1. CONTEXTO NACIONAL
La consolidación del modelo neoliberal en Chile, basado principalmente en la industria extractiva de recursos naturales para la exportación e impulsada por empresas transnacionales en conjunto con consorcios nacionales, ha significado un fuerte impacto sobre los territorios, su gente y ecosistemas, generando contaminación, pobreza y deterioro ambiental.
Esta situación ha desencadenado un aumento de los conflictos socioambientales, de tal manera que al recorrer el país de norte a sur, es posible constatar que el crecimiento de Chile esta dejando enormes franjas de territorio nacional sacrificadas en pos de un mal llamado desarrollo nacional. Localidades completas sumidas en el abandono económico y siendo víctimas de emanaciones tóxicas, contaminación y degradación del entorno, cuyos efectos nocivos se mantendrán por muchos y largos años.
Estos conflictos han llevado a una creciente participación de las comunidades locales y organizaciones sociales en temas tradicionalmente excluidos del debate público. Hoy día, ante la clara crisis de gobernabilidad estructural del desarrollo, la ciudadanía demanda una nueva forma de gobernar, más abierta e inclusiva y donde nuevas políticas públicas aseguren un desarrollo sustentado en la equidad social, la participación ciudadana, el respeto en el aprovechamiento de los recursos naturales y el cuidado de la naturaleza.
Debido a la magnitud y severidad de los conflictos socioambientales, diversos sectores se han visto envueltos y afectados en su fuente de trabajo y expectativas de crecimiento, en virtud de lo cual se han visto comprometidos y siendo parte de reclamaciones orientadas a resolver dichos conflictos. Organismos gremiales tales como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (FEDEFRUTA), La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), entre otros, comparten hoy por hoy los impactos negativos que proyectos, principalmente del sector energético, están ocasionando en sus inversiones.
Esta situación ha desencadenado un aumento de los conflictos socioambientales, de tal manera que al recorrer el país de norte a sur, es posible constatar que el crecimiento de Chile esta dejando enormes franjas de territorio nacional sacrificadas en pos de un mal llamado desarrollo nacional. Localidades completas sumidas en el abandono económico y siendo víctimas de emanaciones tóxicas, contaminación y degradación del entorno, cuyos efectos nocivos se mantendrán por muchos y largos años.
Estos conflictos han llevado a una creciente participación de las comunidades locales y organizaciones sociales en temas tradicionalmente excluidos del debate público. Hoy día, ante la clara crisis de gobernabilidad estructural del desarrollo, la ciudadanía demanda una nueva forma de gobernar, más abierta e inclusiva y donde nuevas políticas públicas aseguren un desarrollo sustentado en la equidad social, la participación ciudadana, el respeto en el aprovechamiento de los recursos naturales y el cuidado de la naturaleza.
Debido a la magnitud y severidad de los conflictos socioambientales, diversos sectores se han visto envueltos y afectados en su fuente de trabajo y expectativas de crecimiento, en virtud de lo cual se han visto comprometidos y siendo parte de reclamaciones orientadas a resolver dichos conflictos. Organismos gremiales tales como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (FEDEFRUTA), La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), entre otros, comparten hoy por hoy los impactos negativos que proyectos, principalmente del sector energético, están ocasionando en sus inversiones.
(respaldar esta última información. En la Región del Maule se desconoce el planteamiento formal de los organismos mencionados)
Proyectos de alta conflictividad como las Termoeléctricas Castilla (aprobada en febrero de 2011) y Los Robles (aprobada en 2009) o grandes hidroeléctricas como HidroAysén (con aprobación ambiental de mayo de 2011) o Alto Maipo y Achibueno (aprobada octubre 2010), dejan en claro que Chile no dispone ni de una política energética ni de instrumentos vinculantes que permitan ordenar el territorio considerando crecimiento, equidad y sustentabilidad ambiental. Asimismo, la debilidad de la institucionalidad ambiental, situación muchas veces denunciada por afectados de proyectos invasivos, quedó de manifiesto el año pasado, cuando por decisión presidencial se canceló la instalación de la Central termoeléctrica de Barrancones en Punta de Choros, región de Atacama. Si bien esta decisión dejó contenta a la ciudadanía que no apoyaba tal proyecto, también evidenció la falta de probidad del sistema.
Al revisar la opinión de los chilenos respecto del tema ambiental, principalmente vinculados a la gestión del agua y a la generación de energía, se demuestra que la gran mayoría esta atenta a los grandes conflictos y que hay un compromiso creciente por sumarse a campañas y tomar acciones personales que impacten positivamente el medioambiente. Así lo revela la encuesta realizada en marzo de 2011 por Feedback y la Universidad Diego Portales, que señala que el 65% de los encuestados está en desacuerdo con HidroAysén y el 72% se muestra de acuerdo con las manifestaciones realizadas para frenar el proyecto. Asimismo, el 62% de los encuestados considera que la “protección del medio ambiente debe ser una prioridad, incluso si aumenta el desempleo”; el 81% de los encuestados confiesa haber “intentado reducir el uso de la energía comprando ampolletas eficientes y evitando usar aire acondicionado” y el 43% separa basura en su casa para reciclaje. (Fuente: http://www.prensafcl.udp.cl).
Proyectos de alta conflictividad como las Termoeléctricas Castilla (aprobada en febrero de 2011) y Los Robles (aprobada en 2009) o grandes hidroeléctricas como HidroAysén (con aprobación ambiental de mayo de 2011) o Alto Maipo y Achibueno (aprobada octubre 2010), dejan en claro que Chile no dispone ni de una política energética ni de instrumentos vinculantes que permitan ordenar el territorio considerando crecimiento, equidad y sustentabilidad ambiental. Asimismo, la debilidad de la institucionalidad ambiental, situación muchas veces denunciada por afectados de proyectos invasivos, quedó de manifiesto el año pasado, cuando por decisión presidencial se canceló la instalación de la Central termoeléctrica de Barrancones en Punta de Choros, región de Atacama. Si bien esta decisión dejó contenta a la ciudadanía que no apoyaba tal proyecto, también evidenció la falta de probidad del sistema.
Al revisar la opinión de los chilenos respecto del tema ambiental, principalmente vinculados a la gestión del agua y a la generación de energía, se demuestra que la gran mayoría esta atenta a los grandes conflictos y que hay un compromiso creciente por sumarse a campañas y tomar acciones personales que impacten positivamente el medioambiente. Así lo revela la encuesta realizada en marzo de 2011 por Feedback y la Universidad Diego Portales, que señala que el 65% de los encuestados está en desacuerdo con HidroAysén y el 72% se muestra de acuerdo con las manifestaciones realizadas para frenar el proyecto. Asimismo, el 62% de los encuestados considera que la “protección del medio ambiente debe ser una prioridad, incluso si aumenta el desempleo”; el 81% de los encuestados confiesa haber “intentado reducir el uso de la energía comprando ampolletas eficientes y evitando usar aire acondicionado” y el 43% separa basura en su casa para reciclaje. (Fuente: http://www.prensafcl.udp.cl).
(Anexar porcentaje sobre el desacuerdo de la instalación en Achibueno (Fuente Universidad del Desarrollo) y por Termoeléctrica Los Robles. NOTA: Se enviará documento con información por internet)
Datos coincidentes son lo que entregó la encuesta IPSOS de marzo de este año, la que reveló un 61% de rechazo para HidroAysén; a su vez la encuesta realizada por La Tercera, indicó un 74% de oposición a dicho mega proyecto y un 76% de encuestados que considera que Chile debe priorizar formas de energía no convencionales, como eólica, geotérmica o mareomotriz. (Fuente: Centro de Encuestas de La Tercera, mayo 2011)
“En el año 2009 casi el 51% de la ciudadanía se oponía a que HidroAysén le cambiara el rumbo a la Patagonia convirtiéndola en la pila energética de un país generoso en fuentes renovables no contaminantes como el sol y las mareas; mientras que el año 2010 la oposición alcanzó el 58% y un año más tarde, hoy día, vemos que HidroAysén es refutado por más del 61% de la comunidad nacional. Esto refleja la creciente desaprobación ciudadana que enfrentan tanto HidroAysén como Energía Austral (Consorcio que también participa en Achibueno), a pesar de la agresiva y millonaria campaña publicitaria del terror que la sociedad de Endesa y Colbún ha desplegado en los últimos meses” (Fuente Encuesta IPSOS: http://www.ipsos.cl/documentos/Informe_de_actualidad_abr_2011.pdf).
Junto con la oposición al carbón y a la megahidro como principales fuentes de generación eléctrica, la sociedad chilena se ha manifestado públicamente en contra de la energía nuclear como alternativa energética para Chile. La gravedad del accidente nuclear de Japón en marzo de este año y ahora también el de Francia, ha generado una reacción mundial que se opone a la instalación de nuevas centrales nucleares, y se han emprendido acciones de desmantelamiento programado por parte de los gobiernos de Alemania, España, Norcorea, entre otros.
Chile, por su condición de país emplazado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, con intensa y permanente actividad sísmica, propenso a tsunamis y con una cadena de volcanes activos, constituye el peor escenario para instalaciones de carácter nuclear. La evaluación crítica que hacen los chilenos de estos factores, quedó demostrada en la Encuesta ImaginAcción (Marzo 2011), en la cual un 68,7% de los encuestados respondieron que a la luz del accidente de Fukushima en Japón, Chile “no” debe continuar con los estudios para instalar plantas nucleares en Chile v/s un 31% que opinó que “sí” se deben continuar. La Encuesta IPSOS (marzo 2011) por su parte, señaló que el 84,1% de los chilenos están en desacuerdo con la instalación de plantas nucleares en el país.
Actualmente los conflictos ambientales se han judicializado y la gente está en la calles. Ello pone en evidencia de que son los grandes capitales quienes definen dónde y cómo expandirse y el gobierno se somete a su arbitrio organizando la institucionalidad y los instrumentos para facilitar dicha instalación. Junto con ello, la insustentabilidad y falta de armonía del crecimiento, es consecuencia de una histórica incapacidad del gobierno para planificar el desarrollo a través de instrumentos técnicos de calidad y democráticamente validados. Y la mejor muestra de ello son los megaproyectos Castilla e HidroAysén, y proyectos hidroeléctrico Achibueno y Termoeléctrica Los Robles como que configuran un verdadero paradigma de la ingobernabilidad, por cuanto son proyectos que han sido aprobados por el SEIA pero cuya falta de coherencia interna y/o falta de transparencia en su tramitación, mantiene su aprobación paralizada en tribunales.
