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martes, 30 de julio de 2013

Celulosa-Arauco y el desastre del Río Cruces: ¡culpable!

Celco-Arauco no sólo no informó tales descargas a las autoridades, ocultando datos, sino que, en su afán de negar su responsabilidad, se abstuvo de tomar medidas de mitigación a las que la propia RCA la obligaba. Por su parte, los informes periciales solicitados por el tribunal concluyeron que se trata de un desastre ecológico excepcionalmente agudo: en solo tres meses las descargas tóxicas colapsaron el humedal de 6 mil hectáreas, legalmente protegido por el Estado de Chile y por la Convención Ramsar.
Hemos conocido el fallo de primera instancia que condena a Celco-Arauco por el daño ambiental causado desde comienzos del 2004 al Santuario del Río Cruces en Valdivia. Han sido 8 largos años de investigación a cargo de la jueza Gloria Hidalgo, del Primer Juzgado Civil de Valdivia. Las pruebas aportadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que interpuso la demanda en abril del 2005 en representación de los afectados, lograron demostrar la culpabilidad de la planta de celulosa Valdivia en el desastre, a la vez que permitieron refutar cada una de las hipótesis exculpatorias sostenidas por la empresa, las que apuntaron a causas naturales.
El principal argumento del CDE fue demostrar que los drásticos cambios ecológicos ocurridos en el Santuario se correlacionan con las descargas de compuestos que excedieron de forma sistemática lo permitido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o que, más grave aún, nunca fueron autorizados. En particular, el CDE resaltó el efecto provocado por compuestos ilegalmente descargados y reconocidamente biotóxicos, como el clorato, que en el caso del Río Cruces tiene como única fuente la industria de Celco-Arauco. Estas ilegalidades dieron origen a 17 procesos sancionatorios en contra de Celco-Arauco, varios ya ratificados por la Corte Suprema. El CDE sostuvo que, como agravante, estas persistentes ilegalidades dan cuenta de un comportamiento intencionado, toda vez que la empresa, por su vasto conocimiento del proceso industrial de la celulosa, debió anticipar los efectos de sus descargas. Pero Celco-Arauco no sólo no informó tales descargas a las autoridades, ocultando datos, sino que, en su afán de negar su responsabilidad, se abstuvo de tomar medidas de mitigación a las que la propia RCA la obligaba. Por su parte, los informes periciales solicitados por el tribunal concluyeron que se trata de un desastre ecológico excepcionalmente agudo: en solo tres meses las descargas tóxicas colapsaron el humedal de 6 mil hectáreas, legalmente protegido por el Estado de Chile y por la Convención Ramsar.
Aunque es probable que ambas partes apelen, prolongando el proceso judicial, este es un fallo histórico en este emblemático caso de la historia ambiental de Chile. En primer lugar, porque establece por primera vez de manera oficial la responsabilidad de Celco-Arauco, poniendo fin a una extensa y extenuante etapa en que la empresa hizo todo lo posible por desacreditar los informes que la culpaban, alimentando la confusión y la incertidumbre. La falta de un pronunciamiento oficial ha impedido que, en todos estos años, se tomen acciones concretas para reparar y proteger el ecosistema dañado, mientras la planta de Celco-Arauco ha seguido funcionando. A su vez, ello ha interferido negativamente en el diseño de medidas como la Norma de Calidad Secundaria del Río Cruces, que se encuentra en etapa final de aprobación. De haber existido a tiempo un reconocimiento oficial de la responsabilidad de CELCO-ARAUCO esta norma podría haber regulado de modo más estricto los compuestos que hoy se confirma provocaron el desastre, contribuyendo de modo efectivo a recuperar la calidad histórica de las aguas de este ecosistema.
