Fuente: Chile Sustentable
Lo Mejor, lo Peor y lo que quedó Pendiente en materias medioambientales, este año 2009.
LO MEJOR
- Nueva institucionalidad ambiental constituida por un Ministerio de Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental y una Superintendencia de Medioambiente: Después de casi dos años de tramitación parlamentaria, el gobierno de Bachelet el 11 de noviembre pasado, logró concretar el mayor avance institucional en el área ambiental de la última década. Después de 15 años de creación de la CONAMA, y un profundo desgaste y perdida de legitimidad de la institucionalidad ambiental, Chile tendrá una autoridad ambiental de nivel ministerial, un Servicio que reduce distorsiones en la evaluación ambiental y un ente fiscalizador independiente que permitirá mejorar monitoreo y desempeño ambiental.
- La nueva institucionalidad energética, constituida por un Ministerio de Energía, una Agencia de Eficiencia Energética, un Centro de Energías Renovables y el reordenamiento de las instituciones existentes (Ley 20.402 /25 de noviembre). Esta reforma pone fin a 30 años de estancamiento institucional, lo que limitaba al estado para incidir en el desarrollo energético del país, restringiendo el desarrollo del sector a las prioridades de las empresas de generación y distribución, lo que culmino con la crisis eléctrica del periodo 2003-2008.
- La Reserva Hídrica en los ríos Cochamó y Petrohué, decretada por el MOP (15 de noviembre) para conservación ambiental y uso turístico en la región de Los Lagos, es la primera iniciativa de este tipo aplicada en virtud de las modificaciones realizadas al Código de Aguas de 1981 por la Ley 20.017 de 2005, que entregó al Presidente de la República la facultad, para denegar parcialmente solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua en cauces o fuentes de interés nacional (en este caso se protegió el rió Petrohué, que es parte del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales).
- Publicación de la Política Nacional de Protección y Conservación de Glaciares, ( 9 de abril) por parte de CONAMA y la consolidación del Departamento de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas. Si bien el gobierno de Bachelet no avanzo en una Ley especifica al respecto se logro instalar la política y una institucionalidad para elaborar el inventario catastro oficial de glaciares en base a lo avanzado en el catastro de casi 4000 glaciares de la comunidad científica, e instaura atribuciones de fiscalización.
- Publicación del Anteproyecto de Norma para Material Particulado fino (PM 2,5) uno de los contaminantes más dañinos para la salud de la población, el 15 de agosto pasado. Este contaminante afecta gravemente a casi 80 % de la población nacional que habita en ciudades con alta contaminación atmosférica como Santiago, faenas mineras y áreas de emplazamiento de termoeléctricas como Calama y Tocopilla.
- Publicación del Anteproyecto de Norma para Termoeléctricas (15 de diciembre) después de 10 años de establecer se su urgencia. Esta regulación incluida en el Plan Priorizado de Normas en 1999, limitara por fin las emisiones atmosféricas de material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, mercurio ,vanadio y níquel que provocan las termoeléctricas, evitando casi 300 muertes y 15.000 hospitalizaciones al año, a partir de su vigencia en 2013. Se espera que a pesar de la oposición del ministro de energía y de empresas como Guacolda y AES-Gener, la norma definitiva se dicte en marzo de 2010.
- Ingreso del Proyecto de Ley de Cierre de Faenas Mineras a tramitación parlamentaria en enero de 2009. Esta regulación pendiente desde la década de los 90 y obstaculizada por el poderoso empresariado minero (mayoritariamente trasnacional), constituye un desafío fundamental para que este sector extractivo internalice sus costos y reduzca los graves pasivos ambientales ya causados al país.
- Recuperación de sus Aguas de uso ancestral por la comunidad aymará de Chuzmisa -Usmagama, al interior de Iquique, en la región de Tarapacá. Luego de dos décadas de conflicto y parcial interpretación de derechos indígenas, la Corte Suprema dicto sentencia el 27 de noviembre, en favor de los derechos de agua de los propietarios ancestrales, apoyando su sentencia en la vigencia del Convenio 169 de la OIT (desde septiembre de 2009). Este hecho permitió fundamentar la correcta interpretación del Código de Aguas relativo a la regularización de derechos ancestrales y consuetudinarios.