Datos coincidentes son lo que entregó la encuesta IPSOS de marzo de este año, la que reveló un 61% de rechazo para HidroAysén; a su vez la encuesta realizada por La Tercera, indicó un 74% de oposición a dicho mega proyecto y un 76% de encuestados que considera que Chile debe priorizar formas de energía no convencionales, como eólica, geotérmica o mareomotriz. (Fuente: Centro de Encuestas de La Tercera, mayo 2011)
“En el año 2009 casi el 51% de la ciudadanía se oponía a que HidroAysén le cambiara el rumbo a la Patagonia convirtiéndola en la pila energética de un país generoso en fuentes renovables no contaminantes como el sol y las mareas; mientras que el año 2010 la oposición alcanzó el 58% y un año más tarde, hoy día, vemos que HidroAysén es refutado por más del 61% de la comunidad nacional. Esto refleja la creciente desaprobación ciudadana que enfrentan tanto HidroAysén como Energía Austral (Consorcio que también participa en Achibueno), a pesar de la agresiva y millonaria campaña publicitaria del terror que la sociedad de Endesa y Colbún ha desplegado en los últimos meses” (Fuente Encuesta IPSOS: http://www.ipsos.cl/documentos/Informe_de_actualidad_abr_2011.pdf).
Junto con la oposición al carbón y a la megahidro como principales fuentes de generación eléctrica, la sociedad chilena se ha manifestado públicamente en contra de la energía nuclear como alternativa energética para Chile. La gravedad del accidente nuclear de Japón en marzo de este año y ahora también el de Francia, ha generado una reacción mundial que se opone a la instalación de nuevas centrales nucleares, y se han emprendido acciones de desmantelamiento programado por parte de los gobiernos de Alemania, España, Norcorea, entre otros.
Chile, por su condición de país emplazado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, con intensa y permanente actividad sísmica, propenso a tsunamis y con una cadena de volcanes activos, constituye el peor escenario para instalaciones de carácter nuclear. La evaluación crítica que hacen los chilenos de estos factores, quedó demostrada en la Encuesta ImaginAcción (Marzo 2011), en la cual un 68,7% de los encuestados respondieron que a la luz del accidente de Fukushima en Japón, Chile “no” debe continuar con los estudios para instalar plantas nucleares en Chile v/s un 31% que opinó que “sí” se deben continuar. La Encuesta IPSOS (marzo 2011) por su parte, señaló que el 84,1% de los chilenos están en desacuerdo con la instalación de plantas nucleares en el país.
Actualmente los conflictos ambientales se han judicializado y la gente está en la calles. Ello pone en evidencia de que son los grandes capitales quienes definen dónde y cómo expandirse y el gobierno se somete a su arbitrio organizando la institucionalidad y los instrumentos para facilitar dicha instalación. Junto con ello, la insustentabilidad y falta de armonía del crecimiento, es consecuencia de una histórica incapacidad del gobierno para planificar el desarrollo a través de instrumentos técnicos de calidad y democráticamente validados. Y la mejor muestra de ello son los megaproyectos Castilla e HidroAysén, y proyectos hidroeléctrico Achibueno y Termoeléctrica Los Robles como que configuran un verdadero paradigma de la ingobernabilidad, por cuanto son proyectos que han sido aprobados por el SEIA pero cuya falta de coherencia interna y/o falta de transparencia en su tramitación, mantiene su aprobación paralizada en tribunales.
(Integrar a este último análisis proyectos de cada región que estén en igual condición para dar peso al documento y reconocer la preocupación regional frente al tema).
Esta evidente falta de robustez de las instituciones públicas sumada a la carencia de una política pública, llevó a que el presidente Piñera se viera impelido a nombrar en mayo de 2011 una Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, la cual tiene por objeto articular una propuesta de política nacional. Ésta, con toda seguridad, permitirá consolidar el actual estado de situación en materia de agua y energía, otorgando formalmente el rol planificador a las empresas eléctricas cuyo plan de obras conforma hoy día la matriz que da sustento a nuestro desarrollo. Adicionalmente, es muy posible que las otras orientaciones de política pública que emanen de esta comisión oficial, faciliten la entrada de la energía nuclear a nuestro país.
Teniendo claro el objetivo de dicha comisión y ante la flagrante apuesta del gobierno por la consolidación de la privatización de los bienes públicos más importantes del país, un grupo de parlamentarios de distintas bancadas políticas en conjunto con especialistas del área energética y organizaciones sociales, conformaron el 28 mayo de 2011 la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para el Desarrollo y la Matriz Eléctrica[2]. Esta comisión paralela tiene como meta elaborar y consensuar un diagnóstico sobre las distorsiones, la insustentabilidad y vulnerabilidad de la matriz y el mercado eléctrico en Chile; y realizar propuestas de reforma estructural al mercado eléctrico, priorizando su desconcentración; la diversificación y limpieza de la matriz; la prevención e internalización de los impactos ambientales; la equidad en el suministro y pago por servicios eléctricos entre los ciudadanos y las regiones, y la mayor incidencia del Estado y los ciudadanos en la formulación de la Política Energética.
El presente Informe corresponde al trabajo desarrollado por dicha Comisión y contiene, además de un diagnóstico, un conjunto de propuestas para una matriz eléctrica limpia y diversificada, y un conjunto de Reformas legislativas requeridas para orientar la política eléctrica hacia la seguridad y sustentabilidad del desarrollo energético nacional.
2. DIAGNOSTICO (CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES).
Actualmente en Chile los episodios de conflictividad -principalmente por causa del agua y la generación de energía- han aumentado, tanto en número como en intensidad, llegando a tener como consecuencia movilizaciones sociales producto de la aprobación ambiental de proyectos catalogados como emblemáticos por sus potenciales impactos socioambientales y ecológicos asociados a su construcción y posterior operación.
El agua dulce de los cursos de agua superficial y las napas subterráneas son sujeto creciente de la codicia de empresas que hacen caso omiso de las cifras que muestran que este recurso es cada vez más escaso, especialmente en las zonas áridas y en aquellas regiones donde la degradación del ambiente ha interrumpido su almacenamiento natural.
Hoy día el problema del agua en Chile se resume en la frase “pérdidas públicas, ganancias privadas”.
Las regulaciones para el acceso y gestión del agua en Chile, están determinadas por el Código de Aguas de 1981, el cual posee un evidente sesgo pro-mercado, lo que permitió privatizar la propiedad del agua y separar el agua del dominio de la tierra, para facilitar su libre compra y venta. Luego de 30 años, la concentración de la propiedad del agua en manos de empresas hidroeléctricas en la zona sur y la contaminación de las aguas por las plantas de celulosa, ha generado graves conflictos entre las generadoras eléctricas y las comunidades mapuches en los territorios cordilleranos; y entre empresas forestales y las comunidades urbanas y costeras, las cuales han resultado gravemente afectadas por eventos catastróficos de contaminación de las aguas y dañado actividades económicas locales como pesca, cultivos, turismo, entre otras.
“Ningún gobierno ha ido tan lejos como Chile en la mercantilización del agua dentro de su territorio. En una década, los servicios de agua potable fueron completamente privatizados, convirtiéndose éste en un campo de operaciones del sector privado.
En el contexto del marco legal vigente, Chile efectúa remates de recursos hídricos en diversas regiones del país, lo que permite a grandes compañías mineras extranjeras adjudicarse valiosas fuentes de agua local, adquiriendo derechos de propiedad privada sobre ellas”. (Fuente: Maude Barlow, Presidenta Council of Canadians En: Conflictos por el Agua en Chile, Chile Sustentable, marzo 2010).
Entre julio y septiembre de 2011, el gobierno de Piñera ha concretado la última gestión para que los chilenos pierdan su propiedad sobre el agua: a través de la venta de las acciones que CORFO tenía en empresas sanitarias, pasando del 35% a sólo del 5% del agua. “La privatización de las sanitarias constituye una de las razones por la cual los servicios de agua potable en Chile son los más caros de América Latina, lo que favorece a grandes trasnacionales del agua como Suez y Agbar, y en menor proporción a consorcios empresariales nacionales de la minería y el retail como los grupos Luksic y Solari.” (Fuente: Sara Larraín, Conflictos por el Agua en Chile, marzo 2010)
Los derechos de agua en Chile, luego de ser concedidos por el Estado a los privados, gratuitamente y a perpetuidad; sin cobros diferenciados por el uso del agua, ni impuestos específicos, ni pagos por descargas de aguas servidas, salvo en sectores urbanos e integrados a la red de alcantarillado, quedan sujetos a la oferta y demanda del mercado de aguas, establecido en el Código de 1981 como mecanismo de acceso a los recursos hídricos.
Esta evidente falta de robustez de las instituciones públicas sumada a la carencia de una política pública, llevó a que el presidente Piñera se viera impelido a nombrar en mayo de 2011 una Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, la cual tiene por objeto articular una propuesta de política nacional. Ésta, con toda seguridad, permitirá consolidar el actual estado de situación en materia de agua y energía, otorgando formalmente el rol planificador a las empresas eléctricas cuyo plan de obras conforma hoy día la matriz que da sustento a nuestro desarrollo. Adicionalmente, es muy posible que las otras orientaciones de política pública que emanen de esta comisión oficial, faciliten la entrada de la energía nuclear a nuestro país.
Teniendo claro el objetivo de dicha comisión y ante la flagrante apuesta del gobierno por la consolidación de la privatización de los bienes públicos más importantes del país, un grupo de parlamentarios de distintas bancadas políticas en conjunto con especialistas del área energética y organizaciones sociales, conformaron el 28 mayo de 2011 la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para el Desarrollo y la Matriz Eléctrica[2]. Esta comisión paralela tiene como meta elaborar y consensuar un diagnóstico sobre las distorsiones, la insustentabilidad y vulnerabilidad de la matriz y el mercado eléctrico en Chile; y realizar propuestas de reforma estructural al mercado eléctrico, priorizando su desconcentración; la diversificación y limpieza de la matriz; la prevención e internalización de los impactos ambientales; la equidad en el suministro y pago por servicios eléctricos entre los ciudadanos y las regiones, y la mayor incidencia del Estado y los ciudadanos en la formulación de la Política Energética.
El presente Informe corresponde al trabajo desarrollado por dicha Comisión y contiene, además de un diagnóstico, un conjunto de propuestas para una matriz eléctrica limpia y diversificada, y un conjunto de Reformas legislativas requeridas para orientar la política eléctrica hacia la seguridad y sustentabilidad del desarrollo energético nacional.
2. DIAGNOSTICO (CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES).
Actualmente en Chile los episodios de conflictividad -principalmente por causa del agua y la generación de energía- han aumentado, tanto en número como en intensidad, llegando a tener como consecuencia movilizaciones sociales producto de la aprobación ambiental de proyectos catalogados como emblemáticos por sus potenciales impactos socioambientales y ecológicos asociados a su construcción y posterior operación.
El agua dulce de los cursos de agua superficial y las napas subterráneas son sujeto creciente de la codicia de empresas que hacen caso omiso de las cifras que muestran que este recurso es cada vez más escaso, especialmente en las zonas áridas y en aquellas regiones donde la degradación del ambiente ha interrumpido su almacenamiento natural.
Hoy día el problema del agua en Chile se resume en la frase “pérdidas públicas, ganancias privadas”.
