son todos los especuladores, pues actualmente hay dos vías de obtención de derechos: una administrativa y otra vía Tribunales, y estos últimos no siempre se informan a la DGA, por esta razón la reforma corrige esta situación, estableciendo la obligación de informar y estableciendo que es el servicio el que otorga los DAA.
En referencia a los agricultores, Estévez dijo, que es conveniente que inscriban sus derechos, porque de ese modo pueden postular a subsidios. Además, agregó que la reforma establece que se puede regularizar los DAA en forma colectiva.
Al final de la sesión, se acordó que se retomara la tramitación, iniciando las audiencias públicas, las que comenzarían la semana del 20 de noviembre, luego de las elecciones.
Asistieron los senadores Garcia Ruminot, Quinteros, Matta y Perez Varela. El senador Felipe Harboe estuvo ausente de la Sesión.

viernes, 20 de octubre de 2017

Comunidad de Cobquecura explica por qué dice no a salmoneras: “El terrible ejemplo de Chiloé es un precedente”

Fuente: El Ciudadano
Denuncian que los 11 proyectos acuícolas de Inversiones Pelícano S.A. contaminará el mar de la futura región del Ñuble, afectando el turismo, una de las actividades principales de la comuna.
Fotos: Todos Somos Cobquecura (Mov. Civil Organizado)
Preocupación existe en la comunidad de Cobquecura (Provincia de Ñuble) por la instalación de 11 proyectos acuícolas en las costas de dicha comuna y también en las vecinas Coelemu y Trehuaco, a cargo de la empresa Inversiones Pelícano S.A., por un monto de US$ 2,6 millones (c/u). La iniciativa contempla el cultivo de cuatro grupos de especies: cojinova del norte, salmónidos, mitílidos y macroalgas.
La resistencia a la iniciativa empresarial ha congregado a la sociedad civil y también al municipio, actores que llegaron hasta Santiago para reunirse con autoridades medioambientales, durante este lunes 16 de octubre.
Con Ministro Medio Ambiente, Marcelo Mena
“Queremos comprometer al Estado para que efectivamente dé las condiciones necesarias para que comunas como las nuestra puedan proyectarse turísticamente, protegiendo su entorno, naturaleza y medio ambiente”, dijo el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, en conversación con el Área Audiovisual de El Ciudadano, previo a su reunión con el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena.
Cesar Aguila
En tanto, César Águila, encargado de Medio Ambiente de la municipalidad de Cobquecura, explicó que “lo que pretenden hacer en Cobquecura es un verdadero experimento, en donde quieren probar sus balsas jaulas en mar abierto. Recordemos que Cobquecura es un océano bastante violento. Olas que fluctúan entre los dos y cinco metros, en donde un pontón sería imposible de funcionar y tenemos la certeza que no existe la tecnología en el presente para desarrollar un proyecto de esa envergadura”.
Los motivos de Cobquecura
Águila, junto a representantes de organizaciones ambientales, participó en una reunión con la dirección nacional del Servicio de Evaluación Ambiental. En la instancia, los actores cobquecuranos expusieron que la vocación de la comuna es la agricultura de subsistencia y el turismo, por lo que la actividad acuícola afectará directamente el quehacer cotidiano de la comunidad.
“Las observaciones dicen relación principalmente al grado de afectación que pueda tener en nuestro desarrollo, a la incertidumbre que generan estos proyectos, en función de otras inversiones de planificación, de otras inversiones en función del desarrollo turístico y de cómo esto está alterando la normal convivencia de una comunidad netamente rural, que se ha orientado hacia un desarrollo turístico, pensando en cómo estos proyectos extractivistas van coartando un desarrollo que en realidad ha sido pensado y repensado desde hace muchos años, a través de múltiples instrumentos de planificación”, explicó César Águila.
“Cobquecura es una comuna netamente agrícola, con una agricultura de subsistencia, que se mezcla con un turismo incipiente, producto de la gran cantidad de belleza escénica que tenemos, pero también los elementos positivos, en función del valor ecosistémico que tiene Cobquecura para todo el borde costero de la región de Ñuble y la zona de Pelluhue, podemos observar que la materialización de este proyecto sería un terrible impacto para toda nuestra gente”, añadió el funcionario municipal.
Por otro lado, los representantes de Cobquecura recuerdan el desastre medioambiental generado a raíz de la agresiva marea roja en las costas de Chiloé, durante mayo de 2016, hecho atribuido por los pescadores artesanales al vertimiento de toneladas de salmones en mal estado a las aguas del archipiélago.
