Por Lucio Cuenca Berger Director, Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales ‐ OLCA
Un estudio publicado en Diciembre del 2009, encargado por el gobierno de
Michelle Bachelet a Tironi y Asociados (1), agencia de comunicación estratégica
favorita de los gobiernos de la concertación y de las transnacionales
extractivistas, arrojó que una clara mayoría ciudadana en Chile considera que
la energía nuclear es muy cara (83%) y ambientalmente dañina (69%). Ya en el comienzo
señala “la imagen de la energía nuclear movilizada por los participantes es
sistemáticamente negativa, por sobre cualquier diferencia socioeconómica, de género o edad. “Muerte”, “destrucción”,
“bomba”, “Chernobyl”, “sucia” y “guerra” fueron algunos de los conceptos que aparecieron
con mayor frecuencia en los discursos.”
Estos estudios no fueron difundidos, pues su objetivo no era dar insumos a la opinión
pública para debatir seriamente un negocio que desde el 2005 se viene amasando entre
las principales fortunas nacionales, el lobby minero y las autoridades de
turno. Más bien, todo parece indicar que la idea era tener claridad de qué terreno se pisa
en la materia para definir qué estrategias comunicacionales implementar para cambiar
la percepción ciudadana e imponer la impronta de una energía limpia y barata.
De hecho, luego del desastre de Fukushima, a menos de una semana de la tragedia,
el gobierno de Piñera suscribió con Estados Unidos acuerdos de cooperación nuclear
un día antes de la visita de Barak Obama a Santiago, visita que se manejó como
si el mandatario fuera un artista de Hollywood, con una cobertura escandalosamente
superficial, que imposibilitó que la ciudadanía se enterara de los verdaderos
propósitos de la cita.
Este mismo desenfado para abordar la energía nuclear, caracterizó a Michelle Bachelet,
la primera mujer presidenta de Chile, militante del partido socialista y concertacionista,
que había hecho un compromiso de campaña expreso de "no incluir la opción
nuclear en la política energética nacional" (2), pero que paradójicamente
contrató estudios para dar los primeros pasos en una normativa chilena sobre la
energía nuclear (siguiendo lo que había comenzado el también socialista Ricardo
Lagos) y creó el “Grupo de Trabajo para una primera evaluación la opción Núcleo‐Eléctrica en Chile”. El grupo fue prolífico, desde el 2008 fue evacuando
los informes ‘Rol del Estado y los privados’ (2008), ‘Adecuación de normativas’
(2009), ‘Impactos y riesgos’ (2009), ‘Programa de comunicaciones’ (2009), y ‘Localización de plantas’ (2011). Por supuesto que
una vez más estos informes no fueron difundidos entre la ciudadanía, pero sí
dieron insumos, por ejemplo, para que en las plantas nucleares de Japón, semanas antes del desastre, el ministro de
Energía chileno firmara acuerdos de cooperación con Francia para investigación
y capacitación, y creara un Consejo empresarial de colaboración en energía
nuclear, encabezado por Guillermo Luksic del grupo Quiñenco y el presidente del
grupo energético franco-belga GDF Suez, Gérard Mestrallet (1 “Asesoría técnica en la elaboración de un programa de comunicaciones
para avanzar a una toma de decisión informada y participativa sobre el
desarrollo de infraestructura nuclear”. Diciembre 2009 (2)). Es decir, con el
apoyo transversal de la clase política, y la oposición documentada de la
sociedad civil, en la última década se vienen desarrollando todos los
instrumentos y acuerdos para la instalación de una alternativa energética en
retirada de los países que antaño fueron sus férreos partidarios.
¿Cómo pueden avanzar en rutas tan opuestas las gestiones de los representantes
y las voluntades de los representados?
El principal argumento de los gobiernos para desviar recursos en una tecnología
que solo los empresarios con intereses en el negocio quieren, es el de la inminente
crisis energética; avalan sus gestiones en que Chile, para seguir en la senda del crecimiento
económico, debe crecer y duplicar la generación eléctrica en los próximos 10
años. Pero esto es una falacia perversa, que no solo perpetúa la imposición de
un modelo de crecimiento ad infinitum, fuertemente cuestionado hoy por la
población, prueba de ello son las multitudinarias movilizaciones estudiantiles,
sino que además intenta posicionar en el sentido común que las fuentes
tradicionales no son suficientes y las Energías Renovables No Convencionales
(ERNC) no son permanentes ni seguras para abastecer la creciente demanda.
Claramente esto no es cierto, el problema energético de fondo en nuestro país
no tiene que ver con el futuro, sino con el pasado reciente y el presente.