Las regulaciones para el acceso y gestión del agua en Chile, están determinadas por el Código de Aguas de 1981, el cual posee un evidente sesgo pro-mercado, lo que permitió privatizar la propiedad del agua y separar el agua del dominio de la tierra, para facilitar su libre compra y venta. Luego de 30 años, la concentración de la propiedad del agua en manos de empresas hidroeléctricas en la zona sur y la contaminación de las aguas por las plantas de celulosa, ha generado graves conflictos entre las generadoras eléctricas y las comunidades mapuches en los territorios cordilleranos; y entre empresas forestales y las comunidades urbanas y costeras, las cuales han resultado gravemente afectadas por eventos catastróficos de contaminación de las aguas y dañado actividades económicas locales como pesca, cultivos, turismo, entre otras.
“Ningún gobierno ha ido tan lejos como Chile en la mercantilización del agua dentro de su territorio. En una década, los servicios de agua potable fueron completamente privatizados, convirtiéndose éste en un campo de operaciones del sector privado.
En el contexto del marco legal vigente, Chile efectúa remates de recursos hídricos en diversas regiones del país, lo que permite a grandes compañías mineras extranjeras adjudicarse valiosas fuentes de agua local, adquiriendo derechos de propiedad privada sobre ellas”. (Fuente: Maude Barlow, Presidenta Council of Canadians En: Conflictos por el Agua en Chile, Chile Sustentable, marzo 2010).
Entre julio y septiembre de 2011, el gobierno de Piñera ha concretado la última gestión para que los chilenos pierdan su propiedad sobre el agua: a través de la venta de las acciones que CORFO tenía en empresas sanitarias, pasando del 35% a sólo del 5% del agua. “La privatización de las sanitarias constituye una de las razones por la cual los servicios de agua potable en Chile son los más caros de América Latina, lo que favorece a grandes trasnacionales del agua como Suez y Agbar, y en menor proporción a consorcios empresariales nacionales de la minería y el retail como los grupos Luksic y Solari.” (Fuente: Sara Larraín, Conflictos por el Agua en Chile, marzo 2010)
Los derechos de agua en Chile, luego de ser concedidos por el Estado a los privados, gratuitamente y a perpetuidad; sin cobros diferenciados por el uso del agua, ni impuestos específicos, ni pagos por descargas de aguas servidas, salvo en sectores urbanos e integrados a la red de alcantarillado, quedan sujetos a la oferta y demanda del mercado de aguas, establecido en el Código de 1981 como mecanismo de acceso a los recursos hídricos.
Agrava el escenario del agua en Chile, una institucionalidad dispersa que dificulta la gestión integrada de los recursos hídricos, la concentración de la propiedad del agua y una inadecuada fiscalización frente a conflictos de interés por el acceso a este recurso.
“El agua de Chile no debe estar en manos de sociedades extranjeras aliadas a los grupos económicos más poderosos del país”, por lo cual su recuperación como un bien nacional estratégico es una demanda que se plantea al mismo nivel que la autonomía energética. (Fuente: Informe Mesa regional de energía, región de Valparaíso, Agosto 2011).
Respecto de las grandes represas, en la actualidad se están planificando y construyendo solamente en países en vías de desarrollo y son proyectos que cuentan con financiamiento, (crédito a la exportación, know how, consultorías en diversos ámbitos y tecnologías) de los países desarrollados. En otras palabras, estos países están externalizando los costos ambientales y sociales, aprovechando las falencias legales de países como Chile y la mano de obra barata.
Después de ocho décadas de intensa construcción de represas que han ocasionado problemas socioambientales de envergadura, ha quedado en evidencia la urgente necesidad de evaluaciones contingentes a nivel de cuencas hidrográficas, de estrategia de manejo integrado y priorización de cuencas. Junto con ello, es necesario estimar a cabalidad los costos de restauración y mitigación de impactos adversos, así como comprender íntegramente los sistemas fluviales y los contextos societales completos, como componente clave para el diseño de proyectos.
Hasta ahora, y Chile es un buen ejemplo de estos, la política se puede denominar como “Proyecto contra cuenca”, es decir se desarrolla un proyecto ingenieril y este se lo “blanquea” por un EIA y luego se fuerza el proyecto en la cuenca. El proceso debiera ser exactamente el opuesto: luego de una exhaustiva evaluación de la cuenca, de sus potenciales, riquezas y pasivos ambientales, evaluar si cabe un proyecto hidroeléctrico o no y posteriormente, si la respuesta es positiva, diseñar el proyecto de acuerdo a las características de la cuenca.
En Chile y el Sur de Argentina, existen algunos de los sistemas fluviales más prístinos del mundo con altas tasas de endemismo. A menudo se sabe muy poco sobre la ecología e hidrología de estos sistemas, pero también son algunos de los ríos que están experimentando los cambios más rápidos debido a actividades humanas. Mas aún, se le ha prestado muy poca atención hasta ahora a las características ecológicas y geomorfológicas a los ríos de ecoregiones al oeste de los Andes que muestran agudas pendientes, cortos trayectos, especialmente en sus tramos bajos; que también muestran influencias volcánicas, grandes fluctuaciones estacionales en los flujos de caudales y cargas de sedimentos, transiciones muy marcadas de condiciones ritrales apotamales, y en general comportamientos altamente dinámicos. Se han hecho trabajos muy limitados sobre la ecología del plancton, taxonomía y distribución de la cota acuática, caracterización de los sedimentos, hidrología y calidad de las aguas.
La cuenca del río Bíobío, intervenido por las represas de Ralco, Pangue y la central Angostura actualmente en construcción. Se puede concluir que en una escala espacio temporal, las fluctuaciones de las aguas del lago Laja, provocadas por la actividad humana, y de los ríos del Bíobío por las centrales hidroeléctricas, así como los retiros estacionales de aguas para irrigación son los principales factores que afectan la ecología del río, llevando a menudo a condiciones ambientales extremas con efectos de largo alcance en el estado y proceso físico químico y biológico en los ríos.
La creación de embalses y retiros en el curso de un río tienen dramáticas consecuencias para la ecología del río y generan una compleja red de impactos que afectan los componentes químicos, físicos, biológicos y humanos en el medio ambiente. La disrupción de un sistema lotico orientado horizontalmente por una represa estructurada verticalmente cancela todos los efectos que promueven la diversidad de la heterogeneidad física y morfológica a lo largo del río.
Los flujos de materia y energía en un sistema acuático son mediados por microorganismos y su diversidad metabólica y actividades juegan un rol crucial en varios ciclos bioquímicos, aspectos que no han sido bien investigados y comprendidos en casi ninguna parte.
A pesar de que conceptos de manejo sustentable y restauración de los ríos han sido publicados abundantemente en Europa, Australia y Norte América, no existen en muchas regiones australes que están enfrentando un intensa presión del sector eléctrico, tales como la Patagonia chilena.
Impactos aguas abajo
Las represas alteran los regímenes de caudales y el transporte de sedimento orgánico, así llamado nutrientes, e inorgánicos con cambios geomórficos concomitantes aguas abajo. Aumento de la pendiente del cauce, erosión en el lecho del río, efectos en la vegetación ripariana, disminución de la capacidad de transporte del canal, cambio en el patrón o estilo del canal y degradación del cauce. La disminución de las inundaciones naturales resulta en pérdida de diversidad y fertilidad de las tierras, afectando la productividad de comunidades ribereñas.
El reemplazo del mosaico de hábitats original, cambiante, heterogéneo por un corredor uniforme resulta en una pérdida de diversidad ecosistémica y de resiliencia, porque distintas especies riparianas requieren una diversidad de hábitats, con diferentes especies y en distintas etapas de crecimiento.
Los impactos ecológicos de las represas muestran algunos notables denominadores comunes:
Respecto de las grandes represas, en la actualidad se están planificando y construyendo solamente en países en vías de desarrollo y son proyectos que cuentan con financiamiento, (crédito a la exportación, know how, consultorías en diversos ámbitos y tecnologías) de los países desarrollados. En otras palabras, estos países están externalizando los costos ambientales y sociales, aprovechando las falencias legales de países como Chile y la mano de obra barata.
Después de ocho décadas de intensa construcción de represas que han ocasionado problemas socioambientales de envergadura, ha quedado en evidencia la urgente necesidad de evaluaciones contingentes a nivel de cuencas hidrográficas, de estrategia de manejo integrado y priorización de cuencas. Junto con ello, es necesario estimar a cabalidad los costos de restauración y mitigación de impactos adversos, así como comprender íntegramente los sistemas fluviales y los contextos societales completos, como componente clave para el diseño de proyectos.
Hasta ahora, y Chile es un buen ejemplo de estos, la política se puede denominar como “Proyecto contra cuenca”, es decir se desarrolla un proyecto ingenieril y este se lo “blanquea” por un EIA y luego se fuerza el proyecto en la cuenca. El proceso debiera ser exactamente el opuesto: luego de una exhaustiva evaluación de la cuenca, de sus potenciales, riquezas y pasivos ambientales, evaluar si cabe un proyecto hidroeléctrico o no y posteriormente, si la respuesta es positiva, diseñar el proyecto de acuerdo a las características de la cuenca.
En Chile y el Sur de Argentina, existen algunos de los sistemas fluviales más prístinos del mundo con altas tasas de endemismo. A menudo se sabe muy poco sobre la ecología e hidrología de estos sistemas, pero también son algunos de los ríos que están experimentando los cambios más rápidos debido a actividades humanas. Mas aún, se le ha prestado muy poca atención hasta ahora a las características ecológicas y geomorfológicas a los ríos de ecoregiones al oeste de los Andes que muestran agudas pendientes, cortos trayectos, especialmente en sus tramos bajos; que también muestran influencias volcánicas, grandes fluctuaciones estacionales en los flujos de caudales y cargas de sedimentos, transiciones muy marcadas de condiciones ritrales apotamales, y en general comportamientos altamente dinámicos. Se han hecho trabajos muy limitados sobre la ecología del plancton, taxonomía y distribución de la cota acuática, caracterización de los sedimentos, hidrología y calidad de las aguas.
La cuenca del río Bíobío, intervenido por las represas de Ralco, Pangue y la central Angostura actualmente en construcción. Se puede concluir que en una escala espacio temporal, las fluctuaciones de las aguas del lago Laja, provocadas por la actividad humana, y de los ríos del Bíobío por las centrales hidroeléctricas, así como los retiros estacionales de aguas para irrigación son los principales factores que afectan la ecología del río, llevando a menudo a condiciones ambientales extremas con efectos de largo alcance en el estado y proceso físico químico y biológico en los ríos.
La creación de embalses y retiros en el curso de un río tienen dramáticas consecuencias para la ecología del río y generan una compleja red de impactos que afectan los componentes químicos, físicos, biológicos y humanos en el medio ambiente. La disrupción de un sistema lotico orientado horizontalmente por una represa estructurada verticalmente cancela todos los efectos que promueven la diversidad de la heterogeneidad física y morfológica a lo largo del río.
Los flujos de materia y energía en un sistema acuático son mediados por microorganismos y su diversidad metabólica y actividades juegan un rol crucial en varios ciclos bioquímicos, aspectos que no han sido bien investigados y comprendidos en casi ninguna parte.
A pesar de que conceptos de manejo sustentable y restauración de los ríos han sido publicados abundantemente en Europa, Australia y Norte América, no existen en muchas regiones australes que están enfrentando un intensa presión del sector eléctrico, tales como la Patagonia chilena.