En segundo lugar, el fallo pone en cuestión los criterios que en su momento las autoridades ambientales exigieron a fin de reconocer la responsabilidad de Celco-Arauco. Aunque muchas de las pruebas aportadas en el juicio han estado hace años en manos de los servicios públicos, ellas fueron consideradas insuficientes. Estos servicios tampoco hicieron lo necesario para generar las pruebas adicionales que confirmaran o descartaran la responsabilidad de Celco-Arauco. Así, todos estos años, las instituciones han operado en la ambigüedad, reconociendo tácitamente que Celco-Arauco es culpable pero argumentando a la vez que no es posible hacer nada mientras ello no esté ‘demostrado’. Esto ha producido decisiones contradictorias, permitiendo la continuidad del daño. En particular, cabe recordar que, teniendo en sus manos el informe de la Universidad Austral de Chile (UACh) que en abril de 2005 concluyó la existencia de una relación directa entre las descargas de Celco-Arauco y el colapso del Santuario, la COREMA le entregó a la empresa un permiso administrativo, al margen de los requerimientos legales, para continuar vertiendo los mismos compuestos no autorizados que la UACh identificó como causantes del desastre. Las autoridades esperaban de la ciencia una demostración irrefutable de las causas del desastre –es decir, probada experimentalmente. Algo imposible debido a la complejidad de las variables involucradas.
Se escudaron entonces en la falta de convicción científica para abstenerse de tomar medidas que detuvieran el desastre. En contraste, el fallo sostiene que el tribunal arribó a la convicción plena sobre tal causalidad por medio de un enfoque criminalístico (inductivo), basado en la correlación espacial y temporal de las descargas tóxicas y sus efectos ecológicos. Si el país pretende avanzar seriamente en el fortalecimiento de sus instituciones ambientales, resulta crítico hacernos cargo de las lecciones que se derivan de este caso en relación al papel de la ciencia. En particular es necesario fortalecer los mecanismos precautorios que la nueva legislación contempla, para que las autoridades no se escuden en la falta de pruebas científicas cuando deban tomar medidas preventivas requeridas con urgencia. A la vez, es necesario que los nuevos Tribunales Ambientales desarrollen protocolos probatorios para llegar a conclusiones oportunas en casos científicamente complejos.
En tercer lugar, el fallo da inicio, por fin, a la fase de recuperación del Santuario y de reparación de los daños derivados del desastre por la que los ciudadanos de Valdivia se movilizaron tan intensamente. Y aquí radica su principal debilidad: las medidas reparatorias con las que el fallo condena a Celco-Arauco son generales y apuntan a actividades de investigación y monitoreo sin considerar acciones concretas de recuperación del humedal o de reparación de los daños, que no son solo ecológicos, sino también sociales, culturales y económicos, como el propio fallo señala. ¿Cuáles serán la imagen objetivo y las metas de recuperación del Santuario?, ¿qué daños serán considerados?, ¿se tomarán en cuenta los efectos del desastre en las comunidades humanas?, ¿cuál será la entidad encargada de implementar las medidas financiadas por la empresa?, ¿quiénes participarán en estas decisiones e instancias? El fallo no se hace cargo de estos temas, dejando en manos de los actores involucrados la tarea de diseñar en detalle e implementar las medidas generales que ordena. Ello supone asumir grandes temas pendientes, comenzando por dar inicio a un debate público sobre cómo abordar la fase de restauración que se inicia. Tarea que es crítica, más aún considerando que en Valdivia existen visiones diversas sobre cuál es el Santuario que se quiere recuperar, cuáles son las medidas para lograrlo y quiénes debieran participar en el proceso.
A casi una década del inicio del desastre del Santuario del Río Cruces, el fallo conocido da inicio a una nueva etapa que nos enfrenta a nuevos desafíos. Las autoridades regionales, la comunidad académica local y los actores sociales tienen la valiosa oportunidad de emprender en conjunto un proceso de recuperación del humedal y de reparación de los daños causados que sea, a la vez, técnicamente riguroso, ampliamente participativo y socialmente legítimo. Los valdivianos, cuya movilización ha sido determinante para que esta nueva etapa sea hoy posible, nos merecemos este esfuerzo colectivo. El desastre del Río Cruces remeció nuestra relación con el entorno donde vivimos y producto de ello la visión que esta región ha definido sobre su desarrollo enfatiza como nunca antes la protección responsable de nuestro patrimonio natural. Para que ello sea posible, es necesario que nos pongamos a la altura del desafío que comienza. Es momento de demostrar que ya no somos los mismos.
CLAUDIA SEPÚLVEDA
Socióloga, Magíster en Medio Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, PhD (c) en Geografía Humana

