Waterkeeper Alliance insta a los líderes de América Latina y el Caribe a que ratifiquen el Acuerdo Regional que garantiza protección para defensores del ambiente

América Latina se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para los activistas ambientales

En respuesta al aumento de asesinatos de defensores del ambiente en América Latina, el Director Ejecutivo de Waterkeeper Alliance, Marc Yaggi, envió a principios de septiembre una carta (disponible en Inglés y Español) a los líderes de 12 naciones pidiéndoles que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Entre sus disposiciones (art. 9), se incluye la protección para los ciudadanos activistas que trabajan en la defensa del ambiente.

Según el informe más reciente de Global Witness, una autoridad internacional en materia de abusos de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, en 2019 se produjeron 212 asesinatos de activistas ambientales a nivel internacional, de los cuales casi el 70 por ciento se produjeron en América Latina. Colombia es la nación del mundo que más asesinatos ha sufrido; 64 defensores del ambiente fueron asesinados allí en 2019. Los asesinatos en Honduras aumentaron de 4 en 2018 a 14 en 2019, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo per cápita para los defensores del ambiente, informó Global Witness. 

“América Latina es un lugar de peligro crítico cuando se alza la voz por los derechos ambientales”, dijo Yaggi. ”Las voces de la comunidad son una parte importante del proceso para determinar si los riesgos ambientales de un proyecto son mayores que sus beneficios. Los ciudadanos nunca deberían temer a la violencia por hablar en nombre de su comunidad, sus recursos naturales y nuestro planeta; la protección de los miembros de la comunidad que se hacen oír es un derecho humano fundamental. Este Acuerdo tiene el potencial de proporcionar esa protección tanto en el Caribe como en América Latina”. 

Además de ofrecer protección a los defensores del ambiente, el Acuerdo de Escazú también concede derechos de acceso a la información sobre el ambiente, la participación pública en los procesos de toma de decisiones en materia de ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, garantizando el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y que los derechos reconocidos en el Acuerdo puedan ser ejercidos libremente.

“El Acuerdo de Escazú lleva a la escena internacional la importancia de que las decisiones económicas se guíen por consideraciones sociales y ambientales”, dijo el Prof. Sérgio Mattos-Fonseca, Director Ejecutivo de Guanabara Baykeeper-APREC Ecossistemas Costeiros. “Este es el trípode que subyace a la sostenibilidad de la vida humana en el planeta”.

Waterkeeper Alliance urge especialmente a los países de Chile, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bahamas y Belice para que firmen el Acuerdo de Escazú, teniendo en cuenta que acorde con el artículo 21 del Acuerdo, el período para la firma del Acuerdo de Escazú vence el próximo 26 de septiembre del 2020.

De los 33 países de la región, 22 han firmado el Acuerdo de Escazú y sólo 9 lo han ratificado. Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor es necesario que lo ratifiquen un mínimo de 11 países, los países a los que Yaggi dirigió su carta aún no han ratificado el Acuerdo. 

Waterkeeper envió la carta a los Primeros Ministros de las Bahamas y Belice, y a los Presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Trinidad y Tabago, así como a los embajadores de los Estados Unidos de América de las 12 naciones. 

Al enviar la carta, el Sr. Yaggi actuó como portavoz de los grupos Waterkeeper locales en América Latina y el Caribe.

Esos grupos locales son: Waterkeepers Bahamas de las Bahamas; Placencia Lagoon Waterkeeper en Belice; Guanabara Baykeeper en Brasil; Futaleufú Riverkeeper y Maule Itata Coastkeeper en Chile; Bocas de Ceniza Waterkeeper, Cartagena Baykeeper, y Río Inírida Waterkeeper en Colombia; Nicoya Peninsula Waterkeeper en Costa Rica;  Río Ozama Waterkeeper en la República Dominicana; Jiquilisco Bay Waterkeeper en El Salvador; Rio Motagua Waterkeeper en Guatemala; Cabo Pulmo Coast Waterkeeper, La Paz Waterkeeper, Loreto Coastkeeper, Los Cabos Coastkeeper, San Quintin Bay Waterkeeper, y Tijuana Waterkeeper en México; Rio Mapacho Waterkeeper, Ramis Riverkeeper, Marañón Waterkeeper y Amazonas Perú Waterkeeper en Perú; y Gulf of Paria Waterkeeper en Trinidad y Tobago.

“La ratificación y entrada en vigor del Acuerdo de Escazú generaría la estructura legal y política necesaria para garantizar la creación de espacios de participación pública EFECTIVA en temas ambientales“, dijo Carolina Chavarría Pozuelo, Nicoya Peninsula Waterkeeper. “Como organización que trabaja diariamente velando por el respeto del medio ambiente, es crucial contar con este marco legal.“

Imagen destacada: La Cumbre Regional Latinoamericana, del 24 al 28 de abril de 2019 en Cartagena, Colombia, tuvo 37 participantes en representación de grupos Waterkeeper de Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Perú.

Publicación Origina Waterkeeper Website

Presentación NDC de Chile: Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) critica falta de ambición y medidas para su implementación aunque reconoce que nuestro país no evada sus compromisos

Sociedad Civil por la Acción Climática

En esta crisis sanitaria, social y económica la acción climática debe continuar siendo una de las principales preocupaciones e impedir que el calentamiento global y la degradación ambiental sean nuevamente foco de aparición de nuevas epidemias. 

La red compuesta por más de 100 organizaciones ciudadanas analizó la presentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para enfrentar el cambio climático anunciadas hoy por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. El documento se entrega en el marco del compromiso adquirido el año pasado durante la COP 25 y tras una consulta ciudadana que no incluyó el mecanismo de consulta indígena.

