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sábado, 23 de marzo de 2013

Recuperar el agua y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.

Cristian Villarroel (Foto desde Fuente)
Fuente: El Ciudadano
El 22 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Agua. Este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el “Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua”, luego del triunfo ciudadano que significó en 2010 alcanzar el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento.
Un tema que en el último tiempo en Chile, no deja a nadie indiferente.
Y es que las demandas sociales por el agua han irrumpido fuertemente en las agendas publicas, y debemos aspirar legítimamente a que se trasformen en prioridades políticas de nuestra sociedad, especialmente en una año electoral como este.
Los conflictos socio ambientales producidos por las dificultades de acceso al agua para consumo humano principalmente, van en un sostenido aumento en nuestro país, desnudando una realidad que por años distintas organizaciones ciudadanas hemos venido denunciando; como el modelo de asignación y gestión de las aguas -consagrado en Constitución de 1980 y el código de aguas del 81-, centrado en criterios de oferta y demanda, pone a este bien natural bajo una fuerte presión de mercado, negando el acceso al agua a miles de personas, y haciendo insostenible la vida humana en muchos territorios a lo largo de nuestro país, especialmente en las zonas donde el agua es más escasa.
Por solo mencionar algunos territorios donde las situaciones son muy críticas y se encuentran bien documentadas, podemos señalar: Caimanes, Petorca, Valle del Huasco, y en el último tiempo los proyectos mineros que destruirán glaciares en la cordillera central -reservas de agua de un valor incalculable-. No podemos dejar fuera tampoco los episodios de desabastecimiento que afectaron a cuatro millones de habitantes en la Región Metropolitana durante este verano, lo que permite vislumbrar una radiografía hídrica, que evidencia la fragilidad del sistema y la falta de gobernabilidad sobre un recurso estratégico, como lo es el agua.
Para intentar revertir esta situación, en el Congreso Nacional, entre los años 1992 y 2012, se han presentado nueve proyectos de reformas constitucionales en materia de aguas; ocho de ellas son mociones parlamentarias y un mensaje presidencial. Estas iniciativas de reforma, con excepción de una (en 1992, de los diputados Acuña y Gajardo, la que fue archivada) siguen vigentes: tres de ellas están actualmente en tramitación en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados.
Básicamente, todas estas mociones apuntan a derogar el Artículo 19, numeral 24 de la Constitución de 1980, con el objeto de reformar el régimen jurídico de propiedad de las aguas y recuperar el dominio público sobre ellas.
Recordemos que el Código de Aguas de 1981 ya fue reformado el año 2005, en virtud de un proyecto de ley presentado durante gobierno de Aylwin (en 1992). Dicha reforma tardó 13 años en concretarse y básicamente solo logró tres cambios de fondo: instauró el requerimiento de fundamentar las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas; estableció la obligación de determinar y mantener caudales hidrológicos mínimos en las cuencas para prevenir el desecamiento de los ríos; y estableció el pago de multas para aquellos poseedores de derechos de aprovechamiento de agua que los acaparan sin utilizarlos, una figura denominada pago por no uso -y que fue el único término aceptado por sectores de la oposición de la época, asesorados por Libertad & Desarrollo.
De prosperar alguna de las iniciativas que actualmente se encuentran en el Parlamento, se podría declarar el agua un bien nacional de uso público real, y no de manera tramposa como se indica actualmente en el papel, y que no tiene posibilidades de ser ejercido en la práctica.
Esta situación permitiría hacer viable la modernización de las políticas públicas en materia de agua y la gestión del territorio: estableciendo la prioridad del aprovechamiento para uso humano; establecer funciones y prioridades de uso de las aguas que el Estado debe garantizar; establecer caudales ecológicos (reales) y reservas de aguas con bases científicas; establecer la caducidad de los derechos de aprovechamiento; establecer la prohibición de conceder derechos dentro de áreas protegidas; establecer la obligación de las empresas mineras de declarar las aguas alumbradas y solicitar su aprovechamiento; establecer prioridades de acceso para las asociaciones de agua potable rural (APR) y eximir de pago de patentes a pequeños productores y comunidades agrícolas, así como a comunidades indígenas.
Sin duda que la falta de voluntad política, tanto de gobierno y oposición -con excepciones por supuesto-, ha mantenido esta situación en un statu quo que, sumado a la aprobación de proyectos hidroeléctricos en el centro sur del país, las expansiones mineras en el Norte, la usurpación de aguas en zonas, entre otros, constituyen la gota que rebalsa el vaso, permitiendo que la conflictividad social producida por la falta de agua en los territorios, se traduzca en el enfrentamientos de sectores productivos, y el despertar social y la legítima defensa de las comunidades que se sienten atropelladas en sus derechos fundamentales.
Como respuesta a la falta de acción política y cambios reales en materia de agua, las comunidades organizadas ya han anunciado un proceso mayor de organización dirigido a concretar la primera marcha nacional por el agua. Esta iniciativa esta convocada para el próximo 22 de abril (Día de la Tierra), donde dos columnas, desde el norte y el sur del país, arribarán a la capital para exigir a las autoridades y a la clase política cambios estructurales a las leyes de agua en Chile.
Como un aporte concreto en la búsqueda soluciones en esta materia, junto a un sector amplio de la sociedad civil, hemos intencionado desde hace dos años una agenda de trabajo técnico y político, convocando a un sector amplio de parlamentarios para tratar estos temas.
Como resultado de este proceso, en abril de 2012, se constituyó en el Congreso la Bancada Transversal del Agua, lo que en un primer momento buscaba informar “por un canal oficial” al parlamento sobre la gravedad de la situación hídrica del país, establecer un proceso de audiencias y denuncias públicas y fortalecer el seguimiento legislativo desde las organizaciones sociales en conjunto con algunos parlamentarios, a las reformas de agua existentes en el Congreso.
Como resultado de este proceso, el día 14 de agosto de 2012, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 70 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones, la creación de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, como nueva comisión permanente de esta Cámara.
Este logro ciudadano y político, no ha estado exento de sacrificios por parte de las organizaciones sociales y gremiales que desde distintos puntos del país -con recursos propios y ad honorem- deben hacer grandes esfuerzos para trasladarse al Congreso.
En la práctica, reunir en una sola comisión los temas de agua, que comúnmente eran vistos en distintas comisiones -Obras Públicas; Constitución; Recurso Naturales; y Agricultura- contribuía a fragmentar y entorpece el análisis general sobre el tema. Además, esta nueva comisión contará con presupuesto propio para su trabajo técnico legislativo, pudiendo sesionar en regiones, abriendo procesos de investigación; citando a los afectados, especialistas y gremios entre otros.
Se hace necesario que la ciudadanía permanezca alerta y exija a esta comisión avances concretos y la materialización legítima de recuperar el agua, el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común que es propiedad de todas y todos.
Este esfuerzo, así como la Marcha Nacional por el Agua que se realizará el próximo 22 de abril, se alimenta de la convicción y comprensión colectiva, de saber que no se está luchando tan solo por un recurso natural que sustenta a uno u otro sector, si no por agua, base de la vida, el futuro y la subsistencia de las nuevas generaciones.
Por Cristian Villarroel Novoa
Coordinador Medio Ambiente, Agua y Ciudadanía