domingo, 28 de julio de 2013

Valdivia: Condenan a Celulosa Arauco por desastre ambiental en río Cruces el 2004

Fuente: El Ciudadano
El Tribunal Civil de Valdivia condenó a la Celulosa Arauco por el daño ambiental del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces de Valdivia, en un hecho ocurrido en el año 2004.
Tras casi diez años de indagatoria y en un fallo de 163 páginas, la titular del primer juzgado civil de Valdivia, Gloria Hidalgo condenó a la empresa Celulosa Arauco por el daño ambiental que su Planta Valdivia provocó en el Santuario de la Naturaleza del Río cruces a fines del año 2004 y a sólo meses de iniciada su marcha.
La sentencia, producto de una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado señala que en cuanto al dolo de la acción, la empresa Celulosa Arauco conoce a la perfección la actividad que ejecutó con grave daño al ambiente, porque es una empresa que a gran escala desarrolla esta actividad y resulta inexplicable que incurra en acciones y omisiones dañosas como las denunciadas.
Tras la indagatoria, la jueza Hidalgo concluye que el daño en el santuario comprende la muerte y desaparición sin regeneración a la fecha del luchecillo; muerte y emigración de cisnes de cuello negro desde el humedal; daño al ecosistema en su conjunto, pérdida de diversidad biológica del ecosistema y pérdida del valor paisajístico del humedal.
Respecto a la causa de ese daño ambiental, el primer juzgado civil de Valdivia establece que fue ocasionado por Celulosa Arauco, y tiene como única causa basal la actividad ilícita de vertimiento de Riles al Río Cruces, contraviniendo su Resolución de Calificación Ambiental.
En la sentencia se concluye que la planta Valdivia de Celco, vertió en el humedal del Río Cruces residuos industriales líquidos cuya cantidad, composición y tratamiento no correspondía al autorizado, provocando aumento de la temperatura del agua, aumento de la acidez, aumento de su conductividad lo que es indicativo de derrame del llamado “ licor negro”, de ácidos resínicos y solución de metales pesados, lo que desencadeno en el desastre ambiental.
De esta forma, el primer juzgado civil de Valdivia condenó a Celulosa Arauco a adoptar diversas medidas para preservar el Santuario de la Naturaleza, a su costo.
Entre ellas se encuentran realizar a través de un equipo interdisciplinario un estudio sobre el estado actual del humedal, que estará a cargo de un comité independiente. Además, CELCO debe crear un humedal artificial con carácter de centinela, con especies representativas del santuario.
Deberá Celco reimplementar un programa de monitoreo medioambiental y crear un centro de investigación de humedales, tal como lo propuso la propia empresa durante el juicio, además de llevar a cabo programas de desarrollo comunitario relacionados con el humedal
Frente al monto de la indemnización, el fallo del primer juzgado civil de Valdivia establece que Celulosa Arauco deberá pagar los perjuicios causados, durante la etapa del cumplimiento de la sentencia y que la especie y monto de estos perjuicios será determinados en esa instancia de cumplimiento.
Revisa el fallo aquí
Fuente: Radio Bío bio

viernes, 17 de agosto de 2012

COMUNICADO DE PRENSA: ACCION POR LOS CISNES

Valdivia, jueves 16 de Agosto de 2012
Ante la reunión que sostendrá hoy, jueves 16 de julio, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Sergio Urrejola Monckeberg, con el vicepresidente ejecutivo de CELCO-Arauco, Matías Domeyko, y ante el inminente fallo del Primer Juzgado Civil de Valdivia que todo indica sería condenatorio para esta empresa por su responsabilidad en el desastre ecológico que sigue afectando al Santuario del Río Cruces en Vadivia, declaramos que:

