Comunicado de Prensa
REFORMA CONSTITUCIONAL: ABRE PASO A RESOLVER CRISIS DE ACCESO, CONTAMINACION, CONCENTRACION Y SOBREXPLOTACION DEL AGUA Y LA DEGRADACION DE LAS CUENCAS.
1-La presidenta Bachelet envió al Congreso una reforma Constitucional para consagrar el Agua como un Bien Nacional de Uso Público. El fundamento de esta reforma, reconoce los desbalances y deficiencias del Código de Aguas de 1981; la situación de escasez e inequidad en el acceso al agua y la concentración desproporcionada de derechos de agua en pocas manos; y menciona la gravísima degradación ambiental y los conflictos crecientes por el agua a nivel de todo el país.
2-Dicho diagnostico, coincide 100% con lo denunciado por 500 organizaciones asistentes al Seminario “Conflictos Actuales y Derecho Humano al Agua en Chile” el 3 y 4 de septiembre de 2009, en Santiago. Hoy, cientos de comunidades rurales, indígenas y urbanas luchan en defensa del agua como bien básico para su subsistencia.
3-La sobreexplotación de los salares, lagos, humedales y ríos por la minería y la energía (donde 3 empresas poseen el 90% de los derechos); la contaminación hídrica que provoca la minería, la celulosa, y la industria; la sobreexplotación de agua subterránea por la agroindustria y la minería, están afectando áreas de alto valor ecológico de manera muchas veces irreversible; poniendo en riesgo el agua potable rural de comunidades campesinas de todo el país y afectando las economías locales, así como empobreciendo y provocando la migración de las comunidades indígenas que teniendo derechos sobre sus aguas, las empresas mineras los han vulnerado.
4-Un mapeo de estos conflictos, muestra con claridad las causas estructurales provocadas por el Código de Aguas de 1981, impuesto sin discusión alguna durante el régimen militar y aplicado sin mayores cambios durante los gobiernos democráticos. Peor aun, muestra como a pesar de la crisis, siguen proliferando proyectos de inversión que intervienen, contaminan y destruyen cuencas, ríos y napas subterráneas en todo el país, agravando los conflictos de disponibilidad, calidad y acceso al agua. El caso de Copiapó es solo el más evidente; lo propio ocurre entre las regiones de Tarapacá y Bio-Bio. Incluso la cuenca del Maipo que abastece a 6 millones de personas, la industria y la agricultura en la RM, esta en riesgo.
5-Enfrentar las causas estructurales de los conflictos por el agua en Chile, en un escenario mas restrictivo de Cambio Climático, nos pone ante el imperativo ético y político de cambiar las reglas del juego que hunden al país en la inequidad, la degradación y la inseguridad hídrica. Países como Ecuador (2008) y Uruguay (2006) redefinieron constitucionalmente el agua como bien público; y el acceso universal al agua de calidad es reconocido como un derecho humano fundamental en casi todas las Constituciones de la Unión Europea y por un importante grupo de naciones en el 5º Foro Mundial del Agua, en Estambul, en marzo de 2009.
6-El gobierno de Chile también suscribió esta declaración, que manifiesta que: “Reconocemos el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, comprometiéndonos a realizar las acciones necesarias para la implementación progresiva de este derecho”, y llama” a los Estados a desarrollar un espacio de debate global del agua en el marco del sistema de Naciones Unidas, basado en los principios de democracia, participación plena, equidad, transparencia e inclusión social”.
7-Esta declaración es totalmente contradictoria con el actual régimen de gestión de las aguas en Chile, bajo el dominio privado y del mercado. La declaración de Estambul requiere una reforma Constitucional que reconozca el derecho humano al agua y oriente una profunda reforma del Código de 1981. Por ello esperamos que el gobierno de la presidenta Bachelet ponga urgencia y para discusión inmediata la Reforma Constitucional ingresada al Congreso Nacional el miércoles 6 de enero pasado.
Esta importante Reforma, símbolo de los cambios que Chile debe abordar en el Bicentenario, permitiría iniciar un camino para enfrentar los mayores conflictos por el agua; facilitaría la adaptación al cambio climático; y haría a Chile más coherente con la imagen que pretende mostrar a nivel internacional.
Como miembros de diversas organizaciones de Agua Potable Rural, de Iglesia, campesinos, indígenas, ambientalistas, organizaciones de mujeres y sindicatos de las empresas sanitarias, estamos empeñados en el reconocimiento del derecho humano al agua, la protección de este bien nacional de uso público y la urgencia de recuperar el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.
Monseñor Luis Infanti, Obispo de Aysen.
Fernando Dougnac, presidente, Fiscalía del Medio Ambiente.
Julio Ramos, Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños
Teresa Sarmiento, presidenta, Asociación de Agua Potable Rural- RM
Maria Robles, Presidenta Red de Mujeres del Loa
Hugo Maturana, presidente, Federación Nacional de Trabajadores de las Sanitarias-FENATRAOS.
Manuel Baquedano, presidente, Instituto de Ecología Política.
Bernardo Zentilli, presidente de CODEFF.
Ana María Miranda, tesorera Sindicato N°1 Aguas Andina, secretaria General FENATRAOS.
Fernando Soto, secretario Sindicato N° 1 Aguas Andina, Pro Tesorero FENATRAOS.
Manuel Moran, presidente Cooperativa Agua Potable Rural, Hospital-Champa, Paine.
Ana Luisa Orgado, presidenta Comité Agua Potable Rural Quilapilun, Colina, secretaria asociación gremial AMSAPRU.
Sara Larraín, Directora, Chile Sustentable.
Rodrigo de la O, Programa Vigilante Costero Maule Itata.
