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viernes, 6 de julio de 2018

La privatización del borde costero: otro paso hacia el desalojo

Fuente: Ciper | Autor: Hernán Espinoza #opinion
La Ley General de Pesca y Acuicultura define borde costero como una franja de 80 metros entre la línea más alta de la marea y tierra adentro. Hasta hoy, el borde costero ha sido administrado por el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR, dependiente de la Armada).
Esta franja se extiende desde Arica a Tierra del Fuego y contempla todos los islotes, islas y archipiélagos, canales y fiordos del mar chileno, así como una franja estática –también de 80 metros– en los lagos navegables. El borde costero, un bien nacional de uso público (por tanto, propiedad de todos los chilenos), se extiende por 83.400 kilómetros lineales y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. De ellas, unas 6 millones de hectáreas corresponden a la zona sur-austral del país.
Es precisamente la superficie del territorio sur-austral del país, la que ahora se pretende privatizar. Ello, a partir de la combinación de una iniciativa legal ingresada a tramitación en julio de 2012 por el Presidente Sebastián Piñera (en su primer mandato) y del plan de licitación de terrenos fiscales que presentó el Ministerio de Bienes Nacionales en diciembre de 2012. El proyecto de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara Chilena de la Construcción durante todo este proceso de privatización en curso.
En grueso, la iniciativa ingresada por Piñera en julio de 2012 –y que hoy es retomada– apuntó al traspaso de la jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales.
En el mensaje presidencial del 12 de julio de 2012 que contenía este proyecto de ley, se justificaba este traspaso usando el mismo discurso exitista de siempre y que nos ha dejado sin carreteras, sin generadoras eléctricas, sin puertos, aeropuertos y sin peces en el mar:
“En las últimas décadas, nuestro país ha sido destacado como un caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido el desarrollo de iniciativas particulares, garantizado por normas claras y armónicas (…).
El interés estratégico del Estado debe ser compatible con los intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde costero en relación con los derechos y usos que pueda hacerse sobre los bienes nacionales y bienes fiscales, requiriéndose para ello una gestión ordenadora común e integral de esta área del territorio(…)”.
En diciembre de 2012, pocos meses después del ingreso a trámite legislativo de este proyecto, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó otro instrumento en pro del “desarrollo” de nuestro país: un plan de licitaciones de bienes fiscales (de los que todos los chilenos somos propietarios) el que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile”.
En concreto, este plan consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental. Aunque fue catalogado como un régimen de “concesiones”, el mismo plan desmiente aquello puesto que un 96% de esas propiedades fiscales estará a la venta.
En las regiones australes, la mayoría de las propiedades en licitación se inscriben bajo la modalidad de venta directa. Además, casi todas ellas tienen borde costero. Solo una de estas propiedades, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta modalidad de “concesión”: el Ventisquero Yelcho.
La iniciativa del Presidente Piñera del año 2012 se ha retomado en esta nueva administración, sin que se altere una coma del objetivo mayor pretendido por el verdadero cerebro detrás de esta operación: la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
El proyecto de ley que traspasa el borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales, no es más que la respuesta al interés del sector privado por esta franja costera para el desarrollo inmobiliario. Dos años antes de la iniciativa legal que impulsó en 2012 el Presidente Piñera, la CChC elaboró y publicó un documento titulado: “Hacia un nuevo borde costero para Chile
¿Qué se señala en ese documento? Entre otras cosas, que la visión que existe sobre el borde costero como una zona propiedad de todos los chilenos ha inhibido el desarrollo de ese territorio.
“La visión histórica del borde costero que ha predominado en nuestro país, es una que plantea el borde costero como un territorio sumamente valioso y de propiedad de todos los chilenos. En este contexto, tanto las autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones privadas en el borde costero. Esta visión, en la práctica, se ha traducido en una política del no desarrollo.
En el documento de la CChC se agrega, además, que la no propiedad del suelo por parte de privados frena grandes inversiones de largo plazo en el borde costero:
La no propiedad del suelo inhibe inversiones de mayor monto (y por lo tanto de mayor calidad) y desincentiva el adecuado mantenimiento de las inversiones. Con ellos se incentiva la materialización de inversiones temporales. No se tiene propiedad sobre las inversiones, pues una vez terminada la concesión, ellas pasan a propiedad fiscal, salvo aquellas cosas que puedan retirarse. Por lo anterior, no es posible que el inversionistas acceda a garantía bancaria”.-
Es, al menos, curioso que la visión expresada por la CChC en 2010 en el texto “Hacia un nuevo borde costero para Chile”, coincida plenamente y en varios acápites con el proyecto de ley que Sebastián Piñera envió en 2012 al Congreso. En el proyecto de ley, por ejemplo, se señala:
“Resulta criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. El Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a indemnización, bastándole invocar razones de interés público”.
Es precisamente en ese texto donde se refleja el verdadero sentido de lo que se pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima tradicional que mantenía el borde costero como bien nacional de uso público (es decir, de todos los chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado.
Hernán Espinoza
Comité de Defensa Borde Costero de Puerto Montt, Patagonia Chilena