Para Ezio Costa, vocero de la SCAC y Director Ejecutivo de ONG FIMA, “la presentación tiene cosas valorables como que se haya bajado la fecha del peak de emisiones para el 2025 lo que las hace alcanzable, pero por otra parte la ambición al 2030 es solo lograr un 50% de disminución de emisiones”. “Además, no es una muy buena señal que no se mencione para nada las zonas de sacrificio, siendo este uno de los puntos negros más emblemáticos de la falta de justicia ambiental en Chile y a quienes se está condenando a seguir sufriendo los impactos de las termoeléctricas por 20 años más”, añade.

Entre las cosas que se esperaban de este anuncio, se encontraba la baja en las metas para alcanzar la carbono neutralidad al menos al 2040; la propuesta del cierre total de termoeléctricas al 2030; y énfasis en la relación con la Ley Marco de Cambio Climático entre otras cosas.

“Uno de los puntos que vemos como definitivamente deficiente, es todo lo relacionado con agua. Lo planes para manejos de cuencas se dan recién a partir del 2030, hay muy pocos humedales protegidos, solo 20. Lo mismo sucede para turberas, las cuales son solo cinco protegidas en un plan piloto al 2030, y no se mencionan para nada la situación de los salares altoandinos que actualmente están fuertemente amenazados por la extracción de litio” señaló Isabella Villanueva de CEUS Chile.

Para Estefanía González de Greepeace “Los planes de adaptación son otro punto que sigue mostrando una gran debilidad en la presentación de esta NDC, estos continúan como en la propuesta anterior en un ámbito de buenas intenciones, pero sin nada concreto que los lleve a tener algún nivel realidad”.

Para las organizaciones de la SCAC, es importante el gesto de presentar estos compromisos, pero siguen siendo insuficientes, sobre todo en medio de la pandemia por COVID 2019, la cual también está asociada a la destrucción de ecosistemas y a la degradación ambiental.

Contacto de Prensa:

Constanza Dougnac: +56999378564 - cdougnac@fima.cl

Javiera Ortiz: +56 9 9083 8255

Declaración Pública de Académicas, Académicos, Investigadores e Investigadoras sobre el Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales (SEIA) de Chile

[English Version below]

Las académicas y académicos, investigadores e investigadoras abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación sobre el abordaje gubernamental al desafío de construir una institucionalidad ambiental pública, democrática, justa y descentralizada.
En nuestros ámbitos de desempeño, somos testigos de las relaciones conflictivas históricas entre comunidades y grandes proyectos de inversión. Estas conflictividades, lejos de reducirse, tienden a agudizarse ante la presión sostenida que ejercen los proyectos de inversión sobre los recursos disponibles en los territorios; presión que no está siendo contenida ni regulada por el Estado como entidad responsable de garantizar a todos los actores, no sólo a los proponentes de tales proyectos, a decidir sobre los usos y los derechos que caben a las personas sobre los bienes comunes.
En este escenario, la propuesta de reforma a la institucionalidad ambiental que nuevamente ingresó al congreso con urgencia suma no está a la altura del desafío que supone reducir las controversias y construir acuerdos comunes para la toma de decisiones sobre ecosistemas cada vez más estresados y agotados por la presión productivista. Sabemos que enfrentamos una crisis hídrica de proporciones en la zona norte y centro del país; sabemos que la pérdida de biodiversidad ha llegado a índices sin precedentes; sabemos que los impactos de la contaminación de suelos, aire y aguas por los megaproyectos mineros, agroindustriales y energéticos está costando la vida de las personas que habitan en los territorios donde estos proyectos se emplazan; y sabemos que los efectos del cambio climático, lejos de reducir, aumentarán la fragilidad y vulnerabilidad de los territorios y sus habitantes.
La perspectiva neoliberal supone que estos proyectos son necesarios para sostener el crecimiento económico. ¿Cuál es el costo de este crecimiento? ¿Podemos hablar de crecimiento cuando las ganancias que generan los proyectos generan costos en salud, en patrimonio y en acceso a medios de vida tanto o más altos que dichas ganancias? ¿Podemos seguir proyectando iniciativas en zonas saturadas, en hotspots de biodiversidad, en cuencas hídricas estresadas, en zonas de riqueza endémica y cultural ya amenazadas y violentadas?
Una política pública sin cuidado de sus ecosistemas ya es insostenible. No podemos seguir permitiéndonos asistir a licitaciones de proyectos con efectos depredadores pero aprobados medioambientalmente. Esto no se resuelve con una reforma que priorice la rapidez de la tramitación por encima de la calidad de las decisiones en base a las evaluaciones; que no respete la diversidad de los territorios; y que reduzca las voces de los actores afectados. Necesitamos una política pública en materia socioambiental que tenga una mirada estratégica y sistémica de los ecosistemas en toda su complejidad, reconociendo los impactos sinérgicos de las acciones humanas y evaluando estratégicamente (y no proyecto a proyecto) la pertinencia de dichas acciones, con una perspectiva de futuro. Sobre esta base es necesario diseñar un Sistema de Evaluación Ambiental que haga efectiva la aplicación de principios precautorios, evaluaciones ambientales estratégicas, la profundización de la participación ciudadana y las consultas indígenas.
Las metodologías otorgadas en las jornadas de participación ciudadana dentro del SEIA son importantes espacios de discusión acerca de proyectos específicos, pero completamente insuficientemente para dar cuenta de sentimientos de arraigo, especies nativas, formas de producir autóctonas, formas de vida milenarias, tradiciones orales, humanas, animales, vegetales y terrenales.  Por su parte, la ciudadanía ha dado muestras indiscutibles de su capacidad para desbordar procesos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya son comunes las imágenes que muestran a personas líderes de juntas de vecinos, sindicatos, asociaciones funcionales, vecinas y vecinos, todas ellas dispuestas, no sólo a discutir sino a rechazar los beneficios prometidos por consultoras que promueven desarrollos comunitarios en condiciones asimétricas de poder y conocimientos. En este entendido, reconocemos la necesidad de entregar potestad a las personas habitantes profesionales, científicos, técnicos, sabedores de regiones para dirimir sobre la vocación de sus territorios. Aquí el SEIA no puede inmunizarse de lo político, entendiendo que la forma en que todos los actores, organizaciones públicas y privadas concernidas en las evaluaciones de determinados proyectos no pueden ser llamadas ex-post a estos, ni tampoco excluidas de su pronunciamiento en sectores productivos como el inmobiliario o en los planes frente a riesgos y desastres.
Asimismo, la producción ingente de informes de evaluación ambiental es otra fuente de lucro y desperdicio de capacidades de generación de conocimiento. ¿Dónde va a parar todo ese conocimiento?, ¿Para quiénes son esas líneas bases?, ¿qué ciencia ambiental está generando y preservando el país?, ¿cuáles son las condiciones que este Sistema posibilita para las y los profesionales e investigadoras/es jóvenes?
Finalmente, el aumento de las tramitaciones judiciales a tenor de las demandas y los recursos administrativos por mayor justicia ambiental es una muestra más de que las modificaciones al SEIA no deben centrarse en acelerar la tramitación de proyectos de inversión, sino en facilitar el aumento de la calidad de decisiones sobre beneficios socio-técnico-ambientales, a fin de no aumentar las causas en los tribunales ambientales.
Llamamos a ecologizar y no sólo modernizar el SEIA. Con ello hacemos una interpelación a las autoridades políticas a que sintonicen sus negociaciones con aquellas correspondientes a un país que será sede de la COP25. Esto porque nuestro rol como anfitriones de este evento de relevancia mundial, no puede circunscribirse a gestionar los impactos de modo eficiente, rápido y técnico, vía proyectos de inversión particulares. Es decir, no podemos reducir la mirada sin considerar la importancia del incremento insoslayable de impactos a nivel planetario e infraestructural. Para ello es de suma urgencia ampliar los espacios de discusión antes y después del SEIA para remediar y reparar a aquellas comunidades históricamente impactadas, promover creativamente más -y no menos- diálogos entre comunidades científicas, de sabidurías ancestrales, de experimentación tecnológica cercana y de sentido común, los cuales nos convoquen en torno a los desafíos de intervenir con prudencia, precaución y cuidado.
La historia del SEIA ha coexistido con múltiples y novedosas formas de resistencia frente a iniciativas de afectación frente a proyectos amenazantes e indeseados, así como también frente a crisis y desastres. Estas son fuentes de conocimientos ingente sobre lo que significa participar persistente y vitalmente en la defensa de lo público desde la sociedad civil. Asimismo, la producción de conocimiento científico, humanista, artístico, social, medioambiental debe dignificarse y valorizarse como bien público, de cara a la ecologización del SEIA, sus personas, las empresas y sus territorios y no como un producto al arbitrio de las decisiones de inversión actuales.
Por ello, solicitamos girar el foco del actual proyecto de reforma de ley sobre la Reforma del SEIA presentada en el Congreso con el fin de retomar la senda de discusiones ciudadanas en base a principios y éticas suscritos y ratificados por el Estado chileno ante Naciones Unidas; suscribir los acuerdos internacionales pendientes para la mejora de estos estándares, como el Tratado de Escazú; y avanzar en la democratización y sustentabilidad de las relaciones entre las personas y los territorios.

