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Declaración frente a los convenios suscritos entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables y el Servicio de Evaluación Ambiental

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El año 2018, en el marco de la agenda pro inversión, el Presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa era agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno.

Los proyectos que ha respaldado esta oficina están tan alejados del concepto de sustentabilidad, que encontramos proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre. A pesar de encontrarnos en medio de una crisis climática, sanitaria y económica, que nos obliga a pensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, la labor de la Oficina GPS muestra la obstinación del Gobierno con un modelo de desarrollo que llegó a su límite: tenemos que detener la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios.

Un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, es su relación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda. En primer lugar, la GPS funciona como secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, integrado por las subsecretarías de distintos Ministerios que luego deben participar en la Calificación Ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad.

En segundo lugar, la Oficina GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima. Esto ha quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto.

Esta práctica, que vulnera los ámbitos de acción de los organismos de la institucionalidad ambiental y que es reñida con la probidad, al favorecer intereses privados sobre el interés público, nos parece inaceptable. Estamos frente a un gobierno que ha destinado fondos públicos a facilitar la tramitación de proyectos que impactan los bienes comunes y la salud de las personas, haciendo caso omiso de la igualdad ante la ley. Estas prácticas deslegitiman aún más al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, erosionando su correcta operación, cuyo objetivo debiese ser la promoción del desarrollo sostenible y la prevención efectiva de impactos significativos. Solicitamos a la Cámara de Diputados la constitución inmediata de una Comisión Investigadora para fiscalizar esta situación y evitar que continúe.

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Firman:

1. Agrupación Aisén Reserva de Vida
2. AIDA – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
3. Antuko Resiste, Movimiento Socioambiental Antuco
4. Alerta Isla Riesco
5. Asamblea Ciudadana Última Esperanza
6. Asociación gremial de hostales y afines Natales
7. Bestias del Sur Salvaje
8. Catemu en Movimiento
9. Centro Cultural Arrayán
10. Centro Ecológico Cultural de Longavi
11. Centro Ecosocial Latinoamericano
12. ChaoPescao
13. Chile Sustentable
14. Ciudadanos y Clima
15. Codeff
16. Comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén
17. Comité Ambiental Algarrobo
18. Comité Unión Diguillín
19. Comisión de Sustentabilidad y Medioambiente del PPD
20. Comunidades de Lo Barnechea-Colina
21. Consejo de Defensa de Los Queñes
22. Coordinadora Cerro Vida y Resistencia
23. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
24. Corporación de Defensa del Río Mapocho
25. Corporación El Canelo
26. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén
27. Corporación Vecinos Camino a Farellones
28. Cverde
29. Defendamos la Ciudad
30. Defensoría Ambiental
31. Ecosistemas
32. Ética en los Bosques
33. Fundación Derecho y Defensa Animal
34. Fundación Glaciares Chilenos
35. Fundación Mar y Ciencia
36. Fundación Plantae
37. Fundación Relaves
38. Fundación Tantí
39. Fundación Terram
40. Greenpeace Chile
41. Llay Llay Nativo
42. Malen Leubü
43. MODATIMA Colina
44. Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble
45. Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia
46. Ocoa Nativa
47. ONG Aula de Mar
48. ONG Cárcava
49. ONG CEUS Chile
50. ONG Defensa Ambiental
51. ONG ECOMAR
52. ONG FIMA
53. ONG Ríos To Rivers
54. ONG Vigilante Costero
55. ONG Vinculación Territorial
56. Papudo Nativo
57. Patagonia Limpia
58. Puchuncaví Nativo
59. Real Chile
60. Red por Los Ríos Libres
61. SCAC Magallanes
62. Somos Biobío, agrupación medioambiental de Santa Bárbara
63. Territorios Colectivos
64. Wilson Reyes, Consejero Nacional Indígena

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Fase 2: Proyecto Yaku Yanapaki | (Defensores del Agua)

@vigilantecosta

Junto a la Municipalidad de Pelluhue, Conaf, organizaciones locales y comunidad, entramos a segunda fase del proyecto donde invitamos a todas y todos a participar como guardadores o guardianes de árboles, invitando abiertamente a la comunidad a apadrinar los nuevos árboles que como punto de partida se plantarán en el Bosque Paiva de Curanipe y en su primera etapa requieren de cariño y cuidado.

La idea del proyecto surge en la primera reunión latinoamericana de los programas u organizaciones miembros de la Alianza Waterkeeper. Ésta se realizó en abril de 2019 en Cartagena de Indias, Colombia. En esa oportunidad, participantes firmaron un convenio de trabajo con un enfoque en la restauración de ecosistemas, que se bautizó como “Yaku Yanapaki” (Defensores del Agua en quechua), que conecta distintas problemáticas y realidades bajo un mismo concepto que unifica la conservación, como mecanismo de inversión de largo plazo; siendo la capacidad de resiliencia de nuestros ecosistemas junto a una planificación integral un desafío apasionante y permanente.

Como organización chilena Waterkeeper nuestro enfoque se centra en nuestra zona Maule Itata y el punto de inicio es Curanipe y Pelluhue comenzando plantación de Quillayes, con el aporte de Conaf, en el sector del Bosque Paiva. Principalmente, en el sector que fue afectado por el Tsunami de 2010 y, desde ahí, comenzaremos a plantar núcleos o parches para ir repoblando el lugar de manera urgente ante la debilidad de los árboles adultos existentes y que, por diferentes razones, están llegando paulatinamente a una fase de termino.

¿Por qué comenzar con el Bosque Paiva de Curanipe?

Curanipe siempre se ha caracterizado por ser una playa y zona de vientos intensos. Los terrenos donde se funda fueron donados por la familia Paiva a la comunidad de Curanipe y actualmente es propiedad de Bienes Nacionales y administrado por Conaf (Excepto sector de camping municipal). Los terrenos donde se estableció el bosque son, principalmente, dunas de arena y su función principal es evitar la erosión eólico y avance de éstas hacia el poblado de Curanipe.

Este proyecto busca destacar el principio y función ecológica del lugar, como así también, la memoria de sus fundadores y donde las nuevas generaciones asumen el compromiso para que su historia prevalezca, el lugar trascienda como origen y principio para el cual fue creado.

Todxs Invitadxs!