La caída del imperio forestal

Fuente: ElClarin

Al modelo forestal lo trajeron como un ejemplo de desarrollo y en el presente se está cayendo a pedazos y hagan lo que hagan por resucitarlo no se va a poder. Sirex noctilio o Avispa taladradora está extendida desde la Región del Maule hasta la región de los Lagos y ha puesto en alerta al mercado internacional.

A su vez, las empresas no califican para sellos internacionales que avalen su producción, se comienza a limitar la expansión, vienen coletazos por las  consecuencias de los incendios y la credibilidad lentamente se desmorona.

Toda ciencia en recursos naturales y biología determina que la introducción de especies exóticas a ecosistema distinto traen siempre peligros y amenazas. Al modelo forestal y sus especies exóticas de pino y eucaliptos de rápido crecimiento, lo trajeron como un ejemplo de desarrollo y en el presente se está cayendo a pedazos y hagan lo que hagan por resucitarlo desde el estado chileno no se va a poder.

En primer lugar la plaga de Sirex noctilio o Avispa taladradora está extendida desde la Región del Maule hasta la región de los Lagos y que ha puesto en jaque a las empresas forestales chilenas. Dicho insecto va provocando la muerte de los pinos que ataca, debido a que las hembras colocan sus huevos dentro del tronco de los pinos, junto con una sustancia tóxica producida por ellas, que mata los árboles. Este devastador escenario coincide con los recientes focos de incendios forestales y todos los oficios por controlarla han sido infructuosos.

Consecutivamente, el mercado internacional ya está en alerta y ante los riesgos de comprar madera infectada, progresivamente se van cerrando, principalmente en aquellas empresas y países que exigen el cumplimiento de normas y tratados internacionales en materia medio ambiental y de derechos humanos.

También, en ese contexto, considerando los conflictos que tienen las empresas con Comunidades indígenas en Chile, los impactos socio ambientales que se le atribuyen, más la plaga, entre otras, definitivamente las empresas no  califican para la obtención de sellos ambientales con estándares internacionales como Forest Stewardship Council (FSC), lo que lo complica aún más en el mercado internacional, ya que a la fecha, las empresas chilenas solo tienen un sello entregado por el propio estado chileno denominado CERTFORT Chile.

CERTFOR Chile reinaba desde el año 2000 a favor de las principales empresas chilenas Forestales para evadir sus obligaciones en materia ambiental y en Derechos Humanos, poder limpiar su imagen y obtener suculentos negocios Internacionales. Hoy, los Mercados exteriores se van volviendo más exigentes e incorporan diversos indicadores en sus estándares. Las empresas requieren nuevos sellos para avalar su productividad y Comercio como “sustentables” y no califican.

Cabe mencionar que en Chile existen más de 3.000.000 de hectáreas de plantaciones exóticas controladas principalmente por los grupos económicos Matte (CMPC, Mininco, Crecex, Monteaguila, con más de 750.000 hectáreas) y Angelini (Arauco, con más de 1.000.000 de hectáreas), cuyos patrimonios han sido obtenidos principalmente a los beneficios y privilegios desde el estado de Chile, manteniendo proteccionismos para sus intereses de manera política y legislativa, con tráficos de influencias, enriquecimientos ilícitos y una red política y económica corrompida en desmedro de los derechos de una gran mayoría de personas y los Pueblos que coexisten en este País.

Otro punto que pone a la palestra a estas empresas son los actuales focos incendiarios en diversas localidades del centro sur chileno y de manera generalizada, coincidiendo con la expansión de la plaga de Sirex noctilio o Avispa taladradora, lo que también, en caso de no existir colusión, debería poner en alerta a las empresas aseguradoras por siniestro de incendios a favor de las empresas forestales y que deberían indagar así como toda instancia pública decente.

Por otra parte, a pesar de toda la campaña mediática en los incendios para encubrir verdades, también se irá limitando la ofensiva estatal con las empresas de expansión e introducción de especies exóticas forestales, una, porque ya hay mayor conocimiento desde sectores campesinos y de comunidades Mapuche que estas especies exóticas como el pino y el eucaliptos  secan las tierras, succionan las napas subterráneas y generan verdaderos desiertos donde sumado a las altas temperaturas y la resecad de sus estructuras, principalmente de los pinos, las hacen un peligro constante para focos de incendio y ahora con la amenaza de la plaga hace inviable toda iniciativa productiva. Por lo tanto, habrá mayor reticencia y las proyecciones disminuirán considerablemente.

