Hace una semana que la empresa Coexca S.A. inauguró un plantel productor de cerdos en la comuna de San Javier, Región del Maule. Un total de 144.000 cerdos se engordará cada mes en los 16 pabellones del centro “San Agustín del Arbolillo” para destinarse a la exportación de carne porcina a más de 35 países en el mundo, entre los que están Japón, China, Corea del Sur, Rusia. En la inauguración destacó la presencia del embajador de Dinamarca en Chile, Jesper Ferlov Anderser. Desde el pasado mes de mayo el Fondo de Inversión para Países en Desarrollo (IFU), a través de su Fondo Danés de Agronegocios (DAF) ingresó como nuevo socio a la empresa. “Dinamarca y Chile son países con fortalezas en el sector de los cerdos y en la agricultura en general y es interesante ver un proyecto innovador como este en Chile”, afirmó el diplomático danés. Quien no asistió al evento fue el alcalde de San Javier, Jorge Silva (DC), ni ninguno de sus concejales, quienes se ha declarado abiertamente en contra del proyecto, aprobado por las autoridades medioambientales en 2008.
Las indicaciones son una construcción colectiva, basada en estándares internacionales de derechos humanos, indígenas y de conservación, que buscan sean incorporados a la normativa en discusión parlamentaria.
Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano, 25 de octubre de 2017
El pasado lunes el Observatorio Ciudadano y el Consorcio TICCA, junto a representantes de comunidades indígenas, presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente del senado un conjunto de observaciones y propuestas de modificación a introducir al Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín Nº 9.404-12), que esta tramita actualmente.
Las indicaciones que se formulan al proyecto, se basan en estándares internacionales de derechos humanos, de pueblos indígenas y de conservación, proponiendo redacciones alternativas a su texto en temas relativos al principio participativo, el reconocimiento adecuado de los territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales, la participación en la gestión, la modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado, la elaboración de informes de aspectos culturales previo a la creación de un área protegida, el procedimiento para la elaboración de planes de manejo de área protegidas, la creación de áreas protegidas de propiedad privada y las infracciones a los instrumentos de conservación de la biodiversidad.
En la sesión participaron Lorena Arce, coordinadora del Consorcio TICCA para el Cono Sur, y José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, exponiendo estos estándares y sobre los territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA). Además se realizaron exposiciones de experiencias de conservación de biodiversidad indígenas en Chile, por parte de Leciticia González, quien dio cuenta de la experiencia de comanejo -o gestión compartida de áreas protegidas- del pueblo atacameño; Joaquín Miliñir, en el caso de la Comunidad de Quinquén, y Carolina Huenucoy, de la comunidad kawésqar de Puerto Edén, respecto de los problemas de superposición del Parque Nacional Bernando O’ Higgins sobre las tierras y mares de uso tradicional de este pueblo.
Tras la reunión Lorena Arce señaló que “las propuestas que presentamos en esta sesión son el resultado de un largo proceso en el que hemos estado trabajando con representantes de diversas comunidades para que este proyecto de ley logre reconocer de manera apropiada los aportes que hacen las comunidades, tanto indígenas como locales, a la conservación de la biodiversidad. Agregó que “es importante que entendamos que la conservación no se logra sólo a través de las áreas protegidas del estado o recientemente de privados, sino que existen otros medios, como las prácticas, los usos consuetudinarios y los conocimientos tradicionales, que han demostrado ser efectivos para la protección y conservación de la naturaleza”.
Por su parte José Aylwin sostuvo que “a través de estas propuestas las organizaciones que las suscribimos queremos poner énfasis en que la conservación de la biodiversidad no se puede seguir haciendo de espaldas a los pueblos indígenas y comunidades locales y vulnerando sus derechos”.
Aylwin agregó que “si bien el proyecto en debate reconocía la figura de las áreas de conservación indígena, inicialmente no considerada, esta es muy insuficiente por cuanto considera solo las tierras de propiedad legal de las comunidades. En consonancia con las directrices internacionales se propone la inclusión de la figura de los territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales, las que abarcan tanto áreas terrestres como marítimas, tanto de propiedad legal como de uso tradicional”.
Mucho se ha hablado de la ley de pesca,
también llamada Longueira en honor al ex ministro re-formalizado. Y, desde su
texto y proceso para convertirse en ley; de
empresas ligadas a pseudo parlamentarios (de “representación popular”), en
financiamiento de campañas a través de los "legales"
(¿éticos, morales?) aportes reservados, en concomitancia, se ha dicho, con
funcionarios de gobierno; el lobby, tráfico de influencias y manejo de información privilegiada para particulares réditos o beneficios, etc. Junto a ello, la brutal inequidad respecto de la
adjudicación de cuotas y la captura de las pesquerías ancestrales por la mega
industria pesquera. Es decir, artesanales terminan trabajando (a veces, sin saberlo) para los industriales. También, nace la pesca y acuicultura ilegal y de la mano del colapso de diversas pesquerías con la ayuda de la metodología de "pesca por arrastre".
