Alianza por la Justicia Climática: “Gobierno va a Copenhague con Posición Ambigua”

Ante el inicio de la reunión mundial sobre Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca, el próximo 7 de diciembre y en conocimiento de la posición formal del Gobierno de Chile dada a conocer hoy, las organizaciones integrantes de la Alianza por la Justicia Climática manifiestan:

1.- Que la postura del Gobierno chileno resulta ambigua y no contiene el compromiso concreto de aportar, de acuerdo a sus condiciones, a la lucha contra la alteración del clima de la Tierra. Chile debe hacer -con recursos propios- un aporte medible, verificable y reportable en la reducción del crecimiento de sus emisiones. Esto debe transformarse en una meta no sólo gubernamental, sino que nacional, involucrando al conjunto de la ciudadanía en su logro.

2.- Por otra parte, estimamos que Chile debiese exigir con claridad a los países industrializados el reconocimiento de su deuda histórica, constituida por el impacto de sus emisiones acumuladas desde la revolución industrial. Al mismo tiempo, debe exigir a estos países que contribuyan a que las naciones más pobres y vulnerables se encaminen hacia formas de vida no destructivas y puedan adaptarse debidamente a los cambios climáticos que tengan lugar, entregando un mayor protagonismo a las comunidades afectadas.

3.- En cuanto al rol del comercio de carbono, cuestionamos que éste se transforme en el mecanismo central para el financiamiento de la reducción de emisiones en nuestro país. Los Mecanismos de Desarrollo Limpio permiten a los países industrializados eludir sus responsabilidades de reducción de emisiones, las que debiesen efectuarse domésticamente, y facilita la implementación de proyectos ambiental y socialmente insustentables, constituyendo las más de las veces sólo un lavado verde por parte de las empresas que los ejecutan.

4.- La mitigación y adaptación de nuestro país a este cambio global ofrece una oportunidad para iniciar cambios estructurales en la política pública nacional. En este marco, el gobierno de Chile debe reformular el capítulo de acciones del Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, incorporando la participación de las organizaciones ciudadanas. Este Plan debe priorizar una Política Energética compatible con el Cambio Climático, orientada a reducir las emisiones de gases que afectan el ambiente local y global y a prevenir nuevos pasivos ambientales, reemplazando el actual esquema basado en megaproyectos y controlado por grandes corporaciones privadas. Es necesario diversificar la matriz energética, priorizando y acelerando la introducción de Energías Renovables No Convencionales y establecer una moratoria a la instalación de nuevas centrales termoeléctricas a petróleo y carbón. Son necesarias igualmente medidas en los ámbitos de urbanismo (frenar la expansión urbana) y transporte (desincentivar el uso del automóvil, desarrollo de sistemas eficientes de transporte público y promoción de transporte no motorizado).

5.- Finalmente, manifestamos nuestro convencimiento de que la vulnerabilidad de nuestro territorio nos plantea un desafío de tremenda magnitud. Para enfrentarlo, el Estado de Chile debe liderar cambios fundamentales en los sistemas de producción y consumo en nuestro país, para lo cual es imprescindible lograr la plena incorporación de la ciudadanía a este esfuerzo. En este camino, las organizaciones ciudadanas preocupadas del Calentamiento Global, coordinaremos e intensificaremos nuestros esfuerzos para colaborar en esta tarea de sobrevivencia planetaria, inspirados por los valores de responsabilidad y justicia ambiental, social y climática.

Alianza por la Justicia Climática

Esta alianza se constituye para representar y movilizar a la ciudadanía chilena en su demanda por Justicia Climática, la que está intrínsecamente vinculada a la necesidad de cambiar el rumbo político y económico de nuestro país, hacia un modelo social y ambientalmente sustentable, hacia una sociedad realmente participativa, con comunidades soberanas que deciden sobre el destino de sus territorios.

