Urge suspensión Total de Plazos del Sistema de Evaluación Ambiental

Ante la continuidad de la operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante la actual crisis sanitaria, los abajo firmantes declaramos lo siguiente:

• Desde que se iniciara la pandemia del Covid-19, se han alzado diversas vocesciudadanas emplazando al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a suspender los plazos de tramitación de los proyectos de inversión. Esto, debido a la inequidad que se produce en tanto comunidades y afectados no están en igualdad de condiciones con el sector privado para participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• La respuesta del director del SEA ha sido que no se ha suspendido el trámite de los proyectos porque tanto las empresas como la ciudadanía pueden seguir su tramitación por vía electrónica. Lo anterior produce un tremendo desbalance, debido a que no todos y todas tienen acceso e información para ejercer virtualmente sus derechos.
• Más aún, hoy hemos sido testigos de cómo la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso voto a favor de un proyecto de inversión que se emplaza en la comuna de Putaendo, correspondiente a sondajes de la Compañía Minera Vizcachitas Holding, propiedad de la canadiense Los Andes Coppers. Dicha aprobación, genera una tremenda angustia entre la población que se opone a la iniciativa, la que con justa razón solicita que se hagan gestiones que les permitan participar del proceso. Peor aún, al no obtener respuesta de las autoridades, no tienen otra alternativa que manifestarse en la defensa de sus territorios, exponiéndose al contagio en plena crisis sanitaria.
• Hoy, los plazos para reclamar administrativa y judicialmente sobre los distintos actos de la autoridad siguen corriendo, sin embargo, los abogados no pueden reunirse con sus representados para preparar las acciones, lo que afecta gravemente el acceso a la justicia ambiental que, según la ministra Carolina Schmidt, Chile ya tiene incorporada en su legislación. Tal es el motivo para no firmar el Acuerdo de Escazú.
• Hoy, declaramos que no se puede seguir exponiendo a la población. Así lo han entendido la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas, que despachó la semana pasada un proyecto de ley que busca suspender los plazos del SEIA. A su vez, la Comisión de Medio Ambiente del Senado emplazó a Schmidt sobre el tema, quien indicó que los plazos del SEIA ya se encontraban suspendidos, sin especificar la medida.
• Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos, parlamentarios, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, abajo firmantes, hacemos un llamado a las autoridades para que sean conscientes del problema y tomen las medidas administrativas que permitan suspender los plazos del SEIA, con el fin de dar la seguridad a la población y a los mismos trabajadores y trabajadoras ante el avance de la pandemia. Esto, con el fin de que no se expongan a contraer la enfermedad, así como también que se realice la correcta evaluación de los proyectos, con la participación, acceso, democracia y justicia ambiental que merece este tipo de procesos.

Firman:

Organizaciones de la Sociedad Civil

• Corporación Privada para el Desarrollo, Aysén.
• Fundación Chile Sustentable.
• Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), Magallanes.
• Organización Ciudadanos y Clima.
• Observatorio Ciudadano.
• Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama).
• Ecosistemas.
• Corporación La Caleta.
• Movimiento Movilizándonos por una cultura de Derechos de la Niñez.
• Grupo Opsal.
• Fundación Glaciares Chilenos.
• Centro Ecosocial Latinoamericano.
• Fundación Newenko
• Agrupación Socioambiental Putaendo Resiste.
• Fundación FIMA.
• Cverde.
• Fundación el Árbol.
• ONG CEUS Chile.
• Corporación El Canelo.
• Fundación Plantae.
• Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales (CIRN).
• Comisión Medioambiente y Sustentabilidad del Partido por la Democracia
• Vigilante Costero ONG, Waterkeeper Chile
• Andrea Sanhueza, Representante de la Sociedad civil para el Convenio de Escazú.

Senadoras y Senadores:

• Senadora Isabel Allende (PS)- Región de Valparaíso
• Senador Alfonso De Urresti (PS) – Región de Los Ríos
• Senadora Ximena Ordenes (I)- Región de Aysén.