Expandir la industria forestal en el presente, es además dejar sin agua a las poblaciones, en zonas de valle y exponerlas a los peligros de incendio, más aún ha sabiendas que en las zonas cordilleranas se busca intervenir las aguas, ya sea por geotermas, hidroeléctricas (como lo hacen los mismos Matte) o mineras (como lo hace Angelini), que fluyen hacia los territorios de abajo y desembocan en el mar y la suma genera una disminución progresiva que puede ser letal para las mayorías, como ya se había indicado.

El poder del imperio  

MATTE   

Grupo Matte, familia Matte (Eliodoro, Bernardo y Patricia), en el año 2010 tenían una fortuna de US 8.100 millones y hoy, con una fortuna que supera los US$10.400 millones. Sus principales actividades económicas se basan en la expansión de la industria forestal y de la industria de celulosa (papeleras). Algunas de sus empresas son: Empresas CMPC (55,4% de la propiedad): empresa forestal integrada, con producción de madera, celulosa, papel y otros productos industriales y de consumo masivo. Empresas CMPC tiene una capitalización bursátil superior a los US$7.200 millones. Junto CON la celulosa – papelería una de sus principales empresas es Forestal Mininco. En energía está Colbún (49% de la propiedad), que es una de las mayores empresas de generación eléctrica de Chile, con una capacidad instalada de 2.521 MW y una capitalización bursátil de aproximadamente US$2.600 millones. En la Banca Comercial (Banco BICE): Banco comercial corporativo y de personas con activos por aproximadamente US$2.700 millones, que además cuenta con actividades de leasing, factoring, hipotecarias y comercio exterior. También en seguros de vida, securitización, inmobiliario, inversiones. 

ANGELINI   

Angelini, cuyo origen de acumulación de riquezas la forja Anacleto Angelini, ya fallecido, quien en 1990 entró al ranking de los más ricos del mundo de la revista Forbes. En el ranking Forbes del año 2006 fue clasificado en el lugar 181° a nivel mundial y 10° a nivel latinoamericano; en el año 2007 fue clasificado a nivel mundial en el lugar 119º, siendo así el mayor millonario de Chile y de Sudamérica en su momento. Formó una fortuna la que se calcula actualmente mínimamente en 6.000 millones de dólares, sin embargo, no hay claridad exacta de su fortuna ni entre quienes es manejada, la que estaría distribuida entre su viuda y su sobrino Roberto Angelini, quien maneja los negocios.

Actualmente el grupo Angelini es uno de los mayores productores mundiales de harina de pescado, controlando también el rubro de combustibles y forestal. Su mayor activo, Empresas Copec, es hoy una empresa diversificada con una importante participación en el negocio forestal a través de su filial Celulosa Arauco, siendo además la mayor empresa chilena medida por capitalización bursátil. Antar Chile es otra empresa destacada donde el actual Presidente Piñera también fue accionista al igual que en Copec.

Los Impactos que ha venido generando la industria

Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del Bosque nativo y ecosistemas; Suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la perdida de soberanía y seguridad alimentaria; Transgresión de lugares sagrados; Aumento emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal, son parte de sus consecuencias.

Como consecuencia de este modelo, la destructiva industria de Celulosa se viene expandiendo, propiedad de estos mismos grupos económicos como las de Angelini: Nueva Aldea, Celco, Licancel, Constitución, Arauco, Valdivia; O bien, la del Grupo Matte: Laja, Santa Fe, Pacífico-Mininco, que son un ejemplo de estas consecuencias cuyos impactos hace rato han quedado a la vista.

La expansión de la industria en terrenos de campesinos y comunidades 

Considerando que el patrimonio forestal de las grandes compañías está prácticamente agotado en las regiones VII y X Regiones para adquirir grandes paños, la expansión va apuntada a incorporar paralelamente a sectores campesinos y mapuche para que se transformen en forestadores y para este fin se hizo una prórroga del Decreto Ley 701 va en ese sentido como política de estado, bajo la complicidad y sometimiento de los sectores políticos gobernantes.

El Decreto Ley considera en el presente ciertas modificaciones que potencian la entrega de incentivos a esta actividad, contemplando un incentivo del 90% para los pequeños propietarios, en las primeras 15 hectáreas, un 75% para los medianos propietarios y un 50% para los grandes propietarios, según comunicó CONAF.

Esta prórroga ha sido celebrada por diversos sectores políticos de la Alianza por Chile y de la Concertación y se ha considerado como un importante beneficio y oportunidad que, según comentarios de varios legisladores, beneficiará principalmente a pequeños y medianos propietarios rurales.

Cabe mencionar que dicho Decreto (701) se instaló en 1974 durante la Dictadura Militar tendiente a otorgar beneficios con arcas fiscales a los principales grupos económicos del País (Matte y Angelini) para imponer bajo subsidios un oligopolio en la industria Forestal.

La Corma (Corporación de la Madera) ente articulador del sector mega forestal chileno, ha reconocido que sus inversiones dependen de tasas de forestación. Jorge Seroni de ExpoCorma señalaba a la prensa en el 2005 que el fuerte aumento en el valor de la tierra en los últimos 20 años hace muy poco rentable para las empresas forestales la compra de predios para comenzar proyectos de forestación como los que se iniciaron hace más de dos décadas. Asimismo agregó sobre la proyección en las plantas de celulosa, las que se construyen, indicó, cada 150 mil hectáreas de “bosques”.

Esta versión empresarial señaló que “ahora corresponde al Estado generar las estrategias y los instrumentos para que los actuales propietarios de esas tierras pueden entrar al negocio forestal, con un horizonte de 15 a 25 años. Agregó que existen unos 4 millones de hectáreas en la Séptima, el norte de la Octava y la Novena Región de terrenos aptos para ser forestados”.  En el presente, como política de estado se pretenden doblar las más de 3.000 de hectáreas que hay en el presente al año 2025.

Conflicto Forestal con el Pueblo Mapuche 

Cabe mencionar que una de las principales razones del conflicto Forestal y Comunidades Mapuche, es por la tenencia de la Tierra. Una importante parte de los territorios que se reivindica está en poder de las Empresas, ya sea por reclamaciones ancestrales o de denuncias de usurpación contemporánea.

Asimismo, la expansión forestal en el territorio ancestral Mapuche ha sido una afrenta al Derecho Propio, la Cosmovisión y Cultura Mapuche. La arremetida de la industria se ha convertido en un símbolo de neo colonialismo y contaminación social.

Por otra parte, decenas de personas Mapuche han sido o están siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales en el marco de conflictos con empresas Forestales. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos entre las VIII y X regiones. Decenas de ministros especiales y numerosas Fiscalías Militares se han encargado de investigar "hechos de violencia" -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros Mapuche se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y que fueron aplicadas de manera activa y vigente en los últimos gobiernos, como forma de control social a las protestas sociales Mapuche. A esta aplicación, se agrega que numerosas personas mapuche han debido enfrentar el Sistema Procesal Penal, que entró en vigencia desde el año 2000.

En el año 2002 desde el asesinato del joven Mapuche Alex Lemún, asesinado por un oficial de carabineros en un predio que la comunidad reclamaba de la empresa forestal Mininco, se inicio el plan de operación paciencia, coludidamente por sectores públicos y privados quienes arremetieron con diversas estrategias para desmovilizar.

Como efecto de esta represión, zonas rurales Mapuches en Ercilla, Traiguén, Lumaco, Chol Chol, Imperial, Collipulli, Purén, Tirúa, Lebú, Cañete, entre otras, han debido enfrentar numerosos allanamientos y operativos policiales con graves secuelas a la vida social, cultural y sicológica de las familias, hechos que se repiten hasta el día de hoy.

La última, fue el levantamiento mediático del gobierno chileno en el marco de los incendios forestales quienes de manera irresponsable y desprolija emitieron declaraciones públicas desde el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, de su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de las autoridades regionales designadas, quienes afirmaron tener antecedentes de que los incendios forestales que afectan a diferentes territorios mapuche del sur de Chile, tendrían una causal de origen “terrorista” y que de manera paralela han responsabilizado a organizaciones Mapuche, junto con anunciar la aplicación de la Ley antiterrorista solo en la región de la Araucanía cuando los mayores focos incendiarios han sido en la Región del Bio Bio.

Declaración Pública: ACUSACIONES DEL GOBIERNO Y APELACIÓN A LEY ANTITERRORISTA ANTICIPAN NUEVA ETAPA DE CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE

Desde hace algunos días, la ciudadanía ha apreciado con impotencia la ocurrencia de numerosos incendios forestales que han afectado patrimonio natural de todos los chilenos, tal como el ocurrido en Torres del Paine, o bien de monocultivos forestales de compañías privadas que ocupan grandes extensiones de territorio en las regiones del sur, como los acontecidos en comunas de la regiones del Bio Bio y La Araucanía.  Junto a ello, nos hemos informado del incendio declarado en el Fundo La Piedra de Forestal Mininco, en la comuna de Carahue, el que lamentablemente ha cobrado la vida de siete brigadistas forestales que luchaban contra las llamas.

1.- Dado el impacto que estos incendios han tenido en la opinión pública, consideramos que ellos ameritan un análisis desde una perspectiva ciudadana, así como la precisión de algunos  hechos.