1. Gloria Baigorrotegui, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)-USACH

2. María Paz Aedo, Socióloga, Mg. y Dra. en Educación, Centro de Análisis Socioambiental, CASA

3. Patricia Pallavicini, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)-USACH

4. Constanza Osorio Reyes, Médico Veterinaria, Fundación Ecociencias

5. Colombina Schaeffer, socióloga, Doctora en Gobierno y Relaciones Internacionales y subdirectora de Ciudadanía Inteligente

6. Ezio Costa Cordella,Abogado, Msc. Regulación,  Investigador, Universidad de Chile.

7. Jorgelina Sannazzaro, Sociología, Universidad Alberto Hurtado

8. Ximena Zabala, Psicología, Universidad Alberto Hurtado

9. Nelson Soto, Antropólogo

10. Jorge Castillo, Psicología, Universidad de Santiago de Chile

11. Ana Pizarro,Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), USACH

12. Sebastián Ureta, Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado

13. Paloma Martínez, Universidad de Chile

14. Walter González, Corporación Nuevas Ideas

15. Cristina Garrido, Antropóloga

16. Rodrigo Vega, Ingeniería

17. Alvaro Ramis, Universidad Academia de Humanismo Cristiano

18. Ronald Cancino, Universidad de la Frontera

19. Eduardo Devés, Instituto de Estudios Avanzados – USACH

20. Nathalie Joignant, MSc Gestion y Planificacion Ambiental. Universidad de Chile

21. Ángela Arroyo Navarro, Consejo Ecológico Comunal de Molina

22.Esteban Aguayo Sepúlveda, Arqueólogo U. de Chile, Máster en ciencias de las religiones, candidato a doctor por la facultad de filología, Universidad Complutense de Madrid