Desde que en la dictadura de Pinochet la política energética fue entregada al mercado
y a las empresas privadas, se ha ido sofisticando y profundizando un sistema
que no incentiva el ahorro, la eficiencia, ni la diversificación de la matriz energética,
y que por el contrario, depreda el medio ambiente, entrega beneficios
exorbitantes a las actividades económicas no sustentables y exige el subsidio
de los usuarios. Por ejemplo, desde que se promulgó la “Ley Corta II” de 2005,
se incorporó un mecanismo acelerado de traspasar a precios los crecientes costos de generación. Desde que entró en
vigencia dicha ley los precios de la electricidad han acumulado un incremento
espectacular de un 57,7%. Chile tiene hoy la electricidad más cara de América
Latina, no sólo en cuanto a los precios de generación, sino también en las
cuentas que pagan las personas mes a mes.
Según un estudio comparativo elaborado por la consultora argentina Montamat
& Asociados y que fuera dado a conocer en 2009, los hogares chilenos pagan
por la electricidad una tarifa media regulada de US$119,3 por un consumo de 150
kw. Por igual demanda, en Brasil y Perú sus habitantes cancelan un tercio de
esa suma, en Colombia casi un cuarto y en Argentina gastan apenas US$10,1.
Por otro lado, la necesidad futura de energía eléctrica de las mineras y otras grandes
industrias, ha abierto un proceso vertiginoso de nuevas inversiones, todas
ellas sobre energías tradicionales. Si a la demanda se le añade otro factor,
por el lado de la oferta, que es la búsqueda de la mayor rentabilidad por parte
de las generadoras sobre la base de los menores costos, lo que tenemos es una
matriz no sólo tradicional, sino también más contaminante. A falta de gas
natural, las empresas han decidido invertir en grandes centrales
termoeléctricas de carbón. Sólo el proyecto Castilla, que se construirá en la
Región de Atacama con una inversión de 4.400 millones de dólares, prevé generar
2.300 MW. Junto a esta megacentral, hay una serie de otros proyectos aprobados,
los que suman en conjunto unos cinco mil MW.
Actualmente la potencia instalada en el SING y SIC es de 15.309 MW (que representa
el 99,71 % de la capacidad instalada del país), y el total de electricidad generada
en 2010, fue de 58.257 GWh. La composición de la potencia instalada en el SING es
99,6% termoeléctrica y 0,4% hidro ERNC (menor a 20 MW). En el SIC, en tanto, la
estructura es 44% hidroeléctrica, 52% termoeléctrica, y 4% ERNC (3).
Además de este retroceso a las fuentes tradicionales de generación, nos encontramos
con un mercado de generación concentrado en tres empresas extranjeras que
generan y comercializan el 84 % de la energía en el Sistema Interconectado
Central (SIC)4 que cubre el 69% de la capacidad del país y el 94% de la participación
en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) (5) que cubre el 30,7% de la
capacidad.
En este escenario, parece evidente que las decisiones políticas para la matriz energética
del país tendrán más que ver con utilidades que con el bien común, por eso antes
de procurar un debate ciudadano se constituyen consejos asesores empresariales, pues se asume que los empresarios tienen más que decir que los usuarios que ven
cómo cada día se empeora su calidad de vida y aumentan los costos de la
energía.
Nada nuevo bajo el sol
Este modo de operar no tiene nada nuevo en Chile, la megaminería química, que como ya dijimos es la principal responsable del aumento de la demanda energética del país (consume más del 30% de la energía, el 37% de la electricidad y genera menos del 1% del empleo) se impuso de la misma manera que ahora intenta imponerse la energía nuclear, invisibilizando los riesgos, creando primero el soporte legal y técnico a contracorriente de la voluntad ciudadana y en completo beneficio de las empresas transnacionales. De hecho, cuando en 1971 se nacionalizó el cobre, mediante la única ley, a parte de la declaración de independencia que ha tenido la aprobación unánime del parlamento, nada hacía presagiar que mecanismos comunicacionales, represivos y jurídicos podrían en 40 años hacer que gran parte de la sociedad civil, la misma que daba su vida por el cobre, se resignara a que toda la riqueza subterránea perteneciera otra vez a las transnacionales. Esta política que ha procurado asegurar una institucionalidad que estatice los costos y privatice los beneficios es la que permite que hoy los holdings mineros tengan a su haber todos los medios de comunicación, financien gran parte de los mega eventos culturales que se desarrollan en el país, estén presentes en la mayoría de las campañas políticas, y sean miradas como un mal necesario, porque claro, externalizando los costos ambientales y sociales sus márgenes de utilidad son inimaginables: para producir una onza de oro en Chile se invierten 50 dólares aproximadamente, onza que es tranzada en el mercado mundial a 1800 dólares.