Nos preocupa primeramente la situación de los incendios ocurridos en la Región de la Araucanía, por las vidas que ha cobrado, y por las imputaciones que la empresa afectada y el gobierno han hecho sobre la participación en su generación de personas u organizaciones mapuche. Las versiones de la empresa forestal, que dice haber identificado el día jueves 50 focos simultáneos en el origen de este incendio, lo que probaría su intencionalidad, contrastan con las del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Carahue, que ha señalado la hipótesis de la extensión involuntaria de las llamas a partir de las faenas de fabricación de carbón que se realizan en las inmediaciones del Fundo Los Laureles, y que las llamas se habían iniciado el sábado anterior en el fundo Los Laureles, deduciéndose de sus declaraciones que éstas se habrían extendido en los días siguientes hasta el Fundo La Piedra, lugar de la tragedia.

2.- En este contexto de informaciones todavía imprecisas y sin que se conozca el resultado de los peritajes correspondientes, el Presidente de la República en forma enérgica expresa que para el gobierno existe “intencionalidad criminal” y que se invocará la ley antiterrorista para investigar estos hechos.  En tanto, el Ministro del Interior y el Intendente de la Región de la Araucanía han relacionado los incendios forestales con los atentados incendiarios que han afectado en los últimos días a particulares de la Región y que medios de prensa han atribuido a activistas de la causa mapuche, en particular a la Coordinadora Arauco Malleco. El gobierno para nada se hace cargo de los datos aportados por autoridades locales y trabajadores forestales, que evidencian una negligencia de parte de la propia empresa forestal y sobre todo de lentitud de los organismos públicos encargados de prevenir y alertar sobre estos incendios.

3.- Nadie duda de la necesidad de realizar una investigación seria y acuciosa tendiente a establecer la verdad de los hechos y sancionar las responsabilidades que pudiera haber tras ellos. No obstante, resulta preocupante que el Gobierno haya decidido presentar una querella criminal contra los presuntos responsables invocando la ley antiterrorista, cuyas implicancias lejos de colaborar con una investigación, desvía la atención sobre otros temas relevantes que estos incendios han dejado de manifiesto. 

En primer lugar la invocación de ley antiterrorista dirige la mirada hacia el pueblo mapuche como un presunto responsable de estos incendios.  Aunque el Ministro Chadwik precisó que no hay que hacer esta vinculación, en  la práctica el uso arbitrario y discriminatorio de esta legislación en la última década ha generado un estigma sobre este pueblo. Esto es grave ya que el vínculo que el Gobierno ha hecho entre la “intencionalidad criminal” del siniestro con las demandas mapuche, puede redundar en una nueva fase de criminalización de la protesta social de este pueblo. 

Además, la ley antiterrorista tiene aún un debate pendiente en nuestra sociedad, ya que no cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos y obstaculiza las garantías mínimas de un debido proceso.  Afortunadamente el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, llamó a tener prudencia y manifestó que luego de las indagatorias se determinará qué figura legal es la más adecuada. 

Las palabras del Presidente Piñera invocando esta ley son irresponsables, y debiera llamar la atención que su fuente de información sean las propias empresas forestales y el delirio de un Ministro del Interior que ve enemigos y problemas de seguridad pública en cada hecho que ocurre en el país, más aún si estos ocurren en territorios que demandan comunidades mapuches. No hay que dejar de recordar que la primera vez que un Presidente de la República invocó la ley antiterrorista hace una década, fue justamente para proteger los intereses de las compañías forestales y se inició una fuerte represión en contra del pueblo mapuche. 

4.- Estos lamentables hechos hacen más relevante volver a generar un debate sobre el modelo forestal de plantaciones de monocultivo que hoy impera en el centro sur de Chile. Cabe señalar que sólo Arauco y Mininco (CMPC), las dos empresas afectadas por los incendios ocurridos en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, poseen en conjunto un patrimonio de más de dos millones de hectáreas, en su gran mayoría plantados con monocultivos de pino radiata y eucapiltus. 

A pesar de la evidencia que existe de los impactos ambientales que estas plantaciones provocan -entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad-, sin hablar de sus impactos sociales, como  la emigración y el empobrecimiento de la población, éstas han seguido adelante. Las actividades de estas empresas han sido además cuestionadas por sus impactos ambientales y la vulneración de derechos laborales básicos de sus trabajadores, y sus plantaciones se expanden sin respetar los derechos de comunidades rurales e indígenas. Una impuesta relación vecinal cuyos resultados vimos en el Valle del Itata, con casas consumidas por las llamas que dejó cientos de víctimas. 

