Culmina Primera Etapa de Marcha Blanca

@vigilantecosta
Después de varios meses de implementación, puesta en marcha y estructurar las mecánicas de trabajo podemos estar tranquilos de que hemos finalizado una primera etapa. Culmina el proceso de asentamiento y marcha blanca en el que pudimos ir definiendo la estrategia y planificación necesaria para nuestro correcto accionar.

Esto implica el comienzo de nuestro trabajo de manera más intensa. Tendremos una actividad en terreno en contacto con las distintas comunidades existentes mucho más permanente y periódica. Continuaremos con las iniciativa de difusión combinadas con estrategias comunicacionales de educación y concientización del manejo y cuidado de nuestros recursos naturales, como así también, a través de todos los medios posibles para que la gente, la comunidad, pueda hacer cada vez más propio nuestro programa. Buscaremos seguir afianzando lazos con las autoridades locales y regionales para contribuir en el logro de nuestros objetivos.

Visualizamos la importancia de que los niños puedan internalizar conceptos de cuidado ambiental por lo que se impulsara la comunicación con los más jóvenes a través de talleres participativos, de interacción y trabajo con el entorno. Y, lo más importante, seguimos recepcionando denuncias que afecten a la zona y sus comunidades para velar por una pronta solución.

Por estos días nos reunimos en la oficina de Santiago para buscar una planificación especifica que pueda incrementar la productividad de nuestras actividades.

Diputados aprueban creación del Ministerio del Medio Ambiente

La Cámara de Diputados despachó al Senado para cumplir su segundo trámite constitucional el proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad ambiental para el país. Esta se formará con un Ministerio, un Servicio de Evaluación Ambiental y una Superintendencia del Medio Ambiente.

El Ministerio definirá las políticas y diseñará la regulación; el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobará las políticas y regulaciones; el Servicio de Evaluación Ambiental administrará las evaluaciones e informará las líneas de base, y la Superintendencia gestionará un sistema integrado de fiscalización ambiental.

La Cámara aprobó la iniciativa legal, en general, por 101 votos a favor. El único artículo que no alcanzó el quórum necesario para ser aprobado fue el 86. Este señalaba que "los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación, y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario".

Añadía que "las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental conformarán un comité técnico integrado por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, quien lo presidirá, y el Director Regional de Evaluación Ambiental, los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia del medio ambiente, incluido el Gobernador Marítimo correspondiente y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este comité elaborará un acta de evaluación de cada proyecto que será de libre acceso a los interesados".

Estructura

El Ministerio se compondrá de una subsecretaría y seis divisiones, Seremías y Consejos Consultivos a nivel nacional y regional. La Superintendencia tendrá competencia en resoluciones de calificación ambiental, en medidas establecidas en planes de prevención y descontaminación, en normas de calidad y de emisión de riles y en planes de manejo de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

El Ministerio tendrá las siguientes dependencias: una subsecretaria que tendrá a su cargo seis divisiones que asumirán los siguientes temas: regulación ambiental; información y economía ambiental; educación, participación y gestión local; recursos naturales y biodiversidad; cambio climático y cumplimiento de tratados internacionales, y planificación y gestión.

Además, existirán los Secretarios Regionales Ministeriales, y se mantendrá la estructura de los Consejos Consultivos a Nivel Nacional y Regional.

El Servicio

El Servicio de Evaluación Ambiental estará a cargo de la administración del SEIA y en el mediano plazo simplificará el otorgamiento de permisos ambientales y proporcionará información sobre las mejores técnicas disponibles. El Servicio estará a cargo de un director que será seleccionado por el Sistema de Alta Dirección Pública, desconcentrado territorialmente y cuyos directores regionales también serán seleccionados por dicho Sistema.

La Superintendencia

La Superintendencia de Medio Ambiente será un órgano autónomo. El Superintendente será nombrado por el Presidente de la República mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, y tendrá como función principal administrar un sistema integrado de fiscalización ambiental destinado a garantizar el debido cumplimiento de las regulaciones ambientales.

La Superintendencia tendrá competencia sobre las resoluciones de calificación ambiental que aprueben proyectos de inversión y que hayan sido evaluados por el SEIA, y respecto de las medidas establecidas en planes de prevención y programas de descontaminación. Esta última posibilidad actualmente no existe y, además, la Superintendencia tendrá facultades para fiscalizar el sector público como al privado.

Asimismo, el organismo tendrá competencia para fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad y de emisión en los casos que corresponda, específicamente en los casos de residuos industriales líquidos a cursos superficiales de aguas, que actualmente son realizados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. También tendrá competencia para fiscalizar los planes de manejo de la ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

La Superintendencia tendrá tres formas de fiscalización: directa, realizada a través de funcionario de la propia Superintendencia; sectorial la que se hará de conformidad a los programas y subprogramas de fiscalización definidos entre los sectores y la Superintendencia, y por último la privada, que se efectuará mediante un sistema de certificación de conformidad, sujeto a un sistema de acreditación administrado por la propia Superintendencia.

Costos

El proyecto representa un mayor costo fiscal anual de $ 4.100 millones, de los cuales $ 3.100 millones se destinarán a personal y $ 1.000 millones a gastos de operación asociados, los que se financiarán con recursos previstos en las respectivas leyes de presupuestos.

El texto busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y alcanzar el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Martes 5 de mayo de 2009

Reunión Comisión Medioambiente Capitulo Regional de Municipios

Hoy estuvimos en Constitución invitados participar en una reunión ordinaria de la Comisión de Medioambiente del Capitulo Regional de Municipios en la cual se debatieron distintos temas o problemáticas existentes en la región del Maule.