Integrantes: Acción Ecológica, ANAMURI, Chile Sustentable, CODEFF – Amigos de la Tierra Chile, Defensores del Bosque Chileno, Acción por la Tierra – EarthAction Santiago, EcoUchile (estudiantes U. de CAmbientales - OLCA, Red de Jóvenes Investigadores ante el Cambio Climático, Sustentable UC (estudiantes UC), Fundación Defendamos la Ciudad, Red por la Defensa de la Precordillera de Santiagohile), Fiscalía del Medio Ambiente- FIMA, Observatorio Ciudadano, Observatorio Latinoamericano de Conflictos.

Adhieren: Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Via Campesina, Confederación Ranquil, Plataforma Rural por la Tierra, Centro Ecocéanos, Radio del Mar, Programa Radial Pulso Ambiental, Programa Radial Semillas de Agua, Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social RAJAS, RAP-AL Chile.

Abogados Ambientalistas apelarán a Fallo de la Corte

Fuente: Diario El Centro - Periodista: Sergio Moya

La resolución de los ministros ratificó la aprobación del estudio de impacto ambiental de la Termoeléctrica Los Robles por parte de la Corema

TALCA.- Decididos da apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que ratificó la aprobación del estudio de impaco ambiental del Proyecto Termoeléctrica Los Robles por parte de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), los abogados medio ambientalistas que presentaron los recursos de protección ahora realizarán el trámite judicial que vence a la 00.00 horas de mañana.

El profesional representante de la Acción Ciudadana Pro-Defensa de la Costa del Maule Sur, Jorge Araneda, manifestó que en la apelación se basarán en dos elementos. Primero, reforzar los argumentos planteados en los alegatos haciendo énfasis en el hecho de que la votación sobre impacto ambiental no fue solo una arbitrariedad, sino también ilegal y, segundo, se recogerá el voto de prevención que dio el ministro Rodrigo Biel.

"Dos de los ministros de la sala consideraron que no era función ni competencia de ellos entrar a analizar el tema de fondo que es el impacto ambiental. En cambio, el ministro Biel en su voto de prevención, señaló que en su opinión, sin entrar a pronunciarse técnicamente sobre el tema del impacto ambiental, no se tuvieron todos los elementos siendo un caso de arbitrariedad, pero no de ilegalidad", explicó.

Araneda sostendrá que sí es arbitrario con los mismos argumentos del ministro, pero que además es ilegal porque está yendo contra una norma expresa que señala que debe haber una línea base concreta considerando todos los impactos ambientales que se deajaron fuera a su parecer, por ejemplo, en la pesca.

ILEGALIDAD

Quien también apelará al fallo de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca es el abogado de la Fiscalía del Medio Ambiente, José Ignacio Pinochet, quien indicó que la sentencia no tocó los temas de fondo ni se pronunció respecto a los alegatos ya que dictaminó que existía una legalidad formal, tema que para el profesional no está en discusión.

Indicó que en la aprobación del proyecto existe una serie de normas que no se contemplaron y muchos impactos que no están tomados en cuenta, mitigados, reparados ni compensados como obliga la ley.

"En el fondo, les bastó (a los ministros) con la legalidad formal porque este es sólo un recurso de protección que es de tramitación rápida, lo que nos dice que otra cosa puede suceder en un juicio ordinario, así que vamos a preparar una demanda civil de nulidad de derecho público contra la Corema para anular esta resolución", adelantó.

De esta forma, manifestó que presentarán un recurso de apelación a la Corte Suprema dentro del plazo y prepararán esta acción ordinaria de nulidad. Catalogó la decisión de la Corte sólo como un traspié ya que "sabemos que es una pelea larga y la vamos a ganar sí o sí, ya sea en tribunales nacionales o internacionales porque acá la ilegalidad es flagrante"

DISCUSIÓN EN LA SALA

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Roberto Sepúlveda, indicó que el informe sobre la Termoeléctrica Los Robles y el actuar de la Corema en su aprobación estaría completamente finiquitado, y pasará a discusión en el hemiciclo de vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

CORTE DE SANTIAGO

El abogado Jorge Araneda manifestó que la Municipalidad de Constitución y la Federación de Pescadores presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue declarado admisible y está en proceso. Esto a raíz del recurso administrativo que resolvió el director ejecutivo de la Conama frente a la resolución de impacto ambiental. "Si nos va mal en la Corte Suprema, van a quedar pndientes esos juicios en Santiago por loq eue quedan más isntancias", dijo.

