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| Cristian Villarroel (Foto desde Fuente) |
Fuente: El Ciudadano
El 22 de marzo se conmemora en todo el mundo el
Día Mundial del Agua. Este año, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró el “Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del
Agua”, luego del triunfo ciudadano que significó en 2010 alcanzar el Derecho
Humano al Agua y el Saneamiento.
Un tema que en el último tiempo en
Chile, no deja a nadie indiferente.
Y es que las demandas sociales por el agua han
irrumpido fuertemente en las agendas publicas, y debemos aspirar legítimamente a
que se trasformen en prioridades políticas de nuestra sociedad, especialmente en
una año electoral como este.
Los conflictos socio ambientales producidos por
las dificultades de acceso al agua para consumo humano principalmente, van en un
sostenido aumento en nuestro país, desnudando una realidad que por años
distintas organizaciones ciudadanas hemos venido denunciando; como el modelo de
asignación y gestión de las aguas -consagrado en Constitución de 1980 y el
código de aguas del 81-, centrado en criterios de oferta y demanda, pone a este
bien natural bajo una fuerte presión de mercado, negando el acceso al agua a
miles de personas, y haciendo insostenible la vida humana en muchos territorios
a lo largo de nuestro país, especialmente en las zonas donde el agua es más
escasa.
Por solo mencionar algunos territorios donde las
situaciones son muy críticas y se encuentran bien documentadas, podemos señalar:
Caimanes, Petorca, Valle del Huasco, y en el último tiempo los
proyectos mineros que destruirán glaciares en la cordillera central -reservas de
agua de un valor incalculable-. No podemos dejar fuera tampoco los episodios de
desabastecimiento que afectaron a cuatro millones de habitantes en la
Región Metropolitana durante este verano, lo que permite
vislumbrar una radiografía hídrica, que evidencia la fragilidad del sistema y la
falta de gobernabilidad sobre un recurso estratégico, como lo es el agua.
Para intentar revertir esta situación, en
el Congreso Nacional, entre los años 1992 y 2012, se han
presentado nueve proyectos de reformas constitucionales en materia de aguas;
ocho de ellas son mociones parlamentarias y un mensaje presidencial. Estas
iniciativas de reforma, con excepción de una (en 1992, de los diputados
Acuña y Gajardo, la que fue archivada) siguen
vigentes: tres de ellas están actualmente en tramitación en el
Senado y cinco en la Cámara de Diputados.
Básicamente, todas estas mociones apuntan a
derogar el Artículo 19, numeral 24 de la Constitución de 1980, con el objeto de
reformar el régimen jurídico de propiedad de las aguas y recuperar el dominio
público sobre ellas.
Recordemos que el Código de Aguas de 1981 ya fue
reformado el año 2005, en virtud de un proyecto de ley presentado durante
gobierno de Aylwin (en 1992). Dicha reforma tardó 13 años en
concretarse y básicamente solo logró tres cambios de fondo: instauró el
requerimiento de fundamentar las solicitudes de derechos de aprovechamiento de
aguas; estableció la obligación de determinar y mantener caudales hidrológicos
mínimos en las cuencas para prevenir el desecamiento de los ríos; y estableció
el pago de multas para aquellos poseedores de derechos de aprovechamiento de
agua que los acaparan sin utilizarlos, una figura denominada pago por no uso -y
que fue el único término aceptado por sectores de la oposición de la época,
asesorados por Libertad & Desarrollo.
De prosperar alguna de las iniciativas que
actualmente se encuentran en el Parlamento, se podría declarar el agua un bien
nacional de uso público real, y no de manera tramposa como se indica actualmente
en el papel, y que no tiene posibilidades de ser ejercido en la práctica.