En primer termino se debatió sobre el Proyecto Termoeléctrico Los Robles sus escenarios legales futuros y la posición de la Comisión fue enfática en señalar la oposición a la construcción de la Planta a Carbón de AES Gener en el sector de Punta Pacoco. Esto viene a ser una reafirmación de la postura que el municipio de Constitución había adoptado en el período actual. El alcalde local, Hugo Trillería, manifiesta el rechazo absoluto por parte del Consejo de Constitución y menciona que en el mes de mayo van a trabajar activamente en fortalecer su negativa a la planta. Comenta, además, que ejecutivos de la empresa (AES) le han contactado en diversas oportunidades y que ya comienzan a realizar un trabajo comunicacional a favor del proyecto en algunas localidades circundantes a la ciudad de Constitucion.

Se informa que se desarrollará prontamente un Congreso Nacional de Medioambiente alrededor de la Segunda Quincena de Agosto. Previo a ello se postula la necesidad de realizar un Congreso Regional de Medioambiente Extraordinario para el mes de mayo en el que se puedan evaluar conceptos de educación y medioambientes. Esto con la idea de tener una base argumentativa para trabajar en el Congreso Nacional.

Se menciona la necesidad de que exista una comunicación o coordinación legal entre los abogados participantes en las distintas estrategias juridicas existentes.

Se acuerda poder estudiar la Ley de Base 19.300 con la idea de identificar sus falencias y, desde el punto de vista regional, contribuir en su perfeccionamiento.

En mis intervenciones pude poner de manifiesto la necesidad de seguir fortaleciendo la participación ciudadana. Además se hizo mención de la carta enviada a la Presidenta Bachelet y su anexo en cuanto a la participacion ciudadana. Además pude mencionar algunas inquietudes respecto de daños ocasionados en el sector costero de la comuna de Pelluhue relacionado con la explotación de las rocas y la falta de ordenamiento en ese sentido. Tambien se señala el exceso de basura y la pesca de arrastre en las bocas de algunos ríos cuestión que preocupa a los habitantes de la zona.

En lineas generales fue una reunión muy positiva y es un gran avance que los municipios esten incorporando la temática medioambiental al interior de sus administraciones. Esto pensando en que se piensa en la creación de departamentos relacionados especificamente con el tema medioambiente.

Asistentes: Eduardo Gallardo - Chanco / Marcelo Waddington - Chanco / Mario Quiñones - Chanco / Mireya Carrasco Jara - Empedrado / Gisela Saez - Pelluhue / Rodrigo de la O - Pelluhue / Christian Ramirez - Empedrado / Manuel Martinez - Capitulo Regional / Javier Cancino - Concejal Chanco / Guadalupe Muñoz - Constitucion / Jorge Aravena Alcaino / Carlos Zuñiga - Constitucion / Juan Carlos Riquelme - Depto. Medioambiente Constitución

DISCUSIÓN CRÍTICA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL EN CHILE

ANEXO 1

Síntesis de Conclusiones:
DOCUMENTO ELABORADO POR COMUNIDADES EN CONFLICTO CON PLANTAS DE CELULOSA DE LA EMPRESA CELCO-ARAUCO
Valdivia, 8 de octubre de 2007

1. PRESENTACIÓN
El presente documento sintetiza los resultados de la discusión llevada a cabo en Valdivia, por representantes de comunidades involucradas en conflictos ambientales con plantas de celulosa de la empresa CELCO-ARAUCO, en relación a la participación ciudadana dentro del debate en curso sobre la reforma ambiental de Chile.

Dicha discusión se llevó a cabo en el marco de los “Diálogos Ambientales” convocados por Fundación Terram, y organizados localmente por comunidades y organizaciones involucradas en conflictos ambientales en distintas regiones del país. En el caso de la actividad realizada en Valdivia, la organización estuvo a cargo de Acción por los Cisnes[1] y contó con la participación de las siguientes personas y representantes de comunidades u organizaciones[2]:

- Salvemos Cobquecura y Club de Surf de Cobquecura, Cobquecura, Región del Bío-Bío, comunidad enfrentada a la futura descarga al mar de la planta de celulosa Nueva Aldea de CELCO-ARAUCO, localizada en el Valle de Itata.
- Vecinos de Licantén, en la Región del Maule, comunidad afectada por los impactos causados por la planta Licancel de CELCO-ARAUCO, en el Río Mataquito.
- Mujer de Mehuín, Mehuín, Región de Los Ríos, comunidad enfrentada a la planta Valdivia de CELCO-ARAUCO, localizada en la localidad de San José de la Mariquina, por los planes de la empresa de construir un ducto de descarga de sus RILES al mar.
- Acción por los Cisnes, Consejo de Lonkos de la Pikunwillimapu, Centro de Estudios Ambientales (CEAM) de la Universidad Austral de Chile y Proyecto Raluya de la Universidad Austral de Chile, todos de la Región de los Ríos, y enfrentados al desastre causado por la planta Valdivia de CELCO-ARAUCO.

Además, participaron representantes de las siguientes organizaciones:
- Coordinadora por la Defensa del Río San Pedro, Comuna de Los Lagos, Región de los Ríos, enfrentada a una central hidroeléctrica de la empresa Colbún en el Río San Pedro (Calle-Calle), pronta a iniciar una segunda evaluación de impacto ambiental luego de haber sido retirada del primer proceso.
- Observatorio Latinoamericano de Pueblos Indígenas, con sede en Temuco.
- Red de Acción por la Justicia Ambiental (RAJAS) (red nacional).

La principal conclusión del debate realizado es que las experiencias de participación ciudadana ocurridas en el marco de la Ley de Bases del Medio Ambiente generan un alto nivel de desconfianza hacia la verdadera función que tales mecanismos de participación cumplen dentro de la actual institucionalidad ambiental. A juicio de los asistentes al taller, los mecanismos de participación ciudadana ambiental hoy existentes -en particular los que forman parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA)- terminan en la práctica desincentivando, neutralizando e incluso instrumentalizando la participación de los habitantes y comunidades potencialmente afectados por los proyectos de inversión.

La mejor ejemplificación de lo anterior queda ilustrada en el hecho que la sola presencia de las comunidades en los eventos oficiales de participación organizados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) o el mero envío de observaciones ciudadanas dentro del SEIA, son posteriormente utilizados por las autoridades para validar sus resoluciones sobre los proyectos evaluados ambientalmente, aún cuando los planteamientos ciudadanos no hayan sido siquiera considerados en la decisión final.