CONSTITUCION

El Alcalde de Constitución, Hugo Trillería, manifestó que luego de conversar con sus abogados asesores en materias ambientales, también se tomó la determinación de apelar a la Corte Suprema en relación al fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Talca. El edil indicó que la resolución, en vez de hacerles bajar los brazos, los inyectó de más energía y los insta a trabajar para que la planta a carbón no se instale en la comuna.

PROYECTO DE LEY

Con la firma de los diputados maulinos Roberto León (DC) y Osvaldo Palma (RN), junto a otros cinco parlamentarios, se presentó un proyecto de ley que plantea aumentar las penas a quienes cometan delitos ambientales en ríos, lagos y mares, en razón de que la actual legislación establece multas y condenas mínimas.

De hecho, la ley de pesca dispone multas cuyo máximo es de 110 millones, mientras que el Código Penal sanciona el delito con un máximo de 540 días de presidio. El proyecto de ley argumenta que quienes no dudan en dañar en el entorno cometiendo crímenes de tamaña magnitud contra el medio ambiente, deben ser considerados un peligro para la sociedad y castigados con todo el peso de la ley.

En ese sentido, se propone aumentar la sanción a presidio menor en su grado máximo, es decir, 3 años y 1 día a 5 años de cárcel, a lo cual se agrega una multa de hasta tres mil UTM, más una condena específica por daño irrecuperable o de difícil recuperación.

Copenhague debe ser el final del comienzo

Financial Times
La cumbre de Copenhague sobre cambio climático se quedará corta. ¿Importa? Sí y no, sí porque los argumentos en pro de la acción son muy fuertes, no, porque el probable acuerdo sería inadecuado. Afrontar el cambio climático será duro. Es crucial que abordemos la meta de modo efectivo y eficiente. Las probables demoras deberían usarse para conseguir eso. Mi idea de que se justifican acciones decisivas es polémica. Los escépticos ofrecen dos contraargumentos: primero, que la ciencia tras el cambio climático es incierta; segundo, que los costos exceden los beneficios.

Pero no es suficiente decir que la ciencia es incierta. Dados los riesgos, tenemos que estar seguros de que la ciencia está equivocada antes de seguir a los escépticos. Para cuando sepamos que no lo está, puede ser demasiado tarde como para actuar de modo efectivo. No podemos repetir los experimentos con un único planeta.

Afortunadamente la evidencia sugiere que los costos de la acción no deben ser prohibitivos. El último Informe de Desarrollo Mundial del Banco Mundial argumenta que los costos de restringir las emisiones serían modestos. Por el lado de los beneficios, enfatizaría la importancia de evitar el peligro de una catástrofe climática. No tenemos derecho a correr ese riesgo.

No obstante, los escépticos desempeñan un servicio invaluable. Nos recuerdan seguir monitoreando los eventos actuales en el clima. También nos dicen que la acción tiene costos y que algunos costos (dejar a miles de millones de personas en la pobreza) serían intolerables. Afortunadamente, como nota el Banco Mundial, la gente pobre emite poco. Los recortes de emisiones asegurados al convertir la flota estadounidense de todoterrenos en autos con estándares de combustible de la Unión Europea cubrirían las emisiones de proporcionar electricidad a 1.600 millones de personas hoy sin acceso a ella.

