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sábado, 27 de febrero de 2016

Plantas Valdivia y Nueva Aldea de Celco arriesgan clausura por graves faltas ambientales


Por : Gabriela Pizarro en Actualidad y Entrevistas - Fuente: Ciper
Durante enero y febrero, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos a dos de las plantas de celulosa del Grupo Angelini. En Valdivia –la misma planta que gatilló la muerte de los cisnes– la investigación comenzó por la masiva muerte de peces y las lesiones en la piel que sufrieron bañistas del Río Cruces. En Nueva Aldea, los cargos suman una larga lista de derrames y emisiones tóxicas o pestilentes, denunciadas durante años por los vecinos. Celco deberá defenderse en dos frentes para evitar millonarias multas y sanciones que podrían llegar incluso al cierre de sus operaciones.
La tarde del 18 de enero de 2014, en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, Héctor Pérez Farías observó con detención el cuerpo de José Emanuel, su hijo de 12 años. Numerosos granos de color rojo se extendían por la zona abdominal, lumbar y por las extremidades del niño, provocándole una picazón que lo llevó a pedir ayuda a sus padres.

Al preguntarle qué había hecho, dónde había estado, José Emanuel contó que por la mañana había ido a bañarse al Río Cruces junto a unos amigos. Lo hacía de forma habitual, pero ese día le llamó la atención la temperatura del agua, que estaba más alta de lo normal. Con el correr de las horas los padres de José Emanuel se enteraron a través de unos vecinos que ese día había aparecido una gran cantidad de peces muertos en el mismo sector.
José Emanuel se había bañado en las cercanías del Puente Rucaco, 800 metros río abajo del lugar donde descarga sus Residuos Industriales Líquidos (RILes) la Planta Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del Grupo Angelini. La misma planta fue condenada en 2014 con $5.200 millones de multa por derramar residuos contaminantes en el Río Cruces, lo que derivó en la muerte de miles de cisnes de cuello negro.
La denuncia de Héctor Pérez por las lesiones que sufrió su hijo se sumó a las de otros vecinos y organizaciones como Acción por los Cisnes, lo que gatilló el inicio de una investigación de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Por esos mismos días, unos 400 kilómetros al norte, en la comuna de Ránquil, región del Biobío, se acumulaban las denuncias de los vecinos de otra de las plantas de Celco, Nueva Aldea. Desde 2013 acusaban derrames, malos olores y ruido excesivo, por lo que la SMA también abrió un expediente en su contra.
Los resultados de ambas investigaciones se dieron a conocer entre enero y febrero de este año, cuando la superintendencia formuló cargos contra las plantas Nueva Aldea y Valdivia. Por el tenor de las faltas –calificadas de graves y gravísimas, respectivamente- además de millonarias multas ambas plantas arriesgan perder su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que las obligaría a dejar de funcionar. Sería otro duro golpe para este gigante forestal que en 2014 obtuvo utilidades por US$ 437 millones y desde la muerte de los cisnes es uno de los símbolos de la magnitud del daño ecológico que puede producir la industria de la celulosa.
Además de los cuestionamientos ambientales, el Grupo Angelini está actualmente en el ojo de dos investigaciones penales por el financiamiento irregular de la política. Celco, junto a Copec, Siemel, Cruz del Sur y Corpesca entregaron fondos a la pre-campaña electoral de Michelle Bachelet por fuera de las normas del Servel (ver reportaje: La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet). Además, Corpesca es la protagonista de una investigación en que se indagan los delitos de cohecho y fraude al fisco, por los pagos realizados a la ex diputada Marta Isasi (ver reportaje) y al senador Jaime Orpis (ver reportaje) en momentos en que se tramitaba la Ley de Pesca
PLANTA VALDIVIA OTRA VEZ BAJO LA MIRA
A raíz de los daños que sufrió el pequeño José Emanuel, el 12 de febrero de 2014 su padre interpuso una querella por lesiones menos graves contra Celco en la Fiscalía Local de Mariquina, a la que se sumaron dos adultos y un niño que también sufrieron las consecuencias de bañarse en el río (ver querella).
