Organizaciones y ambientalistas de Coronel
enfrentan una dura disputa legal y administrativa para conseguir que se respete
el derecho constitucional de los habitantes de una comuna: el plebiscito.
Distintas son las trabas que el municipio,
Contraloría y las empresas privadas han generado para evitar que en Coronel
se llame a un plebiscito para decidir el futuro de las termoeléctricas en la
zona.
Las organizaciones sociales y los trabajadores
pesqueros han sido los mayores opositores a la creciente expansión de proyectos
energéticos. Hoy exigen que se le consulte a toda la población si es que
quieren que las empresas Bocamina I y II, pertenecientes a Endesa, y Santa
María de Colbún continúen operando en el sector.
Luego de una férrea resistencia y numerosas
movilizaciones, los concejales de la comuna accedieron a utilizar su facultad y
exigir al alcalde Leonidas Romero que llamara a un plebiscito.
Sin embargo, Contraloría rechazó la opción por
considerar que cuatro de las seis materias presentadas por el alcalde no son de
competencia de las autoridades locales.
Uno de los principales impulsores de la vía
plebiscitaria, el activista ambiental y hoy consejero regional Félix González,
adelantó que pedirán al máximo tribunal que clarifique y precise las materias
que ellos impulsan y por las que reúnen firmas.
“El mismo
dictamen de Contraloría nos da la razón en que son plebiscitables al menos las dos
materias nuestras: la aplicación del artículo 62 de la Ley de Urbanismos y
Construcciones, que faculta a los alcaldes decretar el traslado de las empresas
molestas y sobre el cambio de uso de suelo”, indicó González.
“Vamos a defender el plebiscito porque es un
derecho que está en la Constitución, y porque también la contaminación está
dañando la salud de las personas y hay personas fallecidas”, enfatizó el Core,
quien asegura que existe un informe de la PDI donde se encontraron distintos
metales pesados dañinos para la población.
El representante afirmó que insistirán en que se
respete la voluntad ciudadana, ya sea por la vía de los concejales o por la
recolección de firmas. Para que esto se haga efectivo, se necesita un número de
firmas superior al 10 por ciento del último padrón electoral, cada una de ellas
con firma notarial.
“Aquí tenemos claramente gente que quiere que haya
plebiscito y estamos trabajando para eso, pero hay otras que no. La gente de
Coronel tiene muy claro la diferencia. Los que sí queremos vamos a buscar todos
los caminos y utilizar todas las vías para que se reestablezca el imperio de la
ley y la gente de Coronel pueda votar”, explicó.
David Arriagada, uno de los voceros del Frente de
Defensa de Coronel, explicó que en esta larga batalla se han enfrentado a
distintos detractores. De hecho, planteó que el municipio ha tergiversado la
información y ha recurrido a subterfugios y acciones dilatorias para impedir
que se concrete el plebiscito.
Por otra parte, el dirigente manifestó que la misma
población de Coronel aún no tiene una cultura de protección y cuidado de los
recursos naturales, por lo que ha sido difícil que la comunidad se haga parte
de las demandas.
“Con las empresas privada no tenemos diálogo”,
indicó Arriagada: “Lo que aquí hacen es un completo engaño. Son personas que
utilizan a la gente y lo único que hacen es sacar el maletín negro.
Lamentablemente aquí en Coronel hay muchos sectores que son silenciados de esa
forma”.
El dirigente no confía en los representantes
comunales, ya que asegura “están cuidando cada uno su rebaño”. Respecto de la
lucha por no permitir que las termoeléctricas sigan funcionando en Coronel,
Arriagada finaliza: “Para nosotros es un deber y para las autoridades locales
una obligación”.