A juicio de los asistentes al taller, esta manera de proceder es reflejo de un concepto formal y estrecho de la participación, donde las contribuciones de los ciudadanos ocupan a priori un lugar marginal del proceso de toma de decisiones, independientemente del valor que éstas puedan tener.

Respecto de lo anterior, los asistentes confirmaron que luego de pasar por la experiencia de la evaluación ambiental de proyectos, su nivel de conocimiento científico-técnico sobre los impactos analizados superaba muchas veces el de los funcionarios públicos encargados de emitir los informes y resoluciones. A pesar de ello, la inexistencia de una instancia donde las comunidades puedan confrontar de manera sistemática y pública su conocimiento y argumentos con el de los servicios públicos y autoridades, termina por legitimar los vacíos y deficiencias de los estudios presentados por los proponentes. Esto no hace sino aumentar el sentimiento de arbitrariedad en los afectados, al constatar que el esfuerzo por prepararse técnicamente no aumentaba en nada, o sólo tangencialmente, su poder de incidir en la decisión final.

Incluso en los casos donde las comunidades accionaron administrativa o legalmente para impugnar con argumentos técnicos y científicos las resoluciones ambientales, esperando encontrar un mayor eco a sus planteamientos en instancias superiores de decisión, declararon haber terminado topándose tarde o temprano con una barrera (formal, legal o política) que impedía un debate serio de los argumentos ciudadanos.

Considerando que las comunidades deben proveerse a sí mismas de sus propios recursos para analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), formarse técnicamente en los tópicos que tales estudios consideran y elaborar documentos con sus observaciones -todo lo cual implica una enorme inversión en tiempo y dinero- esta recepción sólo formal y discriminatoria sobre la validez de sus argumentos termina generando una alta frustración y un gran resentimiento sobre la real incidencia que la participación ciudadana tiene en los procesos de evaluación ambiental.

Así, la percepción final que las comunidades asistentes al taller compartieron es el de haber sido utilizadas para que su participación en el SEIA legitimara socialmente tanto el proceso de evaluación ambiental como las resoluciones finales sobre los proyectos. Todo ello termina generando una enorme desconfianza en los procesos de participación ciudadana dentro del SEIA y en las resoluciones sobre los proyectos. Superar dicha desconfianza parece ser, por tanto, una condición mínima para reiniciar el diálogo con las agencias estatales.

Es por todo lo anterior que, reconociendo la relevancia del actual debate nacional para la reforma de las instituciones ambientales de Chile, y declarando un genuino interés por contribuir a dicho proceso desde la experiencia ciudadana, los asistentes al taller de Valdivia resolvieron que su proceso de discusión se realizara de manera absolutamente autónoma e independiente del proceso de debate sobre la reforma ambiental convocado por la actual Ministra de Medio Ambiente, a fin de impedir cualquier forma de instrumentalización de sus planteamientos.

En resumen, el presente documento es una síntesis de las conclusiones del taller de Valdivia y ha sido preparado con el propósito de aportar al debate ciudadano sobre la institucionalidad ambiental de Chile.

2. SÍNTESIS DE CONCLUSIONES
A continuación se presentan las principales conclusiones del taller, ordenadas temáticamente.

2.1 El sentido de la participación ciudadana ambiental
La participación es uno de los seis principios en los que se basó la Ley de Bases sobre el Medio Ambiente (LBMA), promulgada en abril de 1994. Si bien el sentido de la participación ciudadana nunca fue definido de forma precisa, ni en la LBMA ni en el Reglamento del SEIA (en vigencia desde 1997), éste se desprende del Mensaje que el Presidente Aylwin envió al congreso junto al proyecto de ley, en 1992, el que señalaba textualmente que con los mecanismos de participación ambiental se buscaba que los afectados por los impactos de un proyecto pudieran “accionar para proteger el medio ambiente”, llegando incluso a “impugnar los nuevos proyectos en proceso de autorización por causar un impacto ambiental significativo y negativo sobre el ambiente”. El mensaje presidencial agregaba que de esta forma se esperaba “evitar que se sigan instalando procesos productivos que puedan causar graves deterioros al medio ambiente”.

De lo anterior se desprende que el propósito original de la participación ciudadana, tal como estaba concebida en el proyecto de ley original, era ser un contrapeso de los intereses económicos de los proponentes a fin de que los objetivos de protección ambiental y de prevención de impactos ambientales pudieran ser garantizados por el Estado.

Sin embargo, en los hechos la participación ciudadana en la LBMA y en el SEIA ha quedado reducida a un mero procedimiento formal, con nulo poder de modificar o incidir en la decisión de los evaluadores públicos, que por lo general está a priori inclinada hacia el interés de los proponentes. Con ello, la participación ciudadana ha sido despojada de su sentido original y tanto la CONAMA como los organismos públicos responsables de la evaluación ambiental de los proyectos se enfrentan permanentemente al dilema de intentar convencer a los ciudadanos que participen, sabiendo de antemano que sus aportes serán subvalorados o incidirán sólo de manera marginal en las decisiones.
Lo anterior se explica por el hecho que tanto la puesta en marcha de la LBMA así como la promulgación y puesta en aplicación del Reglamento del SEIA ocurrieron durante el período presidencial de Eduardo Frei (1994-2000), quien instauró lo que ha sido bautizada como “la doctrina Frei de los impactos ambientales consumados”[3]. En síntesis, el principio en el que se sustentó esta doctrina, acuñado por el Presidente Frei, es que “ninguna inversión se detendría por consideraciones ambientales”. La implicancia práctica era que el SEIA no estaba diseñado para rechazar proyectos sino para “mejorarlos ambientalmente”, precepto que ha sido parte sustancial del discurso ambiental de todos los gobiernos posteriores.