Se trata de una política irresponsable que por largo tiempo ha sido no solo  promovida por el estado, sino además financiada a través de subsidios, política que ha permitido que estas empresas obtengan grandes utilidades.  Así, solo el 2010 estas empresas obtuvieron en conjunto un total de 1.300 millones de dólares.

5.- Por último, en relación a la devastación por las llamas de más de 15 mil hectáreas, muchas de ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, queremos llamar la atención sobre la situación de abandono en que se encuentran las áreas protegidas del estado. La insuficiencia de los recursos asignados por el estado a CONAF para la administración de estas áreas y enfrentar los siniestros que en ellos puedan ocurrir ha sido reconocida por todos los actores, incluyendo los funcionarios de esta entidad. No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado días atrás. 

Vemos con preocupación que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición de dicho servicio al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones. De aprobarse esta legislación en sus actuales  términos, el estado seguirá evadiendo su responsabilidad en el cuidado de bienes comunes que constituyen el patrimonio ambiental de todos los chilenos, como el Parque Torres del Paine. 

6.- Ante hechos tan impactantes y que conmocionan a la comunidad, lo que se espera es que las autoridades actúen con más seriedad.  El gobierno como una primera medida  por los hechos ocurridos en las Torres del Paine propuso aumentar las penas por el delito de incendio, y ahora para enfrentar la emergencia en los incendios de plantaciones forestales invoca la ley antiterrorista.  Lo que además de discriminatorio, le entrega toda la razón a quienes acusan a este gobierno de pirotécnico y poco sustancioso. 

Llamamos al gobierno a tener más responsabilidad ante estos siniestros, desarrollando políticas públicas coherentes, que permitan evitarlos y prevenirlos a futuro. Instamos a la justicia a desarrollar las investigaciones que correspondan y a determinar los hechos ocurridos, y en el evento que existan responsabilidades penales, hacerlas efectivas. 

Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN A.G.

Observatorio Ciudadano

06 de enero de 2012

Patricio Herman: “WikiLeaks documentó que Chile es una mascota bien domesticada por Estados Unidos”

Fuente: Diario El Clarin - Por Mario Casasús

México DF.- En entrevista con Clarín.cl Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, denuncia: “El drama de Chile es que las instituciones del Estado no funcionan, porque hay una asociación pública-privada para que los grandes actores del mercado siempre saquen ventajas. Lo peor es que también ocurrió en el pasado reciente con los 4 gobiernos de la Concertación, quienes actuaron como los mejores capataces de la derecha económica. Estados Unidos no necesita entrometerse mayormente en los asuntos internos de Chile, ya que hace rato somos una mascota bien domesticada por Washington DC”

MC.- ¿Cuál fue el principal aporte de WikiLeaks en el capítulo Chile?

PH.- En primer lugar permitió desenmascarar, por lo tanto confirmar, el actuar torvo e hipócrita de las más altas autoridades del país. Enseguida, dejó de manifiesto como la prensa hegemónica se encarga de desinformar a la opinión pública, minimizando la gravedad de los hechos develados en esos cables diplomáticos. Y también como los entes públicos, llamados por ley a fiscalizar las malas prácticas de los agentes del Estado, simplemente optan por mantener un silencio cómplice, evitando iniciar las investigaciones de rigor.

Hay que consignar que el medio de prensa representante de WikiLeaks en Chile es Ciperchile.cl, medio absolutamente comprometido con la verdad y con la libertad de expresión, y único que realiza investigación periodística al estilo de los países desarrollados. Su alta credibilidad se debe al rigor profesional de sus colaboradores y a la guía experta de su directora Mónica González. Esa es la razón por la cual fue seleccionado por WikiLeaks.

Ciperchile.cl recibió aproximadamente 1.600 cables y publicó reportajes muy acabados sobre unos 20 casos, asociados a unos 45 cables, todos los cuales contenían informaciones acreditadas y en general tuvieron una pobre difusión por parte de los otros medios de prensa.

Hace algunos días se publicó esta interesante documentación demostrativa de cómo el mundo está siendo vigilado por quienes detectan el poder:

http://ciperchile.cl/2011/12/02/el-ultimo-golpe-de-wikileaks-mapa-identifica-a-las-empresas-que-tienen-al-mundo-bajo-vigilancia/

MC.- El periódico La Jornada de México publicó en exclusiva los cables de WikiLeaks; en España lo hizo El País; en Francia Le Monde; en Estados Unidos The New York Times; en Inglaterra The Guardian; en Alemania Der Spiegel; ¿con qué filtro de la prensa tradicional chilena se “difundió” y “analizó” la información de WikiLeaks?