23. Gabriela Silva Garrido, Medico Veterinaria U. de Chile, SOSOET

24. Sarina Scalia, Universidad de Chile

25. René Garrido, Ingeniera Ambiental, USACH

26. Francisco Castaneda, Facultad de Administración y Economía, USACH

27. Patricia Peña, Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

28. Víctor Guerrero, Sociología, Universidad Arturo Prat

29. María Loreto Rebolledo Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

30. Rodrigo de la O. Director ONG VIgilante Costero

31. Ronald Mac-Ginty Comisión de Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros

32. Nicolás Sanhueza Mag. Sociología PUC

33. Dra. Claudia Rodríguez Seeger, Geógrafa, Magíster en Asentamientos Humano

34. Gabriela Silva Garrido, Médico Veterinaria U Chile, SOSOET, CESEP.s y Medio Ambiente

35. Macarena López OlivaArqueóloga, U. de Chile

36. José Gerstle, Ing Agrónomo, MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayn

37. Valentina Cortés, Médico Veterinaria MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni

38. María José Brain, Médico Veterinaria MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni

39. Bojana Kuzmicic, Ingeniera en recursos naturales, ONG Ayni

40. Patricio Bahamondes, Biólogo Marino, ONG Ayni

41. Francisca Bardi, Ingeniera en recursos naturales, ONG Ayni

42. Beatriz Brito, Médico Veterinaria, ONG Ayni

43. Camila Agurto, Médico Veterinaria, ONG Ayni

44. Cecilia Figueroa, Médico Veterinaria, ONG Ayni

45. Camila Bañales Seguel, Ingeniera Agrónoma PUC. Estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile.

46. Gabriela Bawarshi Abarzúa, Psicóloga, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad

47. Camila Cifuentes Croquevielle, Bióloga Ambiental U. de Chile, MODATIMA

48. Claudia Montero Poblete Arqueóloga, Fundación Desierto de Atacama

49. Martin Arboleda, Sociología, Universidad Diego Portales

50. Felipe Raglianti, Sociologia, Universidad Alberto Hurtado

51.Lorena Valderrama, Periodismo, Universidad Alberto Hurtado

52. Cecilia Ibarra, CR2, Universidad de Chile

53. Juan Vergara, Sociologia, Universidad de Valparaíso

54. Martín Pérez-Comisso, Estudiante Doctoral, Universidad de

55. Daniela Zamorano, Instituto de Ecología Política

56. Ignacio Agüero, Instituto de la Comunicación y la Imágen – Universidad de Chile

57. Martin Sanzana Calvet, Director Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano

58. Mauricio Folchi, Historiador ambiental, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile

59. Daniela Cea Saez, Geografía, Universidad de Chile

60. Marcelo Guitérrez, Psicólogo U. de Chile, ONG Sur Maule

61. Alejandro Salas, Trabajador social, ONG Sur Maule

62. Ramiro Plaza, Ingeniero Civil Industrial, Fundación Tralkan

63. Antonio Morales, Sociólogo, Asociación Cultural y de las Artes de Teno

64. Claudio Broitman, Director Magíster Comunicación Pública, Universidad de Santiago de Chile

65. Andrés Gómez, Director Antropología, Universidad de Chile

66. Angela Arroyo Navarro, Consejo Ecológico Comunal de Molina

67. Víctor Farías, Fundación Mingako

68. Ignacio Riquelme Alvarez, Multiversos SPA

69. Paola Araneda Cid Bióloga, Msc. en Recursos Naturales, P. Universidad Católica de Chile, SOSOET

70. Camila Bañales Seguel, Ingeniera Agrónoma, estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Mención Subsistemas Acuáticos Continentales, U. de Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile

71. Nelson Arellano Doctorado de Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos (DETLA) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)

72. Gabriela Cabaña Alvear, Socióloga, estudiante de Doctorado en Antropología de la London School of Economics and Political Science

73. Red por la defensa de la precordillera

74. Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecologia

75. Acción Eco Social Quintero

76. Colectivo Viento Sur

77. Fundación Mingako

78. Tomás Ariztía, Sociología, Universidad Diego Portales.

79. Francisca Foseca, Sociología, Universidad de la Frontera.

80. Gustavo Blanco, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile

81. Javiera Barandiarán, Universida de California

82. Camila López Allendes, Biología Ambiental,

83. Cristian Atala, Instituto de Biología PUCV

84. Alexander Vargas, Biología, Universidad de Chile

85. Ecosistemas ONG

86. Fundación Terram

87. Violeta Rabi, Investigadora, Espacio Público

88. Fernanda Salinas, Investigadora, FIMA

89. Alejandra Palafox, Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, Universidad Autónoma de Chile

90. Patricio Padilla,Sociología, Universidad de la Frontera

91. Marco Rosas Innovación, INACAP Osorno

92. Karla Palma Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

93. Colectivo Cultural Wenewen,Nacimiento 8va región.

94. Dr. Andrés Moreira-Muñoz, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

95. Maite Salazar, Millennium Institute for Integrative Biology, Pontificia Universidad Católica de Chile

96. Camila López, Biología, Universidad de Chile, Centro GEma Universidad Mayor

97. Juan José Berger Asociación de Investigadores de Posgrado ANIP

98. Corporación de Ecología Social y Política, CESEP

99. Felipe Ruz Carreño Ingeniero Civil Industrial, Fundación Mingako

100. Mauricio Martínez Marcich Ingeniero Eléctrico, Fundación Mingako

101. Camila Muñoz Tapia Licenciada en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, Fundación Mingako

101. Daniela Contardo Ingeniera Civil Industrial, Fundación Mingako

102. Nicole Vergara Maragaño Licenciada en Kinesiología, Fundación Mingako

103. Robinson Torres Salinas Sociplogo, Académico U. de Concepción

104. Rocío Almuna Morales, Médico Veterinaria, SOSOET y Laboratorio ECOS (Ecología, Complejidad y Sociedad), Pontificia Universidad Católica

105. Silvia Lazzarino Bióloga y diseñadora Pontificia Universidad Católica, ilustradora científica de la U. de Washington

106. Andrea Hurtado Quiñones. Sociológa. Ms. Antropología social y política. USACH

107. Cristian Parker, Instituto de Estudios Avanzados, Usach

108. Andrea Sanhueza, Conveno Principio 10

109. Sara Larraín, Chile Sustentable

109. Cooperativa Minka

110. Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales

111. Sergio Donoso, Facultad de ciencias forestales y Conservación de la Naturaleza.  Universidad de Chile

112. Alejandra Donoso, Abogada, Clínica Jurídica Universidad Diego Portales y Defensoría Ambiental

114. Diego Lillo, Abogado, Clínica Jurídica Universidad Diego Portales

115. Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODECIAM

116. María Victoria Venegas Castillo, Profesora de Historia, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad

117. Claudio Abif Araya Jure Psicólogo Comunitario, Centro Bienestar Psicosocial

118. María Ignacia Arriagada Hernández Socióloga U. Alberto Hurtado, Centro Bienestar Psicosocial

119. Danae Tapia Agurto Bióloga con Mención Recursos Naturales y Medio Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile.

