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martes, 22 de septiembre de 2020

Waterkeeper Alliance insta a los líderes de América Latina y el Caribe a que ratifiquen el Acuerdo Regional que garantiza protección para defensores del ambiente

América Latina se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para los activistas ambientales

En respuesta al aumento de asesinatos de defensores del ambiente en América Latina, el Director Ejecutivo de Waterkeeper Alliance, Marc Yaggi, envió a principios de septiembre una carta (disponible en Inglés y Español) a los líderes de 12 naciones pidiéndoles que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Entre sus disposiciones (art. 9), se incluye la protección para los ciudadanos activistas que trabajan en la defensa del ambiente.
Según el informe más reciente de Global Witness, una autoridad internacional en materia de abusos de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, en 2019 se produjeron 212 asesinatos de activistas ambientales a nivel internacional, de los cuales casi el 70 por ciento se produjeron en América Latina. Colombia es la nación del mundo que más asesinatos ha sufrido; 64 defensores del ambiente fueron asesinados allí en 2019. Los asesinatos en Honduras aumentaron de 4 en 2018 a 14 en 2019, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo per cápita para los defensores del ambiente, informó Global Witness. 
“América Latina es un lugar de peligro crítico cuando se alza la voz por los derechos ambientales”, dijo Yaggi. ”Las voces de la comunidad son una parte importante del proceso para determinar si los riesgos ambientales de un proyecto son mayores que sus beneficios. Los ciudadanos nunca deberían temer a la violencia por hablar en nombre de su comunidad, sus recursos naturales y nuestro planeta; la protección de los miembros de la comunidad que se hacen oír es un derecho humano fundamental. Este Acuerdo tiene el potencial de proporcionar esa protección tanto en el Caribe como en América Latina”
Además de ofrecer protección a los defensores del ambiente, el Acuerdo de Escazú también concede derechos de acceso a la información sobre el ambiente, la participación pública en los procesos de toma de decisiones en materia de ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, garantizando el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y que los derechos reconocidos en el Acuerdo puedan ser ejercidos libremente.
“El Acuerdo de Escazú lleva a la escena internacional la importancia de que las decisiones económicas se guíen por consideraciones sociales y ambientales”, dijo el Prof. Sérgio Mattos-Fonseca, Director Ejecutivo de Guanabara Baykeeper-APREC Ecossistemas Costeiros. “Este es el trípode que subyace a la sostenibilidad de la vida humana en el planeta”.
Waterkeeper Alliance urge especialmente a los países de Chile, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bahamas y Belice para que firmen el Acuerdo de Escazú, teniendo en cuenta que acorde con el artículo 21 del Acuerdo, el período para la firma del Acuerdo de Escazú vence el próximo 26 de septiembre del 2020.
De los 33 países de la región, 22 han firmado el Acuerdo de Escazú y sólo 9 lo han ratificado. Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor es necesario que lo ratifiquen un mínimo de 11 países, los países a los que Yaggi dirigió su carta aún no han ratificado el Acuerdo. 
Waterkeeper envió la carta a los Primeros Ministros de las Bahamas y Belice, y a los Presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Trinidad y Tabago, así como a los embajadores de los Estados Unidos de América de las 12 naciones. 
Al enviar la carta, el Sr. Yaggi actuó como portavoz de los grupos Waterkeeper locales en América Latina y el Caribe.
Esos grupos locales son: Waterkeepers Bahamas de las Bahamas; Placencia Lagoon Waterkeeper en Belice; Guanabara Baykeeper en Brasil; Futaleufú Riverkeeper y Maule Itata Coastkeeper en Chile; Bocas de Ceniza Waterkeeper, Cartagena Baykeeper, y Río Inírida Waterkeeper en Colombia; Nicoya Peninsula Waterkeeper en Costa Rica;  Río Ozama Waterkeeper en la República Dominicana; Jiquilisco Bay Waterkeeper en El Salvador; Rio Motagua Waterkeeper en Guatemala; Cabo Pulmo Coast Waterkeeper, La Paz Waterkeeper, Loreto Coastkeeper, Los Cabos Coastkeeper, San Quintin Bay Waterkeeper, y Tijuana Waterkeeper en México; Rio Mapacho Waterkeeper, Ramis Riverkeeper, Marañón Waterkeeper y Amazonas Perú Waterkeeper en Perú; y Gulf of Paria Waterkeeper en Trinidad y Tobago.
“La ratificación y entrada en vigor del Acuerdo de Escazú generaría la estructura legal y política necesaria para garantizar la creación de espacios de participación pública EFECTIVA en temas ambientales“, dijo Carolina Chavarría Pozuelo, Nicoya Peninsula Waterkeeper. “Como organización que trabaja diariamente velando por el respeto del medio ambiente, es crucial contar con este marco legal.“
Imagen destacada: La Cumbre Regional Latinoamericana, del 24 al 28 de abril de 2019 en Cartagena, Colombia, tuvo 37 participantes en representación de grupos Waterkeeper de Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Perú.

jueves, 20 de agosto de 2020

Chile debe dar prioridad a los derechos al agua y a la salud antes que los intereses económicos, dice el Experto de la ONU









