Buscar este blog

martes, 15 de febrero de 2011

Sentencia a la Chevron-Texaco, un triunfo de la Humanidad

“La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona.”  - Voltaire

“La sentencia más esperada de los últimos 17 años acaba de hacerse pública”. Con esas palabras se difundió la noticia. Nicolás Zambrano, juez de la Corte de Nueva Loja, reconoció que la compañía norteamericana Chevron-Texaco es culpable de la destrucción ambiental y social que provocó en la Amazonía ecuatoriana, durante sus 26 años de operación.  El daño que ocasionó la compañía Chevron-Texaco supera largamente la destrucción que ocasionó la BP en el Golfo de México. El Juez dictaminó que la Chevron-Texaco debe pagar al menos 8 mil millones de dólares por los daños causados. En la sentencia se dictamina también que la transnacional norteamericana debe pedir disculpas públicas en Ecuador y los EEUU a las víctimas por el crimen cometido. Si no lo hace en 15 días, el monto económico a pagar se duplicaría a más de 16 mil millones de dólares. Esta es, a no dudarlo, otra señal poderosa de la sentencia… el dinero no es todo !!!
La historia de este caso es larga…
Desde la segunda mitad de la década de los sesenta, las actividades petroleras, que se iniciaron con la compañía Texaco en alianza con la Gulf, han atropellado masivamente la biodiversidad y el bienestar de la población de la Amazonía. Las comunidades indígenas y los colonos han sufrido innumerables atropellos a sus derechos más elementales, en nombre del mítico bienestar de toda la población.  
Con esta sentencia el discurso sobre la importancia de la región en tanto suministradora de recursos financieros se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia solamente por la revalorización de sus recursos naturales en función de la acumulación de capital, especialmente transnacional, aún cuando estas actividades pongan en riesgo la vida misma. Esta ha sido una de las mayores necedades de la maldición de la abundancia… de recursos naturales.
Para los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, el choque con la civilización occidental, en su peor versión la petrolera, ha significado un cambio radical en su vida e incluso la perdida de vida. No sólo dichos pueblos, también los colonos de la Amazonía norte del Ecuador han sufrido un sinnúmero de atropellos a sus derechos elementales. Vale anotar que los niveles de pobreza en la Amazonía, sobre todo en las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana, son más elevados que en el resto del país.
La resistencia de las comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo jurídico de trascendencia internacional. Es conocido el “juicio del siglo” que han llevado, desde hace 18 años, las comunidades y los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Chevron-Texaco (Texpet, en Ecuador). Es bueno recordar que de esta resistencia surgió el clamor por una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, que cobijó el surgimiento de la Iniciativa Yasuní-ITT.
Los argumentos que se expusieron en contra de Chevron- Texaco son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a la Naturaleza sino que también se evidencian consecuencias en la salud de la población. El juez Zambrano de la Corte de Nueva Loja, superando todo tipo de presiones de la compañía Chevron-Texaco y sus abogados, ha dado la razón a los demandantes.
Con este juicio, más allá de su desenlace, se sienta un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta, que trabajó entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. En ese lapso, esta compañía perforó 339 pozos en 430.000 hectáreas. Para extraer cerca de 1.500 millones de barriles de crudo, vertió miles de millones de barriles de agua de producción y desechos, y quemó billones de pies cúbicos de gas.
Sabemos que las primeras fuentes de contaminación en el área de la concesión de Texaco son el petróleo crudo, los lodos de perforación y otros aditivos, así como las aguas de formación que fueron arrojadas en el ambiente desde inicios de 1967. Esta contaminación afectó suelos, agua subterránea y superficial. Es más, esta contaminación persiste en el ambiente hasta la actualidad.
La primera causa de la contaminación encuentra su origen en las operaciones de exploración y explotación conducidas por Texaco. Sus prácticas y políticas ambientales eran inadecuadas. No empleó controles ambientales. Manejó incorrectamente desechos de pozos de producción, descargó el cien por ciento del agua de formación en los arroyos y ríos, quemó gases en la atmósfera, sufrió docenas de derrames por causas diversas… son algunas de las conclusiones que presentaron las decenas de peritos convocados en el juicio.
Los suelos en estaciones de la Texaco y en los pozos de extracción petrolera contienen hidrocarburos de petróleo y metales en concentraciones que son muchas veces más altas que los estándares para limpieza ambiental en Ecuador y en otros países del mundo. El agua subterránea bajo los pozos de desechos está contaminada por encima de los estándares ecuatorianos. Cuando el agua de producción fue arrojada directamente desde las estaciones durante las operaciones de la Texaco, se contaminaron ríos, arroyos, pantanos y suelos con petróleo, metales y sales en concentraciones que eran mucho más elevadas que los estándares ecuatorianos. La vida de seres humanos, de plantas y de animales fue y continúa siendo impactada por la contaminación. La contaminación ambiental está suficientemente documentada.
En el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de los operadores de compañía en contra mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social. Se afectó básicamente la territorialidad, alimentación y tradiciones culturales de los pueblos indígenas en el área de la concesión. Es más, sobre Texaco pesa también la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris, a más de todos los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, además de perjuicio a los colonos blanco-mestizos.
La remediación ambiental, conducida por Texaco entre 1995 y 1998, fue una estafa en toda la línea, contando con la complicidad de las autoridades gubernamentales de ese entonces.
No nos olvidemos que en muchos gobiernos la Chevron-Texaco contó con el respaldo de altos funcionarios y también de una parte de la prensa nacional. Así esta empresa transnacional pudo sostener una intensa y multimillonaria campaña para tratar de demostrar su inocencia, tanto dentro de Ecuador como en los Estados Unidos. Durante la primera fase del proceso pretendía escaparse de las leyes norteamericanas, ahora se empeña en demostrar que la justicia ecuatoriana está politizada y que los datos de los peritos, son “una suma de cifras delirantes sin sustento científico”.
Si bien resulta imposible poner precio a la Naturaleza, pues la vida es inconmensurable, el daño se ha cuantificado en miles de millones de dólares por todos los daños provocados. A las complejas cuentas anteriores habría que añadir materiales utilizados sin pago, el trabajo mal remunerado, así como las enfermedades (los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3%). Los 8 mil o 16 mil millones de dólares son insuficientes para reparar a las víctimas y para la restauración de la Naturaleza.
Esta sentencia, en suma, supera el ámbito amazónico. Rebasa lo que tarde o temprano tendrá que pagar Texaco. Su accionar, como lo haría décadas más tarde la BP y otras tantas empresas extractivistas en diversas partes del planeta, afectó a toda la Humanidad.
Esta sentencia, por lo tanto, constituye una oportunidad para sancionar y frenar la contaminación provocada por la actividad petrolera y minera, que se sostiene por la combinación del poder político con el poder transnacional sobre el discurso que alienta la explotación del petróleo (y ahora en Ecuador de la minería a gran escala) como base para conseguir el desarrollo; discurso que sostiene una política de ocultamiento de la realidad, intimidación de quienes se oponen, de humillación y olvido para las víctimas...
Con esta sentencia emerge con fuerza la necesidad de una justicia ecológica global que haga realidad los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en el mundo. La vigencia de estos Derechos exige la existencia de marcos jurídicos internacionales adecuados, teniendo en consideración que los problemas ambientales son temas que atañen a la humanidad en su conjunto. Por lo tanto esta sentencia en contra de la Texaco representa un triunfo de la Humanidad.-
Alberto Acosta[1] 
14 de febrero del 2011
(1) Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. (ECUADOR)
Imágenes inéditas del impacto al medio ambiente causado por Chevron en Ecuadorhttp://notibreves.blogspot.com/2011/02/imagenes-ineditas-del-impacto-al-medio.html

Culmina con éxito una nueva versión del Open Bodyboard Cura 3 Puntas en Pelluhue

El Domingo 13 de febrero, con la presencia de un importante marco de público en la playa de tres peñas, se dió finalización al Campeonato Nacional de Bodyboard Pelluhue 2011, parte del circuito nacional de Bodyboard y la Triple Corona Bodyboard Pro 2011, donde los mejores exponentes del Bodyboard, se dieron presencia para disputar el campeonato de el evento de Bodyboard que más dinero a repartido en la historia de la disciplina a nivel nacional. Hubo presencia de corredores de Islas Canarias, Arica, Iquique, Quintero, Viña del Mar, Reñaca, Concepción, Constitución, Lota, Lebu, Cocholgue y con importante participación de los locales de Pelluhue y Curanipe.
Destacaron en la final de la categoría Open Gabriel Brantes de Iquique, quien ocupó el cuarto lugar con una destacada participación, en Tercer lugar se ubicó Diego Espinoza, un Lotino que con una sencillez y silencio, avanzó hasta la final recibiendo especialmente el cariño de los locales; en segundo lugar se ubicó Renato Arellano un clásico competidor del evento quien ha demostrado con trabajo y profesionalismo sus avances en la disciplina; En el primer lugar y ganador del cetro de Campeón es Alan Muñoz Local de El Tabo, quien en los últimos minutos de la manga final tomó una ola a la cual con dos ARS pasó a liderar la manga obteniendo el primer lugar.
La organización hace presente su agradecimiento a la ilustre Municipalidad de Pelluhue y su Departamento de Deportes, quien fué el principal Auspiciador del evento aportando de manera importantísima al desarrollo de la actividad. Agradecemos también a Turbo Bodyboards, Surfers Paradise, Ocean Earth, Arriba Pelluhue, Vigilante Costero Maule Itata, Radio Red Geminis y la importantísima Gestión del Club Cura3puntas de Pelluhue y Patriotas del Sur de Curanipe.
Agradecemos además la visita de los competidores que recorriendo más de 2.500 kms llegaron a Pelluhue convirtiendolo en la Capital de Bodyboard Chileno durante los días 11, 12 y 13 de febrero.


Los lugares definitivos de las categorías desarrolladas en el 6to Campeonato Nacional de Bodyboard Cura3puntas Pelluhue 2011, son las siguientes:

Categoría Open
1.- Alan Muñoz (El Tabo) $500.000
2.- Renato Arellano (Reñaca) $250.000
3.- Diego Espinoza (Lota) $100.000
4.- Gabriel Brantes (Iquique) $50.000

Categoría Junior
1.- Lucas Tride (Quintero) $50.000
2.- Felipe Rivas (Pelluhue)
3.- José Castillo (Quintero)
4.- Anibal Miranda (Con Con)
Categoría Dropknee

1.- Matias Muñiz (Quintero)
2.- Renato Arellano (Reñaca)
3.- Felipe Rivas (Pelluhue)
4.- Gabriel Brantes (Iquique)

Categoría Local
1.- Nelson Salazar (Curanipe)
2.- Felipe Rivas (Pelluhue)
3.- Rogelio Lopez (Pelluhue)
4.- Claudio Vera (Curanipe)

lunes, 14 de febrero de 2011

EN EL FONDO NO HAY AGUA, SÓLO INTERESES

Parece ser que ya nadie se acuerda que el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) para América Latina y el Caribe tiene como finalidad preferente la concesión de ayudas no reembolsables y, en su caso, préstamos no ligados […], bajo el régimen de cofinanciación con las autoridades nacionales de los países de América Latina (1). Y como objetivos y principios inspiradores favorecer la gestión pública, integral y participativa del recurso hídrico […]. Así como reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa del recurso (2). Sin embargo, este Fondo se ha convertido en el Fondo de Internacionalización de las empresas españolas y de Promoción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Barcelona, 7 de febrero.
El pasado 28 de julio, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento con una amplia mayoría de países, entre ellos España. Esto indica que ahora el acceso universal al agua potable y al saneamiento debe ser garantizado por los estados, ya que el agua se considera un bien común y no una mercancía. Sin embargo, la lógica de intervención del FCAS impulsada por el Gobierno español es totalmente incoherente con este avance.
En el Fondo están las empresas privadas
Sorprende la elevada presencia de empresas españolas en los espacios de consulta y trabajo del FCAS, una herramienta de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que en teoría debería regirse por la solidaridad y no por el afán lucrativo. Así, en el 2009 se constituye el Comité Asesor con más de 10 empresas españolas en el mismo; y en el 2010 se establece un Grupo de Trabajo Reducido, formado por 9 miembros, 4 de ellos provinentes del sector privado: Tecniberia, Aqualia, Prointec, y Tecnología y Creatividad (3). Empresas que no representan al sector sino a sus intereses particulares.
En el Fondo está el rescate del BID
En la cartera multilateral del Fondo se han otorgado ya al BID 501,2M $. Así, mientras que el Fondo debería pretender contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable y saneamiento en América Latina, así como favorecer la gestión pública, integral y participativa del recurso, lo que hace es apoyarse en actores que han liderado la privatización del servicio en la región: el BID.
En el período 1993-2005, el BID condicionó el 66% de sus créditos en el sector del agua a la promoción de la participación privada (5.300M$) (4). Un modelo que pretendía, con la incorporación del sector privado, dar respuesta a la crisis mundial del agua pero que, a nivel mundial, no aportó ni el 1% de las nuevas
conexiones necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (5).
En el Fondo está la ayuda reembolsable
Así, esos 501,2M$ han permitido viabilizar créditos a los países receptores por un valor de 296,5M $ (6) más. Es decir, en muchos casos, el FCAS ha supuesto el tramo de donación necesario para que los créditos se hiciesen efectivos. Además, estos créditos que computan para la cofinanciación son superiores a los mínimos requeridos por el reglamento del Fondo (7). Estos porcentajes mínimos de cofinanciación se establecen en relación al Índice de Desarrollo Humano de cada país y al Índice de endeudamiento, con lo que, idealmente, no deberían superarse.
Es preocupante ver cómo la herramienta crediticia está totalmente integrada en la parte del Fondo que gestiona el BID. Así, en su web se indica como proceder a la obtención de créditos del BID para los proyectos del Fondo: ¿Cómo proceder cuando los proyectos necesitan ser preparados? En estos casos puede aplicarse al AquaFund, un fondo de desembolso rápido del BID destinado, entre otras cosas, a la preparación de proyectos (8). En algún caso, estos proyectos del BID ya contemplan una segunda fase, como
en Guatemala (9), donde se contempla un crédito de 100M $, o Bolivia (10) con un crédito de 20M $.
En el Fondo está el sector privado
Otro elemento significativo que muestra como el Fondo es una herramienta para la mercantilización del agua, es el estudio de las entidades beneficiarias. Así, mientras el Reglamento del FCAS establece como únicas entidades elegibles a: a) Administraciones públicas –nacionales, regionales o locales– de los países receptores, siempre que tengan capacidad institucional suficiente. b) Organizaciones de la sociedad civil, cooperativas u otro tipo de asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la prestación de servicios de agua y saneamiento, o a tareas conexas con la provisión estos servicios públicos, en la región (11), el BID, en cambio, establece como elegibles a entidades gubernamentales (Nacionales, Regionales, Subnacionales, Locales) y empresas, cooperativas u otro tipo de asociaciones que presten servicios de agua y/o saneamiento. ONGs podrán también solicitar recursos siempre y cuando su actividad esté relacionada con la provisión de servicios de agua potable y saneamiento (12). Esto se traduce en una promoción desmesurada del sector privado mediante el Plan de Adquisiciones planteado por el BID en cada proyecto (13).
En el Fondo se está impulsando la externalización de las empresas privadas españolas
Por otro lado, el FCAS es también una clara herramienta de la externalización de las grandes empresas españolas, no sólo por la participación de éstas en los órganos asesores del mismo, sino por la clara voluntad del gobierno en otorgarles contratos y licitaciones, como bien explicita la carta que recibió Tecniberia en el 2010: les recordamos que la Oficina del Fondo de Cooperación insiste en que las empresas de consultoría e ingeniería de Tecniberia han de animarse a presentar ofertas para los 8 proyectos que ofrecen antes del 24 de marzo (14). En ésta se indica la otorgación de más de 470.000€ por contratos de consultoría que no alcanzan los 20 meses de trabajo. Además, dicha carta dice textualmente: El sistema de contratación será el negociado sin publicidad. Otra vez no se cumple el reglamento, éste indica que la Oficina del Fondo pondrá todos los medios a su alcance para que la adjudicación de los contratos para la ejecución de los proyectos se efectúe siguiendo procedimientos de licitación transparentes y que garanticen la competencia y la calidad de las adjudicaciones (15).
Hay que recordar que las empresas españolas perdieron el 57% de los contratos que tenían en América Latina (16) por el rechazo de la población a los procesos de privatización. Así, en 2000 se expulsaron las compañías privadas de Cochabamba, en 2001 de Buenos Aires, en 2006 de Santa Fe, así como también se realizó un proceso constitucional, en 2004 en Uruguay, donde se blindó constitucionalmente la gestión pública del agua, proceso seguido posteriormente por Bolivia y Ecuador, entre otros.
En el Fondo participa la gran corporación mundial del agua, SUEZ, mediante su filial Aguas de Barcelona (AGBAR) (17)
La dotación de 11M € a Cartagena de Indias, donde el agua está gestionada por ACUACAR, una empresa mixta participada en un 46% por Aguas de Barcelona, es otro buen ejemplo (18). Los tres proyectos aprobados se desarrollan en la zona de concesión de ACUACAR, en los barrios Nelson Mandela y Olaya Herrera, y en la planta de tratamiento de Albornoz (19). Es decir, fondos públicos de cooperación que servirán para mejorar la explotación de ACUACAR y, por lo tanto, mejorar la cuenta de resultados de Aguas de Barcelona.
Para entender el papel destacado que juegan las empresas privadas en las licitaciones podemos analizar el caso de la asesoría que prestará Aguas de Barcelona en Puerto Príncipe (Haití). Haití, el país que hoy en día más necesita Reforzar el sistema institucional para una adecuada gestión del sector del agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa del recurso (20), se apuesta por una empresa privada francesa. Cuando más oportunidades tenía el Fondo de cumplir con sus objetivos se decanta otra vez hacía los intereses del lobby privado. El proyecto del BID tiene como objetivos hacer una reforma del sector del agua, reforma que tiene entre sus principios: la participación del sector privado en la gestión operativa del sector (21). Así este contrato de asesoría está contemplado en el marco de la Componente I (US$17 millones). Fortalecimiento institucional de la CAMEP y la DINEPA, alcanzando la inaceptable cifra de US$8 millones de los diecisiete (22).
En el Fondo no está el criterio de adicionalidad
El Fondo nace con el objetivo de llegar donde hoy no se está llegando, es decir, apoyar nuevos proyectos de ampliación de red y mejora de saneamiento, no con el de financiar proyectos ya comprometidos por otros actores. Así, es preocupante ver como algunos de los proyectos del BID responden a proyectos anteriores que ya tenía en cartera, como se puede ver al estudiar sus fichas en las que mantiene los códigos de referencia los proyectos antiguos (23).