FIRMA AQUI PARA LA NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL BORDE COSTERO, pedimos al Senado de Chile rechazar el proyecto

martes, 3 de julio de 2018

Organizaciones sociales ambientales de Ñuble y Maule: “construyendo y articulando por el buen vivir”

Integrantes de diversas organizaciones de zonas del Ñuble y del Maule se reunieron en el sector Las Rastras en las proximidades de Talca el miércoles 27 de junio, realizando un diagnóstico sobre la situación socio ambiental que enfrentan los territorios y su estado en materias de derechos humanos.
Foto: DiarioElItihue
En ese sentido, quienes participaron de la reunión manifestaron su preocupación por los actuales impactos que vienen generando ciertas actividades industriales y las diversas amenazas que numerosos proyectos externos pretenden instalarse contra el patrimonio y en desmedro de los verdaderos intereses y necesidades locales.
Parte de las presentaciones involucró a modo de ejemplo, el caso de las amenazas de la industria salmonera en la costa del Ñuble y en particular de Cobquecura. Las mega intervenciones que se vienen haciendo en el río Ñuble y en particular los abusos e irregularidades cometidos en el marco de los proyectos embalse Punilla y Central Hidroeléctrica “Hidro Ñuble” en San Fabián de Alico. Diversos proyectos hidroeléctricos que afectan y amenazan a zonas de Linares, Curicó, Colbún, entre otros, que se han venido extendiendo a amplias zonas del Maule, junto a otros proyectos de energía termoeléctrica y eólicas. Los impactos de la industria forestal. El proyecto Chanchera en El Arbolillo (San Javier) de la transnacional Coexca, entre otros asuntos de interés público.
Las organizaciones autoconvocadas e impulsadas de manera autónoma y autogestionadas, han manifestado que si bien existe una alta preocupación por estas afrentas, también indicaron que los procesos de defensa territorial continúan creciendo de manera mancomunada en apoyos mutuos y solidaridad, como también, en el levantamiento de diversas propuestas tendiente al rescate y preservación del patrimonio cultural y natural, las soberanías locales y un modelo de desarrollo distante al industrial extractivista.
Al respecto, una agenda de intercambios y participaciones activas entre organizaciones se han establecido en la reunión, como también, un mayor emplazamiento legislativo sobre ciertas iniciativas que buscan transgredir derechos, como sucede con el denominado TPP + 11 y las modificaciones al reglamento del sistema de evaluación ambiental, entre otras materias.
En la reunión, participaron delegados/as de las siguientes organizaciones: Consejo Ecológico de Molina, Codeciam, Red Ambiental Mataquito, Colectivo Ambiental Curicó, Escuela Superior Campesina, Coordinadora en Defensa del Maule Sur, Programa de radio “El Maule Sur también existe”, Diario El Itihue de San Carlos, Mapuexpress, Comité de Defensa del Borde Costero de Cobquecura, Movimiento Social Defensa del río Ñuble.