GINEBRA (20 de agosto de 2020) – El Gobierno de Chile no debe priorizar las plantaciones de aguacate y la producción de electricidad antes que los derechos a la salud y al agua de su pueblo, y las empresas deberían abordar los efectos negativos de sus actividades sobre estos derechos, dijo hoy el Experto de la ONU.
“El Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud,” dijo Léo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento. Se refirió específicamente al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al sureste de la capital, Santiago, y al negocio de aguacate en la Provincia de Valparaíso, región al norte de Santiago.
“El Gobierno está obligado a garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente”, dijo Heller. “Estos dos proyectos económicos pueden poner en riesgo el abastecimiento, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19. He pedido al Gobierno de Chile que aclare estas dos cuestiones.”
Chile es uno de los mayores exportadores de aguacate del mundo. Debido a la escasez extrema de agua, el Gobierno declaró el año pasado el estado de “emergencia de agua” en Petorca, donde un aguacatero consume tres veces más agua que la cuota reservada para los residentes, y la provincia sufre desde el año pasado una escasez extrema de agua.
Desde 2016, se han destinado para los residentes 50 litros diarios por persona. El agua es abastecida por medio de camiones cisterna no certificados que, en ocasiones, ha sido tan insalubre que ha causado casos de diarrea infantil.
“Esto no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales durante una pandemia,” dijo Heller. “El Ministerio de Salud de Chile recomienda el lavado de manos como una de las maneras más efectivas para prevenir la propagación del COVID-19, por lo que el Gobierno debe garantizar un suministro de agua adecuado para todas las personas y asegurarse de que las empresas no socaven la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.”
El 8 de abril de 2020, el Ministerio de Salud de Chile aprobó una resolución que incrementa la cuota a 100 litros diarios por persona en la Provincia de Petorca. Ocho días después, en una decisión que podría ser ilegal conforme al derecho internacional, revocaba esta resolución. Al mismo tiempo, “inimaginablemente” dijo Heller, el Gobierno sigue otorgando nuevos derechos de agua a empresas agrícolas y no ha logrado controlar el uso ilegal y excesivo de agua de las empresas aguacateras.
El otro polémico proyecto es el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) en la Cordillera de los Andes, que genera electricidad mediante el desvió de tres principales tributarios del Río Maipo, a través de 67 km de túneles.
“Este proyecto no solo podría reducir la principal fuente de agua potable de los residentes de Santiago de Chile, sino que también podría agravar la contaminación del aire en la capital” dijo Heller, dañando el “corredor verde” de la cuenca del Río Maipo que ha ayudado a compensar la contaminación.
Durante la implementación del proyecto, que debería entrar en funcionamiento en diciembre, “a pesar de que el Gobierno ha investigado los daños ambientales, no se ha tomado ninguna medida para garantizar el derecho humano al agua de la población afectada por este megaproyecto”, dijo Heller.
FIN

El experto:

El Sr. Léo Heller (Brasil) es el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, nombrado en noviembre de 2014. Actualmente, el Sr. Heller es investigador de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y trabajó anteriormente como Profesor del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil entre 1990 y 2014.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, por favor contacte con la Sra. Frédérique Bourque (fbourque@ohchr.org/ +41 22 917 9946).

Para consultas de los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU, por favor contacte con Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org) y Kitty McKinsey (kmckinsey@ohchr.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter @UN_SPExperts.

¿Preocupado por el mundo en el que vivimos?
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#Standup4humanrights
y visite la página web en http://www.standup4humanrights.org