Aunque la acción se justifica y probablemente no es prohibitivamente cara, será un desafío enorme. Como plantea la Agencia Internacional de la Energía en su Panorama Económico Mundial, necesitaríamos “descarbonizar” el crecimiento para limitar las concentraciones atmosféricas de “equivalente de CO2” a 450 partes por millón, el nivel que se cree consistente con un aumento promedio de la temperatura global de unos 2°C. Tendríamos que hacerlo todo: reducir la demanda, expandir el uso de energía renovable, invertir en energía nuclear, desarrollar la captura y almacenamiento de carbono, cambiar de carbón a gas y proteger los bosques para lograrlo.
¿Cómo lo hemos estado haciendo? En una palabra, mal. Con todo lo que se ha dicho, no sólo las existencias sino el flujo de las emisiones han estado subiendo. La recesión ha ayudado. Pero no podemos (y no deberíamos) depender de un Apocalipsis económico. Como destaca la AIE, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía han aumentado de 20,9 gigatoneladas (Gt) en 1990 a 28,8 Gt en 2007. La AIE prevé emisiones de CO2 en su “escenario de referencia” de 34,5 Gt en 2020 y 40,2 Gt en 2030: una tasa de incremento promedio de 1,5% anual en el período. Crucialmente, los países en desarrollo y emergentes dan cuenta “de todo el crecimiento proyectado en emisiones relacionadas con la energía para 2030”, con 55% del aumento en China y 18% en India.

El argumento en favor de cambiar pronto estas tendencias es que los costos de limitar las grandes subidas en la temperatura podrían ser extremadamente altos o, en el peor de los casos, prohibitivos. La AIE señala que si la meta es limitar las concentraciones de gases de efecto invernadero a 450 partes por millón, cada año de demora en avanzar hacia la trayectoria requerida suma US$ 500 mil millones al costo estimado global de US$ 10,5 billones (millones de millones). Estos costos resultan de la vida extremadamente larga de los activos de capital usados en la generación eléctrica y en la vida aún más larga del CO2 en la atmósfera.

El escenario alternativo es muy diferente: en lugar de los 40,2 Gt de emisiones relacionadas con la energía en 2030, tendríamos sólo 26,4 Gt. La diferencia es enorme. Un documento de información de la European Climate Foundation muestra que los compromisos hechos antes de Copenhague no la cerrarían*. Incluso en la visión más optimista, las ofertas actuales se quedan cortas en casi un tercio de las emisiones necesarias para 2020 para el camino a un techo de 450 partes por millón de equivalentes de CO2.

Copenhague sería sólo un comienzo. Es probable que ni siquiera sea eso, ya que la administración estadounidense es incapaz de hacer compromisos vinculantes y los países en desarrollo no están dispuestos a hacerlo. Pero Copenhague parece el fin del comienzo. Existe algo parecido a un acuerdo en cuanto a que el mundo debe actuar. Existe, asimismo, un acuerdo en cuanto a que pese a la retórica, se han conseguido pocas cosas útiles hasta ahora. El momento para la acción es ahora, si no en Copenhague, entonces poco después.

Desafortunadamente, esto no significa que surgirá el acuerdo correcto. Las políticas que usemos deben ser tan efectivas y eficientes como sea posible. ¿Qué significa eso? Enfatizaría tres criterios.

Primero, necesitamos precios para el carbono aplicables a horizontes de planificación relevantes. Ese precio no puede quedar fijo para siempre, sino cambiar con los hechos. Pero tiene que ser mucho más estable que en el mercado de permisos de la Unión Europea. Un impuesto me parece mucho más atractivo que “cap and trade” (limitar y transar) por esta razón.

Segundo, dónde ocurra la disminución debe ir separado de quién paga por ella. La disminución debe hacerse donde sea más eficiente. Es por eso que hay que incluir las emisiones de las naciones en desarrollo. Pero el costo debe recaer en los ricos. Eso, porque pueden pagarlo y porque produjeron el grueso de las emisiones pasadas.

Por último, debemos desarrollar y aplicar innovaciones en todas las tecnologías relevantes. Un paper del centro de pensamiento Bruegel señala, persuasivamente, que sólo subir los precios en las emisiones de carbono reforzaría la posición de las tecnologías establecidas. También necesitamos subsidios a gran escala para la innovación**.