Impactos aguas abajo
Las represas alteran los regímenes de caudales y el transporte de sedimento orgánico, así llamado nutrientes, e inorgánicos con cambios geomórficos concomitantes aguas abajo. Aumento de la pendiente del cauce, erosión en el lecho del río, efectos en la vegetación ripariana, disminución de la capacidad de transporte del canal, cambio en el patrón o estilo del canal y degradación del cauce. La disminución de las inundaciones naturales resulta en pérdida de diversidad y fertilidad de las tierras, afectando la productividad de comunidades ribereñas.
El reemplazo del mosaico de hábitats original, cambiante, heterogéneo por un corredor uniforme resulta en una pérdida de diversidad ecosistémica y de resiliencia, porque distintas especies riparianas requieren una diversidad de hábitats, con diferentes especies y en distintas etapas de crecimiento.
Los impactos ecológicos de las represas muestran algunos notables denominadores comunes:
Diversidad de habitas se ve sustancialmente reducida
La diversidad nativa disminuye mientras las especies
exóticas proliferan
La calidad de las aguas se ve alterada aguas abajo de la
represa por el cambio de régimen de temperatura, contenido de oxígeno y flujo
de sedimentos orgánicos e inorgánicos.
Impactos aguas arriba
Los temas relacionados con los sedimentos y organismos no
están confinados solamente agua abajo de la represa. Los impactos aguas arriba
pueden extenderse muchos kilómetros arriba del reservorio lo que se llama
“efecto de cola”, justamente por la acumulación de sedimentos en la cola del
embalse. Los impactos incluyen efectos en las comunidades bentónicas por los
depósitos de sedimentos así como por las formaciones de barreras en los
corredores, que también pueden destruir las barreras migratorias promoviendo la
diseminación de especies ícticas. Afectan la migración y distribución de
especies ícticas en ecosistemas fluviales.
Si el ecosistema fluvial es estresado en exceso por la
implementación de grandes represas, el ecosistema puede perder su resiliencia,
su habilidad para recuperarse de fenómenos naturales extremos, tales como
sequias, incendios, crecidas de afluentes o grandes crecidas del curso del río
principal. Si no hay suficientes refugios en la cuenca con poblaciones robustas
que puedan permanecer en el sistema ante estas perturbaciones, algunas especies
podrían extinguirse. En Chile la mayoría de las especies ícticas de aguas dulce
están en peligro de extinción debido a las alteraciones causadas por embalses
de riego, embalses hidroeléctricos, de retiros de agua para diversos usos,
degradación severa de los sistemas riparianos por extracción de áridos,
contaminación, etc.
Más allá de la cuenca
La alteración del equilibrio del balance de nutrientes no
se restringe tampoco a aguas abajo de la represa. Algunas especies ícticas
transportan nutrientes marinos a través del ecosistema fluvial, desde los
océanos hasta el nacimiento de los ríos, como las especies salmonídeas, cuyas
migraciones se ven afectadas por las represas aguas arriba y aguas abajo.
Efectos costeros
En la mayoría de los ríos represados, se altera la periodicidad
de los flujos de agua dulce a bahías, estuarios y humedales costeros, con
impactos negativos. Se reduce el oxígeno y el flujo de sedimentos orgánicos e
inorgánicos, en algunos casos bien documentados han mostrado el colapso de
ecosistemas litorales provocado por la construcción de embalses aguas arriba
del ecosistema fluvial. Los biólogos
marinos Maximiliano Bello y Rodrigo Hucke han definido el borde costero norte
de la Patagonia chilena como un ecosistema estuarino al constatar que el
principal componente bio ecológico del borde costero son los ríos con su aporte
de sedimentos orgánicos (nutrientes) e inorgánicos, tales como el sílice,
fundamental para la formación del exoesqueleto de las diatomeas, pieza clave de
la cadena trófica oceánica. Por esta riqueza en nutrientes aportados por los
ríos, las especies de mar interior vienen a desovar en el borde costero. Por lo
tanto, la alteración del flujo de sedimentos en los ríos por las represas no
solo provoca la muerte biológica del ecosistema fluvial y la degradación de la
productividad del ecosistema en el borde costero, sino también la degradación
biológica del mar interior.
CUADRO 1
PRINCIPALES CONFLICTOS POR EL AGUA EN CHILE
ZONA NORTE
ZONA NORTE
Lugar afectado
|
Responsable
|
Parque Nacional Chungará
|
Pozos de extracción Minera
|
Laguna y Pampa Lagunilla
|
Pozos de extracción BHP Billiton
|
Salar de Llamara.
|
Expansión proyecto Pampa Hermosa de SOQUIMICH
|
Pica y Matilla
|
Extracción de agua por Minera COLLAHUASI
|
Chusmiza y Usmagama
|
Usurpación de aguas ancestrales
|
Quillagua
|
CODELCO y SOQUIMICH agotan agua del oasis
|
Pampa Colorada
|
Extracción de agua por Minera ESCONDIDA.
|
Río Salado y Bahía Chañaral
|
Destrucción río por Andes Cooper Company y CODELCO
|
Pascua Lama
|
BARRICK destruye glaciares y usurpa territorios
|
Copiapó
|
Seco por indiscriminado otorgamiento de derechos aguas.
|
Río Choapa
|
Contaminación por Minera LOS PELAMBRES
|
Acuífero El Culebrón
|
Agotamiento del las reservas de agua
|
Caimanes
|
Tranque el Mauro de Minera LOS PELAMBRES
|
ZONA CENTRO
Lugar afectado
|
Responsable
|
Valle del Maipo
|
AES GENER amenaza riego y agua potable de Santiago
|
Estero San José.
|
HYDROWAC usurpa derechos de agua
|
San Pedro de Melipilla.
|
Agroindustria agota derechos de agua
|
Reserva Nacional Río Cipreses
|
PACIFIC HYDRO interviene ríos
|
Altos del Achibueno
|
Sitio Prioritario amenazado por CENTINELA Ltda.
|
Licancel en el Río Mataquito
|
Contaminación tóxica de CELCO
|
ZONA SUR
Lugar afectado
|
Responsable
|
Corredor biológico Nevados de Chillán -Río Diguillín.
|
Megarepresa de HIDROCHILE y AES Gener
|
Ríos Llancahue, Quilaleufu, Reyehueico, Carranco, Rañintuleufu, Lizán y Changli
|
SN-POWER entra a territorio indígena
|
Lago Maihue.
|
Central Maqueo de SN POWER
|
Región de los Ríos.
|
Central San Pedro de COLBUN
|
Santuario Río Cruces
|
Desastre ecológico de CELCO
|
Parque Nacional Puyehue
|
HIDROAUSTRAL
|
Patagonia
|
HIDROAYSÉN y ENERGÍA AUSTRAL
|
Gran parte de los conflictos por el agua, tienen su raíz en su aprovechamiento energético, principalmente destinada a la industria minera. Ambos recursos son malgastados por la industria minera existente en diversas regiones del país. En este sentido, es esencial y urgente normar el tema y dictar un estatuto que las obligue a la instalación de plantas de reciclaje y purificación de agua y al auto abastecimiento con energías renovables producidas en su región.
(Ojalá poner dato de cuanta agua consumen solo las mineras)
“En Chile, el consumo final de energéticos secundarios depende en un 71% de la utilización de hidrocarburos (derivados del petróleo, carbón y gas), los que constituyen el pilar fundamental del sustento energético. El segundo energético de mayor relevancia en el plano nacional es la leña, recurso natural y mayoritariamente de uso doméstico para cocinar y calefacción, que satisface el 15% de los requerimientos energéticos del país. En tanto, la electricidad constituye el tercer energético de importancia dentro del consumo final, con un 14% del total, muy por debajo de los hidrocarburos y comparable sólo con la leña”. (Fuente: Rodrigo Bórquez, Actualización de Catastro de Proyectos de Generación Eléctrica en Chile, Fundación Terram, septiembre 2011)
“En Chile, el consumo final de energéticos secundarios depende en un 71% de la utilización de hidrocarburos (derivados del petróleo, carbón y gas), los que constituyen el pilar fundamental del sustento energético. El segundo energético de mayor relevancia en el plano nacional es la leña, recurso natural y mayoritariamente de uso doméstico para cocinar y calefacción, que satisface el 15% de los requerimientos energéticos del país. En tanto, la electricidad constituye el tercer energético de importancia dentro del consumo final, con un 14% del total, muy por debajo de los hidrocarburos y comparable sólo con la leña”. (Fuente: Rodrigo Bórquez, Actualización de Catastro de Proyectos de Generación Eléctrica en Chile, Fundación Terram, septiembre 2011)
(NOTA: Aclarar mejor este concepto del actual uso de la leña, para no confundir con elaboración de energía eléctrica que aún no existe con este producto.)
Actualmente las centrales de generación que alimentan los grandes sistemas de distribución eléctrica, el Sistema Interconectado Norte Grande (SING) que cubre Arica y Antofagasta, con 28,06% de la capacidad instalada, esta dominada en un 99,6% de generación termoeléctrica (32% carbón, 58% gas natural y 10% diesel y fuel oil) y solo 0,4% hidráulica. El Sistema Interconectado Central (SIC), que cubre desde Taltal (al sur de Antofagasta) hasta Chiloé, con un 71,03% de la capacidad instalada, también esta compuesta en 53,5% por generación termoeléctrica fósil (12% carbón, 23% gas natural y 17% diesel) y el % saldo corresponde a hidráulica, eólica y biomasa. Los sistemas pequeños de Aysén en 57% y Magallanes en un 100%, también dependen de combustibles fósiles. (Fuente: CNE, 2010).
Si bien la tendencia mundial es enfatizar el uso eficiente de la energía e incorporar decididamente las energías renovables como pilares de las políticas energéticas, Chile se muestra retrasado en dichas materias y desestima el hecho de que estas tecnologías promueven el crecimiento económico y desarrollo de un país y al mismo tiempo permiten aumentar la seguridad energética, reducir la dependencia de combustible importado, aumentar la equidad en el acceso a la energía y reducir los contaminantes atmosféricos y las emisiones de gases de efecto invernadero. (Fuente: Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020, Programa de Estudios e investigaciones en energía, U. de Chile, sept. 2010).
A pesar de la opinión de los chilenos claramente manifestada, la matriz energética primaria nacional la dependencia de los combustibles fósiles importados, mantiene al país en una situación de dependencia energética, contaminación atmosférica y con impactos graves y crecientes sobre la salud humana, la integridad de los ecosistemas terrestres y costeros y la producción agrícola.
La ausencia de marcos regulatorios, política fiscal y capacidad institucional, dificultan el desarrollo las ERNC, con el dinamismo requerido para contribuir a limpiar y diversificar la matriz eléctrica nacional, constatándose en el plan de obra 2009-2019, como en las de fijación de precio nudo de 2010, un decidido 70% de centrales térmicas, principalmente a carbón como la base de la generación eléctrica en nuestro país para los próximos 10 años. En este contexto es importante destacar que el carbón, utilizado mediante tecnologías convencionales, es el combustible con mayores emisiones de GEI por unidad de energía generada.