Para fines de difusión se ha publicado en este sitio desde aqui

martes, 10 de diciembre de 2019

Manifiesto Latinoamericano por el Clima


www.porlaaccionclimatica.cl
A propósito de la realización de vigésimo quinta versión de la Conferencia de las Partes, desde la Cumbre Social por la Acción Climática estimamos que la mayoría de los Estados Parte, así como el gobierno de Chile en su calidad de presidencia de la actual COP 25, no han manifestado una voluntad real de escuchar y considerar las voces de la sociedad civil en la agenda climática global. Es más, la indiferencia de los tomadores de decisiones ante las urgentes demandas socioambientales y climáticas ha tenido como respuesta masivas movilizaciones alrededor del mundo exigiendo profundas reformas sociales, entre las cuales las demandas por justicia ambiental ha tomado gran protagonismo, en razón de su directa relación con la necesidad de un cambio radical en modelo de desarrollo imperante.
Como Sociedad Civil por la Acción Climática, plataforma de organizaciones de una región que históricamente ha sido vulnerada por políticas extractivistas occidentales, manifestamos que no será posible pensar una política climática ambiciosa y transformadora mientras no se integren en su creación y ejecución las voces de todas y todos aquellos quienes habitamos este planeta, con especial atención respecto de aquellos afectados cotidianamente en sus territorios por las consecuencias de la crisis climática; de los pueblos originarios, indígenas, tribales y afrodescendientes, que cargan en su historia valiosos saberes y; de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que deberán cargar con las decisiones de los agentes políticos del presente, muchos de los cuales aún se niegan a escuchar a la ciencia, y que no han sido capaces de tomar las medidas que ha exigido en reiteradas ocasiones el panel de expertos de la ONU de Cambio Climático (IPCC).
La decisión unilateral del Gobierno de Chile de suspender la COP 25 y trasladarla a España, es solo un ejemplo más de la actitud displicente con que los tomadores de decisiones se han aproximado a la sociedad civil durante las últimas décadas, lógica que hemos visto repetida a lo largo de América Latina y el Caribe en la aprobación de políticas y proyectos que amenazan el futuro de nuestros ecosistemas y territorios. Ahora, la COP que prometía ser una nueva oportunidad para poner el énfasis en las urgentes demandas climáticas de nuestra región, corre el riesgo de perder su espíritu latinoamericano y de ver alteradas sus negociaciones, priorizando la comodidad de los principales contribuyentes al aumento global de las temperaturas.
Casos como los incendios forestales en Amazonia y Chiquitania; la extracción desmedida de litio en territorios de Bolivia y Chile; el creciente fracking en Argentina; la precarización y vulneración transversal de los derechos de soberanía de nuestros pueblos originarios; y la progresiva privatización de nuestros bienes comunes, la muerte de cientos de defensores y defensoras de la Madre Tierra de la mano de compañías criminales; son casos que, si bien aquejan a nuestra región desde hace años, el sistema imperante ha consolidado y legitimado a niveles simplemente insostenibles.
Porque estamos seguros de que las decisiones se deben tomar en los territorios y no en los escritorios, decimos fuerte y claro: nunca más sin nosotros. Como sociedad civil de América Latina tenemos el derecho a participar en la toma de decisiones frente a temas que conciernen nuestra capacidad de tener una vida digna, incluso si las instancias institucionales de deliberación son trasladadas fuera de nuestro continente. En un momento de alta efervescencia social para nuestra región, manifestamos en este documento ciertos temas que, desde la Cumbre Social por la Acción Climática, creemos deben orientar el espíritu de las negociaciones, y recalcamos la necesidad de una acción climática organizada desde los territorios del Sur Global frente a la crisis climática y ecológica.
1. Agua
El agua es el componente fundamental para cualquier forma de vida en el planeta, ya sea animal, vegetal, microbiana o ecosistémica. En un contexto de crisis climática global y escasez hídrica regional, es imperativo y urgente priorizar el uso del agua hacia la protección de la vida y los ecosistemas, así como el consumo humano con especial énfasis en el uso de comunidades campesinas, por sobre cualquier otro tipo de actividad económica. Junto con esto, se debe priorizar una distribución bajo criterios democráticos y asegurar que la calidad de las aguas sea optima de acuerdo con su uso. De igual modo, el cuidado y recuperación de los suelos y bosques devastados por la sobreexplotación y desertificación es una condición necesaria para asegurar la provisión de alimentos, la circulación del agua y la reducción de gases de efecto invernadero.
Casos paradigmáticos como el de Chile, en el cual a través de un dictadura militar se instauró un mercado del agua, desconocen la importancia de este vital elemento para los ecosistemas, y la importancia de su acceso como un derecho humano. Esta y otras situaciones de comodificación de bienes comunes requieren de cambios profundos y estructurales en las regulaciones constitucionales y legales, además del fortalecimiento de la participación efectiva de las comunidades, pueblos y territorios en la gestión de la distribución y saneamiento de este elemento. De la misma manera es urgente que nuestros gobiernos garanticen la protección inmediata a todas las reservas agua dulce incluyendo acuíferos, glaciares y humedales.
2. Naturaleza
Todo sistema vivo requiere de un intercambio esencial y dinámico con el medio que habita y las partes que lo componen. Estas relaciones ecosistémicas dependen de dimensiones incomprensibles en su totalidad por la humanidad, sin embargo, hemos logrado afectar de forma significativa los procesos biofísicos a escala planetaria, que hoy amenazan la mantención de las condiciones mínimas que permiten la vida en la Tierra. El desafío que nos impone la crisis climática no puede restringirse exclusivamente a reducir nuestras emisiones, sino que debe involucrar la construcción de un nuevo relacionamiento con la Madre Tierra, que ponga en el centro el respeto íntegro de toda la vida como un principio fundante de nuestros pueblos, culturas y territorios.
