Video explica indicaciones del Ejecutivo que pretenden debilitar aplicación de caudal ecológico aprobado por la Cámara de Diputados

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=prBJCP93yjk

En discusión de reforma al Código de Aguas en el Senado

Junto con las “aguas del minero”, el martes 1 de agosto se votará la norma  que exige  mantener un caudal  de agua mínimo para asegurar la preservación de los acuíferos y ecosistemas que sostienen las actividades de subsistencia y las economías asociadas a los ríos.

Con un video viral, la campaña ciudadana “¿De qué lado estarás tú?” inició esta semana una ofensiva para revertir los intentos del Ejecutivo de recortar en el Senado lo aprobado por la Cámara de Diputados en el contexto de la reforma al Código de Aguas, específicamente en lo relativo a caudal ecológico para los derechos ya otorgados. La votación en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta se realizará el martes 1 de agosto, a partir de las 10:30 horas, ocasión en que se también se zanjará la figura de las “aguas del minero”.
Bajo el título “Caudal ecológico para todos los ríos de Chile”, la pieza audiovisual alerta sobre la presión que gremios energéticos como la Asociación de Penqueñas y Mediana Centrales Hidroeléctricas (APEMEC) han realizado sobre  la administración de Michelle Bachelet, para  liberar plantas de hasta 20 megawatts de la obligación de cumplir con el caudal ecológico, incluso en áreas protegidas.  Esta excepción constituiría un factor de dumping ambiental que privilegiaría a empresas con capacidad de inversión de hasta unos de 60 millones de dólares, (es decir unos 40 mil millones de pesos),  permitiéndoles en los hechos  secar ríos y sacrificar cuencas en pos de grandes intereses económicos.
La reforma aprobada en la Cámara de Diputados también estableció que en el caso de los derechos ya otorgados, el caudal ecológico se aplicará con relación a las áreas silvestres protegidas (parques, reservas nacionales, reservas de región virgen), sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, humedales incluidos en la Convención Ramsar y áreas amenazadas y degradadas. El gobierno, mediante indicación, intenta eliminar esta posibilidad en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y las áreas amenazadas y degradadas.
La importancia del caudal ecológico es que permite asegurar la preservación de las cuencas hidrográficas y la integridad de los ecosistemas  que sostienen  todas las actividades  que requieren del agua, como la agricultura, la industria y las ciudades.
Ese día, además, se resolverá uno de los principales privilegios de la minería, las llamadas “aguas halladas” o "aguas del minero". En esta votación en particular se pondrá a prueba la independencia del senador DC Jorge Pizarro, quien será próximamente formalizado por recibir aportes ilegales de SQM, compañía minera que ha demostrado un particular interés en incidir en la regulación hídrica del país.
La Comisión de Recursos Hídricos del Senado está integrada, además de Pizarro, por Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Isabel Allende (PS), Víctor Pérez (UDI) y Francisco Chahuan (RN).

En Comisión de Recursos Hídricos del Senado: Nueva Mayoría se une a la Derecha para mantener figura propietarista de “derechos de aprovechamiento” de agua

• Haciéndose eco de las acusaciones de la derecha sobre la inconstitucionalidad de la figura de concesiones, legisladores votaron a favor de revertir lo aprobado por la Cámara de Diputados.
• PPD Adriana Muñoz, aunque aportó a la unanimidad, argumentó en contra señalando que esto era “no solo un cambio de nombre, sino lo que se busca es ir asimilando cada vez más los nuevos derechos que se otorgarán a los ya otorgados”. 

A pesar de las diferencias públicas de la Nueva Mayoría con la Derecha respecto de las reformas al Código de Aguas, en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado aún persisten ciertas coincidencias. Durante la votación de las indicaciones del Ejecutivo que revierten varios avances alcanzados en la Cámara de Diputados, sus legisladores estuvieron a favor de mantener la visión propietarista del Código de Aguas al rechazar cambiar la figura de “derechos de aprovechamiento” por la de “concesiones”. 

Fue este martes que se inició la votación de las propuestas del gobierno, digitadas por un Ministerio de Hacienda que se hizo eco de las demandas del gran empresariado.

