La senadora Soledad Alvear, precisó que “en menos de un año, el Gobierno ha retirado por segunda vez, el decreto que crea la nueva institucionalidad ambiental".
Con molestia reaccionó la senadora Soledad Alvear, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, tras conocer que, por segunda vez, en lo que va del año, el Gobierno retiró de Contraloría el decreto que crea tanto el Ministerio del sector como el Servicio de Evaluación Ambiental.
Según consta en el oficio Nº 734 de fecha 2 de junio de 2010 del organismo contralor, el decreto fue retirado antes del proceso de toma razón, por lo que su tramitación quedó sin efecto.
"Me parece grave que el Gobierno haya postergado una vez más la creación de las nuevas instituciones de medio ambiente y sin dar ninguna explicación", dijo la parlamentaria.
Agregó que "el país necesita con urgencia que estas instituciones comiencen a operar, no sólo para las tareas de reconstrucción, sino también para que los nuevos proyectos se evalúen conforme a los criterios establecidos en la nueva Ley".
Asimismo, señaló que "como suscriptora del acuerdo político que hizo posible esta nueva institucionalidad ambiental, me siento francamente preocupada por la demora y la escasa información que ha existido sobre la materia y por eso he solicitado al Gobierno que informe las razones de esta nueva postergación".
Cabe recordar que, a fines del año 2009 y tras el acuerdo suscrito entre la Alianza, algunas bancadas de la Concertación, independientes y el gobierno; el Senado destrabó la tramitación del proyecto que crea la nueva institucionalidad del sector con el compromiso de transformar a la CONAF en un servicio público descentralizado, en el plazo de un año y de crear los tribunales ambientales especializados.
Sin embargo, en marzo pasado, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez anunció la decisión de retirar los decretos firmados por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que estaban destinados a crear la nueva institucionalidad ambiental.
En la ocasión se argumentó que, independientemente del terremoto de febrero pasado, el plazo que entrega la ley de 30 días para implementar ambas instituciones es insuficiente dada la envergadura de esta tarea.
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