Actualmente, la generación térmica es causante de la saturación de contaminantes atmosféricos en casi una decena de ciudades en el norte y centro del país, y varias localidades sufren niveles de latencia en cuanto a material particulado y óxidos de nitrógeno, lo que acarrea importantes niveles de contaminación en los centros poblados, impactos sobre la salud de la población, sobre los ecosistemas y la producción agrícola.
La zona norte presenta hoy día, múltiples problemas que suman impactos, agravan el panorama y degradan la calidad de vida de los nortinos. El diagnóstico realizado en Arica Parinacota señala la “presencia de polimetales, escasez y aguas contaminadas por Boro, contaminación por plomo, una central termoeléctrica, agroquímicos, transgénicos, geotermia mal instalada, minería, basura, exceso de plástico, desafectación del “Parque Nacional Lauca”, minas antipersonales y antenas de telefonía celular, entre otros, que están provocando graves problemas de contaminación y degradación de los recursos naturales afectando los ecosistemas, la salud y la calidad de vida de las personas a nivel regional, provocando vulnerabilidad para acceder a recursos básicos para una vida digna”.
Estos problemas resultan agravados por la deficiente fiscalización de las actividades empresariales y sus impactos (ambientales, sociales, culturales, etc.), ante las insuficientes políticas públicas orientadas a la protección del medio ambiente y la falta de voluntad política de las autoridades para enfrentar y resolver estos problemas.
“La política gubernamental ha priorizado la explotación y comercialización de recursos naturales para cumplir con metas de crecimiento macroeconómico. La concentración de los beneficios de este modelo en el sector empresarial (agrícola, sanitaria, minera, pesquero y eléctrica), ha generado profundos problemas de inequidad social y ambiental. Este modelo con su accionar resulta insostenible en el tiempo, social, ambiental y culturalmente inaceptable, por privilegiar la concentración de la riqueza en el sector económico y con una directa orientación centralista en la toma de decisiones”. (Fuente: Diagnóstico regional. Mesa regional de energía región Arica Parinacota, agosto 2011).
Particularmente, la situación daño ambiental en el territorio bordemar de nuestro país, se ha convertido en la tónica y constituye un escenario cada vez más recurrente. Desde Arica y hasta las VIII región del Bío Bío, las principales industrias nocivas que se ubican en esta área son las Celulosas, las industrias acuícolas y las centrales termoeléctricas a carbón. Estas últimas se ubican en el borde costero principalmente debido a que requieren abastecerse de carbón, el cual se transporta en la mayoría de los casos mediante vía marítima; junto con ello, para el funcionamiento de su sistema de refrigeración emplean grandes cantidades de agua de mar; y finalmente, por necesidad de un lugar para verter sus desechos, por ejemplo, el azufre producto de la combustión del carbón.
Junto a lo anterior, gravísimo es el proceso de succión del sistema de enfriamiento de las centrales termoeléctricas, el que conlleva un enorme impacto a la vida marina, generando alta mortalidad de su población: mortalidad por efecto de la succión, mortalidad por efecto del sistema de antifoulin del circuito; mortalidad por incrustación en los sistemas de filtros; mortalidad por efecto del sistema de bombas; mortalidad por shock térmico (incremento temperatura en sobre 10°C) y mortandad por efecto del proceso de desulfurización. (Fuente: Terram, Cartilla sobre Termoeléctricas, julio 2011).
CUADRO 2
Actualmente las centrales de generación que alimentan los grandes sistemas de distribución eléctrica, el Sistema Interconectado Norte Grande (SING) que cubre Arica y Antofagasta, con 28,06% de la capacidad instalada, esta dominada en un 99,6% de generación termoeléctrica (32% carbón, 58% gas natural y 10% diesel y fuel oil) y solo 0,4% hidráulica. El Sistema Interconectado Central (SIC), que cubre desde Taltal (al sur de Antofagasta) hasta Chiloé, con un 71,03% de la capacidad instalada, también esta compuesta en 53,5% por generación termoeléctrica fósil (12% carbón, 23% gas natural y 17% diesel) y el % saldo corresponde a hidráulica, eólica y biomasa. Los sistemas pequeños de Aysén en 57% y Magallanes en un 100%, también dependen de combustibles fósiles. (Fuente: CNE, 2010).
Si bien la tendencia mundial es enfatizar el uso eficiente de la energía e incorporar decididamente las energías renovables como pilares de las políticas energéticas, Chile se muestra retrasado en dichas materias y desestima el hecho de que estas tecnologías promueven el crecimiento económico y desarrollo de un país y al mismo tiempo permiten aumentar la seguridad energética, reducir la dependencia de combustible importado, aumentar la equidad en el acceso a la energía y reducir los contaminantes atmosféricos y las emisiones de gases de efecto invernadero. (Fuente: Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020, Programa de Estudios e investigaciones en energía, U. de Chile, sept. 2010).
A pesar de la opinión de los chilenos claramente manifestada, la matriz energética primaria nacional la dependencia de los combustibles fósiles importados, mantiene al país en una situación de dependencia energética, contaminación atmosférica y con impactos graves y crecientes sobre la salud humana, la integridad de los ecosistemas terrestres y costeros y la producción agrícola.
La ausencia de marcos regulatorios, política fiscal y capacidad institucional, dificultan el desarrollo las ERNC, con el dinamismo requerido para contribuir a limpiar y diversificar la matriz eléctrica nacional, constatándose en el plan de obra 2009-2019, como en las de fijación de precio nudo de 2010, un decidido 70% de centrales térmicas, principalmente a carbón como la base de la generación eléctrica en nuestro país para los próximos 10 años. En este contexto es importante destacar que el carbón, utilizado mediante tecnologías convencionales, es el combustible con mayores emisiones de GEI por unidad de energía generada.
Actualmente, la generación térmica es causante de la saturación de contaminantes atmosféricos en casi una decena de ciudades en el norte y centro del país, y varias localidades sufren niveles de latencia en cuanto a material particulado y óxidos de nitrógeno, lo que acarrea importantes niveles de contaminación en los centros poblados, impactos sobre la salud de la población, sobre los ecosistemas y la producción agrícola.
La zona norte presenta hoy día, múltiples problemas que suman impactos, agravan el panorama y degradan la calidad de vida de los nortinos. El diagnóstico realizado en Arica Parinacota señala la “presencia de polimetales, escasez y aguas contaminadas por Boro, contaminación por plomo, una central termoeléctrica, agroquímicos, transgénicos, geotermia mal instalada, minería, basura, exceso de plástico, desafectación del “Parque Nacional Lauca”, minas antipersonales y antenas de telefonía celular, entre otros, que están provocando graves problemas de contaminación y degradación de los recursos naturales afectando los ecosistemas, la salud y la calidad de vida de las personas a nivel regional, provocando vulnerabilidad para acceder a recursos básicos para una vida digna”.
Estos problemas resultan agravados por la deficiente fiscalización de las actividades empresariales y sus impactos (ambientales, sociales, culturales, etc.), ante las insuficientes políticas públicas orientadas a la protección del medio ambiente y la falta de voluntad política de las autoridades para enfrentar y resolver estos problemas.
“La política gubernamental ha priorizado la explotación y comercialización de recursos naturales para cumplir con metas de crecimiento macroeconómico. La concentración de los beneficios de este modelo en el sector empresarial (agrícola, sanitaria, minera, pesquero y eléctrica), ha generado profundos problemas de inequidad social y ambiental. Este modelo con su accionar resulta insostenible en el tiempo, social, ambiental y culturalmente inaceptable, por privilegiar la concentración de la riqueza en el sector económico y con una directa orientación centralista en la toma de decisiones”. (Fuente: Diagnóstico regional. Mesa regional de energía región Arica Parinacota, agosto 2011).
Particularmente, la situación daño ambiental en el territorio bordemar de nuestro país, se ha convertido en la tónica y constituye un escenario cada vez más recurrente. Desde Arica y hasta las VIII región del Bío Bío, las principales industrias nocivas que se ubican en esta área son las Celulosas, las industrias acuícolas y las centrales termoeléctricas a carbón. Estas últimas se ubican en el borde costero principalmente debido a que requieren abastecerse de carbón, el cual se transporta en la mayoría de los casos mediante vía marítima; junto con ello, para el funcionamiento de su sistema de refrigeración emplean grandes cantidades de agua de mar; y finalmente, por necesidad de un lugar para verter sus desechos, por ejemplo, el azufre producto de la combustión del carbón.
Junto a lo anterior, gravísimo es el proceso de succión del sistema de enfriamiento de las centrales termoeléctricas, el que conlleva un enorme impacto a la vida marina, generando alta mortalidad de su población: mortalidad por efecto de la succión, mortalidad por efecto del sistema de antifoulin del circuito; mortalidad por incrustación en los sistemas de filtros; mortalidad por efecto del sistema de bombas; mortalidad por shock térmico (incremento temperatura en sobre 10°C) y mortandad por efecto del proceso de desulfurización. (Fuente: Terram, Cartilla sobre Termoeléctricas, julio 2011).
CUADRO 2
TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AGUA DE MAR INGRESADAS AL SEIA ENTRE LOS AÑOS 2005-2009 (JULIO /2011).
I Región
|
2 proyectos
|
03 Unidades termoeléctrica
|
II Región
|
5 proyectos
|
12 unidades termoeléctricas
|
III Región
|
5 proyectos
|
11 unidades termoeléctricas
|
IV Región
|
3 proyectos
|
07 unidades termoeléctricas
|
V Región
|
4 proyectos
|
07 unidades termoeléctricas
|
VII Región
|
1 proyecto
|
02 unidades termoeléctricas
|
VIII Región
|
3 proyectos
|
05 unidades termoeléctricas
|
TOTAL
|
47 unidades
| |
(Nota: Identificar el nombre del proyecto, ubicación y potencia instalada).
Emblemática ha sido la oposición a la central termoeléctrica Castilla en Atacama, la que con sus seis centrales a carbón y dos a petróleo, es la más grande y contaminante de Latinoamérica (2.350MW), cuyo impacto principal será aumentar en cinco veces las emisiones de CO2 en la región. Junto con ello, otros impactos descritos son:
- Generará un depósito de cenizas de 125 ha. a 8 km. de la localidad de Totoral, poniendo en riesgo la tradicional comunidad (cultura) agrícola que habita la zona desde hace más de 370 años.
- Generará un depósito de cenizas de cientos de hectáreas en Quebrada del Morel, Sitio Prioritario (ECB).
- Generará un depósito de cenizas de 125 ha. a 8 km. de la localidad de Totoral, poniendo en riesgo la tradicional comunidad (cultura) agrícola que habita la zona desde hace más de 370 años.
- Generará un depósito de cenizas de cientos de hectáreas en Quebrada del Morel, Sitio Prioritario (ECB).
- Hará desaparecer las últimas playas vírgenes de Chile, con un gran potencial de turismo sustentable para la III región.
- Se emplaza en el lugar donde reside la colonia de Tortugas Verdes más austral del mundo y especies vulnerables y en extinción: Guanay, Gaviota Garuma, Lagartija, Pingüinos de Humboldt y Guanaco.
