Fuente: Diario El Centro - Por Diego Villar
Corte de Apelaciones de Talca fijó fecha y sala para escuchar alegatos y dictar fallo en los once recursos de protección que se han presentado para revertir la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema)
TALCA.- Si el 30 de octubre de 2008 fue un día clave respecto al futuro de la construcción de la termoeléctrica Los Robles en Constitución, tras la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Comisión Regional del Medioambiente (Corema), la jornada del próximo miércoles también quedará agendada en rojo para el futuro de la cuestionada iniciativa, ya que la justicia determinará si acoge o no los once recursos de protección que se han presentado en contra del proyecto que contempla una inversión de mil 300 millones de dólares.
En términos prácticos, la causa unificada fue anunciada en la segunda sala, cuya integración de ministros y abogado integrante se conocerá con un día de anticipación. En dicho contexto, fueron parlamentarios, alcaldes y sindicatos quienes se han alzado en contra de la construcción de la central a carbón Los Robles, de propiedad de la empresa Aes Gener, por considerar que no respeta las medidas mínimas de contaminación y que, al momento de aprobar el estudio ambiental, no se tomó en cuenta la opinión de la comunidad que se opone tajantemente a la iniciativa.
Al respecto, uno de los integrantes del Movimiento Acción Ciudadana pro Defensa de la Costa del Maule, Carlos Zúñiga, señaló que “espero que la justicia acoja los requerimientos que han hecho las autoridades y la comunidad de Constitución y Chanco, en defensa del medioambiente y mejores condiciones de vida”. Además, dijo que la construcción de la termoeléctrica pone en riesgo la actividad de sectores productivos, como la pesca, el turismo, el rubro forestal y la agricultura.
RESPALDO POLÍTICO
Por su parte, el senador Hernán Larraín (UDI), responsable de uno de los once recursos de protección, señaló que “esperamos que la decisión adoptada por Corema sea revertida y que el proceso quede en cero, para intentar eliminarlo definitivamente, ya que la forma en que se aprobó el asunto fue difícil de entender y aceptar, por lo que ojalá la Corte de Talca nos ayude en la defensa del ecosistema y los maulinos”.
El parlamentario acusó al gobierno regional de “no tomar en cuenta la opinión de la gente. Ha sido insensible en cuanto al tema y no entendió el daño que puede causar una central de dicha naturaleza, por eso es que lamento que se haya dado luz verde para que en Chile estén proliferando las termoeléctricas a carbón, más aún existiendo otras alternativas energéticas de menor impacto”.
Una opinión similar manifestó el senador, Jaime Gazmuri (PS), quien dijo que espera que los recursos “tengan acogida en la justicia, ya que tienen fundamento jurídico, ambiental y regional que los sustentan”. Sin embargo, dijo que no cree que el fallo sea definitivo en la Corte de Apelaciones de Talca, estimando que el caso -al igual como ocurrió en la Quinta Región (ver recuadro) será resuelta finalmente por la Corte Suprema.
De todas formas, recalcó que la legislación ambiental es “insuficiente” y subrayó que el Estado no tiene las herramientas para determinar los espacios físicos ideales donde facilitar el levantamiento de instalaciones eléctricas. “Los actuales estándares no son exigentes y están lejos de los parámetros usados por los países desarrollados”, indicó.
SILENCIO
Respecto a los cuestionados protagonistas de los hechos, el gerente de la empresa a cargo AES Gener S.A., Fidel Venegas, no quiso abordar al tema y derivó las reacciones en el área de comunicaciones de la empresa. En dicho contexto, un vocero se limitó a decir que “por tratarse de un proceso judicial en curso, no nos corresponde referirnos al tema”. La misma justificación se formuló desde el gobierno regional para no hacer declaraciones públicas.
En todo caso, en la tramitación de los recursos judiciales, el abogado Mario Gallardo -a nombre de la empresa Aes Gener presentó respuesta escrita a las denuncias, señalando que defenderá la decisión de la Corema a fin de evitar que se decrete como ilegal y arbitraria la resolución ambiental dictada en diciembre del 2008.
A su vez, destacó que se deben mantener los derechos surgidos tras dicha resolución, la cual calificó como un “acto administrativo legítimo”. En este sentido, agregó que un eventual fallo a favor de los reclamantes provocaría perjuicios en los derechos de propiedad y de libertad económica de la empresa transnacional.