domingo, 27 de mayo de 2018

Entrenamiento y monitoreo de campo en Puchuncaví y Coronel

@vigilantecosta #reporte
Después de varias semanas de coordinación y preparación como programa Waterkeeper, junto a Terram y organizaciones locales (Mujeres de Puchuncaví en Resistencia, Frente de Defensa Coronel, Dirigentes y Juntas de Vecinos), a principios de mayo, iniciamos un trabajo de entrenamiento y monitoreo de campo en las comunas de Puchuncaví y Coronel ante la situación alarmante en que se encuentran ambos lugares por la alta contaminación existente por procesos industriales evidenciado con recientes estudios que confirman en residentes locales la existencia de metales pesados en su sangre. A ello se suma, de manera casi natural, la alta tasa de muerte de personas por cáncer fulminante asociado, se teme, a la contaminación presente.
Como miembros chilenos de la internacional alianza Waterkeeper, participamos del Equipo Internacional del Carbón (International Coal Team y, en este caso, apoyamos este trabajo específico en éstas mal llamadas zonas de sacrificio en donde la industria predomina y noquea a una ciudadanía atrapada, casi inmóvil. Producto de ello, agrupamos fuerzas y diversificamos estrategias de defensa confluyendo desde todas las áreas posibles. Comenzamos en la casi perfecta Bahía de Quintero en Ventanas, Puchuncaví y luego en Coronel de Lota; esa ciudad minera convertido de súbito en un ambicioso y surreal puerto, de  fauces enormes que se abren lentamente como queriendo devorar la ciudad. Esa trágica convivencia, en ambos lugares, con una contaminación preocupante, presente y que se ha hecho carne. Literalmente.
Donna Lisenby - Waterkeeper Alliance
Nuestro trabajo consistió en coordinar, desde Chile y con varias semanas de anticipación la participación de Donna Lisenby, científica experta en contaminación de agua y Clean Safe Energy Campaign Manager de la alianza internacional Waterkeeper. Junto a ella, voluntarios y participantes realizamos un monitoreo, muestreo y entrenamiento, de manera abierta a la comunidad local en las comuna de Puchuncaví y Coronel para enfrentar situaciones en donde existe, permanentemente, el desembarque, transporte, acopio y quema de carbón mineral proveniente de países como Colombia y Australia. Mineral fósil que una vez quemado libera sustancia a la atmósfera en forma de emisiones, liberando mercurio, por ejemplo. Así tambien, en los desechos de ceniza que concentran altos contenidos de metales pesados y que son muy tóxicos para la salud y medio ambiente.
En esta fase final del carbón se establece una condición crítica, tanto para la Bahía de Quintero, como también, para el Puerto de Coronel. Necesario hacer notar que aunque el impacto del carbón es absolutamente evidente en ambos escenarios la relación (geográfica, climática, histórica) con ese agente contaminante es diferente. En Coronel existe un antecedente afectivo histórico que debe ser considerado, su bahía o rada, es distinta y las normativas en el control y manejo apropiado de leña para la combustión en calefacción domiciliaria son nulas. Por otro lado, en Puchuncaví el carbón solo existe a través de su desembarque. A ello, debemos agregar que compañías termoeléctricas, o que generan energía por combustión de carbón, en un principio comprarían carbón de la zona para dinamizar la economía local, como característica y patrimonio de la zona. Esto último válido y aceptable desde esa perspectiva, si se aplica. No obstante, compañías emplazadas hoy no usan carbón local y, al igual que en Ventanas, solo usan aquel traído por transporte marítimo para su acopio, combustión, emisión y posterior generación de desechos.
Esperamos en los próximos días poder tener resultados finales de muestras realizadas en distintos puntos junto a la comunidad local quienes son los que permiten poder identificar los puntos o lugares más sensibles para ser evaluados y, en base a ello, poder reconocer objetivamente cuales la realidad actual, impacto en salud y medio ambiente; y las responsabilidades directas o indirectas que pudieren existir.