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| EZIO COSTA, Director Ejecutivo FIMA |
Fuente: El
Ciudadano
A
medida que sabemos cuáles son las más probables consecuencias del cambio climático
en nuestro país, es imprescindible que las comunidades, las empresas, los
municipios, los gobiernos regionales y la Administración central del Estado
tomen acciones en consecuencia de ese conocimiento.
Las
últimas dos semanas han sido ejemplificadoras de los riesgos que el cambio
climático supone, así como de la necesidad de adaptarnos a ellos. Esto, porque
la mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos es una de las
consecuencias que la acumulación de gases con efecto invernadero tiene sobre el
clima. Así lo reconoce por ejemplo el Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés), alertando de un efecto que se
ha hecho sentir fuertemente en los últimos años y que ha tenido en este último
mes su arremetida en nuestro país, con los consiguientes desastres humanos,
sociales, institucionales y ambientales.
El
curso de la humanidad, la indolencia y la escasa voluntad pública por revertir
la situación climática global nos lleva a una terrible realidad: tenemos que adaptarnos. Las
inundaciones y aludes que antes ocurrían cada 30 o 60 años ocurrirán ahora cada
10 o 20 y quizás más. Las sequías que antes duraban 2 o 3 años, ahora
quizás duren 5 o 10 y en algunas partes ya incluso hablar de sequía sea
minimizar el problema, porque todo indica que no volverá a llover en los
niveles anteriores en ningún futuro cercano. Incluso la Dirección Meteorológica
de Chile emitió recientemente los resultados de su estudio sobre el clima de
Chile, concluyendo que en escenarios optimistas, disminuirán a menos de
un 50% de los niveles históricos de lluvias en La Serena, Santiago, Temuco y
Concepción, por nombrar algunos ejemplos. Lo que llamamos sequía
parece quedar descartada como un fenómeno extremo, pasando a ser más bien
estructural. Lo que era pasajero se estaciona. La línea se mueve y es necesario
que nos movamos con ella. Sin embargo, ni la población ni las instituciones
están suficientemente preparadas para este cambio.
En una
columna anterior y a propósito de los incendios en Valparaíso en 2014,
me referí a lo que califiqué de “Anarquía de los riesgos”, que es exactamente
lo mismo que vemos ahora a propósito de las
gravísimas inundaciones en el norte, la sequía generalizada y los incendios
forestales en el sur: la falta de capacidad de respuesta del Estado frente a
estas catástrofes. Entre las causas de esta anarquía se encuentran: la falta
de anticipación (permitiendo a las personas situarse en zonas riesgosas en el
norte, por ejemplo); la ausencia de capacidad institucional (carencia de
instituciones con mandatos claros respecto al manejo de ciertos riesgos); la
inexistencia de procedimientos para evaluar preventivamente los riesgos (en los
planes reguladores, en los permisos de funcionamiento, en las evaluaciones
ambientales) y actuar en consecuencia; y la falta de capacidad material
(insuficientes aviones y helicópteros para combatir el incendio en Panguipulli,
por ejemplo).
Lo que señalo va más allá de las descoordinaciones
anecdóticas (aunque inaceptables) entre distintos organismos, es una
cuestión generalizada que pasa por la no consideración de esta variable de
adaptación. Por eso es necesario un esfuerzo, el cual debe partir
desde la Administración del Estado, pero no puede estar circunscrito a ella. A
medida que sabemos cuáles son las más probables consecuencias del cambio
climático en nuestro país, es imprescindible que las comunidades, las empresas,
los municipios, los gobiernos regionales y la Administración central del Estado
tomen acciones en consecuencia de ese conocimiento; lo cual por supuesto
requiere de una etapa de socialización de esa información y de entregarle a las
distintas instancias las posibilidades materiales para actuar en relación con
los riesgos a los que están expuestos.
Entre las consecuencias del cambio climático
necesariamente tiene que estar una modificación en la manera en que nos
comportamos respecto de los riesgos, especialmente aquellos que están
vinculados a los eventos meteorológicos extremos y que han sido escasamente
abordados por las políticas públicas y la regulación nacional. El
gobierno de los riesgos requiere de la implementación de procedimientos
adecuados tanto en su etapa de detección y valoración, como en la de acción y
en el caso del cambio climático eso pasa necesariamente por dar un mandato
claro a los organismos públicos en el sentido de tener que considerar esta
variable en su toma de decisiones. Ese mandato debe venir contenido en una ley.
EZIO COSTA
Director Ejecutivo
Corporación
Fiscalía del Medio Ambiente