Entre otras, aumenta el plazo para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan dichos otorgamientos.

Asimismo desliga a las empresas mineras de pedir autorización para el uso de las aguas que afloren en sus faenas y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas, entre otras materias.

La comisión está integrada por Adriana Muñoz (PPD), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS), Francisco Chahuan (RN) y Víctor Pérez (UDI). 

“La reforma al Código de Aguas ha tenido graves problemas al ingresar al Senado, en la medida en que por presión del Ministerio de Hacienda, haciéndose eco de los distintos sectores productivos, la Presidenta Bachelet ha ingresado una indicación que elimina muchos de los avances que se lograron en la Cámara” señaló luego de la votación la directora de Chile Sustentable Sara Larraín. 

Durante la sesión cada uno de los legisladores, con excepción de Pizarro, entregó sus argumentos, votando unánimemente a favor de eliminar el concepto de “derechos de aprovechamiento”, aunque por distintos motivos. En el caso del RN Francisco Chahuan apeló a la “coherencia normativa” ya en su opinión debe usarse la misma figura para todos los tipos de autorizaciones, luego de amenazar insistentemente con recurrir al Tribunal Constitucional de aprobarse la figura de concesiones.

Por la Nueva Mayoría, Adriana Muñoz (PPD y presidenta de la comisión), aunque votó a favor, dejó establecida su postura critica, en el sentido que “esto no es solo un cambio de nombre, sino lo que se busca es ir asimilando cada vez más, y es la propuesta que han hecho los colegas de la oposición, los nuevos derechos -que se otorgarán sobre el 10 % de las aguas superficiales de las cuencas y el 50 % de las subterráneas- a los ya otorgados, y ese es el tema central”.

Otra de las indicaciones discutidas fue la de Pizarro, quien proponía eliminar dentro de los usos prioritarios el “doméstico de subsistencia”, debido a los riesgos que una amplia interpretación podía conllevar (el mejor ejemplo, lavado del auto). Sin embargo, varios senadores insistieron en mantener la frase “actividades de subsistencia” dentro de los usos prioritarios del agua, además del agua potable, el saneamiento y la preservación de los ecosistemas. 

Asimismo se aprobó la posibilidad de que el gobierno pueda establecer reservas de agua, lo cual implica que habrá un decreto del Ejecutivo que establece reservas de agua para usos prioritarios, y esas permitirán denegar derechos para usos productivos, para que así el Estado las cautele para consumo humano y protección de los ecosistemas.

La próxima semana –martes 16 de mayo- continuará la votación en particular sobre reformas fundamentales: la temporalidad de 30 años máximo en el otorgamiento de los nuevos derechos; y las causales para denegar la prórroga de estos, entre ellas si los recursos hídricos son destinados a usos distintos a los que se establecieron en su otorgamiento. También se resolverá sobre la obligación de las empresas mineras a informar sobre las aguas halladas en el área de su concesión y pedir autorización para su uso, tal como se le exige a todos los sectores productivos. Actualmente las así llamadas “aguas del minero” no se informan ni se solicitan, lo cual ha generado una distorsión a favor de un sector productivo particular.

Fuente: elecowebtivista.wordpress.com

Recuperar el agua y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.

Cristian Villarroel (Foto desde Fuente)

Fuente: El Ciudadano

El 22 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Agua. Este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el “Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua”, luego del triunfo ciudadano que significó en 2010 alcanzar el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento.

Un tema que en el último tiempo en Chile, no deja a nadie indiferente.

Y es que las demandas sociales por el agua han irrumpido fuertemente en las agendas publicas, y debemos aspirar legítimamente a que se trasformen en prioridades políticas de nuestra sociedad, especialmente en una año electoral como este.

Los conflictos socio ambientales producidos por las dificultades de acceso al agua para consumo humano principalmente, van en un sostenido aumento en nuestro país, desnudando una realidad que por años distintas organizaciones ciudadanas hemos venido denunciando; como el modelo de asignación y gestión de las aguas -consagrado en Constitución de 1980 y el código de aguas del 81-, centrado en criterios de oferta y demanda, pone a este bien natural bajo una fuerte presión de mercado, negando el acceso al agua a miles de personas, y haciendo insostenible la vida humana en muchos territorios a lo largo de nuestro país, especialmente en las zonas donde el agua es más escasa.