Diputadas y Diputados:

• Diputada Catalina Pérez (RD) – Distrito 3 – Región de Antofagasta.
• Diputada Daniella Cicardini (PS)- Distrito 4- Región de Atacama.
• Diputada Carolina Marzán (PPD)- Distrito 6- Región de Valparaíso.
• Diputado Diego Ibáñez (CS)- Distrito 6- Región de Valparaíso.
• Diputado Pablo Vidal (RD) -Distrito 8 – Región Metropolitana.
• Diputada Cristina Girardi (PPD)- Distrito 9- Región Metropolitana.
• Diputado Amaro Labra (PC) – Distrito 12- Región Metropolitana.
• Diputada Loreto Carvajal (PPD)- Distrito 19- Región de Ñuble.
• Diputado Félix González (PEV)-Distrito 20- Región del Bio Bio.
• Diputado Ricardo Celis (PPD)- Distrito 23- Región de la Araucanía.

Declaración Pública de la Sociedad Civil por la Acción Climática sobre la no realización de COP 25

(English below)

Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática rechazamos la decisión del Presidente Sebastián Piñera de no realizar la COP 25 en Chile. Esta importantísima cumbre sobre cambio climático constituía una gran oportunidad para relevar los problemas socioambientales que afectan a muchísimos habitantes y zonas del territorio nacional, así como para levantar algo del liderazgo perdido internacionalmente al restarse de importantes y necesarios acuerdos como la firma del Acuerdo de Escazú y el Pacto Migratorio. Desde nuestra plataforma siempre hicimos un llamado a que la COP 25 se llevara a cabo en un contexto de democracia plena, con condiciones para el diálogo democrático y una participación ciudadana real, por eso todavía estamos comprometidos con esta instancia y aunque la autoridad nacional mantenga su conducta errática, nosotros mantendremos los esfuerzos que hemos puesto para levantar la Cumbre Social por la Acción Climática, instancia ciudadana que actuará de forma paralela a la COP 25, independiente del país en el que esta se realice.

Estamos convencidos y convencidas, y seguiremos trabajando para hacer ver al gobierno, de que la crisis social también es también una crisis ecológica. Chile lleva demasiados años “creciendo” a costa de las personas más vulnerables y del medio ambiente, obligando a comunidades enteras a cargar con el peso del mal llamado desarrollo. Las zonas de sacrificio, las comunidades que no tienen agua para consumo humano ni la producción de sus terrenos, salmoneras que afectan el desarrollo de la pesca artesanal y contaminan los océanos, amenazas y asesinatos a defensores ambientales, son solo algunos de los casos que profundizan esta crisis.

Nos preocupa que el gobierno al cancelar esta instancia internacional, esté renunciando a dar respuesta a las legítimas demandas sociales que se han manifestado en las últimas semanas, y que exigen soluciones de nivel estructural, como es la creación de una asamblea constituyente para cambiar la actual constitución elaborada en dictadura, por una en la que la ciudadanía se sienta representada.

Por otra parte, es necesario recordar, que pese a esta lamentable decisión, Chile sigue siendo la presidencia entrante de la COP, así que como país continuamos teniendo la responsabilidad de que esta institución cumpla con sus objetivos. Aumentar la ambición climática y transformar radicalmente nuestra forma de vida, para mantener el aumento de la temperatura mundial bajo los 1,5°C, sigue siendo una prioridad. Es de suma urgencia entender que los procesos que se vienen gestionando a través de las COP, va más allá de la relación con la realidad local, sino con el futuro de la humanidad completa.

Esta decisión unilateral por parte del presidente, no puede retrasar las negociaciones globales para proteger la vida y los ecosistemas. Las consecuencias de la crisis Climática las estamos enfrentando en este momento, y quienes las sufren son quienes padecen todas las injusticias del modelo actual, y por esto es sumamente urgente tomar medidas acordes con el tamaño de la catástrofe.