- Afectará al Desierto Florido, fenómeno único en el mundo.
- Creará mínimas fuentes de trabajo, sólo 270 puestos, lo cual no tiene comparación al daño ecológico irreversible que ocasionará, etc.
(NOTA: Profundizar los temas tratados con datos concretos, operacionalizar los temas, por ejemplo: afectará al Desierto Florido, lo cual reporta … miles de dólares en turismo).
Así como en Atacama, lo que se constata al evaluar la condición de desarrollo de las regiones, es la generación eléctrica convencional, lo que constituye un factor que deprime los territorios y consolida localidades “donantes” de patrimonio.
En Valparaíso, el alto nivel de fuentes contaminantes existentes, producto de la carbonización de la matriz energética está generando graves e irreparables daños a la salud de las personas. “Considerando las emisiones de ENAP y CODELCO, así como la saturación de plantas a carbón y gas en Con-Con y Ventanas en la Bahía de Quintero, junto con las nuevas plantas termoeléctricas en período de aprobación, y que constituyen un grave riesgo para la salud, cuyas consecuencias hemos visto recientemente en el escuela de La Greda y su entorno, declarada zona saturada de contaminantes y material particulado; es urgente para la región de Valparaíso replantear de manera global la producción energética, que apunte hacia una generación sustentable de ésta, para satisfacer las demandas públicas y privadas de la zona”. (Fuente: Informe Mesa regional de energía, región de Valparaíso, Agosto 2011).
La Región del Maule, es otro ejemplo de territorio malgastado: allí existen trece plantas de generación eléctrica, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, las que en conjunto tienen una capacidad de producir, aproximadamente, unos 4.952,3 GWh, lo que la sitúa entre los dos primeros generadores nacionales de electricidad. Por lo cual, la Mesa de Energía de la Región del Maule exige la puesta a nivel nacional de los conflictos locales.
En dicha región, la Mesa Regional de Energía ha indicado: “Este informe recoge no sólo la opinión de organizaciones y personas afectadas por proyectos energéticos en la Región del Maule, tales como la Termoeléctrica Los Robles e hidroeléctricas en el río Achibueno, entre otros, sino que es el anhelo de la ciudadanía por avanzar hacia un Chile sustentable que respeta a las comunidades y la naturaleza, en su crecimiento y desarrollo”. Y agregan “que la nueva política energética se oponga a los megaproyectos hidroeléctricos y termoeléctricos a base a carbón, y se fomente una matriz basada en energías renovables, la generación distribuida y la Soberanía Energética”. (Fuente: Informe Mesa regional de energía, región del Maule, Agosto 2011).
(NOTA: Incluir el concepto de Soberanía Energética: que las comunidades sean dueñas de su energía, o en otras palabras, ampliar el concepto del Net Metering a las comunidades locales, para que éstas sean dueñas y administradoras de los recursos para la generación de su propia energía y cuyo excedente sea vendido al SIC o SING.
Además, que cada empresa que tenga algún proyecto energético pague un Royalty, en su respectiva región, por la generación de energía eléctrica cuyos fondos sean administrados por una entidad ambiental regional, la cual incluya la participación ciudadana para decidir en qué se usarán dichos fondos, siempre orientados a compensar los daños ecológicos, socio-ambientales, etc. A través, o semejante, a los Tributos (Ley de Municipalidades, Art.5, Letra H) que se aplica a cualquier actividad productiva que tenga raíz en una comuna, pero cuya administración sea realizada por una entidad preocupada específicamente del tema ambiental.)
En dicha región, la Mesa Regional de Energía ha indicado: “Este informe recoge no sólo la opinión de organizaciones y personas afectadas por proyectos energéticos en la Región del Maule, tales como la Termoeléctrica Los Robles e hidroeléctricas en el río Achibueno, entre otros, sino que es el anhelo de la ciudadanía por avanzar hacia un Chile sustentable que respeta a las comunidades y la naturaleza, en su crecimiento y desarrollo”. Y agregan “que la nueva política energética se oponga a los megaproyectos hidroeléctricos y termoeléctricos a base a carbón, y se fomente una matriz basada en energías renovables, la generación distribuida y la Soberanía Energética”. (Fuente: Informe Mesa regional de energía, región del Maule, Agosto 2011).
(NOTA: Incluir el concepto de Soberanía Energética: que las comunidades sean dueñas de su energía, o en otras palabras, ampliar el concepto del Net Metering a las comunidades locales, para que éstas sean dueñas y administradoras de los recursos para la generación de su propia energía y cuyo excedente sea vendido al SIC o SING.
Además, que cada empresa que tenga algún proyecto energético pague un Royalty, en su respectiva región, por la generación de energía eléctrica cuyos fondos sean administrados por una entidad ambiental regional, la cual incluya la participación ciudadana para decidir en qué se usarán dichos fondos, siempre orientados a compensar los daños ecológicos, socio-ambientales, etc. A través, o semejante, a los Tributos (Ley de Municipalidades, Art.5, Letra H) que se aplica a cualquier actividad productiva que tenga raíz en una comuna, pero cuya administración sea realizada por una entidad preocupada específicamente del tema ambiental.)
CUADRO 3
CENTRALES DE GENERACIÓN EN LA VII REGIÓN - MAULE
En contraposición con las fuentes de generación nocivas, hay consenso en que cada región debiera tener la posibilidad de implementar un plan para generar y buscar el autoabastecimiento de acuerdo a los recursos renovables disponibles en sus zonas y producir su propia energía eléctrica a base de ERNC. De esta manera se reducen los impactos en el patrimonio natural, cultural y social del país de la mega transmisión eléctrica.
En consecuencia, el Estado debiera incentivar la producción y establecimiento de ERNC, la generación distribuida y la Soberanía Energética, consultando la pertinencia del desarrollo de proyectos a la población involucrada, evitando la destrucción de espacios con proyección en otros campos, como la agricultura, el turismo, la recreación, la preservación de bosque nativo o parques nacionales protegidos por ley. El mecanismo propuesto para el desarrollo de proyectos ERNC es el de incentivos económicos a pequeña, mediana y baja escala, con el fin de poder abastecer en forma directa a localidades, pueblos y ciudades que se ubiquen en zonas próximas a los lugares de generación. Así, se promueve la autonomía energética de la población, a partir de un sistema de incentivos ciudadanos para adquirir e instalar fuentes energéticas de abastecimiento propias” (Fuente: Informe Mesa regional de energía, región de Valparaíso, Agosto 2011)
En el extremo sur del país, en la Región de Aysén también se constatan problemas producto del excesivo centralismo energético del país, las condiciones impuestas por el oligopolio imperante y la ambición de algunos de convertir Patagonia en la “pila” de Chile, principalmente a través del proyecto de HidroAysen.
Específicamente en el área Aysén-Coyhaique-Río Ibáñez se detectan localidades conectados a la grilla eléctrica, que exhiben un sistema inestable; altos costos y que el sistema no permite la entrada de nuevas empresas ni menos generación a través del desarrollo de iniciativas locales. Por otra parte, también se visualizan localidades con autogeneración, donde cada familia genera con motores a bencina o petróleo. El sector del cordón Río Ibáñez, Coyhaique y Aysén, presenta una realidad distinta, ya que se abastece de electricidad a través de 3 fuentes generadoras: una Mini central hídrica con 12 MW, Termo eléctricas (diesel) con 6 MW y una Planta eólica con 2 MW, lo que representa el 60, 30 y 10 % respectivamente. A pesar que las plantas hídricas y eólicas no representan peligro alguno para el medioambiente, esto no se refleja en una disminución del tarifado local considerando que la materia prima no se compra, salvo los costos iniciales de implementación. Por su parte, el sistema Cochrane-Chile Chico presenta una concentración del mercado eléctrico del 100%, ya que todo el sistema es operado en integración vertical por Edelaysen, generando un total: 2,2 MW.
Otros problemas detectados en la región son:
- Alto costo de la energía, estando sus tarifas dentro de las más altas del país (actualmente en 151,4 el kw/h), a contar del 1 de septiembre 2011.
- Concentración de la energía eléctrica en sólo una empresa generadora, transmisora y distribuidora al consumidor final. El sistema no permite la entrada de nuevas empresas ni menos generación a través del desarrollo de iniciativas locales.
- En la zona de Chile Chico operación con varias termoeléctricas, las cuales han sido criticadas por el actual alcalde. En este caso, la posible expansión minera puede generar mayor presión para que se desarrollen otras fuentes de energía intensiva, quizás más termoeléctricas.
- En la zona de Cochrane, sus potencialidades hidroeléctricas están siendo vistas esencialmente para generación extrarregional, para ser inyectada en el SIC, particularmente las 2 represas en el Baker y 3 en el Pascua, de HidroAysén. A esto se agrega que una parte importante de sus derechos de aguas están solicitados por empresas hidroeléctricas mayores, bloqueando el acceso legal al agua de muchos pobladores aguas arriba de los puntos de captación de tales derechos.
- En ambos casos, amenazadas por tendidos eléctricos de grandes torres de alta tensión para inyectar energía hidroeléctrica al SIC.
- HidroAysén y Energía Austral, una parte importante de los derechos de aguas de sus ríos están solicitados por empresas hidroeléctricas. Amenaza de tendidos eléctricos de grandes torres de alta tensión para inyectar energía hidroeléctrica al SIC. Amenaza de represamiento de sus ríos Cuervo, Blanco y Cóndor con fines de generación hidroeléctrica mayor para inyectar al SIC.
- Alta dependencia de la leña para calefacción y cocina tanto a nivel urbano como rural. La leña consumida por el 96 % de la población no está incorporada en la matriz energética.
- No existe desarrollo de búsqueda de nuevas formas de energía.
En el extremo sur del país, en la Región de Aysén también se constatan problemas producto del excesivo centralismo energético del país, las condiciones impuestas por el oligopolio imperante y la ambición de algunos de convertir Patagonia en la “pila” de Chile, principalmente a través del proyecto de HidroAysen.
Específicamente en el área Aysén-Coyhaique-Río Ibáñez se detectan localidades conectados a la grilla eléctrica, que exhiben un sistema inestable; altos costos y que el sistema no permite la entrada de nuevas empresas ni menos generación a través del desarrollo de iniciativas locales. Por otra parte, también se visualizan localidades con autogeneración, donde cada familia genera con motores a bencina o petróleo. El sector del cordón Río Ibáñez, Coyhaique y Aysén, presenta una realidad distinta, ya que se abastece de electricidad a través de 3 fuentes generadoras: una Mini central hídrica con 12 MW, Termo eléctricas (diesel) con 6 MW y una Planta eólica con 2 MW, lo que representa el 60, 30 y 10 % respectivamente. A pesar que las plantas hídricas y eólicas no representan peligro alguno para el medioambiente, esto no se refleja en una disminución del tarifado local considerando que la materia prima no se compra, salvo los costos iniciales de implementación. Por su parte, el sistema Cochrane-Chile Chico presenta una concentración del mercado eléctrico del 100%, ya que todo el sistema es operado en integración vertical por Edelaysen, generando un total: 2,2 MW.