La descolonización de nuestra relación con la Pachamama comienza por comprender que la biodiversidad de nuestro planeta, incluyéndonos, requiere de la protección de elementos que no hemos considerado hasta ahora vivos, pero que son esenciales para el desarrollo la vida, entendiendo que lo trascendental de su protección debe ir por sobre su eventual utilidad para la humanidad. En ese sentido, es necesario que los Estados, en particular los de Latinoamérica y el Caribe, definan marcos regulatorios para la protección de los ecosistemas, por sobre los intereses mercantiles del capitalismo global, sobre todo aquellos considerados de relevancia internacional como Amazonas, Sistema Altoandino y Criosfera.
3. Transición energética
El bienestar de la Madre Tierra y de sus bienes comunes están puestos en entredicho, producto de un modelo de generación energética basado en combustibles fósiles, impuesto por Europa desde la Revolución Industrial. Dicho modelo trajo consigo una contaminación sistemática de nuestros territorios, y es la causa principal del aumento de la temperatura global que hoy pone en riesgo la mantención de los ecosistemas. Como pueblos Latinoamericanos somos herederos de una larga historia de explotación, que en materia energética se expresa en un sistema de generación y distribución mercantil, antidemocrático y destructivo.
Es imperante cambiar nuestro paradigma energético actual por uno que reconozca el valor de nuestros territorios como reservorio de vida planetaria. Ante esto, es necesario que los actores públicos y privados responsables de la crisis climática (cuyos protagonistas provienen del Norte Global) comiencen cuanto antes un proceso de transformación de su matriz energética, junto a un profundo cambio cultural de sus hábitos de consumo y producción de energía, asegurando una transición justa desde una perspectiva ambiental, social y económica. Para lograr la libre determinación de nuestros pueblos y su autonomía energética, demandamos el cierre de plantas de energía en base a combustibles fósiles para el 2030, el congelamiento inmediato de las emisiones GEI y la inversión en el desarrollo de ERNC, con base descentralizada y prioridad en la eficiencia energética.
4. Nuevo modelo de desarrollo
La profundidad de la crisis climática provocada por el modelo de desarrollo impuesto violentamente por el capitalismo global, nos obliga a cuestionar sus fundamentos. La búsqueda del crecimiento económico sostenido nos tiene al límite de las posibilidades de mantención de la vida, y provoca desigualdades sociales insostenibles. El desarrollo de los países del Norte Global se ha consolidado a través de un proceso de industrialización avasallador, basado en la colonización y el extractivismo en los territorios de Latinoamérica y el Caribe. En consecuencia, se nos impuso un modelo neoliberal que permite la acumulación de capital por parte de unos pocos a través del abuso, usurpación y explotación de los ecosistemas, territorios y personas.
Para asegurar la vida digna de todos los seres vivos, es necesario redefinir las estructuras económicas y sus marcos legales institucionales, que limitan las transformaciones radicales que requiere el sostenimiento de la vida en el planeta, y que combinen de una vez por todas la justicia social con la integridad ecológica. En concreto urge transformar nuestros patrones de producción y consumo, y reconfigurar la economía hacia espacios solidarios, locales y diversos. Con este objetivo, exigimos que los poderes económicos globales, incluyendo instituciones como el FMI y el Banco Mundial, se comprometan a eliminar inmediatamente la subvención de empresas y proyectos contaminantes, la desmercantilización por parte de todos los Estados de los bienes comunes, y la redistribución de recursos y reestructuración del sistema financiero por uno que priorice el resguardo los ecosistemas y la protección de la vida.
5. Mujeres
El patriarcado capitalista está asentado no sólo en la explotación de la naturaleza, sino también en una estructura heteronormativa que históricamente ha generado violencias y desventajas estructurales contra las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales. La crisis ecológica y climática acentúa las brechas económicas, sociales y políticas derivadas de este modelo. Frente a estas brechas y violencias, las mujeres organizadas a lo largo de nuestra región han ejercido un rol activo y movilizador en el resguardo y la defensa de los cuerpos, las comunidades y los territorios, interpelando el modelo de desarrollo vigente e implementando sistemas alternativos que combinen el desarrollo comunitario con la protección medioambiental.
Abordar la crisis climática desde una perspectiva de género no sólo precisa la adopción de medidas que se hagan cargo de los impactos diferenciados del modelo vigente sobre mujeres, hombres y disidencias sexuales. Desde una perspectiva feminista y latinoamericana, es urgente transitar hacia la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres y disidentes sexuales; la reducción de las brechas económicas, sociales y políticas vinculadas al modelo patriarcal; la promoción de nuevas masculinidades; la visibilización y valoración de las tareas reproductivas y de cuidado como labores que competen a todos los miembros de la sociedad; y la visibilización de la actoría política y social que ejercen las mujeres tanto en la promoción de alternativas al modelo vigente, como en la defensa de sus territorios.
6. Pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes.
Los pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes son parte fundamental de la identidad cultural mestiza que compartimos como Latinoamérica, además de ser defensores ambientales de nuestros territorios desde la llegada del extractivismo a nuestro continente. Estos pueblos han debido soportar durante siglos desigualdades que los han excluido de las gobernanzas que administran los territorios y los bienes comunes. Estos pueblos continúan siendo uno de los grupos socio-políticos más empobrecidos, injustamente criminalizados y sistemáticamente vulnerados desde la colonización. Hoy la crisis climática ha devenido en una confirmación y profundización de estas injusticias. A pesar de que estos pueblos han demostrado una resistencia ejemplar frente a la dinámica de violencia y extractivismo, son uno de los grupos que más resienten los efectos negativos del cambio climático. Además, la actitud de los gobiernos Latinoamericanos los someten a incrementados niveles de conflictividad socio-ambiental, solo por el hecho de habitar en regiones geográficas altamente requeridas por proyectos de inversión extractiva.