Hacemos un llamado al gobierno a adoptar soluciones que nos lleven a superar el momento que vivimos como país, necesitamos reformas estructurales que al menos terminen con el modelo extractivista, hagan del agua un derecho humano asegurando su uso prioritario para consumo y mantención de los ecosistemas, se ponga fin a las zonas de sacrificio y se firme y ratifique el Acuerdo de Escazú.

Sociedad Civil por la Acción Climática

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DESCARGAR COMUNICADO SCAC SOBRE LA NO REALIZACIÓN DE COP25-2

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PUBLIC DECLARATION OF THE CIVIL SOCIETY FOR CLIMATE ACTION ON THE NON-PERFORMANCE OF COP 25

From the Civil Society for Climate Action we reject the decision of President Sebastián Piñera not to carry out COP 25 in Chile. This important summit on climate change was a great opportunity to relieve the social and environmental problems that affect many inhabitants and areas of the national territory, and to lift some of the leadership lost internationally by subtracting from relevant and necessary agreements such as the signing of the Escazú Agreement and the Migration Pact.

From our platform we always called for COP 25 to be carried out in a context of full democracy, with conditions for democratic dialogue and real citizen participation, that is why we are still committed to this instance and although the national authority maintains its erratic behavior, we will maintain the efforts we have put to raise the Climate Action Social Summit, a citizen instance that will act in parallel to COP 25, independent of the country in which it is carried out.

We are convinced, and we will continue working to make our government see that the social crisis is also an ecological crisis. Chile has been «growing» for many years at the expense of the most vulnerable people and the environment, forcing entire communities to bear the burden of the badly called development. The sacrificel zones, the communities that do not have water for human consumption or the production of their land, the salmon farms that affect the development of artisanal fisheries and pollute the oceans, the threats and murders of environmental defenders, are just some of the cases that deepen this crisis.

We are concerned that when the government cancels this international instance, it is renouncing to respond to the legitimate social demands that have been expressed in recent weeks, and that require structural level solutions, such as the creation of a constituent assembly to change the current constitution elaborated in dictatorship, by one in which citizens feel represented.

On the other hand, it is necessary to remember that, despite this unfortunate decision, Chile remains as the incoming presidency of the COP, so as country we continue to have the responsibility for this institution to meet its objectives. Increasing climate ambition and radically transforming our way of life, to keep the global temperature rise below 1.5 ° C, remains a priority. It is of utmost urgency to understand that the processes that are being managed through the COP, goes beyond the relationship with the local reality, but with the future of the whole humanity.

This unilateral decision by the president cannot delay global negotiations to protect life and ecosystems. We are already facing the consequences of the climate crisis, and those who endure them are those who suffer all the injustices of the current model, and therefore it is extremely urgent to take measures according to the size of the catastrophe.

We call on the government to adopt solutions that will lead us to overcome the moment we live as a country, we need structural reforms that at least end with the extractivist model, make water a human right ensuring its priority use for consumption and maintenance of ecosystems, put an end to the Sacrifice Zones, and the Escazu Agreement signed and ratified.

Civil Society for Climate Action

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PUBLIC DECLARATION OF THE CIVIL SOCIETY FOR CLIMATE ACTION ON THE NON

Declaración Pública de Académicas, Académicos, Investigadores e Investigadoras sobre el Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales (SEIA) de Chile

[English Version below]

