Tanto la Ministra del ramo, Ana Lya Uriarte, como la presidenta de la Comisión, diputada Denise Pascal, se mostraron satisfechas tras la aprobación del proyecto, que modifica la institucionalidad ambiental, reforzando las facultades fiscalizadoras y la participación de la ciudadanía en proyectos que afecten su entorno.
La Comisión de Recursos Naturales aprobó el proyecto (boletín 5947) que crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medioambiente. El texto legal debe ser conocido ahora por las comisiones de Agricultura y Hacienda, antes de pasar al Hemiciclo. La Ministra Uriarte recalcó que con la aprobación de la iniciativa, "el medioambiente tiene mayor estatus jurídico, político, institucional". Añadió que "va a ser un Ministerio de Medioambiente el que va a formular las políticas ambientales, las regulaciones medioambientales. Para ser más clara y nítida en este tema, las leyes, los reglamentos, toda la normativa que acompaña el tema ambiental va a surgir de un Ministerio del Medioambiente". La Secretaria de Estado destacó asimismo que "la fiscalización ambiental va a tener un Superintendente y un organismo poderoso detrás, de manera que no haya ningún ciudadano que sienta que porque tenemos enfrente empresas o instituciones poderosas, no haya otro organismo de Estado en condición de hacer frente a infracciones de manera muy potente, muy poderosa, con resultado para la calidad de vida de todos los chilenos".Por su parte, la diputada PS Denise Pascal -que al final de esta sesión presentó su renuncia a la presidencia de la instancia, y fue reemplazada por el diputado RN Roberto Sepúlveda-, manifestó que "hemos logrado a través de esta discusión, de las tres partes de este proyecto, poder integrar las diferentes visiones de los diferentes diputados y bancadas". Añadió que esta nueva institucionalidad, con un Ministerio, una superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental, es "una herramienta importante para poder avanzar en los procesos de nuestro país de desarrollo sustentable". La parlamentaria explicó que "esto realmente lleva a que nosotros vamos a poder regular de una manera más fuerte lo que son las nuevas declaraciones de impacto ambiental y el nuevo estudio de impacto ambiental, y además las posibilidad de fiscalizar y supervisar la continuidad del proyecto en su proceso de ejecución, como en su proceso futuro". El texto establece un procedimiento más riguroso para la presentación de estudios de impacto ambiental, centrándose en los efectos que pueda causar la obra en su entorno. Información y participación de la ciudadanía La diputada Pascal detalló que la nueva institucionalidad dispone la información obligatoria de los habitantes de los lugares en que se instale un proyecto, a través de los medios locales y nacionales, y a través de las instancias municipales correspondientes. Respecto a la participación de las personas, señaló que será vinculante, a diferencia de lo que ocurre hoy. "Va a tener una vinculación con el proyecto y tiene una obligatoriedad de tener que ser respondido por escrito a esa entidad". También se plantea el apoyo municipal a las organizaciones de personas que quieran estudiar el proyecto sujeto a evaluación ambiental. Por otro lado, expresó que las mitigaciones que se piden a las empresas cuando se instalan en una localidad, como por ejemplo pavimentación de calles, tampoco serán acciones vinculantes. "Yo como empresa debo hacer mitigaciones, pero eso no significa puntaje a favor del proyecto correspondiente, tiene que cumplir todas las normativas ambientales y todas las condiciones", aclaró.