Para acabar con la exclusión política y social que perpetúa la sistemática vulneración de su estado de derecho; reconocer su derecho a la autonomía, la consulta vinculante y al consentimiento previo, libre e informado; es necesario avanzar a una plurinacionalidad centrada en la multiculturalidad, acompañada de un reconocimiento en las legislaciones nacionales e internacionales, junto con una integración definitiva en la gobernanza climática, los sistemas de producción del conocimiento y en las decisiones de gestión y cuidado de ecosistemas y territorios. Por otro lado, es necesario que los Estados Parte terminen con sus políticas negligentes y el grave abandono frente al saqueo y destrucción de territorios, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, la Amazonía y Chiquitania. 
Finalmente es necesario crear marcos legales que permitan responsabilizar a los actores perpetradores de dicha destrucción ya sea con acciones políticas y/o judiciales. 
7. Derechos humanos y cambio climático
El preámbulo del Acuerdo de París recuerda a los Estados Parte el deber de tomar en consideración sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos a la hora de implementar acciones o medidas para enfrentar el cambio climático. Esto implica abordar los impactos que el extractivismo han causado en nuestras comunidades y territorios, vulnerando nuestros derechos fundamentales y llevándonos a un estado de crisis climática. Los impactos de esta crisis se profundizan particularmente en América Latina y el Caribe, en razón de las brutales desigualdades que soportan los grupos más vulnerados de nuestra región, tales como, pueblos indígenas; comunidades locales; migrantes; mujeres; NNAA; personas en situación de discapacidad y; habitantes de las “fronteras climáticas”.
Los marcos jurídicos internacionales y así como los compromisos adoptados por los gobiernos nacionales, han demostrado ser insuficientes para solventar esta situación.
Con el fin de asegurar el respeto pleno a los derechos humanos, exigimos a la comunidad internacional la necesidad de reconocer expresamente las vulneraciones a los derechos fundamentales producto de la agudización de la crisis climática en las instancias y documentos formales de negociación; demandamos que los Estados Parte de dichas negociaciones tomen medidas urgentes para limitar las vulneraciones provocadas por la crisis, tales como el desplazamiento forzado de personas y la falta de seguridad hídrica y alimentaria que sufren los territorios de nuestro continente. 
Por último, exigimos la firma y reconocimiento en las legislaciones nacionales del Acuerdo de Escazú, con el fin de asegurar que las medidas y planes para resistir los efectos del cambio climático sean inclusivos y participativos, y no generen nuevas afectaciones a los derechos humanos de los grupos más vulnerados.
8. Justicia climática
La justicia climática implica el ampliar el concepto clásico de justicia ambiental hacia el reconocimiento y correcta distribución de las responsabilidades históricas diferenciadas del calentamiento global; la reparación de pérdidas y daños ocasionados por fenómenos asociados al cambio climático; y la distribución justa y equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre los territorios de forma intergeneracional; junto con sostener mecanismos de participación efectiva para las comunidades que han sufrido de discriminación diferencial en la toma de decisiones sobre sus territorios. La integración de este concepto en todas las políticas climáticas nacionales e internacionales es una condición necesaria para la efectiva mitigación, la correcta adaptación de los pueblos de la región latinoamericana, y en definitiva la garantización de una vida digna y un desarrollo sostenible para todos los territorios de América Latina.
Esta justicia solo podrá ser tal en cuanto los costos de su implementación sean financiamiento por parte de los Estados que se han enriquecido precisamente a través del abuso y empobrecimiento del Sur Global. Por otro lado, será necesario integrar las múltiples visiones y culturas de nuestros pueblos, así como sus diversas formas de afectación, lo que debe ser asegurado mediante mecanismos efectivos y vinculantes de participación ciudadana, que incluya a las juventudes, y que considere la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios e indígenas. Para ello, se requiere impulsar agendas políticas que pongan énfasis en la educación ambiental y en la formación cívica, lo que en definitiva permitirá a las comunidades robustecer sus organizaciones y afiatar el tejido social en el que se desenvuelven, para poder así avanzar hacia un cambio de paradigma en la escala de valores y los estilos de vida dominantes.
9. Gobernanza climática
En el contexto actual de nuestros gobiernos regionales, los cuales no han tenido la voluntad de establecer condiciones y regulaciones mínimas para asegurar el respeto de la Madre Tierra, los derechos humanos, y en particular, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, se hace imperativo avanzar en una Gobernanza Climática inclusiva y participativa, entendiendo que los efectos de la crisis van más allá de los aspectos técnicos y/o científicos que se puedan preveer y analizar. Por ello, es necesario construir una mayor democracia ambiental para la definición, legítima y descentralizada, de metas y estrategias que permitan afrontar con mayor resiliencia la crisis climática.
En el entendido de que el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política, exigimos a los gobiernos y los organismos internacionales garantías inmediatas para asegurar el acceso a la información, que pueda resultar en la participación de múltiples actores, permitiendo así la transformación colectiva de la sociedad en su conjunto. Solo mediante un proceso participativo amplio, efectivo y vinculante, en el cual las políticas climáticas sean generadas de forma conjunta y colaborativa entre los territorios y las instituciones, se podrá lograr integrar un enfoque preventivo y precautorio en la aprobación de proyectos que generen impactos o riesgos climáticos, así como un financiamiento adecuado y transparente para el logro de los planes y compromisos de mitigación y adaptación.
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domingo, 10 de noviembre de 2019

