Fuente: Revista Del Campo, El Mercurio
El conflicto por la termoeléctrica de Barrancones puso el tema del ordenamiento territorial en la mesa. Cómo enfrentar este proceso es la discusión que recién comienza.
Son verdaderas bombas de tiempo. Están ocultas en Casablanca, Valdivia o en Colchagua. Este año una de ellas explotó. La onda expansiva del conflicto por la central termoeléctrica Barrancones remeció a todo el país. Protestas con guanaco incluido, en Santiago y regiones, cartas privadas y declaraciones públicas pidiendo al Gobierno su intervención. La ola creció sobre todo vía Twitter y Facebook y esta vez la opinión ciudadana se hizo visible como nunca. A pesar de que los gestores del proyecto sortearon todas las exigencias de la legislación ambiental, la movilización ciudadana obligó al Presidente Piñera a gestionar personalmente la detención del proyecto.
Los grupos ecologistas quedaron felices. Los sociólogos esbozaron tesis sobre el creciente poder de las redes sociales. Sin embargo, buena parte del mundo empresarial quedó descolocado. Triunfó una solución "a lo amigo" versus el respeto al marco legal destinado a resolver los conflictos ambientales.
Lo ocurrido en Barrancones sólo es la punta de un gran iceberg. El crecimiento económico que vive Chile no sólo aumenta la demanda eléctrica, con la consiguiente necesidad de construir nuevas centrales en todo el país, sino que impulsa el crecimiento de las ciudades en zonas que antes fueron rurales. Así también crecen los proyectos mineros, las plantas de celulosa, las fábricas de vidrio y un larguísimo etcétera.
El problema es que la legislación ambiental actual tiene un acento en resolver si una industria equis provocaría o no un daño ambiental en el lugar de instalación. No hay una mirada macro, en que se vea si cierta zona, por su valor comercial o comunitario, va a privilegiar o vetar cierto tipo de actividades.
Sino que lo digan los viñateros de Casablanca. Luego que en los 90 comenzara el boom de plantaciones, el valle comenzó a convertirse en un referente mundial en cuanto a vinos blancos. Además, surgió con fuerza una industria turística alrededor. Sin embargo, desde hace un par de años, los viñateros están embarcados en una amarga batalla con una empresa procesadora de cerdos, que busca instalar una planta en Casablanca. Nada en la legislación chilena lo impide si cumplen los límites de contaminación. Sin embargo, los viñateros ven con horror que los olores de la planta afecten la calidad de sus vinos y que la imagen turística se deteriore.
En el fondo Chile tiene un territorio, pero no hay reglas que lo ordenen.
Y el agro es el principal rubro económico perjudicado por este endeble esquema, por su amplitud geográfica y alta dependencia de su producción en el medio ambiente.
Interés empresarial
Barrancones produjo el milagro. Ahora se mira con buenos ojos un ordenamiento.
"Lo que cambia la situación es la necesidad de las empresas de tener certeza de que van a poder hacer su proyecto en el lugar que definen. En ese sentido, Barrancones es la respuesta, porque hay una intervención presidencial que genera una incerteza enorme en los empresarios. Entonces, hoy esos sectores están más abiertos a hablar de ordenamiento territorial y de normas claras que hace seis meses. Y es lógico, porque necesitan mayor claridad en las reglas del juego", señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de la fundación Terram.
El interés del agro por un ordenamiento territorial explica por qué las cúpulas gremiales vieron con buenos ojos la solicitud del Presidente Sebastián Piñera al Ministerio de Bienes Nacionales de hacer un mapa con las zonas protegidas, junto con las potencialidades de cada una. Se espera para marzo de 2011 y es visto como un primer paso para crear un esquema de ordenamiento territorial.