Esta situación permitiría hacer viable la
modernización de las políticas públicas en materia de agua y la gestión del
territorio: estableciendo la prioridad del aprovechamiento para uso humano;
establecer funciones y prioridades de uso de las aguas que el Estado debe
garantizar; establecer caudales ecológicos (reales) y reservas de aguas con
bases científicas; establecer la caducidad de los derechos de aprovechamiento;
establecer la prohibición de conceder derechos dentro de áreas protegidas;
establecer la obligación de las empresas mineras de declarar las aguas
alumbradas y solicitar su aprovechamiento; establecer prioridades de acceso para
las asociaciones de agua potable rural (APR) y eximir de pago de patentes a
pequeños productores y comunidades agrícolas, así como a comunidades
indígenas.
Sin duda que la falta de voluntad política, tanto
de gobierno y oposición -con excepciones por supuesto-, ha mantenido esta
situación en un statu quo que, sumado a la aprobación de proyectos
hidroeléctricos en el centro sur del país, las expansiones mineras en el Norte,
la usurpación de aguas en zonas, entre otros, constituyen la gota que rebalsa el
vaso, permitiendo que la conflictividad social producida por la falta de agua en
los territorios, se traduzca en el enfrentamientos de sectores productivos, y el
despertar social y la legítima defensa de las comunidades que se sienten
atropelladas en sus derechos fundamentales.
Como respuesta a la falta de acción política y
cambios reales en materia de agua, las comunidades organizadas ya han anunciado
un proceso mayor de organización dirigido a concretar la primera marcha nacional
por el agua. Esta iniciativa esta convocada para el próximo 22 de abril (Día de
la Tierra), donde dos columnas, desde el norte y el sur del país, arribarán a la
capital para exigir a las autoridades y a la clase política cambios
estructurales a las leyes de agua en Chile.
Como un aporte concreto en la búsqueda soluciones
en esta materia, junto a un sector amplio de la sociedad civil, hemos
intencionado desde hace dos años una agenda de trabajo técnico y político,
convocando a un sector amplio de parlamentarios para tratar estos temas.
Como resultado de este proceso, en abril de 2012,
se constituyó en el Congreso la Bancada Transversal del Agua,
lo que en un primer momento buscaba informar “por un canal oficial” al
parlamento sobre la gravedad de la situación hídrica del país, establecer un
proceso de audiencias y denuncias públicas y fortalecer el seguimiento
legislativo desde las organizaciones sociales en conjunto con algunos
parlamentarios, a las reformas de agua existentes en el Congreso.
Como resultado de este proceso, el día 14 de
agosto de 2012, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 70 votos a favor, 9
en contra y 8 abstenciones, la creación de la Comisión de Recursos
Hídricos, Desertificación y Sequía, como nueva comisión permanente de
esta Cámara.
Este logro ciudadano y político, no ha estado
exento de sacrificios por parte de las organizaciones sociales y gremiales que
desde distintos puntos del país -con recursos propios y ad honorem-
deben hacer grandes esfuerzos para trasladarse al Congreso.
En la práctica, reunir en una sola comisión los
temas de agua, que comúnmente eran vistos en distintas comisiones -Obras
Públicas; Constitución; Recurso Naturales; y Agricultura- contribuía a
fragmentar y entorpece el análisis general sobre el tema. Además, esta nueva
comisión contará con presupuesto propio para su trabajo técnico legislativo,
pudiendo sesionar en regiones, abriendo procesos de investigación; citando a los
afectados, especialistas y gremios entre otros.
Se hace necesario que la ciudadanía permanezca
alerta y exija a esta comisión avances concretos y la materialización legítima
de recuperar el agua, el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre
este bien común que es propiedad de todas y todos.
Este esfuerzo, así como la Marcha Nacional por el
Agua que se realizará el próximo 22 de abril, se alimenta de la convicción y
comprensión colectiva, de saber que no se está luchando tan solo por un recurso
natural que sustenta a uno u otro sector, si no por agua, base de la vida, el
futuro y la subsistencia de las nuevas generaciones.
Por Cristian Villarroel Novoa
Coordinador Medio Ambiente, Agua y Ciudadanía
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