Dado que los proyectos no podían ser rechazados, o sólo podían serlo de forma excepcional, las autoridades ambientales se vieron obligadas a aprobarlos con condiciones que buscaban minimizar los impactos o incluso completar serios vacíos metodológicos o de línea base detectados durante la evaluación. De esta forma, la doctrina Frei redujo el principio preventivo que estaba en la base de la institucionalidad ambiental a la aprobación condicionada de proyectos, supeditando con ello la evaluación técnica de los organismos competentes al criterio político de las autoridades regionales.

La demostración de tal práctica se expresó en el apoyo público de Frei a proyectos como los de Trillium y Ralco, antes de que sus respectivas evaluaciones ambientales concluyeran, y a pesar de los informes técnicos en contrario. En el caso de la Planta de CELCO en Valdivia, el Comité Técnico de la COREMA X rechazó el proyecto en enero de 1996 por considerarlo ambientalmente inviable, pero dos meses más tarde Frei puso la primera piedra de la industria obligando a la COREMA X a aprobarla con condiciones que en su mayoría no se fiscalizaron ni se cumplieron.

Todo lo hasta aquí señalado redunda, finalmente, en que las comunidades perciban que sus expectativas de participación son manipuladas intencionadamente por las autoridades. La acumulación de las frustraciones derivadas de experiencias de participación fallidas explica que uno de los asistentes al taller de Valdivia afirmara que “a los dirigentes vecinales, cuando nos hablan de participación ciudadana, nos da miedo; nos preguntamos, ¿qué pescado podrido nos van tratar de vender ahora?. Inmediatamente percibimos un intento de pasarnos gato por liebre”.

A menos que se recupere el sentido original de la participación en la LBMA y en el SEIA será imposible revertir la falta de legitimidad social que hoy día tienen los mecanismos de participación ciudadana ambiental, y la desconfianza que ello lleva aparejada hacia las decisiones e instituciones ambientales en general.

2.2 Desequilibrio de poder entre ciudadanos y proponentes
La pérdida del sentido original que la participación ciudadana tenía en la LBMA llevó inevitablemente a que la CONAMA y los demás organismos públicos actuaran en los hechos, desvalorando el rol y aporte de los ciudadanos en el proceso de evaluación ambiental, aún cuando en su discurso insistieran en la importancia de que los ciudadanos participaran.

En efecto, la CONAMA insiste en la importancia de la participación ciudadana en el SEIA a la vez que promueve eventos para que los proponentes expongan sus proyectos ante las comunidades. Por su parte, estos gestos son interpretados por las comunidades como un respaldo oficial a lo que consideran como su derecho de participación, esperando que ello se traduzca en su capacidad de incidir de manera directa y significativa en la decisión final sobre los proyectos. Sin embargo, a poco andar las comunidades toman conciencia que no existe ni voluntad política ni instrumentos legales que garanticen su derecho de incidir en las decisiones del SEIA a través de la participación ciudadana.

Esta contradicción se ha ido haciendo cada vez más explícita, al punto que muchas comunidades que han atravesado por la experiencia de participación ciudadana ambiental en el SEIA o fuera de él, concluyen que los mecanismos de participación están concebidos como un “blanqueo social” o “maquillaje” de aprobaciones de los proyectos que están tomadas a priori.

Por otra parte, al estar la balanza inclinada hacia los proponentes, los ciudadanos perciben falta de imparcialidad en las decisiones ambientales, lo que socava la confianza social y la credibilidad en el SEIA. Así, este sistema termina siendo visto como intervenido por intereses políticos y económicos y sin autonomía técnica.

A su vez, la falta de peso de la participación ciudadana en las decisiones y la cuasi-garantía que los proponentes tienen de que sus proyectos serán aprobados, explica que las empresas enfrenten la evaluación ambiental en el SEIA con una gran cuota de poder, que sólo se ve mermada cuando ocurren conflictos que alcanzan alguna figuración mediática, afectando su imagen pública.

Es por ello que como parte de los procesos de evaluación ambiental las empresas suelen invertir enormes cantidades de recursos destinados a hacer donaciones y aportes directos a las comunidades potencialmente afectadas, además de agresivas campañas comunicacionales que buscan convencer a la audiencia sobre los beneficios de sus proyectos.

Todas las comunidades que participaron en el taller de Valdivia afirmaron que la “compra de conciencias” se ha convertido en una de las herramientas preferidas por las empresas para neutralizar la resistencia ciudadana a sus proyectos y lograr apoyo político entre autoridades locales, generalmente llanas a aceptar dinero para sus reducidas arcas municipales. Más aún, en el caso de varias de las comunidades afectadas, en especial de las más pequeñas y dependientes económicamente de las empresas proponentes, se constata la existencia de un verdadero clima de terror en el que los habitantes se sienten impedidos hasta de hablar con sus vecinos sobre las ilegalidades y abusos de las empresas, debido al temor de ser despedidos o recibir represalias.

La situación más extrema es la que le ha tocado vivir a la comunidad de Mehuín. A partir del año 2005, cuando CELCO-ARAUCO pretendió realizar un EsIA para descargar los residuos de su planta Valdivia en la costa de Mehuín, esta localidad ha enfrentado una campaña de intimidación en que ha participado no sólo la empresa, sino también el gobierno y las Fuerzas Armadas. Durante uno de los episodios más violentos se registraron cortes de luz y presencia de fuerzas especiales de Carabineros y Marinos armados, que dispararon a los pescadores que intentaban impedir las mediciones de CELCO-ARAUCO en alta mar. Todo ello ha causado gran temor y alarma en los adultos y, especialmente, en los niños, que se sienten amenazados en su integridad. Para muchos habitantes de Mehuín, la situación vivida supera incluso en nivel de represión y violencia a los peores episodios que vivieron durante la dictadura militar.