"Lo vemos como una necesidad para ser más eficientes y evitar conflictos", señala Luis Mayol, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
El siguiente paso es una discusión abierta sobre lo que lograría hacerse en determinada zona. ¿Cómo podrían marcar territorio las actividades que ya están en una zona, o hacer valer la vocación que tiene un sector determinado, o que los municipios y la ciudadanía decidan qué se hace o los que usan agua de una cuenca se pongan de acuerdo?
Atraso de décadas
Chile tiene un retraso de décadas en el tema, opina Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Olca. En el mejor de los casos, lo que existe es una regulación urbana, que no está implementada como planificación, sino que se actualiza vía hechos consumados.
"No hay una política estratégica ni preventiva. En las últimas décadas nuestro país ha estado viviendo una gran cantidad de conflictos, entre proyectos de inversión, actividades económicas, industriales, tanto con comunidades locales, comoentre ellas. Se ha dejado todo a la regulación del mercado", señala.
El ordenamiento permitiría incluso abarcar la protección de los suelos agrícolas, amenazados por degradación o deforestación, debido a malas prácticas, en el caso de la sustitución de suelos agrícolas para otro tipo de actividades, sin resguardarlos. El descuido que ve Cuenca está también en otros ámbitos; por ejemplo, respecto de los sistemas hídricos, que son estratégicos para el agro.
Visto así, poner orden serviría no sólo para restringir ciertas actividades alrededor de las áreas protegidas, sino ponerlo en un contexto mucho más general de protección de los recursos y de las potencialidades que tiene cada región.
El peso en la política ambiental
Hasta ahora todo el tema quedó supeditado a la normativa medioambiental, opina el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea.
"Muchas veces, a mi juicio, se le pide cumplir 'funciones' que no contempla, porque lo que le corresponde hacer son las evaluaciones de los impactos ambientales de una determinada industria o instalación. Eso es lo único que considera, y no los de paisaje o productivos", señala.
La tendencia que ve es pedirle a la institucionalidad ambiental hacerse cargo cuando no se quiere la instalación de alguna industria en determinado lugar cuando ésta puede estar cumpliendo los requisitos.
"La institucionalidad ambiental no está preparada o no fue creada para eso. Ahora, lo que está haciendo Bienes Nacionales es ir más allá del tema medioambiental, analizando otros aspectos del territorio que debieran tomarse en cuenta", dice Galilea.
La reforma a la ley no se habría hecho cargo de los problemas del sistema.
"No hay mejor participación ciudadana, ni apoyo técnico a las comunidades, ni ordenamiento territorial; entonces, seguimos con la misma lógica que es aprobar los proyectos con condiciones. En ese sentido, estamos donde mismo", señala Flavia Liberona.
Poco por ahora
Más allá del trabajo que desarrolla el Ministerio de Bienes Nacionales, no hay nada más por ahora en el horizonte. Ni el inicio de algún estudio para ver cómo se podría enfrentar un ordenamiento en el agro.
El tema es mirado con buenos ojos en el Ministerio de Agricultura, pero por ahora no hay nada.
"Lo que constato es una inquietud que surge muy fuerte en el valle de Casablanca que debe estar también en otros valles, especialmente en los que se dedican a la industria vitivinícola, porque se instalan industrias de giros distintos a las que están en el valle, en circunstancias que los empresarios y la autoridad, en el caso de Casablanca, quisieran establecer una normativa de ordenamiento territorial fundamentalmente vinculada al vino y al turismo", señala Galilea.
El ministro acaba de estar en California, con motivo de la gira presidencial, donde pudo fortalecer los lazos del convenio Chile-California y especialmente con la Universidad de California Davis, que ha sido importante en el desarrollo agrícola chileno.
Pero también estuvo en el valle de Napa, visitó la viña Quintessa del chileno Agustín Hunneus y pudo conocer el modelo californiano de ordenamiento.
Un modelo
"Por su ordenamiento jurídico, ellos tienen la posibilidad de establecer normativas súper locales, y esa no es la figura que tenemos en Chile", dice Galilea.