Abordar el riesgo del cambio climático es el desafío colectivo más complejo que ha abordado la humanidad. El éxito requiere una acción onerosa y concertada entre muchos países para lidiar con una amenaza lejana, en nombre de personas aún sin nacer, bajo una incertidumbre inevitable acerca del costo de no actuar. Sin embargo, hemos llegado al punto en que existe un consenso amplio sobre la naturaleza de la amenaza y los tipos de políticas que necesitamos para lidiar con ella. Puede que no logremos un acuerdo en Copenhague. Pero llegó el tiempo de las decisiones. O actuamos pronto – o descubrimos si los escépticos tienen razón. Si fracasamos en actuar, como parece probable, espero que lo estén. Pero lo dudo.
* “Taking stock”, 17 November 2009, www.project-catalyst.info
** “No green growth without innovation”, www.bruegel.org

Directora Regional de CONAMA: "El Proyecto da garantía de que cumple la normativa"

Fuente: Diario El Centro

Nombre del Periodista: Sergio Moya Clavijo

Monica Rivera aseguró que la evaluación de impacto ambiental para dar luz verde al proyecto Los Robles, se ajustó al marco legal actual. Mientras tanto, la Cámara Naja plantea serias irregularidades en el actuar de la Corema

TALCA.- La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados concluyó el informe sobre las circunstancias en que se dio luz verde al proyecto de construcción de la tan bullada Termoeléctrica Los Robles en el sector costero del Maule, catalogando el actuar de la Comisión Regional del Medioambiente (Corema) como “oscuro y muy lamentable”, en el proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental.

Sin embargo, el actuar de la Corema es defendido por sus integrantes ya que basan el visto bueno al proyecto en su ajuste al marco legal vigente. La directora regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), Monica Rivera, en contacto con Diario El Centro, declinó a referirse a los pronunciamientos de la Cámara Baja y defendió el actuar de las conclusiones de cada servicio.

El informe de la comisión señaló que no se debió haber autorizado la construcción de Los Robles por parte de la Corema. ¿Qué opina de tal planteamiento?

“No me voy a referir a los pronunciamientos de los diputados y los fallos. Como Gobierno mantenemos que estuvo (apegado) respecto a la normativa ambiental vigente el pronunciamiento que hizo cada uno de los servicios y, en base a eso, la Corema del Maule calificó favorablemente el proyecto”.

¿Debería el Ministerio Público -como también fue sugerido por los parlamentarios- investigar si hubo o no comisión de delito en la aprobación del proyecto?

“No me voy a pronunciar, sino sólo de lo que nos corresponde del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un proceso abierto, transparente y que todos pueden acceder al pronunciamiento de cada servicio en la página web. El sistema lo administra la Conama y lo que resolvió la Corema fue a la luz de los antecedentes entregados”.

En ese sentido, el informe dice que no es válida la evaluación de impacto ambiental y las proposiciones de la empresa al quedar estudios pendientes o, que los realizados, fueron insuficientes…

“El Gobierno ya tuvo un pronunciamiento y calificó como favorable el proyecto a la luz de los antecedentes que emitieron los organismos sectoriales que lo evaluaron”.
¿Entonces respalda que esta planta no afectará el medioambiente de la zona ni tampoco el trabajo agrícola y pesquero, de acuerdo a la evaluación de impacto ambiental?

“Cada uno de los organismos debe velar por sus sectores. El SAG hizo su pronunciamiento, la Conaf también y son de conocimiento público. El sistema de evaluación ambiental evalúa los impactos ambientales y cada uno de los servicios con dicha competencia, evalúa cómo se mitiga ese impacto”.

GARANTÍAS

¿El proyecto da garantías de no afectar el ecosistema?“El proyecto da garantía de que cumple la normativa. El sistema de evaluación de impacto ambiental se creó para evaluar impactos ambientales, no cómo se erradican sino cómo se mitigan”.
¿La empresa dio respuestas concretas suficientes de cómo se mitiga el impacto ambiental de acuerdo a las observaciones y condiciones que propuso la Corema para aprobar el proyecto? ¿Se subsanaron?

“Cada uno de los sectores pertinentes de cada tema emitió sus informes favorables respecto a las materias que les corresponde analizar”.

¿Debería realizarse un nuevo estudio con empresas independientes, contratado por la Corema vía licitación?
“La Corema del Maule tuvo un pronunciamiento respecto a los antecedentes y eso es lo que el Gobierno mantiene”.