- Revocación del permiso ambiental de la Central Termoeléctrica Campiche, de la empresa norteamericana AES-Gener la comuna de Puchuncavi, Región de Valparaíso, el pasado 22 de junio, por la Corte Suprema, quien acogió la impugnación del proyecto por parte de la comunidad, en virtud de que su aprobación por el gobierno fue irregular al permitir la construcción de un proyecto industrial en un área verde, contraviniendo el plan de ordenamiento territorial
- Vigencia de la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información Pública. Este hecho abre una nueva cultura de relación entre el Estado y los ciudadanos, y permite reducir sustancialmente las irregularidades en la administración del estado y la aplicación de la política publica por los gobiernos de turno, facilitando el cumplimiento del Principio 10 y acercando a Chile a poder ratificar la Convención de Aarhus.
PENDIENTES.
- Envío al Congreso de la Reforma Constitucional anunciada por el ministro Sergio Bitar, en orden a establecer el Agua como un “Bien Nacional de Uso Publico” y modificar el Código de Aguas (dictado por el régimen militar en 1981), en orden a establecer la gestión de cuencas, prioridades de uso, caducidad de derechos y la institucionalidad para la gestión de cuencas, entre otros. La formulación de esta reforma en la instancia de la mesa interministerial para abordar la crisis del agua, es una esperanzadora señal de que existe mayor voluntad política para realizar cambios estructurales en el acceso y gestión del agua en Chile.
- Declarar los Géiseres del Tatio, como Área Protegida. Esta zona, principal atractivo turístico de la provincia del Loa, es una opción que resuelve estructuralmente las amenazas que sufre este Patrimonio Turístico y Natural, y da seguridad territorial a la Comunidad indígena de Caspana que tiene la reclamación ancestral y la concesión de dicho territorio. La solicitud del pleno del Senado a la presidenta Bachelet de declarar al Tatio como Área Protegida deberá ser acogida antes de marzo de 2010.
- Diseño e instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: A pesar de ser una reiterada demanda ciudadana, la conformación de una institucionalidad publica para la protección de la biodiversidad no logro dictarse, pero quedando incluida su institucionalidad en el Ministerio de Medioambiente y su diseño y plazo de envío al Congreso en el articulado transitorio de la Ley de Ministerio, junto al mandato de establecer una institucionalidad publica para el sector forestal.
- Diseño participativo y tramitación del Tribunal Ambiental: incluido en la nueva institucionalidad ambiental, e ingresado un proyecto de Ley de Tribunal para tramitación parlamentaria, esta pendiente la participación ciudadana para el mejoramiento de la propuesta diseñada por el gobierno con el objeto de asegurar acceso equitativo a la justicia ambiental, establecer la dedicación exclusiva e independencia de los miembros del tribunal, y democratizar los procedimientos que resultan extemporáneos en relación a la evolución de los procedimientos civiles y los tribunales especiales.
LO PEOR
- Dictamen de la Corte Suprema que confirma la aprobación de las centrales hidroeléctricas Palmar y Correntoso al interior del Parque Nacional Puyehue, establecida en la Resolución de Calificación Ambiental de la Corema de la Región de los Lagos. Este permiso ambiental y el dictamen de la Suprema contravienen la Ley de Bosque de 1931 que obliga a desafectar por Ley el área protegida a intervenir y contradice la Convención de Washington, ratificada y vigente en Chile que prohíbe desarrollar actividades comerciales en Parques Nacionales. Este precedente judicial es una bomba de tiempo que puede destruir todas las Áreas Protegidas del país.