Por solo mencionar algunos territorios donde las situaciones son muy críticas y se encuentran bien documentadas, podemos señalar: Caimanes, Petorca, Valle del Huasco, y en el último tiempo los proyectos mineros que destruirán glaciares en la cordillera central -reservas de agua de un valor incalculable-. No podemos dejar fuera tampoco los episodios de desabastecimiento que afectaron a cuatro millones de habitantes en la Región Metropolitana durante este verano, lo que permite vislumbrar una radiografía hídrica, que evidencia la fragilidad del sistema y la falta de gobernabilidad sobre un recurso estratégico, como lo es el agua.

Para intentar revertir esta situación, en el Congreso Nacional, entre los años 1992 y 2012, se han presentado nueve proyectos de reformas constitucionales en materia de aguas; ocho de ellas son mociones parlamentarias y un mensaje presidencial. Estas iniciativas de reforma, con excepción de una (en 1992, de los diputados Acuña y Gajardo, la que fue archivada) siguen vigentes: tres de ellas están actualmente en tramitación en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados.

Básicamente, todas estas mociones apuntan a derogar el Artículo 19, numeral 24 de la Constitución de 1980, con el objeto de reformar el régimen jurídico de propiedad de las aguas y recuperar el dominio público sobre ellas.

Recordemos que el Código de Aguas de 1981 ya fue reformado el año 2005, en virtud de un proyecto de ley presentado durante gobierno de Aylwin (en 1992). Dicha reforma tardó 13 años en concretarse y básicamente solo logró tres cambios de fondo: instauró el requerimiento de fundamentar las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas; estableció la obligación de determinar y mantener caudales hidrológicos mínimos en las cuencas para prevenir el desecamiento de los ríos; y estableció el pago de multas para aquellos poseedores de derechos de aprovechamiento de agua que los acaparan sin utilizarlos, una figura denominada pago por no uso -y que fue el único término aceptado por sectores de la oposición de la época, asesorados por Libertad & Desarrollo.

De prosperar alguna de las iniciativas que actualmente se encuentran en el Parlamento, se podría declarar el agua un bien nacional de uso público real, y no de manera tramposa como se indica actualmente en el papel, y que no tiene posibilidades de ser ejercido en la práctica.

Esta situación permitiría hacer viable la modernización de las políticas públicas en materia de agua y la gestión del territorio: estableciendo la prioridad del aprovechamiento para uso humano; establecer funciones y prioridades de uso de las aguas que el Estado debe garantizar; establecer caudales ecológicos (reales) y reservas de aguas con bases científicas; establecer la caducidad de los derechos de aprovechamiento; establecer la prohibición de conceder derechos dentro de áreas protegidas; establecer la obligación de las empresas mineras de declarar las aguas alumbradas y solicitar su aprovechamiento; establecer prioridades de acceso para las asociaciones de agua potable rural (APR) y eximir de pago de patentes a pequeños productores y comunidades agrícolas, así como a comunidades indígenas.

Sin duda que la falta de voluntad política, tanto de gobierno y oposición -con excepciones por supuesto-, ha mantenido esta situación en un statu quo que, sumado a la aprobación de proyectos hidroeléctricos en el centro sur del país, las expansiones mineras en el Norte, la usurpación de aguas en zonas, entre otros, constituyen la gota que rebalsa el vaso, permitiendo que la conflictividad social producida por la falta de agua en los territorios, se traduzca en el enfrentamientos de sectores productivos, y el despertar social y la legítima defensa de las comunidades que se sienten atropelladas en sus derechos fundamentales.

Como respuesta a la falta de acción política y cambios reales en materia de agua, las comunidades organizadas ya han anunciado un proceso mayor de organización dirigido a concretar la primera marcha nacional por el agua. Esta iniciativa esta convocada para el próximo 22 de abril (Día de la Tierra), donde dos columnas, desde el norte y el sur del país, arribarán a la capital para exigir a las autoridades y a la clase política cambios estructurales a las leyes de agua en Chile.

