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Declaración frente a los convenios suscritos entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables y el Servicio de Evaluación Ambiental

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El año 2018, en el marco de la agenda pro inversión, el Presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa era agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno.

Los proyectos que ha respaldado esta oficina están tan alejados del concepto de sustentabilidad, que encontramos proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre. A pesar de encontrarnos en medio de una crisis climática, sanitaria y económica, que nos obliga a pensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, la labor de la Oficina GPS muestra la obstinación del Gobierno con un modelo de desarrollo que llegó a su límite: tenemos que detener la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios.

Un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, es su relación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda. En primer lugar, la GPS funciona como secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, integrado por las subsecretarías de distintos Ministerios que luego deben participar en la Calificación Ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad.

En segundo lugar, la Oficina GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima. Esto ha quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto.

Esta práctica, que vulnera los ámbitos de acción de los organismos de la institucionalidad ambiental y que es reñida con la probidad, al favorecer intereses privados sobre el interés público, nos parece inaceptable. Estamos frente a un gobierno que ha destinado fondos públicos a facilitar la tramitación de proyectos que impactan los bienes comunes y la salud de las personas, haciendo caso omiso de la igualdad ante la ley. Estas prácticas deslegitiman aún más al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, erosionando su correcta operación, cuyo objetivo debiese ser la promoción del desarrollo sostenible y la prevención efectiva de impactos significativos. Solicitamos a la Cámara de Diputados la constitución inmediata de una Comisión Investigadora para fiscalizar esta situación y evitar que continúe.

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Firman:

1. Agrupación Aisén Reserva de Vida
2. AIDA – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
3. Antuko Resiste, Movimiento Socioambiental Antuco
4. Alerta Isla Riesco
5. Asamblea Ciudadana Última Esperanza
6. Asociación gremial de hostales y afines Natales
7. Bestias del Sur Salvaje
8. Catemu en Movimiento
9. Centro Cultural Arrayán
10. Centro Ecológico Cultural de Longavi
11. Centro Ecosocial Latinoamericano
12. ChaoPescao
13. Chile Sustentable
14. Ciudadanos y Clima
15. Codeff
16. Comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén
17. Comité Ambiental Algarrobo
18. Comité Unión Diguillín
19. Comisión de Sustentabilidad y Medioambiente del PPD
20. Comunidades de Lo Barnechea-Colina
21. Consejo de Defensa de Los Queñes
22. Coordinadora Cerro Vida y Resistencia
23. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
24. Corporación de Defensa del Río Mapocho
25. Corporación El Canelo
26. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén
27. Corporación Vecinos Camino a Farellones
28. Cverde
29. Defendamos la Ciudad
30. Defensoría Ambiental
31. Ecosistemas
32. Ética en los Bosques
33. Fundación Derecho y Defensa Animal
34. Fundación Glaciares Chilenos
35. Fundación Mar y Ciencia
36. Fundación Plantae
37. Fundación Relaves
38. Fundación Tantí
39. Fundación Terram
40. Greenpeace Chile
41. Llay Llay Nativo
42. Malen Leubü
43. MODATIMA Colina
44. Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble
45. Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia
46. Ocoa Nativa
47. ONG Aula de Mar
48. ONG Cárcava
49. ONG CEUS Chile
50. ONG Defensa Ambiental
51. ONG ECOMAR
52. ONG FIMA
53. ONG Ríos To Rivers
54. ONG Vigilante Costero
55. ONG Vinculación Territorial
56. Papudo Nativo
57. Patagonia Limpia
58. Puchuncaví Nativo
59. Real Chile
60. Red por Los Ríos Libres
61. SCAC Magallanes
62. Somos Biobío, agrupación medioambiental de Santa Bárbara
63. Territorios Colectivos
64. Wilson Reyes, Consejero Nacional Indígena

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL