Por Claudia Sepúlveda Luque
Estudiante de Doctorado en Geografía Humana University of British Columbia, Canadá
Fuente: http://www.lemondediplomatique.cl/El-momento-de-la-verdad-en-el.html
Los informes periciales que hoy hemos terminado de conocer son de una importancia fundamental. Ellos vienen a reparar la grave omisión de no haber contado durante todos estos años con un pronunciamiento claro sobre la responsabilidad de una empresa que, como dicen los peritos, ha sido negligente con las normas ambientales, ha ocultado información, ha montado una dañina campaña de incertidumbre científica, y ha mostrado una conducta arrogante sobre los efectos de sus acciones. Todo indica que CELCO-ARAUCO siempre supo que era responsable.
El desastre del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces marcó un antes y un después en la historia ambiental de Chile. El movimiento valdiviano surgido en respuesta a la masiva muerte de cisnes de cuello negro –que tenían en este humedal protegido internacionalmente la mayor colonia reproductiva de dicha especie– conmovió al país con su masividad, fuerza y perseverancia. Las repercusiones provocaron una crisis de proporciones en la institucionalidad ambiental, cuyo efecto final fue la reforma legal aprobada por el Congreso a fines del 2009 y vigente desde el 2010, que se tradujo en la creación del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el nuevo Servicio de Evaluación Ambiental.
Resulta difícil entender que habiendo provocado tales repercusiones el movimiento valdiviano no haya logrado su principal objetivo: detener el desastre y recuperar el Santuario. Aunque cueste creerlo, CELCO-ARAUCO no sólo ha seguido descargando sus desechos directamente al Río Cruces sino que volvió a operar al 100% durante el 2008 y hace poco inició el trámite para duplicar su producción. De ser aprobado, éste último supondrá más insumos, más desechos y, por tanto, más contaminación. La consecuencia directa ha sido que los cisnes y el Santuario siguen sin recuperarse, como lo revelan los informes mensuales realizados por CONAF, y que el Río Cruces presenta niveles de contaminación que superan con mucho los parámetros históricos, particularmente en compuestos altamente biotóxicos como los cloratos, cuya única fuente conocida es la planta de celulosa de CELCO-ARAUCO.
¿Cómo se explica que el desastre haya persistido si la empresa ya fue identificada como la única responsable por científicos de la Universidad Austral de Chile? Efectivamente, en abril del 2005 científicos de dicha universidad valdiviana concluyeron que los efluentes de CELCO-ARAUCO “bastaban para explicar el desastre”. Sin embargo la CONAMA, que había contratado el estudio, nunca se pronunció sobre dicha conclusión y entregó el informe científico al Consejo de Defensa del Estado. Fue éste último el que interpuso una acción civil en contra de la empresa con el fin de obligarla a reparar el daño causado. Ni el requerimiento de retirar las descargas del Río Cruces ordenado el 2005 por la COREMA de Puerto Montt ni el plan para recuperar el Santuario iniciado el 2006 por CONAF tuvieron mayor efecto, limitándose a un par de consultorías irrelevantes. ¿Por qué?
Porque a pesar de que el Consejo de Defensa de Estado ha mantenido invariable su convicción sobre la responsabilidad de CELCO-ARAUCO, la falta de un pronunciamiento oficial dejó libre el camino para que la empresa sembrara la incertidumbre. Atacando el informe de la Universidad Austral y contratando a “connotados” científicos que propusieron rebuscadas explicaciones exculpatorias, CELCO-ARAUCO impuso la tesis del ecólogo de la PUC Fabián Jaksic sobre la imposibilidad de demostrar “de forma irrefutable” su responsabilidad. Tal campaña fue apoyada por prominentes figuras, como el ex candidato presidencial y senador por Valdivia Eduardo Frei, quien ofició de chaperón en el Congreso de uno de los consultores contratados por CELCO-ARAUCO. La empresa reiteró hasta el cansancio que su tecnología de punta y su impecable manejo la exculpaban, invirtiendo sumas millonarias en donaciones y campañas de imagen. El efecto fue inmovilizador. Las instituciones, confundidas, temieron responsabilizar erróneamente a la empresa y las medidas de restauración comprometidas por Chile ante la Convención Ramsar se convirtieron en un absurdo: ninguna acción tendría efecto mientras la planta de celulosa siguiera operando. El desastre continuó.
Por eso es tan relevante que hoy se hayan conocido los últimos informes periciales encargados por la jueza Gloria Hidalgo, del 1er Juzgado Civil de Valdivia, como parte del juicio del Estado de Chile en contra de CELCO-ARAUCO iniciado hace casi 6 años exactos. Seis peritos independientes de un total de siete –incluyendo geógrafos, ecólogos, biólogos e ingenieros químicos– han concluido que existe una relación directa entre las descargas de CELCO-ARAUCO y el desastre. Según los peritos, la empresa provocó el colapso ecológico del humedal, “la muerte súbita y total” de las plantas acuáticas –entre ellas el luchecillo– , la masiva mortandad de cisnes y otras especies, la pérdida de biodiversidad, y el aumento drástico de la contaminación en las aguas y sedimentos del Santuario.
Los peritos independientes destacan el accionar negligente de CELCO-ARAUCO que se refleja en el incumplimiento reiterado de las condiciones de aprobación de la Planta Valdivia, las que fueron sistemáticamente sobrepasadas como lo comprueban 17 procesos sancionatorios. Los peritos subrayan como agravante que la empresa, con toda su experiencia en operaciones similares, no haya tenido en cuenta los efectos desastrosos en el Santuario causados por las descargas tóxicas de emergencia que realizó durante episodios de “fuera de control” que promediaron uno diario durante el primer año de operaciones. A ello se suma la constatación de escurrimientos superficiales al Río Cruces de sustancias peligrosas que la empresa no sólo negó, sino que recién a partir del 2007 comenzó a tratar como lo exige la ley. Los peritos también consideran como agravante que la empresa no haya realizado “ninguna iniciativa de restauración, remediación, compensación o preocupación significativa relacionada con el Santuario en estos 8 años” (sic). Finalmente, hacen notar los sistemáticos esfuerzos de desinformación emprendidos por CELCO-ARAUCO al continuar “culpando a terceros con extrañas hipótesis y débiles explicaciones, evadiendo su responsabilidad o autoría en los hechos que produjeron el colapso y degradación ambientales hasta el día de hoy del humedal” (sic). Es decir, los peritos asumen que CELCO-ARAUCO debió saber los efectos de sus acciones y que negligente (o dolosamente, podríamos decir) no sólo persistió en ellas sino que las negó y ocultó, desinformando y confundiendo a autoridades y ciudadanos. En otras palabras, la empresa derechamente mintió sobre la gravedad de los impactos ambientales que generó, como claramente consta en el expediente.
Solo el informe de la limnóloga Irma Vila Pinto –quien integra el equipo de la Universidad de Chile que el año 2007 levantó una de tales “extrañas hipótesis”– apunta a factores climáticos como los causantes del desastre. Los restantes 6 peritos independientes, en cambio, descartaron de plano tales causas “naturales” señalando que los estudios que las sustentan presentan problemas metodológicos y son inconsistentes con la temporalidad de los eventos y con los antecedentes empíricos disponibles.
Se trata por tanto ─como los peritos insisten─ de un daño ambiental, social y económico que ha continuado ocurriendo día a día en el Santuario y en Valdivia, donde la industria turística que operaba en torno al humedal colapsó junto al ecosistema. Los peritajes destacan que durante el año 2005, por ejemplo, se produjo una baja de un 50% en el turismo de la Comuna de Valdivia, impactando negativamente al PIB regional.
Los 6 peritos independientes consideran que debido a su responsabilidad directa en el desastre, así como a los agravantes de su accionar negligente, CELCO-ARAUCO debe compensar por los costos de los perjuicios ambientales, tributarios, al turismo y al comercio, así como por daños inestimables causados “al activo potencial turístico y sentido de identidad de la comunidad valdiviana” (sic). El costo de estos daños ascendería a 86 mil millones de pesos. Además, los peritos consideran que la empresa debe financiar la restauración del Santuario y pagar por haber usado el humedal como planta de tratamiento cuaternario para sus efluentes líquidos.
La claridad, contundencia y convicción de los informes que hoy hemos terminado de conocer son de una importancia fundamental. Ellos vienen a reparar la grave omisión de no haber contado durante todos estos años con un pronunciamiento claro sobre la responsabilidad de una empresa que, como dicen los peritos, ha sido negligente con las normas ambientales, ha ocultado información, ha montado una dañina campaña de incertidumbre científica, y ha mostrado una conducta arrogante sobre los efectos de sus acciones. Las comunidades afectadas han pagado un costo demasiado alto que no podrá ser fácilmente compensado. No sólo han visto desaparecer parte de su patrimonio ambiental, sino que se han visto obligadas a convivir con la incertidumbre sobre los riesgos a la salud derivados de la contaminación que día a día se acumula en el entorno de Valdivia y otras localidades. Lo que es más grave, han presenciado impotentes cómo esta empresa ambientalmente irresponsable limpia su imagen con generosas donaciones –la última recibida por la propia Universidad Austral– mientras insiste en no tener relación con lo ocurrido en el Río Cruces.
Dos son las principales implicancias de estos informes. Primero, demuestran que la operación planta de celulosa de CELCO-ARAUCO es incompatible con la recuperación del Santuario. La reparación ambiental que la empresa debería realizar supone por tanto la detención de su descarga a Río Cruces. Segundo, que confirman que la empresa supo desde un comienzo que era responsable pero prefirió negarlo con millonarias campañas y estudios cuyo efecto ha sido agravar el daño causado, comprometiendo de paso la credibilidad de instituciones como la ciencia.
Lo que los peritos han dicho hoy los ciudadanos lo dijeron hace años basados en los mismos o similares antecedentes. Pero lo que hoy ha cambiado es que la responsabilidad de CELCO-ARAUCO ha quedado por fin oficialmente establecida. La empresa tiene hoy la última oportunidad de reconocerlo públicamente, como debió hacerlo desde un inicio. Con ello no sólo contribuiría a un proceso real de restauración del Santuario sino que podría finalmente dar una señal de tener la voluntad de actuar correctamente. Por el bien de la comunidad a la que tanto ha dañado.