PH.- En nuestro país hay un control de las noticias y opiniones que podrían incomodar al establishment y en tal sentido los dos consorcios periodísticos que dominan el  mercado (El Mercurio & La Tercera), ejercen muy eficientemente esa labor que restringe la libre circulación de las ideas e informaciones. Esta limitación o censura se disfraza con el ropaje de la “prudencia y ponderación”, cuando no se omite derechamente, y tales medios, justificando sus comportamientos, se autodefinen como “serios”, lo cual es aceptado por un cierto porcentaje ingenuo de la población. Actúan en definitiva como lo hace un capellán de ejército con la soldadesca, convenciéndolos que la guerra que libran, atrocidades incluidas, cuentan con la venia del Señor. Pero gracias a la irrupción de las redes sociales y de ciertos medios electrónicos, la situación está cambiando y con ello la población está cada día mejor informada, y por lo tanto más crítica.

El episodio más grave, dado a conocer por WikiLeaks en el caso de Chile, fue la intervención del embajador de Estados Unidos para que la empresa AES Gener pudiera construir una planta termoeléctrica en una zona prohibida para ello. En todo caso, el hecho de que Estados Unidos hiciera esas gestiones no sorprende a nadie, pero lo indecente fue el actuar de nuestra servil institucionalidad, que se prestó para que se violara, inclusive un fallo de la propia Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente guardó un acomodaticio silencio. Lo anterior, por cierto, fue minimizado no sólo por esas 2 cadenas de prensa, sino también por la mayoría de los medios, con la excepción del aludido Ciperchile y unos pocos medios radiales y sitios electrónicos. Por su parte, los 120 diputados abandonando sus roles de fiscalización y el Ministerio Público, brillaron por su ausencia.

Los canales de televisión, a excepción de CNN Chile, tienden a ignorar las prácticas de corrupción de los más importantes grupos económicos, focalizando sus noticias en delitos de sangre y robos de poca monta. Por otro lado, el gobierno de Piñera, con la anuencia del poder legislativo, se niega a entregar los recursos económicos necesarios al Ministerio Público para que éste aumente su dotación de profesionales encargados de perseguir a los delincuentes de “cuello y corbata” y a sus cómplices insertos en el aparato del Estado. Es más, el presidente saliente de la Corte Suprema denunció con publicidad que las leyes, cuando las hay, no contemplan penas de relevancia para estos malhechores de alto vuelo y cuello blanco, sin que nadie se diera por aludido, es decir, su enérgica acusación quedó en el olvido.

El drama de nuestro país es que las instituciones del Estado no funcionan, porque hay una asociación pública-privada para que los grandes actores del mercado siempre saquen ventajas. Lo peor es que esto no sucede sólo ahora con un gobierno de derecha, sino que también ocurrió en el pasado reciente con los 4 gobiernos de la Concertación, quienes actuaron como los mejores capataces de la derecha económica.

MC.- Un cable de WikiLeaks documentó la intromisión de Estados Unidos en la política interna de Chile, ¿se trata de la excepción de la regla o la confirmación de un secreto a voces?

PH.- En efecto, la intervención en el caso de la termoeléctrica de Campiche fue manifiesta y descarada. Pero a decir verdad, Estados Unidos no necesita entrometerse mayormente en los asuntos internos de Chile, ya que hace rato somos una mascota bien domesticada por Washington DC.

Y pensar que los organismos financieros internacionales dan crédito al discurso mendaz propalado por los líderes de opinión y políticos de nuestro país, en orden a que Chile es una isla en Latinoamérica en cuanto a probidad y transparencia. Todos aquellos que conocemos los más recónditos espacios de la Administración del Estado sabemos a ciencia cierta que la corrupción en Chile está tan generalizada como en el resto de los países que hablan castellano y portugués. La única diferencia es que aquí se cultiva la hipocresía en su grado máximo. 

MC.- Entrando en detalles, ¿por qué la empresa norteamericana AES Gener no podía instalar una termoeléctrica en la Región de Valparaíso?

PH.- Porque el uso de suelo establecido en el instrumento de planificación urbana de la comuna, como también en el correspondiente de la región, no admitían el emplazamiento de esa actividad de infraestructura energética, puesto que estaba reservada como área verde, lo que era bien sabido tanto por el directorio de la empresa infractora como por todas las autoridades competentes. Las institucionalidades urbanísticas y ambientales nunca ejercieron sus atribuciones cautelando el Estado de Derecho. La institucionalidad en general, está conformada por entes de fachada, que sólo ejercen sus autoridades para establecer barreras de entrada a los distintos y concentrados mercados que detenta la elite. Para ésta, en cambio, las normas regulatorias no se aplican o se modifican cuando estorban sus intereses como es el caso de la termoeléctrica aludida.

