Fuente: Fernando Salinas - http://www.losrobles-no.cl/?p=548#more-548
Durante 4
años, sin éxito, las organizaciones ciudadanas y los parlamentarios de la
Región del Maule han solicitado al Intendente que cumpla con el mandato de
la Cámara de Diputados, en orden a solicitar al Ministerio Público que
investigue las irregularidades que eventualmente pudiera haber en la aprobación
de la Termoeléctrica Los Robles.
El 12 de Enero de 2010 estábamos Lupe
Muñoz y yo en la tribuna de la Cámara de Diputados, ella en representación ciudadana de la ciudad de Constitución y yo por Chanco. En la tabla de la H.
Cámara de Diputados estaba estipulado que ese día se votaría el informe que la
Comisión de Recursos Naturales (que actuó como Comisión Investigadora) elaboró
sobre las irregularidades que se habrían presentado en el proceso de calificación
ambiental que finalmente aprobó la instalación de la Termoeléctrica Los Robles
en el límite costero de la Comuna de Constitución y Chanco, frente al Faro
Carranza. Esta comisión se constituyó ante el evidente clamor ciudadano que
revelaba el tremendo crimen medioambiental y social que se estaba cometiendo
con este proyecto. La Comisión realizó un exhaustivo trabajo que incluyó
también visitas a la zona y entrevistas con todos los actores involucrados.
El informe de la Comisión de la Cámara,
informado por el diputado Roberto León, fue lapidario, tanto con las autoridades que
participaron en la aprobación, como con la empresa patrocinadora del proyecto,
AES Gener S.A., quedando claramente establecido que no solo hubo
irregularidades de tipo técnico, sino también algunas prácticas que podrían
constituir delito, por lo que conminó a la Ministra Presidenta de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente de la época a que hiciera llegar este informe al
Intendente del Maule, para que oficiara al Ministerio Público, solicitándole
investigue dichas irregularidades. Cabe señalar que el informe se aprobó por
unanimidad.
Pasó el tiempo, hubo cambio de gobierno, y como no
teníamos noticias de esa investigación fuimos, el día 30 de abril de
2011, a
visitar al Intendente del Maule, Rodrigo Galilea, junto a la senadora
Ximena Rincón, el diputado Roberto León y varios dirigentes sociales de Constitución,
Chanco, Pelluhue, Curanipe y Cauquenes. El Intendente nos atendió muy
amablemente y nos comentó que el problema se suscitó porque, a raíz del colapso
del edificio de la Intendencia para el 27 F, el informe se habría perdido. Ante
eso, la senadora Rincón y el diputado León le entregaron una copia del informe
y le dieron los antecedentes para solicitarlo al Ministerio del Medio Ambiente.
Se comprometió a hacerlo.
Luego de pasar varios meses sin tener
noticias, los
diputados de Maule Sur, Guillermo Ceroni e Ignacio Urrutia, fueron a conversar
nuevamente el tema con el Intendente para que procediera con lo estipulado por la
Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Ellos mismos han manifestado
que la situación sigue pendiente. ¿Por qué razón el Intendente Galilea no
ha realizado ese trámite en cuatro años a pesar de la insistencia de las
organizaciones ciudadanas y de los parlamentarios de la región, desoyendo el
mandato de la Comisión Investigadora de un poder del Estado? Tal vez sea por
simple “olvido
crónico” o,
quizás, una vez más esto sea la consecuencia de una acción misteriosa de
alguien que no quiere que la situación se investigue porque, obviamente, la
empresa AES Gener S.A. y las personas involucradas tendrán que responder por sus acciones
ante la justicia si se confirman los ilícitos que la Comisión de la Cámara de
Diputados solicitó investigar.
En cualquier caso, el responsable final de que el
trámite no se haya cumplido es el Intendente del Maule. Es realmente increíble
constatar que quien tiene la obligación administrativa y moral de solicitar la
investigación de una irregularidad de esta envergadura se haya hecho permanentemente
el leso. Lamentablemente, los Intendentes son “designados” por el Presidente de
la República y sólo se deben a él. Por ello, es indispensable para la dignidad
de las regiones que estos funcionarios sean elegidos por la ciudadanía, de otra
manera, estas acciones de “desparpajo anti-ciudadano” seguirán ocurriendo.