Un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente solicitó los antecedentes del caso en Fiscalía y en octubre de 2015 citó a declarar a siete trabajadores de la empresa, que ya habían prestado su testimonio ante el Ministerio Público.
La fiscal instructora de la SMA a cargo de las preguntas era Carolina Silva Santelices. Frente a ella, los trabajadores –junto a sus abogados– negaron reiteradamente recordar los hechos, hasta que la fiscal los enfrentó a las declaraciones que ellos mismos prestaron en la causa penal que lleva la Fiscalía Local de Mariquina.
Uno de los últimos en declarar fue Mauricio Ceverio Hidalgo, operador que estuvo a cargo de los residuos líquidos de la empresa un día antes de las lesiones de los bañistas y la aparición de los peces muertos, el 17 de enero de 2014.
Ese día un peligroso líquido, conocido en la industria de la celulosa como licor verde, llegó a la zona de tratamiento de efluentes de la planta. En este lugar, los trabajadores se encargan de recibir, controlar y tratar los residuos líquidos del proceso de producción y verterlos al Río Cruces una vez que estén dentro de los parámetros que exige la normativa chilena.
Este líquido de color verde es una solución corrosiva que al contacto con la piel puede causar quemaduras químicas o daños en los pulmones si se inhala. Los trabajadores que estuvieron a cargo del tratamiento de efluentes ese día reconocieron la presencia de licor verde en el flujo de RILes, pero las declaraciones se contradicen al momento de responder cómo procedieron.
El operador de efluentes Mauricio Ceverio aseguró ante la Fiscalía que cuando se percató de la presencia del líquido, le ordenó realizar una “inspección visual” y mediciones al volante de efluentes Juan Echeparreborde. Según Ceverio, los controles indicaron que los parámetros estaban dentro del rango exigido, por lo que no fue necesario derivar el flujo a la laguna de derrames, un sector donde es enviada el agua para tratarla cuando hay parámetros alterados.
Para terminar, el trabajador abrió el estanque TK 15.000, que contiene agua de río, para “aumentar el caudal” de los residuos y el resto del proceso siguió normalmente, enviando el flujo hacia el Río Cruces.
La declaración se contradice con la versión que entregó el aludido, Juan Echeparreborde. En su testimonio el trabajador reconoce la llegada del licor verde, pero asegura que no realizó ninguna medición, ya que no recibió ninguna instrucción al respecto (ver declaraciones).
Este hecho es la acusación más grave y lidera las 11 infracciones que detalló la SMA en la formulación de cargos que realizó el 8 de enero de este año contra la planta (ver documento).
Según la normativa que regula el funcionamiento de la planta, la empresa debió activar sus sistemas internos para controlar el derrame de licor verde e informar inmediatamente, en un máximo de 24 horas desde que ocurrió el accidente, a la autoridad ambiental, lo que habría podido mitigar el daño.
Ninguna de esas cosas ocurrió y la SMA catalogó ambas infracciones como “gravísimas”. Además de las acusaciones de dos adultos y dos niños de haber sufrido lesiones en la piel, entre los miles de peces que murieron ese día había dos especies en conservación, catalogadas como vulnerables desde 2008.
La empresa ya presentó sus descargos ante la SMA, alegando vicios formales en el procedimiento y negando cada una de las acusaciones. Respecto a la más grave, la empresa asegura que no debía reportar el derrame del licor verde porque no afectó al efluente, ya que se trató sólo de una contingencia operacional y se recuperó prácticamente la totalidad de la sustancia, cumpliéndose los límites de descarga permitidos.
Las infracciones detectadas por la SMA vuelven a poner sobre la mesa los daños ambientales que ha provocado Celco en Valdivia, luego de que en 2004 las descargas de la planta provocaran la muerte de miles de peces y cisnes de cuello negro en el humedal del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, ubicado en el Río Cruces.