120. Lorna Lares López, Diseñadora Industrial de la U. de Chile, Master of Arts – Design Futures, Goldsmith College, University of London

121.Carlos Osorio Jofré, Licenciado en Arqueología, Universidad de Chile

122. Julien Vanhurst, Sociología, Pontificia Universidad Católica del Maule

133. Bárbara Jerez, Dra. en Estudios Latinoamericanos

134. Andrés Tchernitchin Varlamov, Facultad de Medicina. Universidad de Chile

135. Fundación Decide

136. Ética en Los Bosques

137. Futuro Renovable

138. Adapt Chile

139. Rubén Carrillo Universidad de la Frontera

140. Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo

141. America Opazo Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica del Maule

142. Amarí Peliowski, Centro de Investigación en Artes y Humanidades, Universidad Mayor.

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Public Statement of Academics, Researchers, about the Draft Reform on The System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) Law

Academics and researchers who’ve undersigned this public statement, express our concern about the government’s approach to the challenge of building a public environmental institutionality that is democratic, just and decentralized.

In our fields we witness the historically conflictive relationships between communities and large investment projects. These conflicts, far from being reduced, tend to become more acute due to the sustained pressure exerted by investment projects on the resources available in the land; pressure that is not being contained or regulated by the state, the responsible entity to guarantee all actors — not only proponents of such projects — the right to decide about the uses and rights over common goods.

In this context, the proposal to reform the institutional framework for environmental assessment that entered again to the congress with extreme urgency, is not up to the challenge that is to reduce the controversies, and build common agreements on ever more stressed ecosystems, drained by the productivist pressure. We know that we face a large water crisis on the north and center of the country; we also know that the biodiversity loss has reached an unprecedented rate; we know that the impacts of soil, air, and water contamination due to mining, agroindustrial, and energy megaprojects is taking the lives of the people that live in lands where these projects are being implemented; and we know that the effects of climate change will increase the fragility and vulnerability of these land and its people.

The neoliberal perspective supposes that these projects are necessary to sustain economic growth. What is the cost of this growth? Can we speak of growth when the profits generated by these projects generally create costs on health, infrastructure, and on equal access to livelihoods that are much higher than said profits? Can we continue projecting initiatives in saturated areas, biodiversity hotspots, stressed watersheds, and in areas where endemic and cultural wealth is already being threatened and violated?

If public policy is not taking care of its ecosystems is already unsustainable. We cannot continue to allow projects with predatory effects on the environment. This cannot be resolved by a reform that prioritises the speed of processing over the quality of decisions. Decisions based on assessments that do not respect the diversity of the land; and that reduces the voices of the affected actors. We need a public policy with a socio environmental approach that has strategic and systemic look to the ecosystems in all their complexity, recognizing the synergic impacts of human actions and strategically assessing how appropriate said actions are looking into the future. Upon this principle, is necessary to design a System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) that makes effective the application of preventive principles, strategic environmental assessments, and the deepening of citizen participation and indigenous consultation.

The methodologies given in the rounds of citizen participation within the SEIA are important spaces for discussion about specific projects, but completely insufficient to account for feelings of attachment, native species, indigenous ways of production, other ancient lifestyles, oral traditions, humans, animals, vegetables, and land. Citizens have shown indisputable evidence of their ability to overwhelm processes of citizen participation in the environmental assessment system. It is already common to see images showing leaders of neighborhoods, worker unions, and functional associations, all of them willing to discuss and reject the benefits promised by consultants that promote community development in asymmetric conditions of power and knowledge. In this understanding, we recognize the necessity to reclaim ownership of the inhabitants professionals, scientists, technicians, and wise men and women, of the regions in dispute, to decide about the vocation of the communities. Here, the SEIA cannot be immune to the political, understanding that all of the actors, public or private, who are concerned on the assessment of specific projects, cannot be called ex-post to these, nor can they be excluded to the pronouncing in production sector such as the building sector or in the planning for risks and disasters.

In the same way, the production of report of environmental assessment is another source of profit and waste of capacity for knowledge generation, where will all that knowledge go? Who are these base lines for? What environmental science is being generated and preserving the country? What are the conditions that this system creates for young professionals and researchers?

Finally , the increase in the judicial procedures according to the demands and administrative resources for greater environmental justice is one more sign that the modifications to the SEIA should not focus on accelerating the processing of projects of investment, but in facilitating the increase in the quality of decisions about benefits socio-technical-environment, in order not to increase the causes in the environmental courts.

We call to ecologize and not only modernize the SEIA. With this we make an interpellation to the political authorities to tune in their negotiations with those corresponding to a country that will host the COP25. This is because our role as hosts of this event of global relevance, cannot be confined to manage impacts efficiently, quickly and technically, via investment projects. That is, we cannot reduce the look without considering the importance of unavoidable increase of planetary infrastructural impacts. For this, is that it is extremely urgent to broaden the spaces for discussion before and after the SEIA to remedy and repair those historically impacted communities, promote creatively more-and-not-less dialogues between scientific communities, ancestral wisdom, close technological experimentation, and common sense, which call us around the challenges of intervening with prudence caution and care.

The history of the SEIA has coexisted with multiple and innovative forms of resistance in front of initiatives of effect in the face of threatening undesired projects, or in the face of crisis and disasters. These are knowledge sources about what it means to persistently participate in the public sphere as a civil society. In the same way, the production of scientific knowledge, humanistic, artistic, social, and environmental  must be dignified and valued as a public good for the ecologization of the SEIA, its peoples, enterprises and lands and not like an arbitrary product of the decision of current investments.

