Observatorio Ciudadano, Consorcio TICCA y organizaciones indígenas presentan propuestas al proyecto de ley sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas

En Comisión de Medio Ambiente del Senado.

• Las indicaciones son una construcción colectiva, basada en estándares internacionales de derechos humanos, indígenas y de conservación, que buscan sean incorporados a la normativa en discusión parlamentaria.

Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano, 25 de octubre de 2017

El pasado lunes el Observatorio Ciudadano y el Consorcio TICCA, junto a representantes de comunidades indígenas, presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente del senado un conjunto de observaciones y propuestas de modificación a introducir al Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín Nº 9.404-12), que esta tramita actualmente.

Las indicaciones que se formulan al proyecto, se basan en estándares internacionales de derechos humanos, de pueblos indígenas y de conservación, proponiendo redacciones alternativas a su texto en temas relativos al principio participativo, el reconocimiento adecuado de los territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales, la participación en la gestión, la modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado, la elaboración de informes de aspectos culturales previo a la creación de un área protegida, el procedimiento para la elaboración de planes de manejo de área protegidas, la creación de áreas protegidas de propiedad privada y las infracciones a los instrumentos de conservación de la biodiversidad.

En la sesión participaron Lorena Arce, coordinadora del Consorcio TICCA para el Cono Sur, y José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, exponiendo estos estándares y sobre los territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA). Además se realizaron exposiciones de experiencias de conservación de biodiversidad indígenas en Chile, por parte de Leciticia González, quien dio cuenta de la experiencia de comanejo -o gestión compartida de áreas protegidas- del pueblo atacameño; Joaquín Miliñir, en el caso de la Comunidad de Quinquén, y Carolina Huenucoy, de la comunidad kawésqar de Puerto Edén, respecto de los problemas de superposición del Parque Nacional Bernando O’ Higgins sobre las tierras y mares de uso tradicional de este pueblo.

Tras la reunión Lorena Arce señaló que “las propuestas que presentamos en esta sesión son el resultado de un largo proceso en el que hemos estado trabajando con representantes de diversas comunidades para que este proyecto de ley logre reconocer de manera apropiada los aportes que hacen las comunidades, tanto indígenas como locales, a la conservación de la biodiversidad. Agregó que “es importante que entendamos que la conservación no se logra sólo a través de las áreas protegidas del estado o recientemente de privados, sino que existen otros medios, como las prácticas, los usos consuetudinarios y los conocimientos tradicionales, que han demostrado ser efectivos para la protección y conservación de la naturaleza”.

Por su parte José Aylwin sostuvo que  “a  través de estas propuestas las organizaciones que las suscribimos queremos poner énfasis en que la conservación de la biodiversidad no se puede seguir haciendo de espaldas a los pueblos indígenas y comunidades locales y vulnerando sus derechos”.

Aylwin agregó que “si bien el proyecto en debate reconocía la figura de las áreas de conservación indígena, inicialmente no considerada, esta es muy insuficiente por cuanto considera solo las tierras de propiedad legal de las comunidades. En consonancia con las directrices internacionales se propone la inclusión de la figura de los territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales, las que abarcan tanto áreas terrestres como marítimas, tanto de propiedad legal como de uso tradicional”.

Eso que llaman Ley Lonqueira, Ley Corrupta o Ley de Pesca

#opinión @rodrigodelao

Mucho se ha hablado de la ley de pesca, también llamada Longueira en honor al ex ministro re-formalizado. Y, desde su texto y proceso para convertirse en ley; de empresas ligadas a pseudo parlamentarios (de “representación popular”), en financiamiento de campañas a través de los "legales" (¿éticos, morales?) aportes reservados, en concomitancia, se ha dicho, con funcionarios de gobierno; el lobby, tráfico de influencias y manejo de información privilegiada para particulares réditos o beneficios, etc. Junto a ello, la brutal inequidad respecto de la adjudicación de cuotas y la captura de las pesquerías ancestrales por la mega industria pesquera. Es decir, artesanales terminan trabajando (a veces, sin saberlo) para los industriales. También, nace la pesca y acuicultura ilegal y de la mano del colapso de diversas pesquerías con la ayuda de la metodología de "pesca por arrastre". 

