Mientras en los próximos cinco años la mitad de los proyectos energéticos serán termoeléctricos, y el Presidente Piñera anunció una nueva normativa de emisiones para las centrales a carbón, organizaciones ecologistas apuntan sus dardos: critican que las viejas centrales tendrán una regulación permisiva y acusan falta de normas para el uso del agua.
Un informe elaborado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC), indicó que el 48% de los proyectos de inversión en el sector energético para el quinquenio 2010-2014 usará el carbón como combustible principal, aventajando ampliamente a las hidroeléctricas, que sólo representan el 27%.
Mientras la inversión con el mineral supera los US$13.500 millones, las iniciativas basadas en el agua sólo alcanzan los US$7.600 millones.
Mucho menores son los US$3 mil millones pensados en proyectos de parques eólicos, centrales geotérmicas y plantas solares. Además, según los antecedentes de la CBC.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), aseguró que estas proyecciones se deben a que quienes tienen en sus manos la política ambiental en Chile son los empresarios.
“No hay una política ni instrumentos que garanticen que caminamos hacia un escenario de mayor uso de energías renovables, por ejemplo, o de disminución de la predominancia que tiene el carbón en la matriz energética del país. Falta una política e instrumentos que cambien la dirección en la que va la matriz energética chilena. El elemento que predomina es la energía barata, independiente de los costos ambientales y sociales”, indicó.
Cuenca recalcó además que Chile tiene un compromiso con la comunidad internacional de reducir emisiones frente a la crisis climática.
En tanto, esta mañana el Presidente Sebastián Piñera, junto a la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, anunció en Puchuncaví una nueva normativa de emisiones para termoeléctricas y material particulado fino.
La norma, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, aumenta los límites para las emisiones de MP 2,5, Dióxido de Azufre y Óxido de Nitrógeno, en relación al anteproyecto presentado por el gobierno anterior. Además, amplía el plazo para que las centrales en funcionamiento adapten sus instalaciones a los nuevos estándares.
“Hemos decidido tomar el toro por las astas. Aunque a muchos les parezca difícil de creer, en nuestro país no existen hasta el día de hoy normas que limiten la emisión de las centrales termoeléctricas, ni tampoco normas que garanticen la calidad del aire”, dijo Piñera.
El jefe de Estado añadió que tanto las centrales existentes como las nuevas deberán respetar las nuevas normas, “mejorando así la calidad del aire en algunas zonas que sin duda están en una situación insostenible”.
“Es una muy buena noticia para todos los chilenos, pero muy especialmente para los habitantes de Ventanas, Coronel, Talcahuano, Huasco, Tocopilla, Mejillones y de muchos otros lugares”, enfatizó el mandatario.
No obstante, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, dijo que para el año 2020 nuestro país triplicará las actuales emisiones de carbono y por ello el panorama no es auspicioso, a menos que se apoyen las energías renovables no convencionales.
La ecologista aseguró que esta medida permitirá sincerar los costos ambientales de este tipo de energía, pero también plantea asuntos pendientes: “Obviamente algo va a ayudar, particularmente para las centrales nuevas. Sin embargo, en los próximos cinco años, las viejas no van a tener normas muy exigentes. Al contrario, lograron convencer a Piñera. En cuanto a dióxido de azufre son bastante altas, son el doble de lo que se les permite emitir a las nuevas”, señaló.
Similar opinión manifestó Flavia Liberona, de Terram, quien afirmó que la norma es insuficiente y más permisiva que el proyecto original de la administración de Michelle Bachelet, y añadió que el Estado debería crear un plan de retiro para las termoeléctricas más antiguas y una evaluación ambiental para aquéllas que no han sido evaluadas, es decir, las anteriores a 1997.
La ambientalista enfatizó además que debiera crearse una norma para las emisiones de agua de este tipo de centrales: “En su mayoría, las termoeléctricas se ubican en el borde costero y toman agua como un procedimiento habitual para enfriar las turbinas, y con ello arrastran toda la flora y fauna, sobre todo microscópica, que hay ahí, y la matan. Esto sube la temperatura del agua y se devuelve caliente al mar, también alterando la temperatura en un espacio local y además va con algunos químicos. Por lo tanto, creemos que es urgente hacer una norma”, afirmó.
Flavia Liberona criticó además que esta y otras iniciativas, como el mapa encargado por el Gobierno al ministerio de Bienes Nacionales para determinar las zonas dónde generar este tipo de energías, no hayan sido consultadas con la ciudadanía, especialmente con comunidades locales en lugares de conflicto.