Tras ese episodio, la RCA de esta planta fue modificada incluyendo nuevos requisitos. En la investigación actual, la SMA acusó que Celco todavía no cumple algunas de esas exigencias, como el programa de monitoreo ambiental, la construcción de una nueva bocatoma y una planta de osmosis inversa, además de la instalación de un sistema lavador de gases, entre otras medidas.
La SMA también consideró que la planta cometió infracciones al superar el límite de descargas de algunos parámetros, además de cuestionar la forma en que se realizan las muestras. Este punto es crítico para Celco, pues actualmente se encuentra enfrentada con el Ministerio de Medio Ambiente en el Tribunal Ambiental de Valdivia, intentando detener la nueva norma de la calidad del agua que rige sobre el Río Cruces. Según la empresa, con los nuevos parámetros es imposible que una planta opere en la zona (ver reportaje de CIPER: Celco vuelve a tribunales por planta Valdivia: intenta eliminar norma de calidad del agua).
Ahora, con las faltas graves y gravísimas de las que la acusa la SMA, la empresa arriesga la revocación de la RCA, la clausura o una multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales (UTA), unos $5.400 millones. El dictamen de la superintendencia debiera conocerse antes de seis meses, tras lo cual tanto la autoridad como la empresa pueden recurrir al Tribunal Ambiental.
EL OTRO FOCO CRÍTICO
Más al norte, Celco mantiene abierto otro foco de acusaciones graves por daños medioambientales. A 50 kms. de Chillán, en la comuna de Ránquil, provincia de Ñuble, se encuentra otra de sus plantas más importantes: el complejo Nueva Aldea, que produce más de 1 millón de toneladas de celulosa kraft al año.
En octubre de 2013, la oficina de la SMA en la Región del Biobío recibió numerosas denuncias de los habitantes del sector donde se encuentra emplazado el complejo por derrames en el ducto que transporta los residuos líquidos de la empresa hasta el mar. Los vecinos acusaron pestilencia, dolores de cabeza y animales enfermos por consumir el líquido, el que terminó cayendo en un estero del lugar, además de posibles filtraciones en tierras agrícolas y contaminación de napas subterráneas.
Funcionarios de la Seremi de Salud, de la Gobernación Marítima de Talcahuano y de la Capitanía de Puerto Lirquén realizaron inspecciones ambientales a raíz de las denuncias, con las que se pudo verificar dos derrames -el 9 de octubre y el 14 de noviembre de 2013- y fallas en los sistemas de alerta instalados en el ducto para reaccionar a tiempo frente a este tipo de emergencias.
En las mismas pericias se comprobó que la temperatura de los residuos líquidos depositados por la empresa en el mar superaba en más del doble a la temperatura que debe tener el efluente al entrar en contacto con el medio marino según la norma vigente. Además de otras infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), como inexistencia de cerco vegetal que aísle el perímetro del depósito de residuos industriales no peligrosos y la deficiente construcción del ducto de descarga al mar, que es visible desde la playa a pesar de que la norma exige que no lo sea.
Con el paso de los meses las denuncias continuaron, esta vez por permanentes ruidos molestos en las inmediaciones de la empresa y malos olores en el sector de Quillón y Ñipas, donde los vecinos manifestaron dolores estomacales, dolor de cabeza, náuseas e irritación en ojos y nariz. Además se detectó contaminación atmosférica producto de la disposición no autorizada de cal.
La SMA recopiló e investigó las denuncias que se extendieron hasta 2015 y el 17 de febrero de este año formuló cargos contra Nueva Aldea, resumiendo en ocho puntos las graves falencias que descubrió en el funcionamiento de la planta (ver documento).
Además de los derrames, la empresa fue acusada de emitir en septiembre de 2015 una cantidad indeterminada de dióxido de cloro sin tratamiento, el que al contacto con el aire se transforma en cloro gaseoso, catalogado como gas tóxico según la normativa chilena.