Las académicas y académicos, investigadores e investigadoras abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación sobre el abordaje gubernamental al desafío de construir una institucionalidad ambiental pública, democrática, justa y descentralizada.
En nuestros ámbitos de desempeño, somos testigos de las relaciones conflictivas históricas entre comunidades y grandes proyectos de inversión. Estas conflictividades, lejos de reducirse, tienden a agudizarse ante la presión sostenida que ejercen los proyectos de inversión sobre los recursos disponibles en los territorios; presión que no está siendo contenida ni regulada por el Estado como entidad responsable de garantizar a todos los actores, no sólo a los proponentes de tales proyectos, a decidir sobre los usos y los derechos que caben a las personas sobre los bienes comunes.
En este escenario, la propuesta de reforma a la institucionalidad ambiental que nuevamente ingresó al congreso con urgencia suma no está a la altura del desafío que supone reducir las controversias y construir acuerdos comunes para la toma de decisiones sobre ecosistemas cada vez más estresados y agotados por la presión productivista. Sabemos que enfrentamos una crisis hídrica de proporciones en la zona norte y centro del país; sabemos que la pérdida de biodiversidad ha llegado a índices sin precedentes; sabemos que los impactos de la contaminación de suelos, aire y aguas por los megaproyectos mineros, agroindustriales y energéticos está costando la vida de las personas que habitan en los territorios donde estos proyectos se emplazan; y sabemos que los efectos del cambio climático, lejos de reducir, aumentarán la fragilidad y vulnerabilidad de los territorios y sus habitantes.
La perspectiva neoliberal supone que estos proyectos son necesarios para sostener el crecimiento económico. ¿Cuál es el costo de este crecimiento? ¿Podemos hablar de crecimiento cuando las ganancias que generan los proyectos generan costos en salud, en patrimonio y en acceso a medios de vida tanto o más altos que dichas ganancias? ¿Podemos seguir proyectando iniciativas en zonas saturadas, en hotspots de biodiversidad, en cuencas hídricas estresadas, en zonas de riqueza endémica y cultural ya amenazadas y violentadas?
Una política pública sin cuidado de sus ecosistemas ya es insostenible. No podemos seguir permitiéndonos asistir a licitaciones de proyectos con efectos depredadores pero aprobados medioambientalmente. Esto no se resuelve con una reforma que priorice la rapidez de la tramitación por encima de la calidad de las decisiones en base a las evaluaciones; que no respete la diversidad de los territorios; y que reduzca las voces de los actores afectados. Necesitamos una política pública en materia socioambiental que tenga una mirada estratégica y sistémica de los ecosistemas en toda su complejidad, reconociendo los impactos sinérgicos de las acciones humanas y evaluando estratégicamente (y no proyecto a proyecto) la pertinencia de dichas acciones, con una perspectiva de futuro. Sobre esta base es necesario diseñar un Sistema de Evaluación Ambiental que haga efectiva la aplicación de principios precautorios, evaluaciones ambientales estratégicas, la profundización de la participación ciudadana y las consultas indígenas.
Las metodologías otorgadas en las jornadas de participación ciudadana dentro del SEIA son importantes espacios de discusión acerca de proyectos específicos, pero completamente insuficientemente para dar cuenta de sentimientos de arraigo, especies nativas, formas de producir autóctonas, formas de vida milenarias, tradiciones orales, humanas, animales, vegetales y terrenales.  Por su parte, la ciudadanía ha dado muestras indiscutibles de su capacidad para desbordar procesos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya son comunes las imágenes que muestran a personas líderes de juntas de vecinos, sindicatos, asociaciones funcionales, vecinas y vecinos, todas ellas dispuestas, no sólo a discutir sino a rechazar los beneficios prometidos por consultoras que promueven desarrollos comunitarios en condiciones asimétricas de poder y conocimientos. En este entendido, reconocemos la necesidad de entregar potestad a las personas habitantes profesionales, científicos, técnicos, sabedores de regiones para dirimir sobre la vocación de sus territorios. Aquí el SEIA no puede inmunizarse de lo político, entendiendo que la forma en que todos los actores, organizaciones públicas y privadas concernidas en las evaluaciones de determinados proyectos no pueden ser llamadas ex-post a estos, ni tampoco excluidas de su pronunciamiento en sectores productivos como el inmobiliario o en los planes frente a riesgos y desastres.
Asimismo, la producción ingente de informes de evaluación ambiental es otra fuente de lucro y desperdicio de capacidades de generación de conocimiento. ¿Dónde va a parar todo ese conocimiento?, ¿Para quiénes son esas líneas bases?, ¿qué ciencia ambiental está generando y preservando el país?, ¿cuáles son las condiciones que este Sistema posibilita para las y los profesionales e investigadoras/es jóvenes?
Finalmente, el aumento de las tramitaciones judiciales a tenor de las demandas y los recursos administrativos por mayor justicia ambiental es una muestra más de que las modificaciones al SEIA no deben centrarse en acelerar la tramitación de proyectos de inversión, sino en facilitar el aumento de la calidad de decisiones sobre beneficios socio-técnico-ambientales, a fin de no aumentar las causas en los tribunales ambientales.
Llamamos a ecologizar y no sólo modernizar el SEIA. Con ello hacemos una interpelación a las autoridades políticas a que sintonicen sus negociaciones con aquellas correspondientes a un país que será sede de la COP25. Esto porque nuestro rol como anfitriones de este evento de relevancia mundial, no puede circunscribirse a gestionar los impactos de modo eficiente, rápido y técnico, vía proyectos de inversión particulares. Es decir, no podemos reducir la mirada sin considerar la importancia del incremento insoslayable de impactos a nivel planetario e infraestructural. Para ello es de suma urgencia ampliar los espacios de discusión antes y después del SEIA para remediar y reparar a aquellas comunidades históricamente impactadas, promover creativamente más -y no menos- diálogos entre comunidades científicas, de sabidurías ancestrales, de experimentación tecnológica cercana y de sentido común, los cuales nos convoquen en torno a los desafíos de intervenir con prudencia, precaución y cuidado.
La historia del SEIA ha coexistido con múltiples y novedosas formas de resistencia frente a iniciativas de afectación frente a proyectos amenazantes e indeseados, así como también frente a crisis y desastres. Estas son fuentes de conocimientos ingente sobre lo que significa participar persistente y vitalmente en la defensa de lo público desde la sociedad civil. Asimismo, la producción de conocimiento científico, humanista, artístico, social, medioambiental debe dignificarse y valorizarse como bien público, de cara a la ecologización del SEIA, sus personas, las empresas y sus territorios y no como un producto al arbitrio de las decisiones de inversión actuales.
Por ello, solicitamos girar el foco del actual proyecto de reforma de ley sobre la Reforma del SEIA presentada en el Congreso con el fin de retomar la senda de discusiones ciudadanas en base a principios y éticas suscritos y ratificados por el Estado chileno ante Naciones Unidas; suscribir los acuerdos internacionales pendientes para la mejora de estos estándares, como el Tratado de Escazú; y avanzar en la democratización y sustentabilidad de las relaciones entre las personas y los territorios.