Therefore, we request to turn the focus of the current law reform project on the reform of the SEIA presented at the congress, with the aim of reclaiming the path of citizen discussions based on ethical principles circumscribed and ratified by the Chilean state to the United Nations; subscription to pending international agreements for the betterment of these standards like the Escazu agreement, and to move forward on the democratization and sustainability of the relationships between people and land.

Translated by Felipe Fontecilla

Declaración Pública Respecto al comunicado del Ministerio de Medio Ambiente dando a conocer el resultado de los muestreos realizados entre los meses de noviembre del 2018 y enero del 2019.

Nos parece una vergüenza que el Ministerio de Medio Ambiente busque confundir a la comunidad señalando, que en Concón, Quintero y Puchuncaví, las concentraciones de compuestos presentes en el aire, no representan riesgos para la salud de la población, a partir de los resultados del estudio realizado por el Instituto de Investigación del aire de Noruega.

Ninguna de las muestras del estudio fueron tomadas en los días en donde ocurrieron las intoxicaciones masivas. Bien al contrario, el muestreo fue realizado en los días en que estaba en vigencia el Decreto de Alerta Sanitaria (DS83) del Ministerio de Salud para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, que obligaba a las industrias a suspender las partes de sus faenas más contaminantes. Lo sorprendente hubiese sido obtener resultados de altas concentraciones de contaminantes.

La comunidad no ha tenido acceso a los datos originales del estudio. Toda la información de la que disponemos viene del departamento de prensa del ministerio. Ante la falta de proactividad a la hora de facilitar la información en la que basan su declaración pública, nos hemos visto obligados a solicitar los datos originales a través de Ley de Transparencia.

La calidad del aire de la zona NO cumple con los estándares internacionales. Esta afirmación es incontestable y se basa en los datos originales del propio MMA. El gráfico adjunto indica concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2) en los días 9 y 10 d marzo de éste año. En las localidades de la Greda y maitenes se duplicaron la máxima concentración de SO2 recomendada por le Organización Mundial de la Salud de 500 microgramo en periodos de 10 minutos.

Curiosamente, el estudio que el MMA interpreta, no contempla las mediciones de SO2, siendo éste contaminante el responsable de la intoxicación de alumnos y docentes de la escuela de La Greda en el año 2011.

Del mismo modo, no se ha informado de los resultados de las mediciones de metales pesados como arsénico, contaminante cuyos niveles históricos en la zona, han excedido por lejos las normas de la Unión Europea y las concentraciones máximas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Exigimos que a la brevedad el Ministerio de Medio Ambiente transparente el estudio realizado por el Instituto de Investigación del aire de Noruega.

Mujeres de Zona en Sacrificio en resistencia Quintero y Puchuncaví: Fon 990007649

Crecimiento Verde en la Economía Climática: El caso de Chile.

Ministro Marcelo Mena - Lanzamiento IMPAC4

Nuestros países enfrentan múltiples desafíos debido a problemas globales. Nuestro planeta es finito, y el crecimiento infinito basado en la extracción de recursos naturales no es posible. El crecimiento sostenible es posible y brinda oportunidades únicas para abordar los SDG ("Sustainable Development Goals", para sus siglas en ingles - "Metas de Desarrollo Sostenible"). No es una cuestión de ideología, sino de necesidad.

Año tras año nos enfrentamos a nuevos desafíos relacionados con el clima. En Chile hemos enfrentado mareas rojas que han causado grandes pérdidas a nuestra industria del salmón. Hemos enfrentado el incendio forestal más grande que el mundo ha visto en esta década. Hemos tenido ciudades en nuestros desiertos frente a 15 años de lluvia en sólo 12 horas. Esto está obstaculizando nuestro crecimiento y el bienestar de nuestro pueblo.

La negación del clima viene de muchas maneras. Denegación de la ciencia: en Chile, se nos enseñó la ciencia climática obligatoria en todas las aulas. Negación de beneficios: Cuando insistimos en energías caras y obsoletas, estamos negando a nuestro pueblo el acceso a una energía más limpia y barata. No vamos a insistir en el carbón, ya que los nuevos costos de energía solar cuestan la mitad del costo del carbón, y esta tendencia inevitablemente continuará. El carbón es un combustible, y aumentará sus costos.

La energía renovable es tecnología. Reduce el costo con el tiempo. Insistir en el carbón es como volver a Blockbuster cuando tenemos Netflix. No es una decisión política. Es una decisión económica. Estamos aumentando nuestro compromiso con el 90% de energía renovable para 2050.

En 2014, el crecimiento del PIB disminuyó debido a la menor demanda de cobre. Pero desde entonces las inversiones en energía renovable superaron las inversiones en cobre, y se convirtió en el mayor sector de inversiones en el país durante casi 4 años. La energía renovable ha crecido 5 veces, y las acciones energéticas han generado energía que es la mitad del precio, y menos de la mitad de las emisiones. Tenemos inversiones en CSP (energía solar concentrada), geotérmica, solar fotovoltaica, eólica y biomasa. Tendremos nuevos proyectos de almacenamiento de bombas de energía solar que proporcionan energía solar de base a una fracción del costo del nuevo carbón. Y ahora que la agenda climática requiere más vehículos eléctricos, hay una mayor demanda de cobre, cobalto y litio. Esto ha hecho que el precio del cobre suba de nuevo. Y a medida que se movilizan las inversiones, éstos enfrentan menores costos de energía y tienen impactos ambientales mucho más bajos. Las minas de cobre ahora proporcionan agua desalinizada en lugar de consumir agua en nuestros desiertos. Las nuevas minas vienen por lo menos con un 40% de energía solar o contratos de energía eólica. Estamos en medio de las ofertas para trabajar en inversiones de mayor valor agregado en las tecnologías de baterías de litio. Estamos invirtiendo en formas de incorporar la energía solar más ampliamente en nuestro sector minero, y pronto usaremos combustibles basados ​​en energía solar para desplazar diesel en camiones o procesos industriales.