Por otro lado, se hace evidente que son en realidad las grandes empresas españolas y el BID, quienes a día de hoy están condicionando la cartera de proyectos, como lo demuestra la noticia referente al proyecto de Santa Marta: El Alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granados Pinedo se reunió ayer en Madrid con los directivos de la AECID… El Primer Mandatario Distrital estuvo acompañado del Presidente del Grupo Empresarial Triple A, don Edmundo Rodríguez Sobrino y del Subgerente General de Metroagua, el operador de agua de Santa Marta, Diego Fernando García Arias, empresarios que han impulsado ante la AECID la aprobación de proyectos para el desarrollo de Santa Marta (24). Metroagua es un operador privado, filial de la Triple A, que a su vez lo es del Canal de Isabel II, el operador público de agua de Madrid, constantemente envuelto entre noticias de privatización, y que fuera de su área de concesión en Madrid, actúa como una auténtica multinacional. Los más de 5M € conseguidos por Metroagua son para un colector de aguas pluviales incluido en el programa de obras de Metroagua (25), proyecto sumamente controvertido (26).
Pese a que hacía tiempo que Metroagua tenía comprometida esta obra, ha acabado siendo financiada por fondos públicos de cooperación.
En el Fondo es necesario un nuevo rumbo
Por todo lo expuesto, consideramos que el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento no pude ser considerado un mecanismo de AOD sino más bien una herramienta para la externalización de la empresa privada española y dar salida a los créditos del BID.
Así, ponemos en duda la idoneidad de la participación de las ONGD en el Comité Asesor y en el Grupo de Trabajo Reducido del FCAS, sino se vuelve la senda que marcaban los objetivos del Fondo de contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura. Favorecer la gestión pública, integral y participativa del recurso hídrico […]. Y reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del sector agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa del recurso (27).
En concreto, este nuevo rumbo debe empezar poniendo en práctica las siguientes medidas:
  • Creación de un nuevo Consejo Asesor formado por entidades que tengan en sus estatutos los mismos principios que establece el FCAS, destacando que no tengan ánimo de lucro y impulsen la gestión pública (28). Estos actores podrían ser entes reguladores y operadores públicos de agua, pues son estos actores quienes verdaderamente pueden contribuir al acceso universal a agua y al saneamiento, con un enfoque de cuenca y el refuerzo de las instituciones públicas. En el mismo sentido, consideramos que no deben formar parte del Comité Ejecutivo los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio o el Instituto de Crédito Oficial, pues sus intereses no convergen con la finalidad del Fondo.
  • No otorgación de ningún proyecto más al BID y paralización de los proyectos no aprobados en estado de preparación. En este sentido, exigimos la no otorgación de fondos a ninguna Institución Financiera Internacional, dado la incompatibilidad de principios y políticas entre ambos actores.
  • Que todo el presupuesto restante del FCAS se ejecute a través de proyectos 100% no reembolsables, y se cree un mecanismo para hacer un seguimiento exhaustivo de todos los créditos vinculados a las aportaciones locales, ajustándose siempre de forma prioritaria a los porcentajes establecidos en el reglamento.
  • Exigir que las licitaciones sean, ante todo, de carácter nacional en cada país de actuación respectivamente, favoreciendo así las estructuras locales y evitando que estas licitaciones se conviertan en una herramienta al servicio de las empresas españolas. En cualquier caso, solicitamos la entrega de un listado exhaustivo de todos los concursos, licitaciones y adjudicaciones acaecidas en el marco del Fondo, y en concreto un informe detallado sobre la participación de Aguas de Barcelona en los proyectos financiados por el Fondo. Además, teniendo otras opciones propuestas por entidades sin ánimo de lucro, consideramos que no se debe otorgar ninguna licitación más a empresas privadas.
Para más información:
Eloi Badia Casas
agua@isf.es
Federación Español de Ingeniería Sin Fronteras
933022753
3. De los cuales sólo una es una asociación empresarial.
6. Tabla pública facilitada por el gobierno: “Estado de los proyectos multibilaterales” facilitada por el Gobierno Español (adjuntada).
26.  Agua y trasnacionales en la Costa Caribe
27.  Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Artículo 4, Objetivos del Fondo y principios que lo inspiran
28.  Por poner un ejemplo, nos parece incompatible la presencia del Canal de Isabel II y de Aguas de Barcelona en el Consejo Asesor, cuando entre ambos ya se han llevado 11 millones de euros en Colombia.