- Decreto 654 del Ministerio de Agricultura, que autoriza la corta de especies protegidas como la araucaria y el alerce, que la ciudadanía logro declarar como monumentos naturales después de muchos años de trabajo. Este retroceso fue diseñado por la directora de CONAF, Catalina Bau, funcionaria que esta detrás de la aprobación de proyectos en Áreas Protegidas como el Parque Puyehue, la Reserva el Morado en la región Metropolitana y Río Cipreses en la Región de O`Higgins, entre otras.
- Aprobación ambiental del proyecto Alto Maipo de la norteamericana AES-Gener, que amenaza la estructura y funcionamiento del río Maipo del cual depende 40% de la población nacional y sobre 100.000 hectáreas de producción agrícola. Gener pretende realizar una mega-intervención en la principal cuenca del país; desviando por un túnel de 70 kilómetros las aguas de los ríos Volcán, Yeso y Colorado que alimentan al río Maipo para instalar 2 centrales hidroeléctricas. El proceso de evaluación ambiental del proyecto estuvo plagado de irregularidades y presiones a funcionarios públicos, hechos que comprobó una Comisión de la Cámara de Diputados.
- Renuncia del Gerente del Aire, Marcelo Mena, muestra ausencia de voluntad política y fracaso del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana que esta retrasado en más de una década en el cumplimiento de sus metas, y que perpetúa los impactos sobre la salud de la población. A la falta de apoyo político y recursos denunciada por el gerente del aire (seleccionado por concurso de alta dirección pública) para renunciar, evidencian el fracaso del Plan de Descontaminación situación que se arrastra desde 1997, debido al obstáculo estructural de la expansión ilimitada de Santiago, incentivada por el mercado inmobiliario, lo que conlleva más actividades, desplazamientos y emisiones en una cuenca limitada. En consecuencia. Santiago no estará Limpio para el Bicentenario.
- Despilfarro de recursos públicos en estudios nucleares, asignados a lobbystas y empresas interesadas. El ministro Tokman destino 2 millones de dólares, de todos los chilenos a estudios nucleares. Este monto duplica los 215 millones de pesos licitados por el ministro para estudios nucleares. Parte importante de los cuales se asignaron a conocidos lobbystas como Eugenio Tiróni, o a empresas con intereses en el sector como Corporación Núcleo eléctrica Rusa. Irónicamente, este fue el primer anuncio energético del Ministro de Energía para 2009.
- Aprobación del Rally Dakar para su paso por Chile. Este evento comercial, es el de mayor acción de propaganda de los vehículos motorizados y los combustibles fósiles. El gobierno aprobó por segunda vez su paso por Chile, sin ninguna evaluación social, ni ambiental a pesar de que la ruta tiene un alto valor arqueológico, que ya fue dañado por la versión 2009. Peor aun el gobierno dono 1.100 millones de dólares de dinero público para que el piloto Carlos de Gavardo pudiera lucir equipo nuevo en esta farándula comercial. Nunca un monto público de esa envergadura se entrego para que un chileno lo utilizara en destrucción ambiental.
- Modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura que el gobierno envió al Congreso en enero pasado para subsidiar a las empresas salmoneras que provocaron una crisis sanitaria, social y económica, tras años de comportamiento irresponsable y débil fiscalización del Estado. Esta reforma propone entregar a las empresas salmoneras, la mayoría de ellas trasnacionales, concesiones acuícolas como garantía para préstamos bancarios.
- Fracaso de la Cumbre de Copenhague sobre cambio climático. Salvo pocas excepciones como la Unión Europea, Brasil y Chile entre otros que comprometieron acciones responsables para reducir las emisiones de gases de invernadero, la 15ª Conferencia de Países de la Convención de Cambio Climático termino sin compromisos para evitar que el planeta supere los 2 grados de calentamiento, y la catástrofe que ello significa. La negociación para dar continuidad al Protocolo de Kyoto, se aplazo para diciembre de 2010, en la 16 Conferencia de las Partes, a realizarse en México.
Sara Larraín, directora Chile Sustentable