Otra de las acusaciones apunta al origen de los malos olores denunciados por los vecinos. La SMA determinó que la emisión de gases pestilentes sin tratamiento -gases TRS- directamente a la atmósfera supera los límites impuestos por la norma, que permite estos “venteos” solo en situaciones de emergencia.
Para tener una idea, solo en enero de 2015 la empresa informó 85 venteos, alcanzando un promedio de 38 venteos mensuales entre enero y septiembre de ese año. La SMA calificó estas emisiones como condiciones operacionales que se reiteran numerosa y temporalmente y que van más allá de una situación de emergencia”.
Los hechos son catalogados como “graves” por la superintendencia, debido al daño que implican para la población aledaña, ubicada a menos de un kilómetro, y por el incumplimiento de las medidas que exige la RCA para minimizar y reparar estos problemas.
El proceso sancionatorio está recién comenzando, pero al igual que en Valdivia, podría implicar la revocación de la RCA, la clausura o la multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales, casi $2.700 millones. Celco tiene hasta el 2 de marzo para presentar un programa de cumplimiento y hasta el 9 de marzo para presentar sus descargos, para luego seguir el mismo camino que la investigación en Valdivia.

jueves, 26 de diciembre de 2013

Cómo se fraguó la insólita legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico

Fuente: ciper - Por: Alberto Arellano en Reportajes de investigación - EL MILLONARIO NEGOCIO DEL AGUA II
Chile se está secando. El diagnóstico es oficial, pero ni las autoridades ni las instituciones asumen la magnitud del problema. Fallas de regulación que se arrastran por más de 30 años han terminado por crear profundas inequidades en la asignación del recurso. Según la ley, el agua para consumo humano no es más importante que el agua para suministro minero o agrícola. Las prebendas establecidas por el Código de Aguas a favor de intereses privados, y cuyo epítome ha sido la consolidación de un lucrativo y desregulado mercado de las aguas, colocan nota roja a Chile en la gestión de un elemento clave.
(Esta investigación es parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales).
Entre coloridos gráficos, tablas y medidas diseñadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros, el crudo diagnóstico –incluido casi de soslayo– pasó prácticamente inadvertido en medio de los aplausos de los asistentes: Chile se está secando. “La disponibilidad natural del agua y su demanda en las distintas regiones del país, nos permite concluir que ya al año 2010, desde la Región Metropolitana al norte la demanda superaba con creces la disponibilidad de este recurso. En esta zona del país se observa un déficit en la disponibilidad de agua que en algunas regiones es cercano al 100%”, consigna el documento de cuarenta páginas preparado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) (ver documento).
El crítico diagnóstico del MOP no resiste ambigüedades. Pese a ello, todos los ejes estratégicos propuestos por la institución –entre los que destaca favorecer la equidad social en términos de acceso, el nudo más crítico del actual sistema– proponen correcciones que pasan por alto la piedra angular que ha condicionado por más de 30 años el manejo y la asignación del agua en Chile: el Código de Aguas de 1981.
La normativa, redactada en dictadura entregó a privados el dominio sobre el agua a través de derechos de aprovechamiento cedidos de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad, dejándole al mercado la responsabilidad de asignar el recurso. También desbarató los mecanismos reguladores y fiscalizadores del Estado. Ello permitió la emergencia y consolidación de un robusto mercado de aguas en Chile en el que los derechos de agua, desde entonces transables, pueden reportarles multimillonarias ganancias a sus propietarios. Así lo demostró CIPER en la primera entrega de esta serie con la historia del discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga. Sus efectos son tan crudos como el diagnóstico del MOP.