En estas condiciones, la participación ciudadana ambiental se enfrenta con un escenario cada vez menos favorable, donde no sólo carece de un real reconocimiento y valoración por parte de las autoridades y organismos públicos, sino que además debe enfrentarse con el enorme poder económico y mediático de las empresas, el que no recibe ningún tipo de limitación o censura de parte de las autoridades. Un asistente al taller de Valdivia señaló “parece que esa es la participación ciudadana que nos ofrecen: decir sí o no a la plata de las empresas”.

Si la participación ciudadana ambiental ha de ser tomada en serio, las autoridades deben resguardarla como derecho ciudadano, incluyendo entre las medidas mínimas que lo garanticen el que los aportes ciudadanos a la evaluación de los proyectos sean verdaderamente considerados con el peso que corresponde a su mérito y que las empresas sean impedidas de distribuir dinero entre los afectados o poner en marcha campañas comunicacionales que desinforman a la población.

2.3 Desinformación y silencio público
El desequilibrio de poder antes descrito se exacerba producto de la omisión que la CONAMA y demás organismos con competencias ambientales hacen de su propia opinión técnica frente a proyectos que son cuestionados por los ciudadanos. Existen casos paradigmáticos que ejemplifican esta situación, como el del desastre del humedal del Río Cruces en Valdivia, donde la CONAMA tardó más de dos años en declarar públicamente -a través de la actual Ministra del Medio Ambiente, en agosto de 2007- que considera a CELCO-ARAUCO como responsable de los daños ocurridos, principal conclusión del estudio científico contratado por la misma CONAMA y cuyo informe final fue divulgado en abril del 2005.

Estas situaciones en que las autoridades y organismos ambientales guardan silencio sobre su opinión técnica en relación a los proyectos o sus impactos, ocurren de forma frecuente en el marco del SEIA. Un ejemplo que se repite es el de las empresas que presentan sus EsIA en talleres públicos convocados y organizados por las propias CONAMAs. En ellos, los asistentes escuchan la posición de las empresas sin ningún contrapeso que les permita analizar críticamente la información que se les presenta. Más aún, las empresas pueden incluso presentar información incompleta, sesgada o derechamente falsa, sin que reciban ningún reparo o comentario de los funcionarios públicos que actúan como organizadores y convocantes.

Los ciudadanos que se inician en la experiencia de participación en el SEIA esperan que la CONAMA, como organismo responsable del SEIA, desempeñe un rol neutral. Por lo mismo, ni siquiera pueden sospechar que con su silencio la CONAMA pudiera estar avalando la desinformación que se deriva del hecho que las empresas no tienen contrapeso alguno en sus planteamientos durante estos eventos públicos de participación. El resultado es que los talleres de participación organizados por las CONAMAs terminan muchas veces neutralizando las inquietudes ciudadanas y favoreciendo la desinformación de la comunidad.

Si realmente se quiere promover y apoyar la participación de las comunidades potencialmente afectadas en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, es fundamental que las autoridades den a conocer públicamente sus críticas a los EsIA presentados por los proponentes. Más aún, la CONAMA debiera promover la presencia de expertos independientes de la empresa en las actividades de difusión de los EsIA.

Otra faceta del silencio en que se amparan los tomadores de decisión es el de la inexistencia o incumplimiento de los plazos para dar respuesta a las acciones administrativas que los ciudadanos ejercen ya sea dentro del SEIA o a través de mecanismos complementarios.

Un ejemplo de ello es el recurso presentado por la comunidad de Cobquecura ante el Consejo de Ministros de la CONAMA -en cuanto instancia jerárquica superior a la CONAMA VIII- para demandar una nueva revisión de las observaciones ciudadanas formuladas al EsIA del ducto de la planta Nueva Aldea de CELCO-ARAUCO. A la fecha, y trascurridos más de 600 días, los ciudadanos no han recibido respuesta a su presentación.

Un caso similar es el de la comunidad de Valdivia, que accionó administrativamente ante el mismo Consejo de Ministros de la CONAMA en contra de la resolución de la COREMA X que le permitió a la planta Valdivia de CELCO-ARAUCO seguir descargando los compuestos causantes del desastre del Río Cruces, sin que se haya realizado hasta la fecha la evaluación ambiental de sus impactos, exigida legalmente. Los ciudadanos fueron notificados que su recurso estaba erróneamente dirigido a la Directora Ejecutiva de la CONAMA y Secretaria Ejecutiva del mencionado Consejo, por lo que fue declarado inadmisible. Ninguna instancia se pronunció siquiera sobre la multitud de argumentos, datos y peticiones legales y técnicas formuladas por los ciudadanos.

Finalmente, la crítica de fondo a la desinformación que parece consustancial al actual diseño del SEIA, es que son las propias empresas quienes contratan, financian y controlan a los expertos encargados de realizar la evaluación ambiental de sus proyectos. A menos que el sistema obligue a las empresas a financiar estudios independientes -por ejemplo, a través de un registro de consultoras acreditadas que son asignadas al azar y evaluadas internacionalmente en su desempeño- será imposible superar los vicios actuales del SEIA en relación a la calidad técnica de los EsIA.

2.4 Desigualdad de recursos para participar
Relacionado con el tema anterior, está la enorme carencia de recursos con que las comunidades deben enfrentar la tarea de la participación ciudadana ambiental. Una de las lecciones mencionadas por los asistentes al taller de Valdivia es que la única forma de que la participación ciudadana formal dentro del SEIA tenga alguna resonancia es a través de una inversión desmedida de recursos, tanto en términos de tiempo y dinero pero, sobre todo, de sacrificio de la vida profesional, familiar y personal.

La conclusión es que el sistema es altamente desigual en términos de acceso a la información, a la interlocución con las autoridades y a los recursos técnicos por parte de los ciudadanos, que la única forma de inclinar un poco la balanza es con una comunidad que se vuelque por completo al objetivo de evitar o reparar un daño ambiental.