1. Gloria Baigorrotegui, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)-USACH

2. María Paz Aedo, Socióloga, Mg. y Dra. en Educación, Centro de Análisis Socioambiental, CASA

3. Patricia Pallavicini, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)-USACH

4. Constanza Osorio Reyes, Médico Veterinaria, Fundación Ecociencias

5. Colombina Schaeffer, socióloga, Doctora en Gobierno y Relaciones Internacionales y subdirectora de Ciudadanía Inteligente

6. Ezio Costa Cordella,Abogado, Msc. Regulación,  Investigador, Universidad de Chile.

7. Jorgelina Sannazzaro, Sociología, Universidad Alberto Hurtado

8. Ximena Zabala, Psicología, Universidad Alberto Hurtado

9. Nelson Soto, Antropólogo

10. Jorge Castillo, Psicología, Universidad de Santiago de Chile

11. Ana Pizarro,Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), USACH

12. Sebastián Ureta, Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado

13. Paloma Martínez, Universidad de Chile

14. Walter González, Corporación Nuevas Ideas

15. Cristina Garrido, Antropóloga

16. Rodrigo Vega, Ingeniería

17. Alvaro Ramis, Universidad Academia de Humanismo Cristiano

18. Ronald Cancino, Universidad de la Frontera

19. Eduardo Devés, Instituto de Estudios Avanzados – USACH

20. Nathalie Joignant, MSc Gestion y Planificacion Ambiental. Universidad de Chile

21. Ángela Arroyo Navarro, Consejo Ecológico Comunal de Molina

22.Esteban Aguayo Sepúlveda, Arqueólogo U. de Chile, Máster en ciencias de las religiones, candidato a doctor por la facultad de filología, Universidad Complutense de Madrid