Sólo en el transcurso de 2013, la Dirección General de Aguas (DGA) ha decretado zona de catástrofe en las comunas de Salamanca, Illapel, Canela, Andacollo y La Higuera, en la Cuarta Región, las que se suman a la Ligua, Petorca y Cabildo, en la Quinta Región, que ya se encontraban en esa condición. Asimismo, entre las regiones de Copiapó y El Maule, la DGA ha declarado zona de escasez en cinco provincias, seis comunas y tres cuencas. Al término de 2012 y según datos del Ministerio de Agricultura, 108 comunas de Chile (31% del total nacional) se hallaban en condición de emergencia agrícola producto del déficit hídrico, el doble de las registradas en 2011. Y la situación no sólo se remite a la zona centro–norte: 41 comunas de la Región del Biobío sufren de escasez de agua, la que afecta incluso el consumo humano, según denunció recientemente el presidente de la Asociación de Municipalidades de esa región.
La dramática situación que se vive en varias regiones del país, tiene su origen, en parte, en un lucrativo mercado paralelo de los derechos de agua cuyas transacciones millonarias no han dejado de crecer en los últimos años. Así lo establece un informe de 2011 del Banco Mundial -encargado por la DGA, el que estima que entre 2005 y 2008, se realizaron casi 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de agua entre privados por un valor anual cercano a los US$ 1.2 billones (mil doscientos millones de dólares). La cifra que anualmente mueve el mercado de las aguas en Chile, y que deja en el bolsillo de muchos de los que allí intervienen exuberantes utilidades, es igual a la que fue destinada para la reparación de caminos, puentes, puertos, aeropuertos y edificios públicos tras el terremoto de febrero de 2010 o al incremento del presupuesto en educación durante 2013.
Chile se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia en lo que respecta a disponibilidad y acceso de la población al agua. Y la falta de lluvia no es la única responsable. Problemas estructurales de gestión y regulación; aumento explosivo de la demanda por agua, principalmente para abastecer la expansión de la inversión minera y agrícola exportadora; inmovilidad política y una férrea defensa de intereses privados de por medio, han llevado a Chile a las puertas del “colapso hídrico”, según algunos expertos.
–El término correcto para explicar el colapso hídrico que hoy vive Chile es el de escasez más que el de sequía. Lo que aquí sucede es que la demanda supera con creces la oferta y los derechos otorgados a particulares en muchas partes están muy por sobre la disponibilidad real de agua, lo que ha producido el agotamiento del recurso. El problema es grave porque no hay agua para sustentar el modelo de desarrollo que se instaló en Chile en los años ‘80. A partir de entonces nos estamos consumiendo la línea de crédito -señaló a CIPER el hidrogeólogo y profesor de la Universidad de Chile, Raúl Campillo.
Jorge Núñez, investigador del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es claro en señalar que si bien es posible constatar una intensificación de la aridez en algunas zonas, tal como ha ocurrido en otras épocas, lo que determina la actual crisis hídrica es el explosivo incremento en la demanda por agua de las últimas décadas y un aumento de la desprotección de las personas frente a la disponibilidad del recurso.
–Todos los eventos más importantes de déficit de agua registrados en la historia de Chile desde 1650 en adelante, coinciden con la condición climática que vivimos hoy. Pero nunca la demanda por agua fue tan significativa como lo ha sido en los últimos treinta años. Por ello, los impactos económicos y sociales pueden ser ahora muchísimo mayores que en el pasado. Al incremento exponencial en la demanda de agua, hay que agregar un incremento de la vulnerabilidad frente al déficit hídrico en la última década -señala Núñez.
UNA LEGISLACIÓN A FAVOR DEL LUCRO
Con anterioridad a 1981, el Código de Aguas de 1951 –la primera codificación en la materia existente en Chile– le entregaba al Estado diversas herramientas para ejercer un efectivo control sobre las aguas y sus posibles usos. El Estado podía caducar derechos que no se utilizaran; priorizar el uso del agua cuando dos o más personas lo requerían; las peticiones de derechos debían explicitar su uso sin poder ser alterado una vez otorgado el aprovechamiento; y los derechos de agua estaban indisolublemente asociados a la propiedad de la tierra. En 1967, se introdujo una reforma constitucional que declaró las aguas chilenas de dominio nacional y expropiables en caso de que se requiriera conforme a los cambios de tenencia y uso de la tierra que impulsaba la reforma agraria en curso.