MC.- Después de la nula respuesta de la Cancillería de Chile y de la OCDE, ¿ante qué organismo internacional presentarán la denuncia por la injerencia norteamericana?, ¿qué instancia podría clausurar la termoeléctrica de AES Gener?

PH.- Ya que estos dos organismos nada han hecho para que el mercado funcione y se detengan estos abusos, esta claro que ambos no son interlocutores válidos cuando de corrupción se trata. Pero perfectamente podríamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, en defensa de las comunidades de la zona ya saturada de contaminantes, en donde se está construyendo esa planta carbonífera norteamericana.

MC.- ¿Cómo describiría las políticas públicas en torno a la protección del medio ambiente en Chile? 

PH.- En Chile todo se hace en función del crecimiento económico, y en especial de algunos a quienes hay que beneficiar. A pesar de que desde hace 17 años tenemos una Ley del Medio Ambiente, las instituciones públicas recurrentemente consienten en avalar ardides para que ésta sea vulnerada en provecho de los grandes actores del mercado. En Chile se da una situación bastante curiosa, ya que las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, solo están alertas por las eventuales críticas que puedan sufrir de la comunidad internacional, y son indiferentes a las que puedan surgir en Chile, ya que cuentan con el apoyo de las autoridades y sus clientes no están en el país.

MC.- ¿Cuál es la relación entre la deforestación desmedida y la explotación de las minas ante el deterioro ecológico que sufre la geografía y población chilena? 

PH.- En la actualidad, esa relación no está muy presente, pues la minería se desarrolla fundamentalmente en zonas desérticas o de alta montaña, donde la presencia forestal es bastante reducida. Antiguamente, existen testimonios de fuertes procesos de deforestación, por ejemplo en la zona del valle de Copiapó, norte del país, debido a la corta de especies para las fundiciones. Actualmente los perjuicios ambientales que genera la gran minería están relacionados con el deterioro irreversible de los glaciares y de las fuentes de agua dulce en general, en desmedro de la agricultura y de las poblaciones locales. No hay que olvidar que, por su parte, la enorme demanda de energía que aquella requiere para la explotación de las minas se traduce en la construcción de centrales a carbón, que son las que mayor contaminación producen.

MC.- Los mapuches que defienden sus tierras ancestrales son criminalizados con la Ley Antiterrorista, ¿los ecologistas en las ciudades reciben un trato distinto o un maltrato oficial? 

PH.- A las organizaciones ecologistas aún no se las ha perseguido con la Ley Antiterrorista, pero sí han sido objeto de represión y descrédito público, fundamentalmente, cuando apoyan a comunidades en conflicto con empresas forestales, o cuando denuncian hechos de depredación y corrupción asociada. Algunos de sus dirigentes han sido encarcelados y objeto de querellas criminales, aunque en general han logrado ser absueltos de las acusaciones que se les han formulado. No existen integrantes de organizaciones ecologistas que hayan sido asesinados, como si lo han sido activistas mapuches.

MC.- ¿Cuál es la situación de los cultivos transgénicos en perjuicio de las tradicionales semillas campesinas?

PH.- En Chile no existe obligación de rotulación ni etiquetado de alimentos que contengan ingredientes transgénicos. En relación cultivos de vegetales transgénicos, si bien no existe autorización para comercializar al interior del país vegetales transgénicos, se permite el cultivo de semillas para la exportación. Estos cultivos comenzaron en Chile el año 1992 y desde el año 2001 existe una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que permite la internación para su propagación. En este período se han ido aumentando las superficies de semillas transgénicas que se cultivan en Chile llegando actualmente a ser del orden 25.000 a 30.000 hectáreas al año. Sin embargo se desconoce la ubicación de estos semilleros, así como las medidas de bioseguridad y fiscalización que se aplican.

Con el propósito de proteger a otros productores de la contaminación transgénica, un grupo de organizaciones presentó ante el Consejo de la Transparencia, organismo público recién creado a semejanza del existente en México, un requerimiento para saber la ubicación de estos semilleros. Este Consejo determinó que el SAG debía hacer pública esta información. Sin embargo algunas empresas (Monsanto y Von Baer) productoras de transgénicos recurrieron ante la Justicia para no entregar esta información, lo cual ha sido resuelto en días pasados tal como se aprecia en: http://www.terram.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=8903  

En todo caso, los cultivos transgénicos como el maíz  representan una amenaza muy grave a las semillas campesinas, las que corren el riesgo de perderse por contaminación.

MC.- Finalmente, ¿cómo definieron los estatutos de la Fundación Defendamos la Ciudad?, ¿cuál es la forma más directa para entrar en contacto con ustedes?