viernes, 11 de febrero de 2011

Piñera impide que Ciudadanía se manifieste en Acto en Caleta de Loanco

Por Rodrigo de la O – 
Una verdadera manifestación de fuerza del gobierno de turno fue la que sentimos cuando nos dirigíamos hacia la caleta de Loanco, lugar donde nuestro Presidente de la República participaría de un acto en que se expondría la importancia de la inversión corporativa realizada por Antofagasta Minerals. En la ocasión, el movimiento de Acción Ciudadana Pro Defensa de la Costa del Maule quiso hacerle llegar una nueva carta (van 3 sin respuesta: la primera del Municipio de Pelluhue y organizaciones sociales. La segunda de parlamentarios de la región, alcaldes y Ciudadanía) para manifestarle el contrasentido que implica la inauguración de la remozada caleta (impactada por la catástrofe acontecida en febrero de 2010), la que  se inserta dentro de la denominada “Ruta de las Caletas”, olvidando que solo un par de kilómetros al norte se pretende construir una Central Termoeléctrica a Carbón de la multinacional AES Gener.
Resulta un tanto confuso presentar un proyecto de turismo, fomento de empleos y del desarrollo de la actividad pesquera artesanal si una mega industria como Los Robles de AES Gener piensa instalarse a escasos metros del lugar. Es increíble cómo a pesar de conocer tristes experiencias en caletas del norte (Puchuncaví, Quintero, Mejillones, Huasco, por nombrar algunas) donde sufren por años sus nefastas consecuencias las comunidades aledañas y, a pesar de ello, aún no existe claridad presentándose estos (positivos) proyectos de fuerte inversión privada sin definir qué es lo que sucederá con la Central Los Robles, amenaza latente para la zona y también para la mentada ruta.
Además es lamentable ver como en tiempos de democracia somos objeto de discriminación y nuestras autoridades no pueden confrontar una manifestación pacífica recurriendo a la fuerza policial para coartar las posibilidades de que las demandas expresadas lícitamente por la ciudadanía puedan ser escuchadas y que persistan en indefiniciones respecto de un proyecto aprobado con irregularidades que estimamos es muy contrario a los propósitos esenciales del Proyecto Ruta de las Caletas.
Se debe exigir coherencia en las políticas de gestión y también respeto por las misivas enviadas que aun figuran sin respuesta.
En conclusión Acción Ciudadana Pro Defensa de la Costa del Maule hace una presentación pública de la carta enviada y esperamos que el ejecutivo pueda responder a la ciudadanía para de una vez poner fin al dantesco proyecto Los Robles sin arbitrariedad y con el respeto y trato adecuado que la ciudadanía se merece.
fotos Maule Itata Coastkeeper Program