Como un aporte concreto en la búsqueda soluciones en esta materia, junto a un sector amplio de la sociedad civil, hemos intencionado desde hace dos años una agenda de trabajo técnico y político, convocando a un sector amplio de parlamentarios para tratar estos temas.

Como resultado de este proceso, en abril de 2012, se constituyó en el Congreso la Bancada Transversal del Agua, lo que en un primer momento buscaba informar “por un canal oficial” al parlamento sobre la gravedad de la situación hídrica del país, establecer un proceso de audiencias y denuncias públicas y fortalecer el seguimiento legislativo desde las organizaciones sociales en conjunto con algunos parlamentarios, a las reformas de agua existentes en el Congreso.

Como resultado de este proceso, el día 14 de agosto de 2012, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 70 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones, la creación de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, como nueva comisión permanente de esta Cámara.

Este logro ciudadano y político, no ha estado exento de sacrificios por parte de las organizaciones sociales y gremiales que desde distintos puntos del país -con recursos propios y ad honorem- deben hacer grandes esfuerzos para trasladarse al Congreso.

En la práctica, reunir en una sola comisión los temas de agua, que comúnmente eran vistos en distintas comisiones -Obras Públicas; Constitución; Recurso Naturales; y Agricultura- contribuía a fragmentar y entorpece el análisis general sobre el tema. Además, esta nueva comisión contará con presupuesto propio para su trabajo técnico legislativo, pudiendo sesionar en regiones, abriendo procesos de investigación; citando a los afectados, especialistas y gremios entre otros.

Se hace necesario que la ciudadanía permanezca alerta y exija a esta comisión avances concretos y la materialización legítima de recuperar el agua, el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común que es propiedad de todas y todos.

Este esfuerzo, así como la Marcha Nacional por el Agua que se realizará el próximo 22 de abril, se alimenta de la convicción y comprensión colectiva, de saber que no se está luchando tan solo por un recurso natural que sustenta a uno u otro sector, si no por agua, base de la vida, el futuro y la subsistencia de las nuevas generaciones.

Por Cristian Villarroel Novoa

Coordinador Medio Ambiente, Agua y Ciudadanía

Programa Chile Sustentable

IV Encuentro Nacional por el Agua y a Vida - 23 y 24 de Noviembre de 2012

I N V I T A C I Ó N

El IV Encuentro Nacional por el Agua y la Vida, tiene como propósito compartir experiencias y contribuir a la reflexión en torno a los conflictos por el agua, desde los procesos que realizan organizaciones locales, sociales, académicas y políticas, que nos permitan avanzar hacia una gestión pública y comunitaria de este bien común. El agua se ha constituido en un punto de encuentro de quienes la defienden en sus espacios locales y quienes buscan contribuir a la generación de propuestas para una gestión distinta, sustentable y democrática.

La declaratoria de Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento el año 2010 ha sido un hito relevante en la lucha por la conservación de este recurso para la vida de nuestras comunidades y pueblos a nivel mundial. En lo nacional, y luego de décadas de un modelo de gestión y asignación del agua desastroso que ha privilegiado la concentración en manos privadas de este bien común, se ha constituido una Comisión Parlamentaria permanente sobre recursos hídricos, desertificación y sequía, que abre la posibilidad a que estas discusiones, instaladas hace tiempo en la sociedad chilena, se trasladen a espacios legislativos. Esto reafirma que el agua potable y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, y permitirá conectar las diversas acciones y experiencias comunitarias por la defensa del agua que existen hoy en el país y en el mundo.

El actual modelo y la legislación sobre el agua en Chile, a nuestro juicio, perpetúan la dinámica privatizadora de la gestión y asignación del agua, incluso pretendiendo mostrar que quienes ostentan su propiedad para usufructo personal y corporativo, son personas y corporaciones desinteresadas que se movilizan por el bien común. En este escenario, se requiere de una ciudadanía activa y vigilante que sea capaz de cuestionar, repensar y proponer nuevas formas de gestión de este bien común. Pues cada logro y avances en esta materia, ha sido y será, resultado y fruto de la lucha de miles de personas y comunidades.