PH.- Disponemos del sitio www.defendamoslaciudad.cl , nuestros correos son: patricioherman@terra.cl Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla y patricioherman@hotmail.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla y el teléfono: (56-2) 2330321.

Nuestra fundación es políticamente independiente y autónoma. No solicita y por lo tanto no recibe financiamiento de nadie, justamente para no rendirle cuenta a ninguno de los eventuales donantes. Nuestro bien más preciado es la libertad que tenemos para decir lo que sabemos sin exagerar ni menguar nuestros dichos.

Como en general el Estado chileno no se atreve a ejercer su rol en custodia de los marcos regulatorios existentes, nos hemos visto impelidos a practicar, desde la sociedad civil, una necesaria labor de fiscalización de los actos de la Administración, fundamentalmente en los ámbitos de la Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Participación Ciudadana, Transportes, Telecomunicaciones y Patrimonio Histórico.

Somos absolutamente creyentes de la democracia y propugnamos el sistema económico de libre mercado, con instituciones públicas serias que exijan el apego a la ley, que ataquen los monopolios, que terminen con los subsidios y franquicias tributarias a ciertos sectores económicos porque así se distorsionan las correctas asignaciones de recursos y que impidan el abuso de la información privilegiada, lacras que lamentablemente existen en Chile. La desigualdad en el ingreso, tan conocida por todos, es justamente consecuencia directa de lo anterior. Nuestros modelos a seguir son los muy civilizados países nórdicos y nos declaramos indignados, pero muy activos en nuestra función.

Conflictos energéticos del Maule serán tema en primer gran debate en Talca

Fuente: Diario El Centro - Periodista: Claudio Rojas Albrecht
Reconocidos especialistas se darán cita el próximo viernes 13 de enero.

Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP), organizadora de la jornada, espera que la comunidad maulina participe activamente del evento, en el cual podrán interactuar con los expositores

TALCA.- Centrado en tres conflictos regionales entre intereses empresariales para generación energética y la preservación del medioambiente, se desarrollará el primer debate de envergadura nacional en regiones sobre políticas de matriz energética en el país.

El evento está siendo desarrollado por la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP), organismo creado como contraparte de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE) y que a lo largo de casi ocho meses de trabajo ha elaborado algunas propuestas en este ámbito, las que incluso han sido recibidas por el Presidente Sebastián Piñera.

El Teatro Regional del Maule de Talca será el escenario en que el próximo viernes 13 de enero se darán cita importantes especialistas en materia energética y de utilización de Energías Renovables no Convencionales (ERNC).

La directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín; la integrante de la CADE, Nicola Borregaard; y el especialista en energía eléctrica y generación con ERNC, Oddo Cid, serán los expositores principales que debatirán sobre al desarrollo de una política energética y la relación con el entorno en la cual se emplazan los proyectos de este tipo.

Además, se dará a conocer los conflictos regionales generados por el proyecto Central Termoeléctrica Los Robles de Constitución, las centrales de paso en el cajón del Achibueno en Linares y la iniciativa hidroeléctrica de Los Queñes en Romeral. Esta parte será introducida por uno de los coordinadores de la CCTP en el Maule, Ramiro Plaza.

Este mismo personero agregó que el seminario quiere dar cuenta a la comunidad regional el trabajo y la configuración de la CCTP del Maule y las propuestas energéticas que elaboró durante el tiempo que lleva en funcionamiento. Junto con eso, difundir la opinión de las comunidades afectadas por iniciativas de este ámbito en la región.

Por ello, Plaza señaló que espera una alta convocatoria de la ciudadanía maulina, considerando que es la primera vez que se realiza un evento donde especialistas en el tema podrán interactuar con las personas interesadas en debatir sobre este tema.

PROGRAMA DE LA JORNADA

El profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, Fernando Montoya, dará la bienvenida a los asistentes y dará el puntapié inicial al seminario, dando paso a la presentación de la senadora por el Maule sur, Ximena Rincón, única parlamentaria confirmada hasta el momento para dicha jornada.

Luego de ello, en representación de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP), la directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín, hará su exposición sobre el tema.

Enseguida, la directora del Centro de Investigación y Planificación del Medioambiente, Nicola Borregaard, entregará las recomendaciones y propuestas de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE).

Oddo Cid, especialista en Energía Eléctrica y Generación con Energía Renovable No Convencionales (ERNC), se referirá al mercado eléctrico y ERNC.

Finalmente, vendrá la presentación de los tres conflictos regionales a cargo de Rodrigo del la O (Constitución), Sigisfredo Bustos (Linares) y Alnat Gárate (Romeral).
Se contempla un diálogo con el público y la entrega de un resumen ejecutivo.