El código de 1981 demolió la institucionalidad vigente introduciendo un modelo único de gestión de aguas a nivel mundial, caracterizado por la nula regulación y una débil fiscalización institucional. El agua se separó de la propiedad de la tierra, lo que fomentó la creación de un mercado paralelo estimulado por la entrega de agua gratuita, a perpetuidad y sin restricción de volumen a particulares.
Uno de los errores más grandes fue haber entendido al agua como un bien económico, algo que no se ve en otra parte del mundo. Si aumenta la demanda, aumentas la oferta, eso uno lo puede entender si lo que se comercializa son calcetines ¡Pero estamos hablando de agua! -señala Campillo.
En 1992,  el ex presidente Patricio Aylwin ingresó al parlamento una moción para modificar aspectos claves del Código de Aguas. La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país”, señalaba el mensaje del Ejecutivo. En lo sustancial, se buscó establecer límites a la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas y que éstos, una vez entregados, volvieran a manos del Estado en caso que el titular no les diera uso. Tal como ocurría antes de 1981.
Pese a la urgencia de la moción, los parlamentarios se lo tomaron con calma. Tanta, que el proyecto de ley demoró trece años en el Congreso. Fue a mitad de este distendido trámite, cuando el ex presidente Eduardo Frei comenzó la enajenación y venta de la propiedad de las sanitarias -Essal, Esval y Emos- hasta entonces en manos del Estado, a grandes consorcios extranjeros y que concluyó bajo el gobierno actual tras la venta de las últimas acciones que conservaba el fisco en la propiedad del agua potable en Chile.
La Ley 20.017 que modifica el Código de Aguas recién vio la luz el 2005. Tras fuertes presiones del mundo privado –entre los que se encontraba ENDESA que por entonces ya poseía el 60% de las aguas para generación hidroeléctrica del país– y también de algunos legisladores que calificaron el proyecto como un retorno a las “recetas socialistas”, lo que de allí salió fue una reforma cosmética. La moción de restitución de derechos al Estado no fue atendida y fue reemplazada por el cobro anual de una “patente por no uso“, cuyo fin era desincentivar la acumulación ociosa de agua. También tuvo la intención de que los propietarios de los derechos efectivamente los usaran con fines productivos. Pero una vez más se creó una excepción a nivel mundial en la gestión de las aguas en Chile: la regla general en la mayoría de los países es que se cobre por usar el agua y no por no utilizarla.
–Es llamativo el camino de cobro por no uso del agua que se adoptó en Chile. Porque ese enfoque de abundancia de los recursos hídricos, se decidió en un contexto internacional donde predomina el enfoque de escasez a través del cobro por uso o tenencia del agua -señala a CIPER el ingeniero en recursos naturales e investigador del Heidelberg Center para América Latina, Christian Valenzuela.
A ocho años de la entrada en vigencia de la única reforma realizada al Código de Aguas de 1981, los hechos demuestran que no ha logrado corregir uno de los principales vicios del sistema: el acaparamiento especulativo del agua. Si bien lo castiga en algún grado, no lo elimina, porque por regla general el valor de la patente es muy inferior a la rentabilidad que alcanza el precio del agua en el mercado y que, producto de la escasez, ha ido en aumento año tras año.
Según una investigación del propio Christian Valenzuela, publicada este año en la Revista de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en regiones como Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, el precio mercado del agua es entre 17 y 22 veces mayor que el valor de la multa por no uso. Antes que renunciar a sus derechos de agua, los titulares prefieren pagar la multa, mantener sus derechos y venderlos sin apuro al mejor postor conforme aumentan los precios año a año. En Antofagasta y Atacama, el precio mercado del agua puede llegar a ser 100 veces superior a la multa por no utilizar el recurso. Así, el mecanismo que supuestamente castiga a quienes acaparan agua de manera ociosa para especular y venderla ni siquiera rasguña a quienes lucran con el recurso.