En calidad del aire, también hemos presenciado una enorme transformación. Participamos en un esfuerzo masivo para limpiar el aire en las 14 ciudades más contaminadas de Chile. Reducimos los episodios de calidad del aire en un 40 a 70%, beneficiando a 10 millones de personas. Enfermedades respiratorias se ha reducido a la mitad en lugares que actuamos en comparación con 2013. Cerramos la puerta de calefacción sucia de la madera y lo abrió a la calefacción limpia. Estimularon la inversión en combustibles más limpios, incluyendo madera seca, pellets, gas natural o electricidad. Invertimos en revisiones de calentadores limpios y miles de subsidios de aislamiento para el hogar. Hay una industria emergente de calefacción limpia que no existía. Ayudamos a crearlo.

Pero si queremos un crecimiento sostenido también necesitamos reconocer que podemos establecer que los recursos son cada vez más escasos y necesitan recuperarse. Recientemente, anunciamos la red de parques de la Patagonia. 8 nuevos parques nacionales para 4,5 millones de hectáreas. Nos asociamos con Tompkins Conservation, que donó 400 mil hectáreas. Fue la mayor donación de tierras a un gobierno por parte del sector privado. Y hemos retribuido la adición de más tierras nacionales al sistema de parques. Este sistema de parques tiene 900 millones de toneladas de CO2, y no dejaremos que eso vaya en la atmósfera.

Necesitamos la conservación del océano para crecer también. El 30% del CO2 que se captura es en los océanos. Estos océanos alimentan a miles de millones de personas. El Acuerdo de París dice que debemos tener cero emisiones para el final del siglo. No tenemos nada tan ambicioso para los océanos, a pesar de los desafíos que enfrentamos. Chile acogió recientemente la conferencia internacional sobre áreas protegidas marinas. Anunciamos que pasamos del 4,3% de las áreas protegidas en nuestra zona económica exclusiva al 46% en 2018. Recientemente anunciamos que los Rapa Nui han votado por crear un área protegida marina de 720.000 km2 para limitar la pesca a las técnicas tradicionales. Hemos anunciado parques marinos en el Cabo de Hornos y en las islas Juan Fernández. Hemos anunciado las redes de áreas marinas protegidas en la Región de Magallanes. Alcanzaremos 1,6 millones de km2 de conservación marina, más del doble de nuestra superficie continental. La conservación del océano es la acción climática. Tenemos que garantizar la captura de carbono se produce. La conservación del océano es la adaptación al clima. Los ecosistemas costeros más saludables son más resistentes al cambio climático. La conservación del océano es económicamente inteligente. Permitimos que la biomasa marina crezca 5 veces, y asegure la actividad para el futuro.

Creemos en la participación pública y el derecho de la gente a la información sobre temas ambientales. Estos procesos hacen mejores políticas. Estamos promoviendo un proceso de negociación regional para un acuerdo vinculante para América Latina sobre la participación pública, el derecho al presente y la justicia ambiental, inspirado en el acuerdo de Aarhus.

Al final, el crecimiento sostenible requiere una visión a largo plazo. Cada tonelada de CO2 que emiten pone en riesgo a las futuras generaciones. Cada tonelada de sobrepesca nos acerca al colapso pesquero. Cada tonelada de plástico que ponemos en nuestros océanos se mantendrá durante cientos de años.

Los objetivos de desarrollo sostenible son una hoja de ruta para el crecimiento verde. Hemos invertido en una mejor educación, igualdad de género, hemos implementado una reforma tributaria para abordar la desigualdad de ingresos. Estamos ofreciendo una energía más limpia y más barata y, como resultado, tenemos ciudades más saludables y eficientes. Estamos invirtiendo en la adaptación al clima para asegurar fuentes de agua limpia para nuestra gente. Estamos promoviendo el consumo sostenible a través de impuestos sobre la contaminación y una ley ampliada de responsabilidad del productor. Creemos en las asociaciones público-privadas. Creemos que las metas de desarrollo sostenible brindan una oportunidad para proporcionar bienestar a nuestro pueblo y al planeta, no para los próximos 4 años, sino para siempre.

Nota realizada por Marcelo Mena (el Ministro de Medio Ambiente) para el Huffington Post | 20092017 | Traducción @vigilantecosta

Lanzamiento IMPAC 4 Chile 2017

Marcelo Mena - Ministro de Medio Ambiente - Chile

@vigilantecosta

Hace unos días (24 de abril) asistimos al lanzamiento de la IMPAC4 (International Marine Protecting Areas Conference) a realizarse entre el 4 y 8 de septiembre en La Serena y Coquimbo, siendo un hito importante para nuestro país y un desafío para el reciente asumido ministro de la cartera de Medio Ambiente, Señor Marcelo Mena, quién gentilmente nos hizo llegar la invitación. Y, por cierto, esperamos asistir a la cuarta versión considerando la importancia de poder proteger nuestra zona de constantes amenazas a que se expone producto de una desregulación y escasa incidencia ciudadana en las decisiones que implican alteraciones que afecten el territorio, borde costero, ríos y océano.

En la ceremonia de lanzamiento el Ministro de Medio Ambiente recalcó la evidencia que existe hoy en nuestro país respecto de las consecuencias o efectos del cambio climático mencionando que recientemente "un aluvión en el desierto más árido del mundo, los incendios forestales más grandes de esta década. Una marea roja que pone en jaque, por tiempo importante, a la salmonicultura. Hace un par de semanas tuvimos fuertes lluvias, incluso hace un par de días, que incluso causan efectos que pueden poner en jaque el agua potable de la ciudad como Santiago”, agregando el Ministro que “este tipo de fenómenos será cada vez más frecuente y debemos empezar a prepararnos para ello. Y no solamente pone en jaque la infraestructura sino que también el bienestar de las personas y la disponibilidad de especies y ecosistemas”. 