Para que las comunidades logren abrirse un mínimo espacio de incidencia dentro de los mecanismos formales de participación ciudadana ambiental, deben estar tremendamente afectadas por los impactos de los proyectos, tener un alto nivel de cohesión social y un buen acceso a recursos científicos y técnicos propios o de terceros. Es decir, deben ser comunidades excepcionales. Por el contrario, una comunidad dividida en relación a su opinión sobre el proyecto o sin posibilidad de volcarse a enfrentar con sacrificio y compromiso un proceso de participación ciudadana dentro del SEIA, tendrá pocas posibilidades de escapar a la cooptación que intentarán ejercer sobre ella tanto las autoridades como los proponentes

Es justamente producto del esfuerzo descomunal de los ciudadanos por informarse y capacitarse para fundamentar sus argumentos sobre los proyectos y sus impactos, que muchas comunidades terminan manejando un nivel de conocimiento técnico que supera con mucho al de los funcionarios públicos encargados de realizar la evaluación ambiental. Cuando esto es a su vez comprobado por los propios funcionarios públicos, los evaluadores se sienten cuestionados en sus competencias y prefieren refugiarse en la formalidad de sus cargos y roles para evitar la ácida crítica ciudadana. Con ello se produce un agravamiento de la discriminación y un desequilibrio de poder que perjudica aún más la opinión de los ciudadanos.

2.5 Incentivos a la participación extra-sistema
Derivado de lo anterior, es que las comunidades que asistieron al taller de Valdivia coincidieron en que una vez que se han copado todos los espacios de participación ciudadana disponibles, de forma seria y responsable, se llega tarde o temprano a la conclusión inevitable de que la mera argumentación científica y legal no basta, y que la única forma de lograr incidir en la decisión sobre los proyectos es recurriendo a la presión política y a la movilización social.

Si las propias CONAMAs y COREMAs desconocen los argumentos técnicos y científicos generados por los servicios públicos o los consultores contratados por ellos, ¿por qué tendrían los ciudadanos que esforzarse tanto en emitir opiniones técnicamente fundamentadas? Pero, por otra parte, no hacer dicho esfuerzo impide toda incidencia, pues ninguna opinión ciudadana será siquiera procesada a menos que esté fundamentada técnicamente, en el lenguaje de la evaluación de impactos ambientales.

En definitiva, los ciudadanos se ven en una disyuntiva que parece no tener salida dentro del SEIA. Así, los ciudadanos concluyen que, más que entrar en una discusión técnica rigurosa, que incluso obligaría a reconocer que no todos los aspectos de los proyectos son negativos ni todos los impactos son perjudiciales, lo que conviene al propósito de las comunidades es simplemente negarse y oponerse a los proyectos sin importar los argumentos que se utilicen. En definitiva, en los hechos se incentiva la participación y movilización ciudadana al margen del SEIA.

El incentivo a la participación ciudadana extra-sistema se ve reforzado por el hecho que la decisión final sobre los proyectos no sólo es política, sino que muchas veces contraviene los propios informes técnicos de los evaluadores e incluso, la legislación y las normas ambientales vigentes.

Finalmente, señaló un participante del taller, “el gobierno nos ha enseñado que la participación ciudadana responsable, organizada, con argumentación científica, no sirve de nada”.

2.6 El papel de la ciencia
Sobre el rol que desempeña la ciencia como institución y los científicos como actores sociales, los asistentes también fueron críticos al señalar que la revisión de los EsIA no involucra necesariamente al conocimiento científico, sino que corresponde a una técnica donde la ciencia participa como un ingrediente más del proceso de toma de decisiones. Por lo mismo, la ciencia en el SEIA queda reducida a su dimensión tecnocrática, quedando disponible para ser utilizada con el fin de justificar una decisión que ya está tomada, como la de aprobar los proyectos evaluados, independientemente de sus impactos.

Por tanto, así como la participación ciudadana sería instrumentalizada para legitimar socialmente la aprobación de los proyectos, la ciencia sería instrumentalizada para justificar dicha decisión. “Lo que diga un supuesto científico revestido de poder, es superior a cualquier argumento que pueda hacer un ciudadano”, señaló uno de los asistentes al taller.

Como efecto de detectar tal instrumentalización de la ciencia, muchas comunidades terminan también desconfiando de los científicos y de su rol en el SEIA. Esto se explica en el hecho que la mayoría de los científicos opta por tomar distancia de los ciudadanos por temor a que sus conocimientos sean simplificados, sacados de contexto o reducidos a meras consignas de protesta dentro del conflicto.

Los ciudadanos, por su parte, perciben estas actitudes como ocultamiento de información o falta de compromiso con la realidad por parte de los científicos. También contribuye a ello el que los científicos involucrados en los EsIA -como asesores de la CONAMA o de los proponentes- no estén suficientemente capacitados en los temas que se analizan y, al igual como ocurre con los funcionarios públicos, las comunidades constaten su ignorancia y limitaciones, lo que acrecienta la desconfianza hacia el papel que desempeña la ciencia.

2.7 Cambios propuestos
A continuación se resumen algunas propuestas que surgieron del taller de Valdivia en relación a transformaciones de fondo, estratégicas, de enfoque y de diseño sobre la participación ciudadana en la institucionalidad ambiental.

2.7.1 Cambios de fondo: derechos ciudadanos y democracia
Tal como citó uno de los asistentes al taller, hace unos meses The Economist publicó los resultados de su estudio “El Mundo en 2007”, donde en relación a la democracia chilena señalaba que ésta se caracterizaba por ser imperfecta debido a los débiles espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones[4]. De forma consistente con lo anterior, los asistentes al taller concordaron en que las deficiencias de la participación ciudadana ambiental son la expresión puntual de un vacío que afecta al sistema democrático en su conjunto.

Conflictos ambientales como los vividos por las comunidades asistentes al taller dejan al descubierto las debilidades de la democracia ante ciudadanos desconcertados que sienten haber perdido la ingenuidad: súbitamente son concientes de que la democracia en la que creían habitar era tan frágil y precaria como los derechos que pensaban tener garantizados por el Estado, y que ven tensionados por fuertes intereses económicos corporativos.