“El terrible ejemplo de Chiloé es un precedente para nosotros. El desastre chilote se cristaliza en el año 2016. Al poco andar, fuimos a conocer el impacto en primera persona y observamos cuál es el daño al patrimonio chilote, a la identidad chilota, al territorio y vemos que ese daño, esas grandes empresas lo quieren trasladar hacia el norte y a la zona de Magallanes”, sostiene Águila.
A su vez, Cristóbal Bustos, miembro del movimiento ciudadano Todos Somos Cobquecura, afirmó que quieren proteger el valor patrimonial y turístico de la zona, “sobre una industria nefasta para este país, que ha sido protegida y avalada por los poderes económicos y por la Corfo, porque genera movimiento económico, pero más que eso genera abandono, destrucción, contaminación y creemos, definitivamente,  que el turismo va a aportar mucho más en esta comuna y en el país, que es algo que podemos producir los pobladores y no solo una industria concentrada”.
¿11 proyectos o uno fraccionado?
Además del potencial daño ambiental que generaría la industria acuícola en Cobquecura, los reparos de la comunidad también se dirigen a eventuales irregularidades en el proceso de calificación ambiental.
El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Fernando Cortés, explica que “lo que ocurre en este caso, es que por parte del mismo titular, se han presentado 11 Declaraciones de Impacto Ambiental que son, en términos reales, lo mismo”. Agrega que “estamos ante un caso de fraccionamiento, que en este caso, debería entrar por Estudio de Impacto Ambiental, en vez de por Declaración de Impacto Ambiental”.
La diferencia no es menor, puesto que si Inversiones Pelícano S.A. hubiese estado en la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por la envergadura de su proyecto, tendría que haber existido un proceso de participación ciudadana, según exige la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En cambio, al tratarse de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) esa participación se efectúa siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas.
En este sentido, el representante de Defensa Ambiental comenta que “el titular, con el objeto de tener una ganancia económica superior, evita con esto eludir el sistema y por eso es necesario que realicemos estas labores de presión social y jurídica (…) Lo único que exigimos en este caso, es que se cumpla con la normativa legal y es por eso que estamos teniendo estas reuniones y haciendo esta presión”.
“No puede ser que el mismo titular presente estos 11 proyectos de una sola forma. Son proyectos idénticos, de salmonicultivo, son proyectos que a su vez, obviamente por los antecedentes que no se acompañaron en la misma declaración, no vamos a saber cuáles son las repercusiones reales al medio ambiente y a la sociedad de Cobquecura”, subraya el abogado Cortés.
Extensión de plazo bajo sospecha
El pasado 6 de octubre, el director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío, Christian Cifuentes Bastías, resolvió autorizar la extensión de la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental para el 31 de octubre de 2018, tras la petición efectuada por el representante legal de Inversiones Pelícano S.A., Mark Stengel Uslar, quien es sobrino de Jan Stengel Meierdirks, director de la Compañía Pesquera Camanchaca S.A.
Al respecto, el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, expresó su extrañeza por “varios pasos que la empresa ha dado frente a este proyecto. Uno de ellos es que apareció una extensión de plazo, (que) traspasa este gobierno hasta el 31 de octubre de 2018, lo que obviamente da tiempo a que ellos vayan superando muchas observaciones que puedan tener a través de las diferentes inquietudes que la comunidad ha presentado”.
El abogado Fernando Cortés explicó que el movimiento de la Inversiones Pelícano S.A. significa “establecer un plazo de un año para que la comunidad sepa recién qué es lo que va a contestar el titular, en este caso, el mismo Servicio de Evaluación Ambiental le dijo a la comunidad que debía esperar hasta esa fecha para que podamos saber qué es lo que tiene que decir la empresa respecto del proyecto”.
COLUMNA CIUDADANA EL CIUDADANO - JUAN PABLO CARDENAS - ECOCEANOS

martes, 17 de octubre de 2017

#Cobquecura: Realizan gestiones en Santiago en rechazo a Acuicultura intensiva en aguas oceánicas de Ñuble y Biobío