1.- El juicio interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de CELCO-Arauco se encuentra cerrado, a la espera del fallo final que debe ser dictado por la jueza Gloria Hidalgo del Primer Juzgado Civil de Valdivia.
2.- De acuerdo a los antecedentes del juicio que son de público conocimiento las pruebas reunidas por la jueza Hidalgo apuntan de forma contundente al establecimiento de la responsabilidad de CELCO-Arauco en la aguda contaminación que ha afectado al Santuario del Río Cruces desde la puesta en marcha de su planta de celulosa Valdivia, en febrero del 2004. Todo indica, por tanto, que el fallo será condenatorioestableciendo la relación directa entre las descargas tóxicas vertidas por CELCO-Arauco al Río Cruces y el agudo desastre ecológico que viene afectando desde hace 8 años al Santuario protegido Carlos Anwandter.
3.- Un fallo condenatorio debiera obligar a CELCO-Arauco a reparar el daño ambiental causado y detener la contaminación. Estos han sido desde un comienzo los objetivos perseguidos por el movimiento ciudadano de Valdivia. En suma, estamos ad portas de la posibilidad de una reparación histórica de un desastre que jamás debió ocurrir.
4.- En particular, las pruebas del juicio en contra de CELCO-Arauco demuestran que:
a) Hasta antes de la entrada en operación de la industria de CELCO-Arauco el humedal mostraba condiciones ecológicas estables.
b) Ocurrieron cambios ecológicos agudos, de gran escala, inmediatamente después de la entrada en operación de la planta de CELCO-Arauco.
c) El colapso ecológico del humedal tendría como causa directa las descargas tóxicas reiteradas que CELCO-Arauco vertió al Río Cruces, en particular en los primeros meses de operación de su planta.
d) Las descargas tóxicas reiteradas de CELCO-Arauco se reflejaron en el incumplimiento también reiterado de los niveles máximos de descarga para numerosos compuestos y parámetros, según consta tanto en los monitoreos de la misma empresa como en las transgresiones legales en que CELCO-ARAUCO incurrió y que fueron sancionadas por distintos servicios públicos y en varios casos ratificadas por la Corte Suprema.
e) La magnitud y toxicidad de las descargas tóxicas e ilegales fue tal, que el ecosistema colapsó en sólo 4 meses. El reiterado incumplimiento de los niveles de descarga autorizados sólo agravaron el desastre.
f) Las hipótesis de causas alternativas propuestas por CELCO-Arauco durante el juicio, todas las cuales pretendieron demostrar que el desastre obedeció a causas naturales, fueron una a una descartadas por expertos, peritos y las inspecciones de terreno. 
g) En conclusión, tanto la evidencia empírica sobre las causas y persistencia del desastre, como la evidencia legal y administrativa sobre las reiteradas infracciones cometidas por CELCO-Arauco a las normas vigentes, apuntan al establecimiento de daño ambiental y a la culpabilidad directa de esta empresa.
Dada la contundencia de los antecedentes reunidos por la jueza Hidalgo es evidente que CELCO-Arauco debió llegar a la convicción de que el fallo le será desfavorable.
Conociendo la forma en que esta empresa ha enfrentado hasta ahora su responsabilidad en este desastre anticipamos que hará todo lo que esté a su alcance para ofrecer una negociación que suspenda el proceso judicial e impida el fallo final.
6. Es por ello que la reunión que sostendrán hoy el Presidente del CDE y el vicepresidente ejecutivo de CELCO-Arauco reviste la máxima gravedad en la medida que podría tener como propósito que la empresa intente detener el inminente fallo que, todo indica, será condenatorio.
7. Hacemos un llamado a CELCO-Arauco a, de una vez por todas, asumir su responsabilidad de frente a la comunidad valdiviana y al país en su conjunto y reconocer sus errores, sus malas prácticas y sus reiteradas ilegalidades. Evitar con una negociación, en un fallo que sabe le será desfavorable sólo agrava el enorme daño ya causado y contradice todos sus esfuerzos por demostrar que ha iniciado cambios importantes en la forma de hacer las cosas. Lo que la sociedad espera de CELCO-Arauco es que actúe con transparencia y respeto profundo de las leyes. Es decir, que permita a la justicia hacer su trabajo.
8. Hacemos también un llamado a la jueza Gloria Hidalgo para que dicte su sentencia en el más breve plazo posible. Valoramos enormemente la seriedad con que ha realizado su trabajo, pero creemos que éste perderá todo sentido si la sentencia final no se materializa. Luego de siete años de paciente espera, los valdivianos y el país en su conjunto tienen derecho a conocer la verdad judicial que permita cerrar este doloroso episodio de la historia ambiental del país y, esperamos, dar paso a una etapa de reparaciones y transformaciones verdaderas.
9. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad valdiviana y a todos los chilenos a permanecer alertas, informarse, difundir esta información, manifestar su opinión y movilizarse en defensa de nuestro derecho a la verdad y la justicia.
Contacto: José Araya: 86568438 / Ximena Rosales: 99999563