Chile 2019: Un proceso de cambio inevitable desde su estructura.

@rodrigodelao #opinion #tribuna
Próximos a cumplir un mes desde un estallido social sin precedentes en la democracia chilena, donde miles o millones se han volcado a las calles producto de una ola de violencia comprimida, visceral y desatada por decisiones e ineptitudes políticas, francamente, alarmantes y donde hoy, diez de noviembre, cientos de personas han sido mutiladas llegando a tener un triste récord a nivel mundial: más de 200 personas han recibido daño en sus ojos, miles han sido detenidos; torturados, vejados y se teme que existan o estén, muchos de ellos, desaparecidos. Y ya van cerca de 30 personas muertas desde el inicio de nuestro triste y, a estas alturas, célebre octubre rojo.
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Luego de que se estimara un alza de $30 pesos chilenos ($US 0,040) a la tarifa adulta del metro tren del gran Santiago de Chile y tras una serie de declaraciones de autoridades de gobierno que, a lo menos, fueron desafortunadas en donde la sorna, burla e ironía semántica fue la chispa que encendió la mecha de las manifestaciones evidenciando, de manera dramática, que no es solo el alza del pasaje del metro-tren santiaguino sino que son 30 años de una dormida idea de que Chile es un país modelo de desarrollo. Un país que hoy se despierta y pone en jaque a toda la estructura e instituciones adictas a un modelo que solo beneficia de manera morbosa a un porcentaje mínimo de la población, en una suerte de elite o cofradía que hoy ya no distingue sectores políticos y que les sitúa como una casta oligárquica cleptocrática absurda y fuera de contexto; o de tiempo. El paradigma del libre mercado en donde el agua, las pensiones, la salud, la educación, los recursos naturales primarios y el sistema político se ha convertido en un negocio y en un manejo de intereses enquistado en una cúpula que ha terminado segregando y, a la luz de los acontecimientos de las ultimas semanas, criminalizando la legitima protesta y manifestaciones públicas por una justa, y hoy más urgente que nunca, reivindicación social.
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Provoca una profunda tristeza ver confrontaciones entre compatriotas. Observar una violencia desbordada y conocida; donde terminamos enfrentados, entre ciudadanos, pueblo contra pueblo y donde un mínimo sector, recluido dentro de sus privilegios desde su burbuja, permanecen contemplativos y lejanos. Incapaces, indiferentes, de pronto, porque no pueden empatizar con las demandas y derechos sociales, porque no los conocen. Dictan leyes y propuestas de una realidad que jamás han conocido o, de plano, olvidado su origen y quien les mandato representar ese poder.
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Hoy, lo que se cuestiona es el modelo y que el Gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, multimillonario empresario ligado a la centro derecha chilena, se ha encargado de profundizar. Un gobierno en democracia que declara estado de excepción constitucional y que pone militares en las calles permitiendo una represión feroz, abriendo la herida de los capítulos más negros de nuestra historia. Un fantasma que creíamos olvidado y que resurge de la forma más cruenta. Y que hoy, se transforma en una democracia y un gobierno fallido.
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Señor presidente, necesitamos una política integradora, sin soberbia. Que escuche y resuelva con la ciudadanía; no, contra ella. Hoy, en mi país, Chile; la democracia ha sido abofeteada cuando el fracaso de la gestión política no ha estado a la altura y se decide, destempladamente, militarizar la calle. Pareciera ser que nada aprendimos después de tanto dolor e injusticia.
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En esta penumbra de una suerte de noche indeseada, seamos capaces de mirar más allá de nuestras narices y recordar. Coreábamos “Para que Nunca Más”, prometíamos jamás repetir u olvidar los horrores cometidos. Y aquí estamos, cuando compatriotas que ostentan responsabilidad de nuestras armas, las armas del estado, mis armas que permiten la defensa de la nación, son usadas para reprimir el anhelo de un país más justo. La prudencia olvidada solo será resarcida con la justicia desde un rencor que han fecundado de la manera más vil y brutal. Hoy el cántico resuena por el derecho de vivir en paz y por la justicia social.
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Sí, ha existido un saqueo progresivo, desmedido, violento con el manejo de la minería y los escasos royalties a multinacionales nacionales y extranjeras, con la captura de los derechos de agua asociados; empresas forestales que han provocado un verdadero ecocidio en el centro y sur del país, industria subsidiada y alimentada para el enriquecimiento de sus dueños con el apoyo estatal que ha invadido zonas fértiles y expandido una suerte de desierto verde poniendo en riesgo y amenaza nuestro sur profundo, con un modelo impuesto y peligroso. Con una industria acuícola intensiva de alto consumo, con sanitarias que fallan continuamente. Súmenle leyes reservadas de fuerzas armadas, ley de pesca, etc.
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El quiebre democrático promulgado por nuestro presidente, la sangre hermana derramada que ha interrumpido nuestra democracia y libertad, los muertos en aumento, cientos de ojos estallados e inservibles y un discurso violento (“Estamos en Guerra”) deja grabado en la historia que esa política que ha dispuesto militares en las calles y, una vez más, las armas del estado contra de su propio pueblo (lo que no sucedía desde 1987) reabre una herida increíble de imaginar en democracia.
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No podemos obviar que, como se ha dicho, la mecha ha sido la burla constante desde el Olimpo de la política enquistada, adicta a los privilegios del poder. Poder, que es claro, no les gusta ni interesa compartir. Después de toques de queda y estados de excepción constitucional, vandalismo exorbitado, de restringida nuestras libertades individuales con las fuerzas armadas y de orden en las calles, de muertes de compatriotas y miles de heridos; necesitamos que nuestras autoridades, el presidente y políticos profesionales, aboguen por la paz, justicia social, protección ambiental, evolución económica, ya. No podemos permitirnos más ineptitud y errores políticos que solo contribuyen a agravar esta tremenda crisis y aumentan la distancia de la ciudadanía. Caos y militarización solo propone un pseudo dialogo de choque, inservible e infructuoso, de un ejército estatal armado en contra de su gente, de su propio pueblo. Yo no quiero mi ejército contra mi pueblo. Yo no estoy en guerra, estoy en paz y quiero un país más justo. Sin violencia, con participación y diálogo.
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Las Fuerzas Armadas y de Orden deben aplacar a saqueadores, violentistas y anarquistas. Apresarlos, juzgarlos porque no comparten reglas base de la democracia. En ningún caso, pensar en infringir daño o dolor; desaparición o muerte por acciones derivadas de una crisis política y su mal manejo. Miles o millones de compatriotas, personas de todos los sectores que, de manera transversal, se manifiestan pacíficamente en distintas ciudades por un Chile mejor. No caer en el juego de la violencia es un permanente reto para todos. Lo que se busca es paz y justicia. Quiero democracia, no un estado fallido, frustrado o deprimido.