Finalmente, los ciudadanos se preguntan, ¿cuáles son entonces nuestros derechos?; ¿es verdad que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación?; ¿quién nos protege cuando este y otros derechos están siendo afectados?; ¿quién nos protege cuando un proyecto de inversión privada afecta nuestros sistemas de vida, nuestras fuentes de trabajo y nuestra salud?

Los asistentes al taller propusieron operacionalizar los derechos ciudadanos para definir el listado mínimo aceptable, desde la perspectiva de las comunidades. Y, a la vez, exigirle al Estado que defina cuáles son los instrumentos que garantizarán y protegerán tales derechos mínimos priorizados por los ciudadanos. Un asistente propuso que “así como los empresarios exigen reglas claras para invertir, los ciudadanos deben exigir derechos claros para participar”.

En definitiva, cualquier cambio de fondo al sentido y peso de la participación ciudadana ambiental pasa por transformaciones más globales de las instituciones democráticas y de la cultura política que impera en la sociedad.

Un ejemplo claro de ello es la necesaria democratización de las COREMAs, actualmente presididas por los Intendentes designados por la Presidencia y conformadas completamente por cargos designados políticamente -SEREMIs, jefes de servicios y Gobernadores- o por representantes de los partidos políticos en los Consejos Regionales (CORE). Si se pretendiera acercar la decisión de las COREMAs a los intereses ciudadanos y hacer más transparentes los elementos considerados en tales decisiones, la elección directa de las autoridades regionales y provinciales, y de los Consejeros Regionales, sería sin duda un paso relevante.

Considerando que la elección directa de las autoridades regionales se vislumbra como una reforma de mediano plazo, el diseño de la nueva institucionalidad ambiental debiera hacerse cargo de la necesaria democratización de las COREMAs a través de modificar su composición e incorporar procedimientos que obliguen a sus integrantes a rendir cuentas sobre sus decisiones.

Los asistentes al taller señalaron que estas transformaciones más estructurales favorecerían a su vez procesos de democratización en ámbitos como el indígena o el de las juntas de vecinos, equivalentes en su profundidad a los ocurridos en la institucionalidad ambiental.

Finalmente, los asistentes al taller estuvieron de acuerdo en que sólo en la medida que se profundice la democracia será posible avanzar hacia un desarrollo más equitativo, que considere las prioridades e intereses de los habitantes: una mayor distribución del poder político en la sociedad acercaría a los tomadores de decisión a las necesidades de las personas, aumentando el control social sobre las decisiones.

2.7.2 Nuevas formas de participación
Otra de las conclusiones del taller fue constatar el desinterés que actualmente existe hacia el trabajo público. Como dijo un asistente, “en todo tipo de organizaciones la gente prefiere no asumir cargos de dirigencia para no meterse en problemas. En las familias de dirigentes sociales, los papás les dicen a sus hijos ‘mejor que no te metas, mira lo que me pasó por asumir una responsabilidad’. Eso enrarece el clima interno de las organizaciones y aumenta la desconfianza social”. Así, la desconfianza y el miedo son dos emociones que se han ido instalando con fuerza en el mundo de las organizaciones sociales.

Lo anterior es interpretado como un síntoma de la crisis por la que atraviesan las formas más tradicionales de ciudadanía, lo que indudablemente perjudica la posibilidad de enfrentar los temas más complejos, como los ambientales. Por lo mismo, los asistentes concluyeron la necesidad de crear canales de participación alternativos a los que propone el Estado, desde los cuales se puedan articular los objetivos compartidos por las comunidades. Entre otros ejemplos de experiencias positivas se mencionaron los referéndums comunales, el desarrollo de presupuestos participativos y la planificación participativa, todos enfoques que permiten involucrar a las comunidades en la discusión sobre las opciones de desarrollo.

Según la opinión de los asistentes, un tema estrechamente relacionado con las nuevas formas de participación ciudadana es el de la manera en que se establecen las prioridades de la agenda pública. Los asistentes manifestaron dudas respecto a si la prioridad que usualmente se les da a los temas ambientales refleja el real interés de las personas, sobretodo de comunidades cuyos estilos de vida están muy relacionados con el uso y control de recursos naturales.

A modo de ejemplo, se mencionaron los casos de Cobquecura y Valdivia, donde encuestas conducidas por los respectivos municipios permitieron concluir que los ciudadanos no sólo consideran los temas ambientales entre las principales prioridades de la gestión comunal (Valdivia), sino que apoyaron mayoritariamente campañas como la realizada por el Alcalde de Cobquecura en contra del ducto de CELCO-ARAUCO para la descarga al mar de los desechos de la planta Nueva Aldea, en Itata. Ambos casos estarían demostrando que en ciertas condiciones los procesos de participación ciudadana ambiental liderados por los ciudadanos logran generar cambios de conciencia que a la larga modifican las prioridades de las personas. Por lo mismo, se concluyó la centralidad de los procesos de educación ambiental y ciudadana, en las transformaciones propuestas. Relacionado con ello, se consideró fundamental recuperar los derechos sociales y ciudadanos que ya han sido conquistados en etapas históricas anteriores y que hoy parecen muchas veces estar en entredicho.

2.7.3 Cambios estratégicos: ordenamiento del territorio y control de los recursos
Los asistentes estuvieron de acuerdo en que no puede haber una participación ciudadana verdadera si los habitantes de los territorios permanecen marginados de las decisiones sobre el uso de los recursos naturales. Un enfoque necesario, por tanto, es el ordenamiento del territorio con participación de sus habitantes, donde, entre otras cosas, se defina la ubicación de las industrias y se establezcan zonas de exclusión y protección de los recursos.

La falta de instancias de ordenamiento del territorio explica en gran medida que los habitantes no tomen conciencia del destino productivo impuesto en los lugares donde viven hasta cuando ya es demasiado tarde. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la expansión de las plantaciones forestales, que sólo se vuelven visibles para los habitantes de los territorios cuando el paisaje ya ha sido intensamente modificado.

