Por Rodrigo de la O -
Los días 23 y 24 de Noviembre Estuvimos presentes, en el ex congreso nacional, en el IV Encuentro Nacional por el Agua y la Vida en donde comunidades locales, organizaciones de base, ONGs de todo el país y parlamentarios nos reunimos para poder seguir debatiendo, conectándonos y aprendiendo sobre las complejidades de nuestro sistema democrático, sus leyes y las diversas problemáticas locales relacionadas con el agua y nuestro medio ambiente.
Uno de los temas centrales de este encuentro fue poder fortalecer la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida conformada el año 2009, de la que somos parte, ante la urgente necesidad de la “recuperación del agua para una gestión pública y comunitaria”.
En esta ocasión, y como un logro alcanzado, estuvieron presentes en este encuentro las diputadas Adriana Muñoz (PPD), Cristina Girardi (PPD) y Andrea Molina (UDI) integrantes de la reciente Comisión de Recurso Hídricos, Desertificación y Sequía que es una institución permanente al interior del parlamento que proviene de la formalización de la Bancada del Agua.
Uno de los temas relevantes es el proceso de expansión de la sequía existente en nuestro en la zona centro norte y lo relacionado con los derechos de agua existentes en nuestro país que, prácticamente, en su totalidad (95%) se encuentran en manos privadas, muchos de ellos sobre explotados y entregados de manera irregular en la década de los 80.
Los servicios ambientales, socioculturales y económicos son vitales a la hora de entrar al debate del real acceso y derecho al agua. Esto propone un escenario en que es central entrar en la discusión de la caducidad como regla en los derechos cuando el servicio no es público y centrar la discusión en los procesos de aprobación de derechos obtenidos de manera estructural.
En este Seminario (encuentro) el Derecho humano al Agua para el abastecimiento de la población se establece como una prioridad esencial y, obviamente, se busca proponer maneras claras de poder proponer un cambio legal en ese sentido.
Uno de los aspectos en los que se tuvo coincidencia es la necesidad de seguir fortaleciendo la participación real activa de la ciudadanía en la estructura democrática. Para ello, es importante poder aumentar los grados de involucramiento entre las autoridades y ciudadanía. Exigir ese espacio y hacerse oír dado que “si las instituciones no se presionan, no funcionan (C. Girardi)”.
También se menciono que Las Aguas Potables Rurales (APR) son las únicas que van quedando que gestionan el agua como bien de uso público (13%), produciéndose la dicotomía que en los sectores rurales no se respeta el derecho humano al agua y lo contrario sucede en las zonas urbanas.
Este encuentro nos sitúa en un crudo escenario en que se han dado pequeños pasos en la búsqueda de poder encaminar la discusión para exigir un cambio estructural en el código de aguas (derogar, reformar?) lo que implica, de una u otra manera, una nueva Constitución política.
Sorprende como las parlamentarias asistentes al encuentro se esfuerzan en poder exponer el argumento de la prioridad al acceso de agua para consumo humano y como un derecho, pero al mismo tiempo, se observa un estado reducido, arrinconado y disminuido por estructuras legales que amparan y benefician el libre mercado de gestión antropocéntrica de los recursos naturales del país. Las limitaciones existentes obligan a realizar una modificación estructural profunda de nuestro sistema democrático en donde la gestión de los bienes sociales no puede hacerse ajena a la participación de las comunidades (participación ciudadana).
Es necesario por tanto explorar las maneras adecuadas, las experiencias existentes en otros países de cómo en un país se modifica la Constitución política de la República por iniciativa ciudadana de Ley y de qué manera, la ciudadanía, podría proponer temas o iniciativas de ley.
Por lo tanto, deben quedar establecidas en la Constitución las prioridades de uso del Agua, como un derecho humano, como elemento inigualable para la conservación de los ecosistemas en una dimensión transversal y como producción agroalimentaria (con mayor eficiencia y proporcionalidad).
La gran minería y el embalsamiento de nuestros ríos al fin de cuenta redunda en los sistemas costeros y ecosistemas marinos, afectando los recursos hidrobiológicos, alterando todo el ecosistema de nuestro planeta y, por ende a nuestra propia especie, por lo que hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de que los “ríos se pierden en el mar”.
Por último, al respecto de la necesidad de modificar el código de aguas y sistema binominal para poder lograr una representatividad real en el parlamento de las comunidades afectadas, se establece la necesidad de potenciar el proyecto cuarta urna impulsada por el Senador Jose Antonio Gomez (PRSD) en la búsqueda de una asamblea constituyente que permita cambiar la carta magna de Chile y que se plebiscite en las presidenciales 2013. Esto, sin lugar a dudas, sería el inicio del anhelado perfeccionamiento de nuestra democracia.