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Con extrema humildad le pedimos a nuestros líderes, al ejecutivo, gobierno y oposición, que no queremos más muertes ni heridos. Basta de muertos y miradas mutiladas. Sus manos están, tristemente, manchadas de sangre. La brutalidad de convertir demandas sociales en una “guerra” inventada, en una especie de dictadura innecesaria, de un estado fallido supuestamente intervenido por fuerzas externas, no es la vía para una solución real y urgente. Chilenos/as con uniforme, no maten a su mismo pueblo cuando este se levanta, subyugado, cansado, con el corazón por delante buscando un país mejor, con una ciudadanía en movimiento clamando por mayor equidad. Con el canto de la paz y la libertad como verdadera arma de esperanza. Con las manos limpias, sin manchas de sangre.
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Hoy me proclamo en un estado fallido, cuando se altera la democracia con las armas del estado dispuestas para la represión de conciudadanos y personas que legítimamente, sin armas y violencia, manifiestan en libertad su sentir en una guerra imaginaria cuando cientos de miles o millones en sus calles, en paz levantan su voz, por su país, sin miedo. Muchas veces, los medios masivos se quedan en desmanes de una minoría violentista que evidencia una nula capacidad de comunicarse siendo también urgente poder analizar los códigos de violencia y represión.
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Levantar la voz, sin violencia, es una obligación. Buscando siempre la justicia y, sin descanso, para recuperar la libertad. Militar o policía, piensa y ve con tu familia. Regresa a tu cuartel. No levantes el fuego, las armas de todos, contra tu par. Objeta, resiste, rebélate. Gobiernos, basta de fallar en el juego de la política. Tiempo es para la humildad, no para el pedestal.  
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Siempre es bueno recordar que Democracia significa poder del Pueblo. La libertad se recupera en la calle. Los derechos no se regalan, se conquistan; en paz y en movimiento. Seamos capaces de levantar la mirada, asumir que el país cambió y volvamos a confiar. Siempre en paz, por la recuperación y mantención plena de nuestras libertades; y a la caza de nuestros derechos sociales. Agua, vida, salud, pensiones, recursos naturales, futuro, juventud, esperanza. Por la extinción de nuestra plutocracia económica política gobernante. Por un nuevo Pacto Eco Social y una democracia horizontal, ecológica; y una política ciudadana inclusiva y vinculante.
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¿Seremos capaces de romper el paradigma, olvidar el modelo y proponer uno nuevo? ¿Más Eco que Antropocéntrico? ¿Será éste el punto de inflexión reconociendo que todo ha cambiado? Yo creo que sí.
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Muchos intentan despolitizar el movimiento ciudadano, la protesta, el disentimiento cuando es, justamente, lo trascendental de la misma (protesta/manifestación social pacífica). El movimiento social sin precedente es, ante todo, un movimiento político ciudadano que desafía y obliga a una política ciudadana transformadora de las políticas públicas y del modelo económico.
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Después de la marcha multitudinaria del 25 de octubre con millones en las calles, donde una minoría vandálica desenfocada no impide que el mensaje de la ciudadanía se imponga y escuche por todos, queda claro que la gente habló, demostrando que gobierno actual aún no sale de su letargo, estrés y shock, que todo este intempestivo movimiento ciudadano ha provocado. La “Marcha Más Grande de Chile”, a la que han seguido marchas de gran convocatoria, es porque se exigió que militares y policías regresarán a sus cuarteles; junto a sus familias. No queremos más muertes por armas del estado alzadas contra chilenas y chilenos en una guerra ficticia. Queremos paz y justicia.
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Y desde la justicia nos preguntamos: ¿un carabinero o un militar no puede, si lo sintiera, participar de una marcha o protesta? Por cuidar su trabajo o intereses superiores, ¿no puede liberar su pensamiento? ¿pueden pensar por si mismos o empatizar con demandas sociales? ¿Puede alegar objeción de conciencia?
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Existe tantos casos, tantas historias que comenzaran a rondar en el mundo. Como el caso de Lenny que fue baleado por policía pública y que no podrá sacarse los balines de su cuerpo. O el reciente caso de Gustavo, cegado por balinazos en sus ojos. Ciego con presupuesto estatal!
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Cupulas contemplativas, enquistadas, paralizadas ante la verdadera voz, sin partidismos, dialoguemos del real saqueo; del caldo de cultivo que, junto a una política inepta, cambió un Chile que hoy clama por libertad, esa apreciada presencia arrebatada, de un golpe, a la democracia.
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Si dejamos pasar esta tragedia, seguiremos repitiéndola como imbéciles, que llevamos el odio a nuestras ideas por querer un país mejor. La Unidad Social; democracia horizontal y política ciudadana como nueva vía es un derecho y una urgencia para ventilar a rancios del poder.
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No podemos dejar de mencionar que ante todo el problema social es un problema ambiental, en donde aún tenemos que conversar cómo eliminamos las zonas de sacrificio, que hacemos o cómo enfrentamos que existan niños y adultos con metales pesados en su sangre. Donde líderes sociales, dirigentes y protectores de los derechos humanos son amenazados, criminalizados, perseguidos y “suicidados”.
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A no dejarse engañar. El juego perverso del miedo, el desabastecimiento y la división es lo que nos ha llevado al odio. Seamos capaces de ver más allá. Rompamos el paradigma de un modelo arbitrario y fuera de tiempo. Aprovechemos la organización ciudadana con esperanza.
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En estos días aciagos, donde al triste gobierno que nos conduce solo le queda el orden y la represión. Cuando nuestra preciada libertad camina herida, tambaleante, casi derrotada y se descubren miserables; seguimos adelante quienes luchamos por justicia social y ambiental. Unámonos más que nunca por un futuro mejor y en paz. Solo la represión les queda cuando han perdido el control del miedo y el consumo. A no dejar de mirarnos a los ojos, amarnos y respetarnos en nuestras diferencias; y lo más importante, considerarnos todos y cada una de nosotros, como seres humanos. 
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Rodrigo de la O
Vigilante Costero. Ong. Director 
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Chile y su Octubre Rojo