Por ello, les invitamos a participar de este espacio ciudadano por la defensa del agua y la vida que realizaremos los días 23 y 24 de Noviembre en el ex-congreso nacional desde las 8.30 hrs. Esperamos que este encuentro nos ayude a renovar acciones para la defensa del agua como un derecho esencial para la vida y los procesos de gestión territorial nacional y regional que se han emprendido a los largo del país, y a partir de ahí, acordar nuevas acciones y una agenda social común para que este derecho avance en su implementación. 

Los esperamos a todas y todos.

CONVOCAN: Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, CODEMA, FIMA,  SECMA FECH - U.Chile, Centro de Análisis de RRNN - U. ARCIS, Observatorio Ciudadano, AIFBN, Vertientes Chile, Ceibo-Maipú, Defendamos la Ciudad, Ética en los Bosques, Ecosistemas, FENAPRU, FENATRAOS, CARITAS-Chile, Programa Chile Sustentable, Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida.

Inscripciones: chilesus@chilesustentable.net , Fono: 02 2091979. Santiago, Chile.

Programa Chile Sustentable
Fono: (56 2) 209 7028
Fax: (56 2) 209 1979
www.chilesustentable.net

PROGRAMA

CCTP llamó a terminar con el “doble estándar energético”

Fuente: http://www.energiaciudadana.cl/noticias/cctp-llamo-a-terminar-con-el-%e2%80%9cdoble-estandar-energetico%e2%80%9d

Tres visiones contrapuestas se dieron cita en encuentro de la plataforma escenarios energéticos, donde dos representantes dela Comisión CiudadanaTécnico Parlamentaria (CCTP) participaron en el seminario “Desarrollo Energético de Chile: Conflictos y Consensos”.

Mientras la integrante de la Comisión CiudadanaTécnico Parlamentaria y directora de Chile Sustentable, Sara Larraín abogó por el diálogo social y el ordenamiento territorial como instrumentos de planificación integral; el representante de las generadoras pidió terminar con la incertidumbre para poder hacer los proyectos y el integrante dela CADE destacó la necesidad de compensaciones, para que la ciudadanía reciba beneficios y así acepte los proyectos en su territorio.

La intervención de Larraín se produjo en el panel sobre los desafíos actuales de la matriz eléctrica. En él estuvieron también René Muga de las Generadoras de Chile A.G. y Hugh Rodnick  académico UC y ex integrante de la CADE, todos moderados por Nicola Borreegard, del Comité Técnico Escenarios Energéticos – Chile 2030.

Al respecto, los principales temas que se profundizaron el encuentro se relacionaron con los desafíos que enfrenta el desarrollo de la matriz energética-eléctrica de hoy.

Larraín hizo hincapié en que existe una desigualdad en el tema energético que ha llegado a un punto crítico. “En los proyectos energéticos, la sociedad  ha tenido que aguantar el interés público de algunos por sobre los otros, pero cuando la sociedad civil pide un Ordenamiento Territorial para  planificar las zonas en las cuales es lícito instalar una central, entonces es calificado como no  legitimo”.

En ese sentido, la integrante dela CCTP destacó que hay un doble estándar brutal, “y la sociedad civil esta aburrida del doble estándar. Cuando el Estado norma para un lado, el energético, para los empresarios eso está OK, pero cuando es para el otro lado, es que el Gobierno está perdiendo el norte. Creo que hay un problema serio de falta de democracia”, recalcó ante el auditorio.

CAMBIO ENLA SOCIEDAD

“Claramente la sociedad chilena cambió frente al tema energético. Continuar con una matriz compuesta en 60% por electricidad obtenida desde termoeléctricas o llegar a la opción nuclear no son alternativas sociales y viables políticamente”, dijo la ambientalista

Luego del primer panel, se realizó un segundo debate sobre el  Ordenamiento territorial y el Desarrollo Energético.

