Elaborado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil:
Déficits institucionales, de representación y de participación
política; discriminación de grupos vulnerables; grave afectación
ambiental y del derecho al agua; incremento de la violencia policial y
restricciones al derecho de manifestación, son algunos de los temas más
sensibles abordados por el informe.
Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 27 de enero de 2013
Un negativo balance respecto de
progresos en el reconocimiento jurídico y la vigencia efectiva de
derechos individuales y colectivos reconocidos en los tratados
internacionales ratificados por estado chileno arrojó el Tercer Informe
sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile, el que fue
presentado en el marco de la Cumbre de los Pueblos de América Latina, el
Caribe y Europa, que se desarrolla en forma paralela a la reunión de
presidentes de CELAC-UE.
José Aylwin, co director del
Observatorio Ciudadano y consejero del Instituto Nacional de Derechos
Humanos, comenta que “el informe este año da cuenta de una situación de
desprotección en múltiples ámbitos y pone énfasis en los derechos de los
sectores más discriminados, como son pueblos indígenas, migrantes,
mujeres, niñas y niños, adultos mayores y la diversidad sexual, dada la
incapacidad del estado chileno de avanzar hacia marcos jurídicos
adecuados, por un lado, y hacia políticas públicas que los implementen,
por el otro”.
La extrema vulnerabilidad en que
encuentran los derechos económicos, sociales y culturales en Chile, fue
también destacado como uno de los temas graves, lo resulta
“incomprensible para un país que se presenta asimismo como próximo a
alcanzar el desarrollo”, señala el informe en sus reflexiones
finales. Al respecto, Martín Pascual, miembro del directorio de Acción
A.G. y CENDA, aclaró “que (este informe) es una forma de enfrentar esta
marea exitista, todo este cinismo que se establece en torno a las
cifras, como las del empleo, todos muy precarizados y que no obstante es
planteado como una herramienta para acabar con la pobreza. La
importancia de este informe es mostrar estas realidades, hacer
contraloría de lo que el estado plantea”, concluyó.
Por primera vez el informe incorpora
un capítulo específico para analizar avances en torno al derecho a la
educación, ello a la luz del debate que se ha abierto sobre la necesidad
de garantizar su calidad y gratuidad, sin que se perciban mayores
cambios. René Varas, miembro del Foro Nacional por la Educación,
aseguró que “este año, en términos generales, no ha habido modificación
alguna al sistema educacional, el que sigue concebido como una
mercancía, ajeno a toda noción de derecho, y caracterizado por prácticas
discriminatorias institucionalizadas en todos los niveles. Ello
principalmente a través de las formas de selección de los estudiantes y
el pago o cancelación que se hace por educación, lo que ha ido generando
la segregación de los estudiantes en distintos tipos de
instituciones”.
Varas agregó que tampoco ha existido
voluntad de diálogo, pues “el movimiento estudiantil ha plateado estos
problemas y entregado propuestas concretas de superación, éstos no han
sido escuchados, sino más bien criminalizados en su protesta”, denunció.
En cuanto a la implementación de la
Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la representante de
ACHNU, Francis Valverde, recordó que “Chile es el único país en América
Latina que no tiene una ley de protección de derechos -o códigos
especiales, como ocurre otros países- para todos los niños, niñas y
adolescentes”. Ello, a pesar de que el Comité de Derechos del Niño de
la ONU le ha planteado al estado en sus tres últimos informes la
inconveniencia de que Chile no tenga una adecuación legislativa y
judicial a la Convención”.
Valverde argumenta que “por eso la
sociedad decidió organizarse y armar una propuesta concreta de proyecto
de ley de 35 páginas”, las que fueron trabajadas en reuniones semanales
sucesivas entre autoridades de gobiernos, Unicef y organizaciones
vinculadas a los derechos de la niñez y adolescencia. Pero el ejecutivo
incumplió su compromiso de presentar al Congreso esta propuesta
consensuada, y en lugar de ello la “redujo a seis páginas, arguyendo que
tenía muchos derechos y pocos deberes, lo que da cuenta que el estado
entiende nada de derechos humanos”.
Por su parte Alejandro Reyes, del
Programa de Personas Mayores de la ONG CEC, advirtió que la población
chilena está envejeciendo rápidamente, lo que constituye un desafío para
las políticas públicas, pero también para la forma en que el estado y
la sociedad les reconoce. “Hoy en día existe en el país un 16% de
población mayor de 60 años”, a los que se suman cerca de cien mil
personas que cada año ingresan a engrosar este grupo etáreo. Comenta
además que “existen directrices internacionales, lo que se llama el
derecho blando, emanadas de tres conferencias de América Latina y el
Caribe en torno a lo que es asumir el envejecimiento de la región como
un desafío programático de los gobiernos, ninguno de esos importantes
derechos donde se instala los derechos humanos como prioridad ha si
do asumido en nuestro país".
Finalmente, en las palabras de cierre
de la presentación, José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e
Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, reiteró que “el gran
desafío es modificar la institucionalidad y la Constitución de 1980,
para cambiar las desigualdades existentes en el país".
Capítulos del informe y suscriptores
Un total de 16 capítulos forman parte
del informe este año: Violaciones de DerechosHumanos cometidas bajo la
dictadura militar; Derecho a la Justicia, Política criminal y Derechos
Humanos; Derechos políticos y ciudadanos; Derechos de
los Pueblos Indígenas; Derechos de las mujeres; Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes; Derechos de las Personas Mayores, Diversidad
sexual y Derechos Humanos; Derechos de los y las migrantes; Derecho
al MedioAmbiente; Derechos de Agua; Institucionalidad
de Derechos Humanos; Derecho a
la ProtestaSocial; Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Derechos Laborales; Derecho a laEducación y Empresas
y Derechos Humanos.
Suscriben el Informe y son
responsables de su redacción: ACCIÓN A.G., ACHNU, Asesorías Ciudadanas,
CENDA, Chile Sustentable, Centrode Derechos Humanos de la Universidad
Diego Portales, Corporación Humanas, Foro Nacional por la Educación,
Movilh, Observatorio Ciudadano, ONG CEC (Programa Personas Mayores) y
Terram.
Descargar Informe
Ver video preparado por Alejandra Andino e Isha Veloso
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