23. Gabriela Silva Garrido, Medico Veterinaria U. de Chile, SOSOET

24. Sarina Scalia, Universidad de Chile

25. René Garrido, Ingeniera Ambiental, USACH

26. Francisco Castaneda, Facultad de Administración y Economía, USACH

27. Patricia Peña, Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

28. Víctor Guerrero, Sociología, Universidad Arturo Prat

29. María Loreto Rebolledo Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

30. Rodrigo de la O. Director ONG VIgilante Costero

31. Ronald Mac-Ginty Comisión de Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros

32. Nicolás Sanhueza Mag. Sociología PUC

33. Dra. Claudia Rodríguez Seeger, Geógrafa, Magíster en Asentamientos Humano

34. Gabriela Silva Garrido, Médico Veterinaria U Chile, SOSOET, CESEP.s y Medio Ambiente

35. Macarena López OlivaArqueóloga, U. de Chile

36. José Gerstle, Ing Agrónomo, MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayn

37. Valentina Cortés, Médico Veterinaria MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni

38. María José Brain, Médico Veterinaria MSC en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ONG Ayni

39. Bojana Kuzmicic, Ingeniera en recursos naturales, ONG Ayni

40. Patricio Bahamondes, Biólogo Marino, ONG Ayni

41. Francisca Bardi, Ingeniera en recursos naturales, ONG Ayni

42. Beatriz Brito, Médico Veterinaria, ONG Ayni

43. Camila Agurto, Médico Veterinaria, ONG Ayni

44. Cecilia Figueroa, Médico Veterinaria, ONG Ayni

45. Camila Bañales Seguel, Ingeniera Agrónoma PUC. Estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile.

46. Gabriela Bawarshi Abarzúa, Psicóloga, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad

47. Camila Cifuentes Croquevielle, Bióloga Ambiental U. de Chile, MODATIMA

48. Claudia Montero Poblete Arqueóloga, Fundación Desierto de Atacama

49. Martin Arboleda, Sociología, Universidad Diego Portales

50. Felipe Raglianti, Sociologia, Universidad Alberto Hurtado

51.Lorena Valderrama, Periodismo, Universidad Alberto Hurtado

52. Cecilia Ibarra, CR2, Universidad de Chile

53. Juan Vergara, Sociologia, Universidad de Valparaíso

54. Martín Pérez-Comisso, Estudiante Doctoral, Universidad de

55. Daniela Zamorano, Instituto de Ecología Política

56. Ignacio Agüero, Instituto de la Comunicación y la Imágen – Universidad de Chile

57. Martin Sanzana Calvet, Director Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano

58. Mauricio Folchi, Historiador ambiental, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile

59. Daniela Cea Saez, Geografía, Universidad de Chile

60. Marcelo Guitérrez, Psicólogo U. de Chile, ONG Sur Maule

61. Alejandro Salas, Trabajador social, ONG Sur Maule

62. Ramiro Plaza, Ingeniero Civil Industrial, Fundación Tralkan

63. Antonio Morales, Sociólogo, Asociación Cultural y de las Artes de Teno

64. Claudio Broitman, Director Magíster Comunicación Pública, Universidad de Santiago de Chile

65. Andrés Gómez, Director Antropología, Universidad de Chile

66. Angela Arroyo Navarro, Consejo Ecológico Comunal de Molina

67. Víctor Farías, Fundación Mingako

68. Ignacio Riquelme Alvarez, Multiversos SPA

69. Paola Araneda Cid Bióloga, Msc. en Recursos Naturales, P. Universidad Católica de Chile, SOSOET

70. Camila Bañales Seguel, Ingeniera Agrónoma, estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales, Mención Subsistemas Acuáticos Continentales, U. de Concepción y ONG Ríos to Rivers Chile

71. Nelson Arellano Doctorado de Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos (DETLA) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)

72. Gabriela Cabaña Alvear, Socióloga, estudiante de Doctorado en Antropología de la London School of Economics and Political Science

