Por Andrea Sanhueza - La Nación: http://bit.ly/cQujeY
La actual administración afronta el desafío de materializar la nueva institucionalidad ambiental, lo que ha significado poner en marcha el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, y luego instalar la Superintendencia del Medio Ambiente.
La implementación de la nueva institucionalidad ambiental ha sido tema público, sobre todo después del caso Barrancones, que dejó en evidencia las insuficiencias de la legislación y la institucionalidad. La actual administración afronta el desafío de materializar la nueva institucionalidad ambiental, lo que ha significado poner en marcha el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, y luego instalar la Superintendencia del Medio Ambiente.
Luego de dos reuniones sostenidas con el director ejecutivo de la Conama, Ignacio Toro, futuro director del Servicio de Evaluación Ambiental, un grupo de organizaciones de la sociedad civil hemos llegado a un acuerdo sobre un espacio formal de trabajo con el objetivo de colaborar en la elaboración del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Corporación Participa convocó a las ONG expertas en medio ambiente: Chile Sustentable, Fundación Terram y Fiscalía por el Medio Ambiente, para proponerles un trabajo de incidencia conjunto en el proceso de elaboración del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) respecto de los derechos de acceso a la información y la participación de las comunidades en la evaluación de los proyectos.
Entendemos que este espacio de trabajo no es un proceso vinculante, lo que significa que la autoridad tiene la decisión final. Pero esperamos un diálogo abierto, sustantivo y riguroso, que tenga la voluntad real de debatir las propuestas que presentaremos basadas en nuestra trayectoria académica y experiencia práctica a nivel nacional e internacional respecto de los derechos mencionados en la toma de decisiones ambientales. Los reglamentos son el manual de procedimientos de una ley, por tanto, es de suma importancia explotar al máximo las modestas oportunidades que establece la ley para mejorar la capacidad de la ciudadanía de ejercer sus derechos fundamentales de acceso a la información pública y la participación ciudadana.
Esperemos que la ruta de trabajo diseñada se cumpla y que como sociedad podamos contar con un reglamento que nos facilite el participar e involucrarnos en los proyectos que nos interesan y nos afectan, sobre todo en materias tan sensibles como el tema ambiental.
* Coordinadora Red Incide Corporación Participa
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