De todo el producto obtenido en el mar, un gran porcentaje se convierte en harina de pescado; en alimento de otros peces, de salmones, por ejemplo. Lo que da argumento a la industria acuícola a expandirse, con subsidios fuertes, a nuevas aguas, prístinas, oceánicas, que reúnan las condiciones apropiadas (benditas AAA) debido al colapso del mar austral por la inclemente sobrepoblación de granjas salmoneras que, sencillamente, aniquilaron las aguas y fondos marinos, siendo imposible poder mantener cultivos en muchos de ellos porque el ecosistema no lo sostiene. No es capaz de recuperarse. El "Mayo Chilote" (2016) es un símbolo reciente de los riesgos de una industria que produce su producto (Salmón), se accidenta, falla reiteradamente, y el subproducto (Riles) se deposita en el mar. Las consecuencias, ambientales, sociales; impredecibles. 

Sin ir más lejos, hoy un carguero se encuentra hundido en Chonchi (Wellboat Seikongen, de origen chino) con 200 mil kilos de salmones muertos (covertidos en riles) y otros tantos miles de combustible y aceite manteniendo alarmada a comunidades cercanas. Una bomba de tiempo. 
Además, a la gran carga ambiental sostenida por la industria acuícola de alta gama; hoy se deben incluir aspectos ligados al comportamiento antrópico, a la sobrepoblación, planificación, forma de consumo establecido por convención y efectos, consecuencias en el medio natural responsablemente, lo que adiciona elementos que no se han incorporado en la actualidad en esta industria cautiva, privada y de consecuencias, al menos, cuestionables donde los errores los paga el medio ambiente local y las comunidades.

Una industria que proclama sustentabilidad y equilibrio en su negocio, en bienes fiscales, requiere mil doscientos kilogramos de pellet (alimento) para alimentar (o engordar) 1 kilo de salmón. Pero, para hacer ese kilo, se necesita entre 5 a 10 kilos de pescado (no importa cual, da lo mismo, solo interesa la proteína). Por eso, se menciona, que artesanales trabajan para industriales. Prácticamente, todo es para hacer harina y alimento para peces. Y lo que queda para consumo, en su mayoría, se exporta.

Esto, solo es una parte, podríamos hablar (o escribir) horas. De plagas exóticas, por ejemplo, que la IA ha traído (ISA, Caligus, piojos, etc.); de los antibióticos; sus fecas; la alta tasa de muertes de trabajadores, etc., etc.

Es urgente poder coordinarse desde las ciudades y localidades costeras. Desde la pesca artesanal, autoridades, organizaciones locales, juntas de vecinos y comunidad en general. Se necesita salvaguardar las 5 millas. No tan solo para preservar y salvar la pesca artesanal y los caladeros históricos. También porque la primera franja marítima que tiene Chile es una virtud que debemos respetar, mantener y, en ese desafío, presentarla al mundo como ejemplo de gestión y trascendencia.

Menos mal que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, se puso las pilas y, salvo algunos condoros como lo de Campiche, Pérez Yoma y eso, marcó una ruta respecto de la importancia vital que tienen los océanos para nuestro país y para el mundo (Partiendo con lo de las bolsas plásticas y el gran paso de lad AMP). Gritando al mundo, construyendo un hito y punto de inflexión que implica el colapso de nuestros mares, de nuestros cuerpos hídricos; o, si actuamos con decisión y compromiso desde las más altas esferas del poder para su defensa, protección y permanencia. Con mayor razón en Chile, con una de las costas más extensas del mundo.

Ojalá con ese mismo ímpetu el ejecutivo de hoy pudiera de una vez derogar la ley corrupta y presentar un proyecto de ley que, ante todo, defienda las 5 millas como ARPA y zona de conservación, descanso, alimentación y/o reproducción de fauna y flora marina. De flora definitiva, se aplique una moratoria o eliminación definitiva de la pesca de arrastre; y se potencie el trabajo junto a la pesca artesanal, sindicatos, agrupaciones de recolectores, fomentando proyectos extensivos de pequeña escala, con énfasis en la bioseguridad y biomantención ecosistémica.
No faltarán los críticos que tiñen de política lo que no debiera resistir análisis. Esta ley no es justa y los recursos marinos deben protegerse para que puedan existir como patrimonio de todos.

Complemento e invito a ver este documental, "Mala Pesca", de 2016 y que, curiosamente, está vetado en medios de comunicaciones cada día más obsoletos y arcaicos. Al menos en lo que se relaciona al control y condicionamiento de la información. Hoy existen otras vías; todavía y que también hay que cuidar.

Nota escrita por:

Rodrigo de la O | Director | Vigilante Costero ONG | Waterkeeper Chile

Emplazan a sello internacional FSC por complicidad en crímenes e impactos forestales en Chile

Emplazan a sello internacional FSC por complicidad en crímenes e impactos forestales en Chile

Una treintena de organizaciones extendieron una misiva ante la oficina oficial de resolución de conflictos del sello internacional FSC (Forest Stewardship Council) con asiento en Alemania por las certificaciones otorgadas a empresas forestales en Chile sin que se atiendan casos de violaciones a derechos humanos e impactos socio ambientales en diversos territorios.