@vigilantecosta #reporte
Ante el inminente término del plazo de extensión de suspensión que se cumpliría en el mes de octubre del presente año; una Delegación de la comuna de Cobquecura, liderada por su Alcalde Señor Julio Fuentes, junto a funcionarios municipales (Municipalidad facilitó traslado), dirigentes, organizaciones locales y vecinas/os, viajaron a Santiago realizando gestiones en Servicio de Evaluación Ambiental y Ministerio de Medio Ambiente para comunicarles de manera  formal la inconformidad y preocupación respecto de la amenaza originada por la pretensión de instalar e imponer un proyecto de iniciativa y lucro privado en aguas oceánicas de Ñuble y Biobío.
En Reunión con Director Servicio de Evaluación Ambiental
Considerando que ya existen solicitudes de concesiones marítimas en la región del Maule, se hace urgente un llamado a las autoridades nacionales para que se escuche a las comunidades, se reconozca la vocación natural del territorio fundado y basado en sus características, virtudes y tradiciones. No es posible tolerar proyectos extractivos que no se alinean con la visión lógica del territorio.
Más detalles en el siguiente video (El Ciudadano):
VIDEO: El Ciudadano
En ese contexto, la delegación representativa de Cobquecura, se planteó que recurrirán a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para denunciar la desprolijidad en la presentación, visibilizando que su fraccionamiento le permite, a la empresa titular, evitar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) acorde a las características y envergadura del proyecto. Esto es, en definitiva, lo que debiera requerir este tipo de proyectos como estándar mínimo quedando en evidencia cuando organizaciones locales exigieron participación ciudadana en el proceso dictando un precedente, debido a que solo aquellos proyectos sometidos a Estudio de Impacto Ambiental la incluían (PAC). Demostrando, a lo menos, que es necesario conocer las razones del por qué el SEA extiende el plazo de suspensión al titular (Inversiones Pelicano) hasta octubre de 2018 si aún no se cumplía el tiempo estipulado y, además, por qué no se da una respuesta hoy de la forma en que se ha efectuado la presentación del proyecto y la obvia necesidad de la reformulación del proyecto a través de un EIA. 
Liderados por el Alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes,
en reunión con Ministro Medio Ambiente, Marcelo Mena
Notas Relacionadas:

lunes, 16 de octubre de 2017

Servicio de Evaluación Ambiental Biobio extiende suspensión de plazo a empresa Pelicano


#reporte @vigilantecosta
Recientemente, la empresa pesquera Inversiones Pelicano S. A., solicitó extensión del plazo de suspensión (que se cumple el 31 de octubre del presente) al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA Biobío), para dar respuesta a las más de 3 mil observaciones realizadas por organizaciones y particulares al proyecto experimental en aguas oceánicas nacionales de "granjas marinas" para el cultivo intensivo de salmón, cojinoba y algas en distintos puntos de la región costera de Ñuble y Biobío. Plazo se extendería hasta 31 de Octubre de 2018.

Con fecha 6 de octubre del presente año, vía oficio, se resuelve:
  1. // Extender la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental Centro de Cultivo. Suroeste de Punta Purema. Pert 211 081 061. La fecha en que culminará la suspensión de plazo será el 31 de octubre de 2018.
  2. Continuar con el procedimiento de evaluación de Declaración de Impacto Ambiental Centro de Cultivo. Suroeste de Punta Purema. Pert 211 081 061, una vez vencido el plazo de suspensión acordado a que se refiere el numeral anterior o una vez presentado el Adenda, según corresponda. // (*)
El 12 de Octubre se notifica vía plataforma SEIA oficial y publicamente extensión de suspensión. Ver Documento Aqui

Extracto de Resolución exenta 286 de uno de los centros de cultivos que es reiterativo en casi todos los demás. A excepción, de los que no tienen cultivos de peces. Ver Documento: Aquí

Nota Relacionada:

martes, 10 de octubre de 2017

Inversiones Pelicano solicita nuevo plazo a SEA Biobio para responder observaciones a proyecto de centros de cultivo en mar abierto


#reporte @vigilantecosta #offshore
Con fecha 4 de Octubre del presente, el representante legal de Inversiones Pelicano S. A, Mark Stengel; solicita al Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío (SEA) una nueva extensión de plazo (ya lo había solicitado con anterioridad venciendo, ese primer plazo, el 31 de octubre de 2017) debido a la incapacidad de poder dar cumplimiento a las observaciones planteadas al proyecto (alrededor de 3000) por distintas organizaciones, ciudadanía, municipio y particulares respecto de de instalación (e imposición) de granjas salmoneras en mar abierto de Ñuble y Biobío.
En ese sentido, seguimos en estado de alerta y junto a las organizaciones que se hemos opuesto a este proyecto, mantenemos nuestra posición de rechazo entendiendo que las oportunidades del territorio van en otro sentido; son invaluables y que no se pueden poner en riesgo, ni bajo amenaza.
Esperamos que, más allá de la obligada respuesta a las observaciones que el titular debe hacer a su proyecto, las instituciones den una respuesta pronta y evalúen de manera objetiva.