Así, si existe el interés en Chile de establecer en ciertos lugares algún ordenamiento asimilándolo al de Napa, por ejemplo, el primer paso sería analizar las leyes vigentes para ver cuánto se puede replicar.
Por ejemplo, en Napa tienen rangos de subdivisión de terrenos diferenciados. Los cerros o lomajes que rodean el valle no pueden subdividirse en menos 60 hectáreas y hay otra norma diferente para el valle.
"Si uno quisiera establecer regulaciones distintas a las medioambientales para ordenamiento territorial, no veo otra forma si no es mediante una legislación que a lo menos les entregue a la regiones o incluso a los municipios facultades, como ocurre con los planos reguladores", argumenta Galilea.
Para el fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, abogado Eduardo Riesco, el tema no es legal, es más bien una cuestión ideológica. "Ordenamiento territorial siempre se ha confundido con la planificación centralizada propia de los gobiernos socialistas. Eso le pone una luz de alerta a mucha gente. Sin embargo, si se analiza mejor el ordenamiento corresponde más a una tarea coordinada. Y ahí podríamos estar entendiéndonos. Por ejemplo, si todos los que necesitan agua en una cuenca determinada se ponen de acuerdo y ven para qué sirve la cuenca, qué es lo mejor para ella, cuáles son las prioridades, cómo hacen para organizarse, eso es ordenamiento en relación con un elemento que es el agua, que es perfectamente factible", señala Riesco.
Pero no entiende ordenamiento territorial como una ley o un decreto presidencial. "Todo va a depender de cómo se quiere enfrentar el proceso, de cuál será la filosofía del ordenamiento que se quiere hacer. Si es la imposición de determinados planes territoriales, ya genera cierta desconfianza. Se debiera considerar no como un ordenamiento forzado o impuesto, sino planificado, estudiado, consensuado y coordinado entre todas las fuerzas productivas de una zona", opina Riesco.
Falta de definiciones
Por su parte, Fernando Santibánez, del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile señala que "En la medida en que los países se desarrollan se hace cada vez más indispensable una hoja de ruta que oriente el destino que se dará a cada porción de territorio, de modo de evitar conflictos entre objetivos antagónicos. Recientemente hemos vivido algunas de las consecuencias de la falta de definiciones."
Si bien tenemos un Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (Seia), muchas veces surgen conflictos que van más allá de lo que se considera impacto directo. Además, en el Seia es el mismo inversionista quien contrata el estudio. Esto debiera ser modificado cuidando de no hacerlo demasiado complejo. Nos falta normativa más clara sobre protección de patrimonio natural en términos de restricciones de distancia y tipo de actividades que tienen potencial de deterioro de elementos territoriales valiosos, ya sea por su valor como recurso natural o por su rol social. Además, los consumidores deben estar conscientes de que a veces es necesario pagar el costo de un ambiente sano.
El desarrollo no puede ser a cualquier costo. La sociedad no puede basar su bienestar material a costa de un legado que debe ser asumido por la próxima generación. La experiencia en Napa "California delegó el control del uso de la tierra a los gobiernos locales", señala John Tuteur, profesional que lleva 40 años ligado a las instituciones que manejan la planificación del uso del suelo en Napa. Destaca que todo partió con elevar el tamaño de la parcela mínima desde 0,4 a 40 hectáreas. Se desarrolló un Plan General, que tuvo como objetivos la protección del espacio agrícola y dirigir el crecimiento urbano en el condado.
"La zonificación permite preservar muchos tipos de usos agrícolas. Excepto en el caso de las vides u otros frutales o cultivos, está regulado por un permiso de uso discrecional. Una instalación porcina, por ejemplo, requiere de un permiso de uso y una revisión ambiental", dice Tuteur.
En EE.UU. los gobiernos municipales controlan el uso del suelo sólo dentro de sus límites. Fuera de las ciudades -alrededor del 80% de Napa-, la autoridad sobre el uso de la tierra la tiene la Junta de Supervisores.