Siendo el océano Pacifico el más grande del planeta con más de 4 mil kilómetros de costa que bañan la costa chilena. "Es un deber mirar lo que pasa en los océanos porque contiene tal cantidad de plástico que cubre un área dos veces del tamaño de Estados Unidos. De acuerdo a la ONU un metro cuadrado de océano tiene entorno a los 17 mil pedazos de plástico flotando. Una situación que pone en riesgo la fauna marina y se proyecta que va a haber un momento que habría tanto plástico en ellos que, como especie, es un momento que claramente no queremos vivir. Si a esto sumamos que según informe de la FAO el año 2016, la oferta mundial per cápita de pescado alcanzo su máximo histórico de 20 kilos por persona el año 2014, significa que debemos alimentar al mundo, pero, también tenemos los riegos que significa la extracción por sobre las capacidades de recuperación y también el riesgo de la pesca ilegal", señaló el jefe de la cartera. 
Chile asume el desafío de ser el anfitrión de la cuarta versión del IMPAC lo que es una buena noticia entendiendo la importancia que el océano tiene para nuestro país y para el mundo. Esperamos que sea una oportunidad para profundizar regulaciones que permitan mitigar o evitar su degradación y/o contaminación por factores externos, siendo el modelo de desarrollo un factor a considerar respecto de la recuperación natural que los ecosistemas oceánicos tienen por si mismos. El Ministro fue enfático al señalar que "La causa de todo este gran problema tiene que ver con el modelo de desarrollo que no está siendo sustentable. Los ODS, los objetivos de desarrollo sustentables de la ONU, abordan esto en gran parte: cambio climático, ecosistemas acuáticos, alimentos, cero hambrunas, son temas que están relacionados. En el caso de los océanos estamos bajo fuerte presiones y amenazas que si no enmendamos estamos comprometiendo el bienestar futuro porque inevitablemente caerá la cantidad y calidad de servicios ecosistémicos que nos brinda. Por lo tanto, se requiere una acción urgente".

Áreas Marinas Protegidas, AMP (Marine Protect Areas, MPA)

Las AMP se iniciaron como una tendencia en los años 90 y, actualmente, tienen cerca de un 3% de los océanos bajo algún tipo de protección, lo que suma cerca de 13.600 Áreas Marinas Protegidas en todo el mundo. 

"Chile es un país con vocación marítima, pesquera y oceánica, por excelencia. Ha abrazado con fuerza la opción de las áreas protegidas en estos últimos años sumando más de 463 mil kilómetros cuadrados en 33 áreas marinas protegidas. 8 de estas áreas protegidas están bajo la categoría de Parque Marino. Una forma efectiva de lograr la conservación que, en conjunto, abarca cerca del 97% de lo que hoy día es áreas protegidas. El 97% de las áreas protegidas hoy es un parque. Con Nazca-Desventuradas, archipiélago Juan Fernandez, Chile ha crecido en la creación de Parques Marinos, hoy en día se ha alcanzado el 13,6% de la Zona Económica Exclusiva bajo esta condición. Creemos, firmemente, que para avanzar en esta dirección tenemos que dejar un legado para Chile y para el planeta. A nivel oceánico, estos territorios proveen áreas de recuperación de pesquerías y conservación de ecosistemas únicos en el mundo. Sus beneficios están bien documentados. Cuando conservamos un área, la biomasa crece en sí. Si conservamos un área, la densidad de plantas se triplica y el tamaño de cada especie crece en un 28%. Es decir, la conservación es una forma de permitir y darle sustentabilidad a actividades que no queremos que cesen", destacó el ministro.

Además, señaló el Ministro Mena, que el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climatico (IPCC, International Panel of Climate Change) realizará un informe especial sobre el tema océanos renovando, de esa manera, la importancia de poder entender cual es el rol de los océanos en los ciclos del carbono, por ejemplo, convirtiéndose la cuarta versión del IMPAC, en una oportunidad y momento clave que permita poner una agenda o una hoja de ruta con un mensaje claro y potente "que lleve a más compromisos políticos a nivel regional con respecto al futuro de los océanos estableciendo nuevos desafíos que superen las metas del 2020, superando las y logrando establecer nuevas metas de implementación y manejo efectivo de éstas áreas protegidas. Impulsar el reconocimiento y el rol fundamental que cumplen los océanos en la regulación del clima y emisiones".

Uno de los aspectos interesante mencionados por el jefe de la cartera ambiental fue en "como asociamos estas áreas marinas protegidas a un manejo de pesquerías que permita recuperar la capacidad de previsión de estos recursos pesqueros para asegurar el bienestar y salud de las futuras generaciones y la importancia que este evento internacional se organice en Chile como desafío y oportunidad para poder impulsar un cambio de rumbo respecto de la situación actual. Hoy es un momento crucial en que discutimos el futuro del planeta y la humanidad. Hoy, es tiempo de la acción climática, de la conservación oceánica, cambiar el modelo de desarrollo para que finalmente sea sustentable. La agenda climática lo dice, la agenda 2030 de las Naciones Unidas tambien lo dice y es muy necesario".
Al finalizar, y reiterando la invitación para el mes de septiembre en la cuarta región, mencionó que "esto requerirá de mayor investigación, innovación y tambien requiere cambios culturales importantes en donde la educación realmente va a permitir cambio en la ética y comportamiento humano en la relación con, justamente, el océano. Y, también, buscar una sociedad que tenga un consumo y producción sustentable tanto en la tierra como en los océanos".

Para más información de la Conferencia Internacional IMPAC4 ir aquí