REFORMA CONSTITUCIONAL: ABRE PASO A RESOLVER CRISIS DE ACCESO, CONTAMINACION, CONCENTRACION Y SOBREXPLOTACION DEL AGUA Y LA DEGRADACION DE LAS CUENCAS.
1-La presidenta Bachelet envió al Congreso una reforma Constitucional para consagrar el Agua como un Bien Nacional de Uso Público. El fundamento de esta reforma, reconoce los desbalances y deficiencias del Código de Aguas de 1981; la situación de escasez e inequidad en el acceso al agua y la concentración desproporcionada de derechos de agua en pocas manos; y menciona la gravísima degradación ambiental y los conflictos crecientes por el agua a nivel de todo el país.
2-Dicho diagnostico, coincide 100% con lo denunciado por 500 organizaciones asistentes al Seminario “Conflictos Actuales y Derecho Humano al Agua en Chile” el 3 y 4 de septiembre de 2009, en Santiago. Hoy, cientos de comunidades rurales, indígenas y urbanas luchan en defensa del agua como bien básico para su subsistencia.
3-La sobreexplotación de los salares, lagos, humedales y ríos por la minería y la energía (donde 3 empresas poseen el 90% de los derechos); la contaminación hídrica que provoca la minería, la celulosa, y la industria; la sobreexplotación de agua subterránea por la agroindustria y la minería, están afectando áreas de alto valor ecológico de manera muchas veces irreversible; poniendo en riesgo el agua potable rural de comunidades campesinas de todo el país y afectando las economías locales, así como empobreciendo y provocando la migración de las comunidades indígenas que teniendo derechos sobre sus aguas, las empresas mineras los han vulnerado.
4-Un mapeo de estos conflictos, muestra con claridad las causas estructurales provocadas por el Código de Aguas de 1981, impuesto sin discusión alguna durante el régimen militar y aplicado sin mayores cambios durante los gobiernos democráticos. Peor aun, muestra como a pesar de la crisis, siguen proliferando proyectos de inversión que intervienen, contaminan y destruyen cuencas, ríos y napas subterráneas en todo el país, agravando los conflictos de disponibilidad, calidad y acceso al agua. El caso de Copiapó es solo el más evidente; lo propio ocurre entre las regiones de Tarapacá y Bio-Bio. Incluso la cuenca del Maipo que abastece a 6 millones de personas, la industria y la agricultura en la RM, esta en riesgo.
5-Enfrentar las causas estructurales de los conflictos por el agua en Chile, en un escenario mas restrictivo de Cambio Climático, nos pone ante el imperativo ético y político de cambiar las reglas del juego que hunden al país en la inequidad, la degradación y la inseguridad hídrica. Países como Ecuador (2008) y Uruguay (2006) redefinieron constitucionalmente el agua como bien público; y el acceso universal al agua de calidad es reconocido como un derecho humano fundamental en casi todas las Constituciones de la Unión Europea y por un importante grupo de naciones en el 5º Foro Mundial del Agua, en Estambul, en marzo de 2009.
6-El gobierno de Chile también suscribió esta declaración, que manifiesta que: “Reconocemos el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, comprometiéndonos a realizar las acciones necesarias para la implementación progresiva de este derecho”, y llama” a los Estados a desarrollar un espacio de debate global del agua en el marco del sistema de Naciones Unidas, basado en los principios de democracia, participación plena, equidad, transparencia e inclusión social”.
7-Esta declaración es totalmente contradictoria con el actual régimen de gestión de las aguas en Chile, bajo el dominio privado y del mercado. La declaración de Estambul requiere una reforma Constitucional que reconozca el derecho humano al agua y oriente una profunda reforma del Código de 1981. Por ello esperamos que el gobierno de la presidenta Bachelet ponga urgencia y para discusión inmediata la Reforma Constitucional ingresada al Congreso Nacional el miércoles 6 de enero pasado.
Esta importante Reforma, símbolo de los cambios que Chile debe abordar en el Bicentenario, permitiría iniciar un camino para enfrentar los mayores conflictos por el agua; facilitaría la adaptación al cambio climático; y haría a Chile más coherente con la imagen que pretende mostrar a nivel internacional.
Como miembros de diversas organizaciones de Agua Potable Rural, de Iglesia, campesinos, indígenas, ambientalistas, organizaciones de mujeres y sindicatos de las empresas sanitarias, estamos empeñados en el reconocimiento del derecho humano al agua, la protección de este bien nacional de uso público y la urgencia de recuperar el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.
Monseñor Luis Infanti, Obispo de Aysen.
Fernando Dougnac, presidente, Fiscalía del Medio Ambiente.
Julio Ramos, Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños
Teresa Sarmiento, presidenta, Asociación de Agua Potable Rural- RM
Maria Robles, Presidenta Red de Mujeres del Loa
Hugo Maturana, presidente, Federación Nacional de Trabajadores de las Sanitarias-FENATRAOS.
Manuel Baquedano, presidente, Instituto de Ecología Política.
Bernardo Zentilli, presidente de CODEFF.
Ana María Miranda, tesorera Sindicato N°1 Aguas Andina, secretaria General FENATRAOS.
Fernando Soto, secretario Sindicato N° 1 Aguas Andina, Pro Tesorero FENATRAOS.
Manuel Moran, presidente Cooperativa Agua Potable Rural, Hospital-Champa, Paine.
Ana Luisa Orgado, presidenta Comité Agua Potable Rural Quilapilun, Colina, secretaria asociación gremial AMSAPRU.
Sara Larraín, Directora, Chile Sustentable.
Rodrigo de la O, Programa Vigilante Costero Maule Itata.
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