Lo que en un principio fue planteado como una cirugía mayor terminó siendo, luego de más de una década de trámite en el Congreso, una reforma ambulatoria detrás de la cual aún persisten las insólitas falencias que arrastra el sistema desde su creación: distribución inequitativa del recurso; sobre otorgamiento de derechos; acumulación de agua en manos de privados con fines especulativos; consolidación de un mercado de compra–venta desregulado y poco transparente y debilidad institucional para ejercer una fiscalización efectiva, por nombrar sólo algunas.
–Hace un tiempo, en un congreso latinoamericano de hidrogeólogos, me encontré con unos uruguayos a quienes el Estado les pidió introducir modificaciones a su Código de Aguas. Les pusieron una sola condición: no hagan nada que se parezca al código chileno –indica Campillo.
CHILE VIOLA DERECHO HUMANO AL AGUA
El Estado chileno no cumple siquiera con los estándares mínimos a nivel internacional que protegen y aseguran el derecho humano al agua, es lo que se desprende del Informe de Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales que este año incluyó a Petorca y la grave escasez de agua que vive la provincia, como uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en Chile.
En la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines de consumo personal y doméstico. Asimismo, debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, es lo que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas entre sus normativas a las que nuestro país adscribe.
En Petorca, actualmente son cerca de 3 mil las personas cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo y son más de 4 mil las hectáreas de cultivo de propiedad de pequeños agricultores que han sido abandonadas por no tener cómo regarlas. Asimismo, se han reportado casos de familias que no cuentan siquiera con agua para satisfacer necesidades higiénicas básicas.
–Si es que se quisiera remediar la legislación chilena para cumplir con los estándares internacionales, tendríamos que volver al Código de Aguas de 1951. Allí existía un orden de prelación que debía seguir la DGA al momento en que se le solicitaran derechos de agua. Y en ese esquema la prioridad era entregar el agua para consumo humano. Ni la Constitución ni el Código de Aguas actual regulan los derechos de aprovechamiento de aguas de acuerdo a los estándares del derecho Internacional de los Derechos Humanos, señala el abogado Matías Guiloff, responsable del capítulo sobre Petorca en el informe de la Universidad Diego Portales.
En la práctica, las contradicciones que ha introducido el Código de Aguas chileno se ven reflejadas, por ejemplo, en el hecho de que, pese a la dramática situación que viven muchas familias en Petorca, a fines de 2012 existían 50 derechos de agua en esa misma zona, en manos de privados, por un caudal total de más de 600 litros por segundo sin ser utilizados al menos desde hace tres años. Así se desprende de las bases de datos de la DGA con las listas de personas y empresas afectas al pago de patente por no uso.
–Al evaluar una solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas no está facultada para denegarla si es que quisiera resguardar las necesidades de consumo doméstico de la población. A los únicos factores que debe atender es que exista disponibilidad suficiente en el respectivo curso de agua y que su otorgamiento sea legalmente procedente -señala el abogado Guiloff.
Un segundo informe oficial, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), incluyó un preocupante capítulo sobre la crítica situación del agua en Chile, donde insiste en las inequidades existentes en la población respecto a la disponibilidad y su acceso. “Los resultados de estas políticas (de Estado) –en lo que refiere a sectores vulnerados: pequeños agricultores, campesinos e indígenas, y comunidades agrícolas– evidencian que, a pesar de estos programas y de la inversión pública, persiste la brecha de acceso para estos sectores, debido al rezago con que han accedido a la titularidad de derechos de agua y que está directamente asociado a la concentración de estos derechos”, señala el documento (ver informe).
En el mapa de conflictos socioambientales que presenta el INDH en su página web (ver mapa), de los casi 100 casos descritos a lo largo de todo Chile, más del 70% involucran directa o indirectamente tensiones relativas a acceso, disponibilidad y uso de agua.