Otros problemas detectados en la región son:
- Alto costo de la energía, estando sus tarifas dentro de las más altas del país (actualmente en 151,4 el kw/h), a contar del 1 de septiembre 2011.
- Concentración de la energía eléctrica en sólo una empresa generadora, transmisora y distribuidora al consumidor final. El sistema no permite la entrada de nuevas empresas ni menos generación a través del desarrollo de iniciativas locales.
- En la zona de Chile Chico operación con varias termoeléctricas, las cuales han sido criticadas por el actual alcalde. En este caso, la posible expansión minera puede generar mayor presión para que se desarrollen otras fuentes de energía intensiva, quizás más termoeléctricas.
- En la zona de Cochrane, sus potencialidades hidroeléctricas están siendo vistas esencialmente para generación extrarregional, para ser inyectada en el SIC, particularmente las 2 represas en el Baker y 3 en el Pascua, de HidroAysén. A esto se agrega que una parte importante de sus derechos de aguas están solicitados por empresas hidroeléctricas mayores, bloqueando el acceso legal al agua de muchos pobladores aguas arriba de los puntos de captación de tales derechos.
- En ambos casos, amenazadas por tendidos eléctricos de grandes torres de alta tensión para inyectar energía hidroeléctrica al SIC.
- HidroAysén y Energía Austral, una parte importante de los derechos de aguas de sus ríos están solicitados por empresas hidroeléctricas. Amenaza de tendidos eléctricos de grandes torres de alta tensión para inyectar energía hidroeléctrica al SIC. Amenaza de represamiento de sus ríos Cuervo, Blanco y Cóndor con fines de generación hidroeléctrica mayor para inyectar al SIC.
- Alta dependencia de la leña para calefacción y cocina tanto a nivel urbano como rural. La leña consumida por el 96 % de la población no está incorporada en la matriz energética.
- No existe desarrollo de búsqueda de nuevas formas de energía.
3. PROPUESTAS DESDE LAS REGIONES
En este sentido, cada vez mas las regiones valoran su patrimonio natural y demandan a la autoridad ser partícipes de un desarrollo basado en las potencialidades y vocaciones territoriales, aprovechando sin destruir la diversidad “recursos naturales, sanos, limpios y de fácil acceso -como aire, mar, sol, viento, recursos renovables- existentes e ilimitados para ser usados como insumos básicos para investigar, diseñar, construir, instalar, y crear nuevas fuentes laborales, permitiendo una producción de obras de infraestructura, intra y extra domiciliaria, de menor, mediano y mayor escala, no causando daño al medio ambiente”. (Fuente: Mesa regional de energía Arica-Parinacota, Agosto 2011).
Por su parte, la energía nuclear ha sido descartada en el análisis de la ciudadanía de modo constante, además, “por los niveles de contaminación que produce en su implementación, porque los desechos representan un problema difícil aún no resuelto en ningún país del mundo. También, por la dependencia en tecnología a la que sitúa al país respecto a conglomerados transnacionales y la pérdida total de autonomía energética que genera en los usuarios”. (Fuente: Mesa regional de Valparaíso, Agosto 2011).
Propuestas específicas entregadas por las mesas regionales de energía, son:
Por su parte, la energía nuclear ha sido descartada en el análisis de la ciudadanía de modo constante, además, “por los niveles de contaminación que produce en su implementación, porque los desechos representan un problema difícil aún no resuelto en ningún país del mundo. También, por la dependencia en tecnología a la que sitúa al país respecto a conglomerados transnacionales y la pérdida total de autonomía energética que genera en los usuarios”. (Fuente: Mesa regional de Valparaíso, Agosto 2011).
Propuestas específicas entregadas por las mesas regionales de energía, son:
- Región Arica Parinacota
- Las ventajas que tiene la región de Arica Parinacota, es que las ERNC se pueden usar en todas partes y no sólo en la ciudad, sino en todo el territorio regional, orientando el desarrollo hacia la instalación de una política de turismo sustentable. Otra ventaja es el aprovechamiento de los desechos que se pierden, dándole una utilidad. Por ejemplo, aprovechamiento de residuos orgánicos provenientes de hortalizas y plantas cultivadas en los valles para producción de energía biogas (también vertederos)
- Otras propuestas son:
- Creación de instituto de investigación, educación y desarrollo de energías renovables (Solar y Eólica) gestionado democráticamente por la comunidad de la región.
- Potenciar el cooperativismo, apoyo mutuo y asociatividad productiva, para el desarrollo autosustentable de las energías renovables Solar y Eólica en la región.
- Desarrollar las capacidades humanas locales mediante la educación ambiental integral, en todos los niveles etáreos.
- Desarrollar la industria de energías renovables, solar y eólica, en base a las capacidades humanas (no se entiende a qué se refiere) generadas localmente.
- Gestión democrática de los recursos naturales para la sustentabilidad y ambiental y pertinencia sociocultural.
- Configurar un marco regulatorio para la participación de empresas externas a la región en el uso de las energías renovables, diseñado entre la ciudadanía y el Estado.
- Participación del Estado en la reorientación de los recursos para el fortalecimiento de la industria regional de energías renovables solar y eólica.
- Promover la participación regional en el Conosur, y países vecinos en el tema energético.
- Fortalecer el Plan de Desarrollo de Arica y Parinacota, Intendencia (Memorando de colaboración con el directorio de energía de Nueva Extremadura, para el desarrollo de las ERNC en Arica y Parinacota.)
- Fortalecer el Centro Demostrativo de Energías Renovables UTA orientado a desarrollar, fomentar y difundir el uso de energías renovables que contribuyan al progreso socioeconómico de la región de Arica y Parinacota. Asimismo, desarrollar investigación aplicada que contribuya a la innovación tecnológica en el área.
- Fortalecer la Cooperativa de Trabajo Industrial de Energías Renovables de Arica y Parinacota, IERACOOP, primera en América en torno a las energías renovables.
- Construir colectivamente una matriz energética para la región aprovechando sus potenciales y recursos (Red por la Defensa del Medio Ambiente).
- Región de Valparaíso
- Considerando las actuales condiciones medioambientales, territoriales y sociales se descarta la posibilidad de instalar nuevos proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes no renovables.
- La propuesta base es desarrollar decididamente las ERNC en la V región. Para ello:
- a) En relación a la energía eólica, existen aún una gran cantidad de Molinos de viento en la región, especialmente en el entorno de Villa Alemana, llamada la “Ciudad de los Molinos”, por lo que se considera que existe un potencial derivado de la fuente eólica que se puede potenciar y aprovechar.
- b) La energía solar térmica, principalmente, se limita al desarrollo de incentivos como subsidios, préstamos blancos, entre otras alternativas para promover la incorporación de esta tecnología en los hogares. También, se hace necesario la obligatoriedad de su instalación en los nuevos edificios que se aprueben, tendiente a proveer de autonomía energética a los nuevos proyectos inmobiliarios.
- c) Con relación a la energía hidráulica, considerando sus limitantes, se considera que la región tiene un gran potencial para la instalación de Micro-represas, cuyo impacto en los ecosistemas es reducido en comparación a los proyectos de gran envergadura. Esto permitirá cubrir las necesidades de las localidades más cercanas, eliminando traslados.
- Es interesante específicamente el estudio de micro-represas en costas de altura, que no requieran inundar valles fértiles de nuestra zona agrícola, ni desplazar la población de sus entornos tradicionales, especialmente el valle del Aconcagua. El desarrollo de una propuesta de esta índole podría llegar a solucionar proyectos como “Puntilla del Viento” en la zona de Los Andes, el que prevé un gran impacto a los habitantes de dicha zona, incluyendo sus espacios de siembra y su inmensa biodiversidad.
- d) La alternativa de
- e) También es pertinente que sea mayor el auge que debe poseer el estudio de factibilidad de la energía Mareomotriz, dada la fuerza del oleaje en numerosos lugares de nuestra región.
- Otras propuestas son:
- Con respecto a la masiva presencia de centrales termoeléctricas altamente contaminantes y obsoletas en nuestra región, éstas deben cerrarse o renovarse totalmente, de acuerdo a tecnología de punta no contaminante.
- Todas aquellas empresas de otros rubros contaminantes en el sector deben igualmente ser castigadas severamente, con el fin de poder de alguna forma, justificar aquellos costos externos a la producción de sus industrias. Esta medida también busca incentivar el uso de energías limpias en los procesos de producción y/o a incorporar maquinaria más eficiente en cuanto a consumo y nivel de contaminación de la tecnología instalada. Para este y otros acometidos, se propone modificar la actual norma primaria diaria de SO2 (96 ppb o 250 µg/m3) a la que recomienda
- En las zonas en donde hoy existen centrales termoeléctricas, se demandan estudios sobre niveles de mercurio en suelo; agua, organismos vivos y especialmente en la población.
- Se requiere establecer normativa respecto a la calidad del carbón y su máximo contenido permitido en elemento tales como azufre, mercurio, entre otros. Se propone que, en las zonas de enclave de estas centrales, se debe monitorear constantemente la salud de la población que habita en las cercanías, lo cual debe realizarse con fondos de las mismas empresas y por organismos de salud autónomos.
- Se exige la prohibición de empleo de agua mar como técnica de desulfurización y de enfriamiento en eventuales nuevos proyectos termoeléctricos.
- Para las termoeléctricas que actualmente funcionan a base de carbón, se propone la instalación de torres de enfriamiento de manera de reducir el daño generado sobre el ecosistema marino.
- Se propone la modificación de la Ley Tributaria y los impuestos de las empresas generadoras de electricidad. Estos fondos se debieran invertir en las zonas en donde operan e impactan negativamente los proyectos de generación eléctrica. Del mismo modo, los sistemas de transmisión eléctrica, debieran entregar fondos para tomar medidas de mitigación del impacto sobre la salud, medioambiente y en la sociedad donde se generan estos proyectos.
- Desarrollo de planes de eficiencia energética: reducir las fuentes de iluminación comercial que permanecen encendidas toda la noche; la luminaria pública funciona cuando aún hay luz natural y deja de funcionar tiempo después que la luz natural es normal. Se requiere generar conciencia del cuidado de la electricidad en oficinas, servicios públicos y hogares es muy necesario, para lo cual se proponen programas de educación y concienciación eficientes para el correcto uso de los recursos energéticos. Un claro ejemplo de eficiencia energética es la necesidad de impulsar el uso de tecnología LED a nivel público y privado, a través de subsidios económicos.
- Invertir en estudios para el aprovechamiento de la energía cinética para la generación de electricidad.
- Chile no debe considerar, bajo ninguna perspectiva, el desarrollo de la energía nuclear como fuente de generación eléctrica
- Desarrollo de indicadores locales de sustentabilidad y participación comunal.
- Región del Maule
- La Mesa de Energía Ciudadana VII Región se opone tenazmente a la explotación del carbón mineral y su uso como combustible para la generación de energía eléctrica, ya que a mediano y largo plazo genera mucho más consecuencias negativas que positivas en todo el ciclo (explotación, extracción, transporte, proceso y contaminación producto de su combustión a la atmósfera). Además, los bajos costos del carbón mineral para la empresa o consorcio respectivo no se comparan con los altos costos asociados a su uso sostenido en tiempo, para la salud humana, el medioambiente y la cadena trófica (costos externos ocultos, daños, que paga la comunidad y el medioambiente).