A continuación, íntegra, la carta enviada a SEA Biobío por el Representante Legal de la empresa:

///

Concepción, 4 de octubre de 2017.

Señor CHRISTIAN ANDRES CIFUENTES BASTIAS
Director (S)
Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío

Presente

De mi consideración:

A través de la presente comunico a usted que requiero de mayor tiempo que el otorgado para responder el Informe Consolidado Nº 1. En consecuencia solicito que se extienda la suspensión que resta para finalizar el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental "Centro de Cultivo. Noroeste de Río Colmuyao. Pert 211 081 055". La fecha en que culminará la requerida suspensión será el 31 de octubre de 2018.
Las razones para solicitar que se extienda la suspensión son las siguientes:
  • Los  estudios necesarios para responder el ICSARA han tomado más tiempo del originalmente pensado, especialmente aquellos de caracterización y análisis oceanográfico, sumado al estudio de corrientes eulerianas y lagrangianas, así como los estudios de oleaje in-situ y de marea y correlación cruzada de viento y corrientes. Adicional a ello, con fecha 5 de septiembre del año en curso fuimos notificados, a través de la autoridad que usted dirige, de un anexo de ICSARA de más de 58 páginas, en el que solicita mayor profundidad en las respuestas del ICSARA original. El nivel de determinación y especificidad de muchas de estas preguntas, requiere analizar aspectos propios de la ingeniería del proyecto y otros cuyo carácter no necesariamente es de naturaleza ambiental, lo que hace imprescindible contar con un plazo adicional para responder este documento.
  • De igual manera, los análisis, la elaboración y la redacción final de los informes de fondeo tanto de las jaulas así como del pontón, long-line de Choritos y de algas, han requerido de una mayor cantidad de tiempo en la selección de sus componentes después de haber obtenido los estudios in situ. Esto nos ha llevado a invertir más tiempo en nuevos cálculos y modelaciones para que se ajusten a las condiciones particulares del centro.
  • Por otra parte, muchos de los componentes de los sistemas de cultivos han sido cotizados en el extranjero, específicamente en Escocia y Noruega así como la elaboración de algunos estudios que fueron desarrollados en España.
  • Así también, se han requerido estudios que solicitan dos campañas de estacionalidades opuestas, lo que supone la necesidad de disponer de un mayor lapso de tiempo para la correcta interpretación técnica de estos, lo que aún no ha concluido satisfactoriamente considerando su complejidad.
  • Del mismo modo, el tiempo para poder realizar el estudio de propagación espectral con SWAN hacia aguas someras y la reconstrucción temporal en el área del proyecto junto con un análisis bi-variante viento-oleaje y la necesidad de un informe sobre los vientos locales, ha tomado más tiempo que lo estimado originalmente, principalmente por la dificultad del mismo.
Por último, en los restantes informes requeridos por el ICSARA, independiente de su estado de avance actual, se ha requerido la participación adicional de instituciones públicas y/o privadas, no contando con la total entrega de estos informes a la fecha, lo que hace imposible la presentación de la Adenda el 31 de octubre de 2017.   

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Mark Robert Stengel Uslar
Representante legal
Inversiones Pelícano S.A.

///

viernes, 6 de octubre de 2017

#DeclaracionPublica Referente a la consulta indígena por la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas...

#DeclaracionPublica #Kawésqar #Yagan #Sapakuta 

Referente a la consulta indígena por la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, llevada a cabo el año 2016 y por el que se nos ha sindicado como avales de tal proceso, venimos a declarar lo siguiente:
  1. Nuestra participación en dicho proceso nunca fue hasta el término del mismo, dejándose de lado las etapas de diálogo local y posterior proceso de diálogo Nacional, al que nunca fuimos llamados.
  2. Rechazamos categóricamente el decreto 66 que regula la consulta, pues es incompatible con el el convenio 169 de la OIT.
  3. Denunciamos las malas prácticas de la Seremi de Medio Ambiente, a cargo del señor Juan Marcos Henriquez, quien nos llamara a una reunión donde solo se nos pregunta si habíamos realizado el trabajo de deliberación interna en conformidad con nuestro asesor, a lo que contestamos que sí, respuesta que fue utilizada para dar termino al proceso.
  4. Consideramos que se ha abusado de la buena fe en este caso, porque fuimos objeto de un claro engaño por parte de la autoridad de esta Seremia de Magallanes.
  5. Artículo 6.1. Los gobiernos deberán: a) “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; Artículo 6. 2. Las consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Nada de lo que consta en el párrafo anterior se cumple en este proceso, pues fuimos manipulados, por el desconocimiento y consideramos vergonzosa esta situación, que nos deja en una clara situación de vulnerabilidad frente al estado, utilizando practicas nada adecuadas con las comunidades que firman esta declaración.
  6. Invitamos a apoyar esta Denuncia a las demás organizaciones indígenas y a denunciar las irregularidades a nivel Nacional, el Estado en su postura Paternalista sigue abusando y aprovechando el desconocimiento de los nuestros para tomar ventaja sobre los pueblos Originarios.
Atentamente,
Comunidad Kawésqar ATAP
Comundad Yagan Lom Sapakuta.