Por tanto, parte de este proceso de ordenamiento del territorio supone el acceso a información completa y oportuna sobre el uso actual y proyectado de los recursos naturales, así como el marco de decisiones que sostiene tales usos. En ello tienen la principal responsabilidad las autoridades y organismos estatales encargados de aprobar las nuevas inversiones o de sistematizar la información sobre el territorio.

Un paso más allá del ordenamiento del territorio es el del acceso y control de los recursos naturales. Actualmente, una gran proporción de los recursos naturales que determinan los usos productivos de los territorios están en manos de pocos particulares y algunas grandes empresas. El caso más dramático es el de los derechos de agua, controlados en más de un 90% por empresas hidroeléctricas. Esta situación evidentemente impide que los habitantes de los territorios puedan influir directamente sobre las decisiones sobre el uso y destino de los recursos en el largo plazo.

Considerando este escenario, uno de los asistentes propuso como desafío de avanzar en la construcción del territorio como un proceso de relaciones y convivencia entre los actores y habitantes, más allá de la lógica puramente política.

2.7.4 Cambios de enfoque y diseño
Respecto del enfoque de la participación ciudadana en el SEIA y en la institucionalidad ambiental en general, los asistentes concordaron que:
- La participación debe ser vinculante, en algún grado, con la decisión final, y los derechos de participación estar claramente definidos, operacionalizados y garantizados por medio de mecanismos específicos.
- Los impactos sociales (riesgos sobre la salud humana, efectos económicos y cambios en las formas de vida, entre otros) deben ocupar un lugar fundamental en la evaluación ambiental de impactos, lo que requiere cambios en su reglamentación y desarrollo de criterios explícitos para su ponderación.
- Los EsIA deben incorporar análisis de alternativas de localización y tecnología.
- Las instancias formales de participación ciudadana deben iniciarse desde las primeras fases de diseño de los proyectos y acompañar todo el proceso de elaboración de los EsIA y su posterior evaluación.
- Los EsIA deben ser realizados por entidades autónomas de las empresas, las que deben ser periódicamente evaluadas en su desempeño para garantizar su independencia respecto de los intereses económicos.
- La conducta ética de las empresas debe ser regulada en el contexto de los procesos de evaluación ambiental, estableciendo limitaciones para las entrega de aportes monetarios y para campañas comunicacionales, con el fin de resguardar el derecho ciudadano a la información.
- Las autoridades ambientales y servicios públicos deben estar obligados a dar a conocer públicamente ante la ciudadanía, sus opiniones técnicas sobre los proyectos evaluados y sus impactos, en cada una de las etapas del proceso. En particular, las autoridades deben exponer públicamente ante los ciudadanos sus observaciones a los proyectos, a los EsIA así como sus resoluciones finales.
- En cada actividad de participación ciudadana convocada por las CONAMAs debe garantizarse la presencia de los proponentes y de organizaciones ciudadanas y académicas que presenten formalmente sus críticas a los proyectos.

2.7.5 Nuevos mecanismos institucionales
Los asistentes propusieron incorporar los siguientes aspectos al diseño de la institucionalidad ambiental:
- Defensoría de los derechos ambientales ciudadanos: con la facultad de accionar frente a las autoridades y a los proponentes con el objetivo de garantizar que se respeten y protejan los intereses de las comunidades afectadas por los impactos de los proyectos. A su vez, la defensoría tendría como tarea proveer de recursos técnicos y legales a las comunidades enfrentadas a procesos de evaluación ambiental.
- Responsabilidad funcionaria legal: mecanismos legales que obliguen a los funcionarios públicos a rendir cuentas sobre las decisiones de evaluación ambiental que tomaron, así como a responder legalmente por los posibles impactos no previstos derivados de las resoluciones que hayan dictado.
- Ley de delitos ambientales: de forma complementaria a lo anterior, se requiere tipificar legalmente la figura de delitos ambientales, sean éstos causados por proyectos productivos públicos o privados, o por actividades humanas. Eso es fundamental para que el principio de “quien contamina paga”, que es uno de los pilares de la LBMA, pueda comenzar a aplicarse de forma efectiva, a la vez que como medida de reparación de los desastres ambientales.
- Representantes de la sociedad civil en las COREMAs: las COREMAs deben incluir integrantes que representen a organizaciones sociales o ambientales, elegidas por medio de un procedimiento transparente, para que participan de las discusiones y decisiones sobre la evaluación ambiental de los proyectos e impulsen políticas regionales sustentables.

2.7.6 Moratoria, rendición de cuentas y reparación
Finalmente, del taller surgió la propuesta de pedir una moratoria a la evaluación ambiental de nuevos proyectos dentro del SEIA mientras no se resuelvan las deficiencias que hoy impiden dar garantías respecto a que las decisiones que se tomarán serán socialmente equitativas. Más aún, considerando que aún permanecen sin ser siquiera analizados y menos reparados los graves impactos de proyectos ya aprobados en el marco del SEIA.

Por ello, y en complemento con dicha moratoria, se propuso que los daños sociales y ambientales causados por las decisiones tomadas dentro del SEIA deben ser catastrados, cuantificados y reparados por el Estado, y que sus responsables deben rendir cuenta pública por los errores que cometieron.

[1] El taller de discusión se llevó a cabo en Valdivia el lunes 8 de octubre del 2007.
[2] Los representantes de la comunidad del Valle de Itata, vecina a la planta Nueva Aldea de CELCO-ARAUCO, no pudieron llegar al taller.
[3] Claudia Sepúlveda Luque,“La doctrina Frei de los impactos ambientales consumados: el karma que a Bachelet le toca superar”. www.valdivianoticias.cl, 25 de junio de 2006.
[4] Chile tiene un puntaje promedio de 7,89, de un máximo de 10, en las siguientes cinco variables: Proceso electoral y pluralismo: 9,58; Funcionamiento del Gobierno: 8,93; Participación política: 5,00; Cultura política: 6,25; Libertades civiles: 9,71. Fuente: http://www.economist.com/theworldin/