Nota completa en enlace. OLCA.

¿Congelará Bachelet su legado en materia de aguas?

Sara Larrain
Foto: ChileSustentable.net

Por Sara Larraín | Directora Chile Sustentable

El agua viene escaseando en Chile hace varias décadas. Más allá de los años húmedos o secos, de la oscilación del Niño, la Niña, y la sequía prolongada de los últimos años, la evidencia muestra en los hechos una mega sequía, producto del cambio climático que llegó para quedarse.

Desde el parlamento se desarrollaron comisiones investigadoras sobre sequía y desertificación, sobre robo de aguas, se generaron nuevas comisiones de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, tanto en la Cámara como en el Senado, y se han multiplicado proyectos que intentan mejorar las políticas públicas en materia de acceso, gestión y protección de las aguas. 

En la misma línea, el actual gobierno, en coherencia con lo comprometido en su programa de gobierno, nombro un Delegado de Recursos Hídricos, una Mesa Inter ministerial del Agua, retomó la tramitación de la ley que crea los servicios sanitarios rurales, la ley que mejora la fiscalización y sanciones, y patrocinó la moción parlamentaria que Reforma el Código de Aguas, que se venía tramitando en la Cámara desde 2012. Asimismo patrocinó una Ley de Protección de Glaciares ingresada a tramitación por un conjunto transversal de diputados. Todas estas iniciativas claramente constituían una adecuada respuesta no sólo a la escasez y los conflictos crecientes por el agua, sino al principal problema de Chile para adaptarse al cambio climático, tal como ha reconocido recientemente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

La agenda del agua avanzó a inicios el gobierno, con liderazgo del Ejecutivo y el Parlamento, logrando aprobarse la ley de servicios sanitarios rurales, y recientemente la referida a mejoras en la fiscalización y sanciones. Pero la Ley de Protección de Glaciares, quedó congelada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y la Reforma al Código de Aguas, que se aprobó en dos comisiones y el pleno de la Cámara, y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, hoy se encuentra bloqueada en la Comisión de Agricultura, presidida por la oposición  y abandonada por el ministro del ramo Carlos Furche, que ha argumentado como gran excusa que “la tramitación de la reforma se contaminó con la coyuntura electoral”, cuando  es obvio que todo históricamente se ha contaminado con las tensiones electorales  desde que existen elecciones.

El abandono de la Reforma al Código de Aguas por parte del ministro de agricultura en particular y del gobierno (SEGPRES) en general, pone en evidencia la dudosa voluntad política de algunos sectores de la coalición de gobierno, de resolver los desafíos críticos que enfrenta el acceso y gestión del agua en Chile. Pero también  ponen en riesgo el importante legado del gobierno de Bachelet en materia de aguas, que está en juego, justamente en esta reforma al Código de Aguas, que establece el derecho humano al agua, la priorización del acceso al agua para usos esenciales, las condiciones de sustentabilidad ambiental en la gestión del agua, el fin del acaparamiento para uso especulativo de las aguas, el reconocimiento de las aguas ancestrales de los pueblos indígenas y la creación de concesiones de uso temporal de las aguas por 30 años renovables para los nuevos derechos  de aprovechamiento.

Esta reforma, permite a Chile superar los retrasos sociales y ambientales que arrastra el Código de Aguas de 1981, pero además permite al país cumplir con las recomendaciones de la OECD en materia de aguas. Entre ellas, la necesidad de “adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos”; diseñar e “implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible”.

La OECD también es clara al recomendar a Chile “establecer usos esenciales del agua (agua potable saneamiento y protección de ecosistemas) a los que se otorgue alta prioridad” y ”acelerar la regularización y un registro transparente de los derechos de uso del agua y reforzar las medidas de fiscalización y las sanciones aplicables a las extracciones ilegales". También llama al gobierno a evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua, y expandir las normas de calidad de las aguas y monitorear la contaminación del suelo y “la extracción de agua para proteger los ecosistemas, en particular los humedales”.

El gobierno debe ser coherente con su programa de gobierno, con las recomendaciones de la OECD para alcanzar el estándar que requiere ser miembro de dicho bloque y ser responsable ante los riesgos de mayor inseguridad hídrica que trae el cambio climático. Esperamos que los meses que quedan, el gobierno de Michelle Bachelet sea coherente con sus compromisos, con el interés público nacional e internacional y no se deje arrastrar por las amenazas de la oposición que sigue defendiendo sólo intereses privados. ….y de unos pocos.