- Chile requiere una normativa más exigente sobre proyectos de generación eléctrica de alto impacto y las consecuencias que generan en el territorio y la comunidad donde se instalan dichos proyectos. Asimismo, es preciso que se cree un canal efectivo para difundir estos proyectos, además, de crear un plebiscito para que la comunidad se manifieste respecto a éstos y acatar la decisión de dicho plebiscito.
- El país requiere promover un Ordenamiento Territorial a nivel nacional, instrumento que permita ordenar al país respecto del emplazamiento de proyectos energéticos; el impacto que generan; recoger la opinión de la ciudadanía en consultas comunales, entre otras funciones. Diseñar un Mapa de Información Geográfica que contenga la información de las zonas más sísmicas, las zonas protegidas, reservas, corredores de biodiversidad o vías naturales, comunidades típicas rurales, lugares turísticos, arqueológicos o patrimoniales, etc., que sea público, y que permita identificar si es posible o no instalar un determinado proyecto. Que por Ley las empresas entreguen los estudios de factibilidad técnica realizados referente a los recursos disponibles para la generación de energía al Estado para conocimiento público, independientemente sí realizan o no su proyecto.
- Adicionalmente se necesita ampliar los plazos para la participación ciudadana en nuevos proyectos, especialmente, porque la comunidad organizada no cuenta con los recursos económicos para el desarrollo de sus gestiones y no está en igualdad de condiciones que las grandes empresas. Por ello, el Estado debe garantizar la información y participación de los ciudadanos, más allá de la publicación en el Diario Oficial o Regional y/o el acceso a Internet, ya que las comunidades donde finalmente se desarrollan los proyectos no cuentan con las competencias, habilidades y/o acceso a la información y nuevas tecnologías, por lo cual se enteran de los proyectos tardíamente.
- También es necesario capacitar a la comunidad por medio de seminarios, charlas, reuniones con organizaciones sociales, ambientales, etc., sobre el actual Sistema de Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica y, de este modo, mantener informada a la comunidad y pueda evitarse la manipulación y engaño de la ciudadanía con alarmantes anuncios de problemas energéticos y racionamiento eléctrico.
- El país requiere promover que las patente (que no tenga límite el monto del capital sobre el cual se calcula la patente) de los proyectos energéticos sean pagadas en los territorios donde están insertas; por lo tanto, se deben establecer sistemas tributarios acordes a las utilidades de las empresas. Es decir, que las patentes sean diferenciadas según utilidades y se cancelen en las comunas donde se produce.
- Además, que cada empresa que tenga algún proyecto energético pague un Royalty (impuesto u otro adicional), en su respectiva región por la creación de proyectos de generación de energía eléctrica, cuyos fondos sean administrados por una entidad ambiental regional liderada por la ciudadanía (un CONCEJO integrado por organizaciones comunitarias, de la Asociación de Municipalidades y de Gobierno), para decidir en qué se usarán dichos fondos (o Fondo Único Ambiental), siempre orientados a invertir en conservación, investigación y la recuperación del equilibrio ecológico y sociocultural que se dañará por dichos proyectos. (Semejante a los Tributos de la Ley de Municipalidades, Art.5, Letra H, que actualmente se aplica a cualquier actividad productiva que tenga raíz en una comuna, pero en este caso administrada por la mencionada entidad ambiental regional.)
- Medida retroactiva
- Este CONCEJO tendrá las facultades de definir como beneficiados a las comunidades afectadas anteriormente por proyectos, entendido como pago de la “deuda ambiental”; para lo cual, el CONCEJO tendrá un panel de expertos técnicos que investigará líneas de base de calidad para reparar los daños ambientales y socioculturales que fueron y continúan siendo ocasionados por las intervenciones, valorizando económicamente dichos daños para financiar las compensaciones ya mencionadas.
- Incluir el concepto de Soberanía Energética: que las comunidades sean dueñas de su energía, o en otras palabras, ampliar el concepto del Net Metering a las comunidades locales, para que éstas sean dueñas y administradoras de los recursos para la generación de su propia energía y cuyo excedente sea vendido al SIC o SING.
- Fundamental es la autogeneración domiciliaria subsidiada por el Estado (Net Metering), y generar incentivos en ERNC para emprendedores, pequeña y mediana empresa, comunidades y organizaciones; tomar en cuenta proyectos ya creados, ejemplo, en Pelluhue y que las grandes empresas pueden replicar para generar su propia energía. Se propone a cambio del subsidio estatal que los favorecidos ofrezcan mano de obra u otro servicio a la comunidad.
- Potenciar como comisión regional el uso de ERNC, incentivando a los agricultores a generar con mini centrales de paso en los canales de regadío o incentivar a las pymes madereras a cogenerar con Biomasa, por ejemplo.
- Es necesario crear medidas de exigencia a la empresa privada para invertir en micro-generación de energía eléctrica, según estándares internacionales de última generación.
- Potenciar y fortalecer el trabajo en regiones del Ministerio del Medio Ambiente.
- Exigir una real Responsabilidad Social Empresarial a las industrias generadoras y en general a toda la industria, para que las utilidades se reflejen en la comunidad donde están insertas y no solo se use la RSE como una pantalla para limpiar imagen y denominarlo sólo como Responsabilidad Social.
- Obtener de la basura (residuos sólidos domiciliarios) y de otros residuos urbanos e industriales, la materia prima necesaria para la generación de energía, por ejemplo: la generación de biogás. Y, por otro lado, premiar a los municipios que creen tales proyectos con incentivos económicos por parte del nivel central, para que mejoren dichos proyectos.
- Fiscalizar a los servicios que actualmente emiten una evaluación a los proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para que la información sea transparente y fidedigna. Además, los proyectos deben salvar todas sus observaciones y no deben ser aprobados con observaciones o como en la actualidad se define “conforme pero con observaciones”.
- Mayor rigurosidad en las medidas de mitigación y reparación de las empresas hidroeléctricas u otras, por ejemplo, en la reforestación de otras áreas con especies nativas y endémicas de la zona a reforestar. Fiscalizar y exigir que las empresas retiren las toneladas de plástico del riego tecnificado de dichos proyectos, una vez que el bosque pueda mantenerse solo y no entregar las garantías que dichas empresas dejan en CONAF y CONAMA.
- Crear entidades competentes, independientes y/o que se consulte a expertos para la fiscalización del proceso de presentación de los proyectos energéticos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que algunos servicios públicos no cuentan con las competencias necesarias para emitir una evaluación certera y/o confiable de los efectos de un determinado proyecto. Además, estas entidades deben recoger las opiniones de las comunidades que se verán afectadas, tras explicarles los pros y contras de tales proyectos, no sólo para mantener a la ciudadanía informada de lo que afectará su calidad de vida, sino también para evitar el soborno, amenaza y/o promesa de un futuro mejor por parte de los ejecutores de tales proyectos, ya que es el Estado chileno el encargado de entregar programas y planes de desarrollo local independientes de la instalación de un proyecto determinado, lo cual es un derecho de los ciudadanos chilenos; de este modo, se evitaría la manipulación y quiebre de las comunidades donde se emplazarían dichos proyectos.
- Que exista una relación precio de energía más justa para las localidades y regiones que son afectadas por los proyectos de generación de energía.
- Que se respete las diferentes categorías de protección ambiental determinadas por la autoridad respectiva, por ejemplo, que los sitios declarados como Sitios Prioritarios para la Conservación de la Naturaleza sean respetados como tales y no se permita la implementación de proyectos invasivos en dichos lugares.
- Que se modifique la normativa o derogue la ley o norma que corresponda, para recuperar el agua como patrimonio nacional (renacionalización o expropiación). Sobre todo, porque este recurso natural, su déficit o superávit, repercute directamente en la generación de energía, en el racionamiento energético y en las alzas del costo de la energía para las personas, por lo cual el agua debe ser protegida por el Estado y exenta de transarse como un bien en el mercado.
- Región de Aysén:
- Generar un fondo real para el estudio y desarrollo de sistemas de Generación de energía Renovable No Convencional que permita financiar soluciones reales.
- Desarrollar estudios para generación mareomotriz por la alta potencialidad energética que presenta la zona, la gran predictibilidad de este sistema, su alta disponibilidad y su bajísimo impacto ambiental.
- Instalar unidades productivas especialmente en Melinka, Puerto Raul Marín Balmaceda e islas Huichas. Para las comunidades más pequeñas existe tecnología de generación mareomotriz de baja escala que resuelve el problema actual y potencia las zonas beneficiadas.
- Modificar la Ley Eléctrica. Incluir el Net Metering
- Cambio rotundo a la ley eléctrica para localidades y regiones que consuman menos de 50 MW y Fomentar y facilitar la entrada de iniciativas limpias de generación de energía
- Reemplazar por dendroenergía proveniente de los bosques nativos. Los cálculos indican que es posible reemplazar estas plantas que están aportando al efecto invernadero con combustibles exportados y de alto valor comercial.
- Incluir, validar y regular el uso de la leña como fuente de energía calórica
- El gobierno a través de instituciones como CORFO debería fomentar el desarrollo de nuevas formas de energía (dendroenergía, geotermia, eólica tanto en poblados como en poblaciones o distritos).
- Para el caso de Chile Chico, aprovechar la zona de pampas y vientos con el fin de generar instalaciones eólicas, complementarias a las de tipo fotovoltáica y termosolar, considerando esencialmente que en el verano el clima (por la acción del Lago General Carrera) es templado.
- En el caso de Cochrane, generar una mayor utilización de minicentrales hidroeléctricas en las localidades, propendiendo a la autosustentación.
- Implementar iniciativas de aislamiento térmico en viviendas y construcciones, recambio de calefactores y buenas prácticas par el uso de la leña.
- Implementar medidas que vinculen la imagen turística y de prístina de la zona, con el ahorro y eficiente uso de la energía, y la potenciación de las energías renovables no convencionales
[2] Miembros de la Comisión: Senadores miembros de la Comisión de Energía y Minería del Senado: Carlos Cantero (presidente), Ximena Rincón (DC), José Antonio Gómez (PRSD), Isabel Allende (PS) Antonio Horvath (RN), participan en la Comisión los diputados Patricio Vallespín (DC), Enrique Accorsi (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Marcela Sabat(RN), junto a académicos como Roberto Román y Pedro Maldonado de la Universidad de Chile, Miguel Márquez de la Universidad Austral; Verónica Vukásovic del IDMA, Oddo Cid y Rodrigo García de ACERA; Ramiro Plaza de Pymemad; Stephen Hall de Energía Sustentable Internacional; los directores de Chile Sustentable, Sara Larrain; de Fundación Terram, Flavia Liberona; de Chile-Ambiente, Patricio Rodrigo; de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego; de Greenpeace, Matías Asún; del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano; Rodrigo Herrera y Sergio Donoso de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, e Iván Couso del Programa de Asesoría Parlamentaria.