En éste, Patricio Rodrigo de Chile Ambiente, integrante de la CCTP enfatizó en que el mundo y el país están cambiando, sin embargo, en materia energética, las dificultades son que existe un marco regulatorio inadecuado, un monopolio en el sector de agua y electricidad; altos precios para los consumidores; serios impactos ambientales y culturales y se plica la “ley del más fuerte” donde el lobby está interviniendo a las comunidades con la llamada compra de voluntades.

El evento, organizado por la plataforma Escenarios Energéticos, que lideran Fundación Chile, Fundación Avina y Empresas Eléctricas, se realizó en el auditorio TVN y tuvo por objeto analizar la constante preocupación existente en el país respecto de la energía disponible.

La última parte del encuentro abordó la  discusión sobre el modelo eléctrico chileno, en lo relativo al sistema de transmisión y el proyecto de una carretera eléctrica para Chile.

En su alocución, Nicola Borregaard también celebró como una noticia positiva el anuncio realizado por el subsecretario de energía Sergio del Campo, al inicio del evento, de un aporte estatal de 600 millones de dólares para objetivos de eficiencia energética. “Si se concreta, entonces solo el aporte de un año sería 10 veces mayor que todo el presupuesto que tuvo la agencia chilena de eficiencia energética para el 2012. Es un avance y habrá que ver en qué se van a invertir”, dijo.

Comisión de Agua: Un gran avance

RECIENTEMENTE se aprobó, por 70 votos a favor y sólo nueve en contra, la creación de una Comisión Permanente sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía en la Cámara de Diputados. La creación de esta comisión permite, por una parte, separar el tema hídrico de los temas que aborda la Comisión de Obras Públicas, pero sobre todo permitirá la presentación de reformas a la Constitución y al Código de Aguas, junto con dinamizar la fiscalización de las políticas hídricas en marcha.

El acceso al agua, así como su gestión y distribución, viene generando preocupación nacional por su relevancia para el consumo humano, la producción de alimentos, la agricultura, la industria y la minería, además de la protección de nuestros ecosistemas y la supervivencia de diversas comunidades en el territorio nacional.

Actualmente, la comunidad científica ha establecido que 49% del territorio de nuestro país está considerado árido o semiárido, pues sus acuíferos y otras fuentes de agua (incluidos los glaciares) están degradados o sobreexplotados.

Asimismo, en los últimos años, diversos fenómenos, como el calentamiento global, la mayor presión de los sectores productivos y la contaminación han generado una creciente escasez y una situación crítica en la disponibilidad de recursos hídricos en la mayor parte de las regiones del país.

Ello está generando conflictos entre las comunidades locales y los agricultores con otros sectores productivos, y riesgos de abastecimiento para centros poblados. Recordemos que hoy más de 100 comunas del país, incluidas zonas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos, están en emergencia agrícola por la falta de agua.

Esta situación que aqueja a Chile ha sido conocida por los parlamentarios y la Cámara de Diputados ha establecido en años recientes comisiones especiales e investigadoras tales como las comisiones investigadoras sobre situación de los depósitos de relaves mineros, la comisión sobre la extracción ilegal de aguas y áridos y, recientemente, la comisión especial sobre sequía Atacama/Maule.

Adicionalmente, para enfrentar estas problemáticas, parlamentarios de todos los sectores políticos han presentado diversas mociones de ley para avanzar hacia la gestión más justa y eficiente del agua, con miras al bien común, las mejoras en la institucionalidad y la fiscalización, el fomento de las obras de regadío y el apoyo a los sectores afectados por la escasez hídrica.

No obstante, tanto el cambio climático como las condiciones cíclicas que enfrenta Chile evidencian la necesidad de mantener una atención permanente sobre los recursos hídricos como prioridad nacional. Es por ello que celebramos -como parte de una extensa red nacional de organizaciones ciudadanas por la defensa del agua- la iniciativa de la Cámara de Diputados de establecer una comisión permanente en materia de agua, desertificación y sequía, dedicada a estudiar y discutir iniciativas legales que respondan a los urgentes desafíos que enfrenta la sociedad chilena en materia de recursos hídricos, y la necesidad de nuevas políticas en esta materia.

Fuente: Columna de Sara Larraín publicada en La Tercera del día jueves 23 de agosto.