martes, 3 de octubre de 2017

Campaña Waterkeeper: Latinoamérica Unida por el Agua

En un esfuerzo inédito y sin precedentes, se reunieron voluntarios de las distintas organizaciones latinas que participan de la Alianza Internacional Waterkeeer (Waterkeeper Allianza. En 6 continentes y en 35 países donde defienden a sus comunidades) y afiliados en más de 300 Organizaciones Waterkeeper (Basinkeeper, Baykeeper, Bayoukeeper, Canalkeeper, Channelkeeper, Coastkeeper, Creekkeeper, Deltakeeper, Gulfkeeper, Inletkeeper, Lakekeeper, Riverkeeper, Shorekeeper, Soundkeeper, Waterkeeper) en donde existen amenazas y riesgos en el derecho humano de acceso y saneamiento al agua potable; desde los agentes contaminadores hasta los organismos gubernamentales que no responden. (1)
Barranquilla, Colombia
Desde la segunda quincena y hasta fines de septiembre diversas organizaciones miembros de la internacional Alianza Waterkeeper de distintos países de Latinoamérica lanzaron una convocatoria desde sus organizaciones, sus voluntarios y en sus comunidades cercanas, sumándose al tradicional evento anual de Ocean Conservancy, organización ambiental que suma miles de voluntarios, convirtiéndose en el llamado que mueve a más voluntarios en el planeta para la restauración de ecosistemas costeros y/o ribereños limpiando miles de kilómetros y retirando toneladas de desechos que día a día se acumulan o terminan en los océanos.
Cartagena Baykeeper, Colombia
Un caso digno de destacar es el del sector de Tijuana, México, donde la campaña "Salvemos la Playa" y la organización local Tijuana Coastkeeper, reunió a más de 2 mil participantes retirando más de 9 toneladas de desechos. 
Las campañas de Waterkeeper Alliance unen el trabajo de las organizaciones de Waterkeeper en todo el mundo para contribuir en el alejamiento de nuestra dependencia a los combustibles fósiles, eliminar los impactos de las granjas industriales en las vías fluviales, proteger y restaurar las cuencas hidrográficas y ayudar a crear y hacer cumplir las leyes ambientales divulgando violaciones e infractores. (*1)
Chagres River Waterkeeper, Panamá
México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Ecuador estuvieron presentes en distintos lugares bajo el llamado de campaña “Latinoamérica Unida por el Agua”, a través de la acción directa, en conjunto con sus comunidades, comercio y autoridades locales, entregando un llamado de atención respecto de la contaminación que poseen, playas, ríos, estuarios, humedales los que terminan contaminando nuestras aguas y medio ambiente.
Cabo Pulmo Waterkeeper, México
“Es todo un desafío permanente poder converger y, desde las organizaciones independientes, hacer un acto de reflexión respecto del exceso de consumo de materiales desechables que son difíciles de degradar naturalmente”, nos comenta Rodrigo de la O, Maule Itata Coastkeeper en Chile y representante latino en el Concejo de la Alianza Waterkeeer y uno de los coordinadores del evento, señalando que “lo que más encontramos son colillas y desechos de plástico que por erosión o degradación se van minimizando haciendo muy difícil su detección entrando en la cadena trófica. A través de estas acciones, de la participación de este tipo de evento o actividades logramos sacar mucha basura y, al mismo tiempo, entregamos un mensaje crítico respecto de las propias conductas cuando usamos o visitamos espacios públicos y comprender los tipos de contaminación que reciben nuestras aguas. Desde ahí, pueden surgir formas o propuestas que permitan mitigar estas problemáticas que terminan muchas veces asumiendo las comunidades o ciudades costeras”, señala el impulsor de la Campaña Unidos por Aguas Limpias de Chile que se reedita en el mes de marzo de cada año conmemorando el día mundial del Agua.
Río Mapacho Waterkeeper, Perú
(*1) Wikipedia