martes, 10 de junio de 2014

Gobierno convoca a Seminario de Recursos Hidricos e invita a establecer Dialogos y Propuestas

@vigilantecosta
Recientemente, fuimos invitados por el delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Señor Reinaldo Ruiz Valdés, al Seminario denominado “Hacia una política para los recursos hídricos en Chile: Dialogo y Propuestas” en el Salón Prieto del Palacio de La Moneda.
La reunión se efectuó el pasado viernes 6 de junio y fue la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Señora Mónica Rincón, quien sostuvo que la intención del gobierno era poder identificar y dialogar con los distintos actores políticos, técnicos y sociales respecto de la crisis que atraviesa el recurso hídrico en algunas zonas de nuestro país como también respecto del anuncio realizado por la Presidenta de la Republica, Michelle Bachelet, en su ultimo discurso del 21 de mayo donde sostuvo que era necesario una revisión del Código de Aguas y el obligado análisis de la realidad actual.

La inclusividad fue uno de los conceptos que más se aprecio en el debate, al menos de nuestra perspectiva, entendiendo que la situación actual de la regulación de las aguas en Chile y el arcaico Código del 81 es, invariablemente, arbitrario y promueve la excesiva concentración del (mal llamado) recurso. Esto, se explica, producto que hasta el año 2005 los derechos de aprovechamiento de agua se entregaban de manera gratuita y a perpetuidad, incluso en ocasiones, más allá del caudal ecológico que determinada cuenca hidrográfica pudiera mantener. En el gobierno de Aylwin se hizo una reforma al Código pero no paso de ser solo cosmética manteniendo el status quo de los privados dueños del agua en Chile.
En la ocasión pudimos escuchar diversas presentaciones siendo la primera de ellas la de Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, quien con una mirada crítica desde la perspectiva del Agua, Ciudadanía y Estado, menciona que es imperioso poder reconocer las falencias del código de Aguas de 1981, señalando con firmeza su carácter no democrático, al no tener participación parlamentaria en su redacción y no fijar límites a la concesión de uso de los derechos de agua otorgados. A esto se suma la separación de la propiedad del agua y dominio de la tierra consolidando el “mercado especulativo del agua que le hace mal al país”. También señaló que la mirada hacia una expansión permanente de la gran minería es insustentable debido a los grandes volúmenes de agua que dichas faenas necesitan dentro de sus sistemas o procesos de producción. Junto a eso hizo mención que la modificación al Código de Aguas ha recibido un bloqueo sistemático en el parlamento para lograr cambios constitucionales.
La Directora de Chile Sustentable, y ex candidata presidencial, recordó la conformación de la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida que, en el año 2009, la cual convoco a diversas organizaciones del país para poder llevar adelante un esfuerzo que permitiera conocer la realidad a nivel país y la que establece de manera transversal la urgencia del saneamiento y el acceso al agua como un derecho humano básico esencial.
En un tono aun más crítico, Sara Larraín, recordó a los asistentes que el Presidente Frei fue el que inicio la privatización de las Empresas Sanitarias del Estado, el presidente Lagos las continuo y el presidente Piñera las concluyó. Respecto de la Presidenta Bachelet  en al año 2009 envía proyecto de reforma.
Importante también su alocución cuando destacó la importancia de enfrentar un diseño o planificación de Manejo Integrado de Cuencas que nos permita conocer claramente cual es el estado de nuestros ríos: su caudal, calidad de aguas, correcto aprovechamiento y salud de nuestros cursos hídricos.
En síntesis, en lo que respecta a Estado, Agua y Ciudadanía, el despojo, degradación, abandono y desconfianza hacen que para que pueda existir un nuevo Pacto Social en torno al Agua en nuestro país debe existir la necesaria recuperación de la confianza y la credibilidad de las autoridades políticas para impedir que ciudadanía y estado sigan distanciándose.
Expusieron también desde el área forestal, Rodrigo Herrera (AIBN), y la iniciativa agua que has de beber (aguaquehasdebeber.cl). Herrera comento respecto de la relación de los actores sociales con los procesos de cambios globales y climáticos. El calentamiento global no es una amenaza, es una realidad. En cifras gráficas 2500 millones de personas tienen problemas en la calidad de sus aguas y 800 millones de personas no tienen acceso al vital elemento.
Chile en los últimos 15 años a triplicado su producción de CO2 equivalente y la introducción de monocultivos (pino, eucaliptus, paltos) comprometen el balance hidrico. Básicamente, por el gran consumo de estas especies (un eucaliptus de 3 años consume 20 litros de agua por día, a los 20 años un eucaliptus consume 200 litros de agua por día).
También estuvieron presentes la abogada Nancy Yañez quien señala que diversos países de la región reconocen al agua como un derecho humano y que mantienen una gestión integrada de los recursos hídricos y una planificación claramente definida.
Tambien estuvieron presente dirigentes de zonas que tienen serios problemas por escasez de agua y la importancia de poder generar estrategias coordinadas que permitan suplir aquellos lugares en que existe falta de suministro.
En nuestra opinión es una buena noticia, un nuevo llamado y esperamos que una vez los cambios se consoliden en su espacio legal la confianza herida o afectada puede ir recuperándose con la ayuda y retroalimentación de la ciudadanía.