Este modo de operar no tiene nada nuevo en Chile, la megaminería química, que como ya dijimos es la principal responsable del aumento de la demanda energética del país (consume más del 30% de la energía, el 37% de la electricidad y genera menos del 1% del empleo) se impuso de la misma manera que ahora intenta imponerse la energía nuclear, invisibilizando los riesgos, creando primero el soporte legal y técnico a contracorriente de la voluntad ciudadana y en completo beneficio de las empresas transnacionales. De hecho, cuando en 1971 se nacionalizó el cobre, mediante la única ley, a parte de la declaración de independencia que ha tenido la aprobación unánime del parlamento, nada hacía presagiar que mecanismos comunicacionales, represivos y jurídicos podrían en 40 años hacer que gran parte de la sociedad civil, la misma que daba su vida por el cobre, se resignara a que toda la riqueza subterránea perteneciera otra vez a las transnacionales. Esta política que ha procurado asegurar una institucionalidad que estatice los costos y privatice los beneficios es la que permite que hoy los holdings mineros tengan a su haber todos los medios de comunicación, financien gran parte de los mega eventos culturales que se desarrollan en el país, estén presentes en la mayoría de las campañas políticas, y sean miradas como un mal necesario, porque claro, externalizando los costos ambientales y sociales sus márgenes de utilidad son inimaginables: para producir una onza de oro en Chile se invierten 50 dólares aproximadamente, onza que es tranzada en el mercado mundial a 1800 dólares.
Sin duda que el lobby empresarial minero detrás de la energía nuclear apunta a
que sea esta misma matriz ideológica la que impere en las decisiones nucleares.
No menos del 70% del crecimiento de la demanda eléctrica se debe a la voracidad
de la minería (6) y las inversiones proyectadas para los próximos 6 años son unos
US$70 mil millones, lo que aumentaría en un 50% la producción de cobre en ese periodo (7). La expansión minera transnacional constituye en el principal factor
de impulso de la Nucleoelectricidad.
En este sentido resulta sintomática la incorporación de Guillermo Luksic, familia
minera, la más acaudalada del país, al consejo empresario asesor de la energía
nuclear, no es que el hombre tenga méritos académicos en la materia, dejó a
medias la carrera de derecho y desde entonces solo se ha dedicado a los negocios ¿qué sentido tiene
este perfil en el Consejo, si no es fortalecer el lobby para que la energía
para la minería llegue de fuentes que ellos mismos puedan controlar? Al final,
la energía nuclear y la termoeléctrica son las únicas que requieren de minería para operar, claro que
la segunda el país ya la conoce y sus impactos se hacen evidentes en todas las regiones
en que ha operado, por lo que sería absurdo plantearlo como una energía de
futuro… la nuclear aún no se sufre en carne propia.
Sin embargo, lo que resulta interesante ahora es que, aunque se opera con el mismo
sigilo y los mismos eufemismos mediáticos que invisibilizan las decisiones estructurales
del país, como fue durante la dictadura de Pinochet y los gobiernos de la “Concertación
por la Democracia”; Chile está cambiando, poco a poco va recuperando su capacidad
de movilizarse y articularse, prueba clara son las movilizaciones contra el proyecto
HidroAysén en la Patagonia, las Termoeléctricas a Carbón y en especial movilización
estudiantil, resultado de años de
aprendizaje y de caminar entre la intuición autonómica y horizontal y la
cultura jerárquica y partidaria. En este contexto social, es altamente
probable, o al menos esa es nuestra esperanza, que la pretendida imposición de la energía nuclear, se transforme más que en una nueva condena al empobrecimiento,
en una posibilidad de apostar colectiva y ciudadanamente por energías alternativas
como la eólica y la solar, en escala local.
NOTAS
(1)
“Asesoría técnica en la elaboración de un programa de comunicaciones para
avanzar a una toma de decisión informada y participativa sobre el desarrollo de
infraestructura nuclear”.Diciembre 2009
(2)
Acuerdo de Chagüal, Campaña presidencial Chile – 2005
(3)
Ministro de Energía, presentación Ministro Raineri 01/09/2010
(4)
Endesa, Colbún y Gener
(5)
E-CL, Gener y Gas Atacama
(6)
Seso, mentiras y termoeléctricas Miguel Marquez , experto en energía, Febrero
2001,
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/02/28/seso-mentiras-y-termoelectricas/
(7)
Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) El
Mercurio 18 de Octubre 2011,
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=89607,.