De todo el producto obtenido en el mar, un gran porcentaje se
convierte en harina de pescado; en alimento de otros peces, de salmones, por
ejemplo. Lo que da argumento a la industria acuícola a expandirse, con
subsidios fuertes, a nuevas aguas, prístinas, oceánicas, que reúnan las condiciones apropiadas (benditas AAA) debido al colapso del mar
austral por la inclemente sobrepoblación de granjas salmoneras que,
sencillamente, aniquilaron las aguas y fondos marinos, siendo imposible poder
mantener cultivos en muchos de ellos porque el ecosistema no lo sostiene. No es
capaz de recuperarse. El "Mayo Chilote" (2016) es un símbolo reciente de los riesgos de una industria que produce su producto (Salmón), se accidenta, falla reiteradamente, y el subproducto (Riles) se deposita en el mar. Las consecuencias, ambientales, sociales; impredecibles.
Sin ir más lejos, hoy un carguero se encuentra hundido en Chonchi (Wellboat Seikongen, de origen chino) con 200 mil kilos de salmones muertos (covertidos en riles) y otros tantos miles de combustible y aceite manteniendo alarmada a comunidades cercanas. Una bomba de tiempo. Además, a la gran carga ambiental sostenida por la
industria acuícola de alta gama; hoy se deben incluir aspectos ligados al
comportamiento antrópico, a la sobrepoblación, planificación, forma de consumo establecido por convención y efectos, consecuencias en el medio natural responsablemente, lo que adiciona
elementos que no se han incorporado en la actualidad en esta industria cautiva,
privada y de consecuencias, al menos, cuestionables donde los errores los paga
el medio ambiente local y las comunidades.
Una industria que proclama sustentabilidad
y equilibrio en su negocio, en bienes fiscales, requiere mil doscientos
kilogramos de pellet (alimento) para alimentar (o engordar) 1 kilo de salmón. Pero,
para hacer ese kilo, se necesita entre 5 a 10 kilos de pescado (no importa
cual, da lo mismo, solo interesa la proteína). Por eso, se menciona, que
artesanales trabajan para industriales. Prácticamente, todo es para hacer
harina y alimento para peces. Y lo que queda para consumo, en su mayoría, se exporta.
Esto, solo es una parte, podríamos hablar (o escribir) horas. De
plagas exóticas, por ejemplo, que la IA ha traído (ISA, Caligus, piojos, etc.); de los antibióticos;
sus fecas; la alta tasa de muertes de trabajadores, etc., etc.
Es urgente poder coordinarse desde las
ciudades y localidades costeras. Desde la pesca artesanal, autoridades,
organizaciones locales, juntas de vecinos y comunidad en general. Se necesita
salvaguardar las 5 millas. No tan solo para preservar y salvar la pesca
artesanal y los caladeros históricos. También porque la primera franja marítima
que tiene Chile es una virtud que debemos respetar, mantener y, en ese desafío,
presentarla al mundo como ejemplo de gestión y trascendencia.
Menos mal que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, se puso las pilas y, salvo algunos condoros como lo de Campiche, Pérez Yoma y eso, marcó una ruta respecto de la importancia vital que tienen
los océanos para nuestro país y para el mundo (Partiendo con lo de las bolsas plásticas y el gran paso de lad AMP). Gritando al mundo, construyendo un
hito y punto de inflexión que implica el colapso de nuestros mares, de nuestros
cuerpos hídricos; o, si actuamos con decisión y compromiso desde las más altas
esferas del poder para su defensa, protección y permanencia. Con mayor razón en Chile, con una de las costas más extensas
del mundo.
Ojalá con ese mismo ímpetu el ejecutivo
de hoy pudiera de una vez derogar la ley corrupta y presentar un proyecto de
ley que, ante todo, defienda las 5 millas como ARPAy zona de conservación, descanso,
alimentación y/o reproducción de fauna y flora marina. De flora definitiva, se aplique una moratoria o eliminación
definitiva de la pesca de arrastre; y se potencie el trabajo junto a la pesca
artesanal, sindicatos, agrupaciones de recolectores, fomentando proyectos extensivos de pequeña escala, con énfasis en la bioseguridad y biomantención ecosistémica. No faltarán los críticos que tiñen de política lo que no debiera resistir análisis. Esta ley no es justa y los recursos marinos deben protegerse para que puedan existir como patrimonio de todos. Complemento e invito a ver este documental, "Mala Pesca", de 2016 y que, curiosamente, está vetado en medios de comunicaciones cada día más obsoletos y arcaicos. Al menos en lo que se relaciona al control y condicionamiento de la información. Hoy existen otras vías; todavía y que también hay que cuidar.
Nota escrita por:
Rodrigo de la O | Director | Vigilante Costero ONG | Waterkeeper Chile
Una treintena de organizaciones extendieron una misiva ante la oficina oficial de resolución de conflictos del sello internacional FSC (Forest Stewardship Council) con asiento en Alemania por las certificaciones otorgadas a empresas forestales en Chile sin que se atiendan casos de violaciones a derechos humanos e impactos socio ambientales en diversos territorios.
