Por Rodrigo de la O -
En los últimos tiempos, en Chile y el mundo, se han desarrollado movimientos sociales de manera vertiginosa saliendo la ciudadanía a las calles para reflejar su opinión en diversos temas de contingencia y de transversal interés.
La revolución pingüina detonada el año 2006 fue el primer esbozo de lo que evidenciamos hoy en nuestro país. Desde temas energéticos, ambientales con las emblemáticas marchas de Punta de Choros y Barrancones donde el Presidente interviene sobrepasando a su Corema, los proyectos del Maule como Los Robles en la “acorralada” comuna de Constitución o el proyecto Hidroeléctrico Achibueno en uno de los ríos más prístinos y, prácticamente, el único no intervenido en la Región del Maule, convergiendo en las impresionantes marchas por una Patagonia Sin Represas y el megaproyecto Hidroaysen. A ellos se ha sumado un renovado movimiento estudiantil con una fuerza propia de las nuevas generaciones que ha puesto en jaque al gobierno de turno.
Se suman movilizaciones permanentes en distintos escenarios y las protestas o manifestaciones se suceden de manera recurrente lo que denota que existe una ciudadanía que comienza a activarse, a empoderarse y a querer incidir en un sistema político que se observa aletargado, desgastado (las encuestas hablan por si solas) y que, necesariamente, requiere actualizarse. Los movimientos sociales dan cuenta de ello llegando a ser un tema de Estado que supera los gobiernos de turno.
Comienza entonces un desafío mayor en que el sistema político debe generar las bases para una evolución que estos movimientos y conflictos sociales invitan a debatir y enfrentar. Cambios reales, profundos que ya no son propuestos desde las cúpulas políticas sino desde los ciudadanos obligándoles también a salir de la cómoda posición de ser simples actores cuyo único vínculo es el voto en que se delega la responsabilidad a las autoridades electas siendo un elemento (el voto) distanciador cuando, en efecto, debiese ser todo lo contrario. Por lo tanto, el desafío es doblemente significativo. Los políticos deben acoger el llamado que la ciudadanía realiza y los ciudadanos activarse y ser un aporte real al cambio social que se quiere ejercer.
Imagino que no ha de ser fácil. Se necesita una ciudadanía más preparada, más informada pero que de a poco comienza a gestarse y comienza a comprender que la Democracia es un derecho pero también un deber en el que se debe incidir y no ser meros espectadores. Después de las exigencias deben comenzar a estructurarse los debates, las propuestas y el consenso entre todos.
De a poco surgen espacios increíbles en donde nos damos cuenta que algo está pasando, algo comienza a cambiar. Talleres de empoderamiento ciudadano, Municipios alineados en proyectos de ambiente saludable, Proyecto de Voto Programático, Comisiones de trabajo Ciudadano-Parlamentaria de energía, peticiones de cambio de Constitución, entre otros muchos nuevos escenarios que precisamente se han ido dando por cuenta de la exigencia social que las autoridades deben ser capaces de atender por el bien del país, nuestra democracia y la justicia social.
En los próximos días se reunirá oficialmente una Comisión de Energía Ciudadano-Parlamentaria en donde inciden diferentes actores sociales, ONG’s, parlamentarios, técnicos, privados, etc. Esperamos puedan existir las voluntades para que la incidencia sea real pensando en la necesidad de una matriz energética de futuro con un justo equilibrio en su generación e impacto. Base innegable para ser un país desarrollado.
Lo importante trasciende y su búsqueda es lo que más debe interesar. Todos los procesos, crisis, problemas deben ser el motor para poder encontrar los caminos anhelados en que podamos ser una mejor sociedad, un mejor país.
La ciudadanía se ha puesto en marcha, en movimiento, persiguiendo que la suma de voluntades sea la fórmula de encuentro del camino correcto.