73. Red por la defensa de la precordillera

74. Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecologia

75. Acción Eco Social Quintero

76. Colectivo Viento Sur

77. Fundación Mingako

78. Tomás Ariztía, Sociología, Universidad Diego Portales.

79. Francisca Foseca, Sociología, Universidad de la Frontera.

80. Gustavo Blanco, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile

81. Javiera Barandiarán, Universida de California

82. Camila López Allendes, Biología Ambiental,

83. Cristian Atala, Instituto de Biología PUCV

84. Alexander Vargas, Biología, Universidad de Chile

85. Ecosistemas ONG

86. Fundación Terram

87. Violeta Rabi, Investigadora, Espacio Público

88. Fernanda Salinas, Investigadora, FIMA

89. Alejandra Palafox, Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, Universidad Autónoma de Chile

90. Patricio Padilla,Sociología, Universidad de la Frontera

91. Marco Rosas Innovación, INACAP Osorno

92. Karla Palma Instituto de la Comunicación e Imagen I Universidad de Chile

93. Colectivo Cultural Wenewen,Nacimiento 8va región.

94. Dr. Andrés Moreira-Muñoz, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

95. Maite Salazar, Millennium Institute for Integrative Biology, Pontificia Universidad Católica de Chile

96. Camila López, Biología, Universidad de Chile, Centro GEma Universidad Mayor

97. Juan José Berger Asociación de Investigadores de Posgrado ANIP

98. Corporación de Ecología Social y Política, CESEP

99. Felipe Ruz Carreño Ingeniero Civil Industrial, Fundación Mingako

100. Mauricio Martínez Marcich Ingeniero Eléctrico, Fundación Mingako

101. Camila Muñoz Tapia Licenciada en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, Fundación Mingako

101. Daniela Contardo Ingeniera Civil Industrial, Fundación Mingako

102. Nicole Vergara Maragaño Licenciada en Kinesiología, Fundación Mingako

103. Robinson Torres Salinas Sociplogo, Académico U. de Concepción

104. Rocío Almuna Morales, Médico Veterinaria, SOSOET y Laboratorio ECOS (Ecología, Complejidad y Sociedad), Pontificia Universidad Católica

105. Silvia Lazzarino Bióloga y diseñadora Pontificia Universidad Católica, ilustradora científica de la U. de Washington

106. Andrea Hurtado Quiñones. Sociológa. Ms. Antropología social y política. USACH

107. Cristian Parker, Instituto de Estudios Avanzados, Usach

108. Andrea Sanhueza, Conveno Principio 10

109. Sara Larraín, Chile Sustentable

109. Cooperativa Minka

110. Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales

111. Sergio Donoso, Facultad de ciencias forestales y Conservación de la Naturaleza.  Universidad de Chile

112. Alejandra Donoso, Abogada, Clínica Jurídica Universidad Diego Portales y Defensoría Ambiental

114. Diego Lillo, Abogado, Clínica Jurídica Universidad Diego Portales

115. Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODECIAM

116. María Victoria Venegas Castillo, Profesora de Historia, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad

117. Claudio Abif Araya Jure Psicólogo Comunitario, Centro Bienestar Psicosocial

118. María Ignacia Arriagada Hernández Socióloga U. Alberto Hurtado, Centro Bienestar Psicosocial

119. Danae Tapia Agurto Bióloga con Mención Recursos Naturales y Medio Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile.

120. Lorna Lares López, Diseñadora Industrial de la U. de Chile, Master of Arts – Design Futures, Goldsmith College, University of London

121.Carlos Osorio Jofré, Licenciado en Arqueología, Universidad de Chile

122. Julien Vanhurst, Sociología, Pontificia Universidad Católica del Maule

133. Bárbara Jerez, Dra. en Estudios Latinoamericanos

134. Andrés Tchernitchin Varlamov, Facultad de Medicina. Universidad de Chile

135. Fundación Decide

136. Ética en Los Bosques

137. Futuro Renovable

138. Adapt Chile

139. Rubén Carrillo Universidad de la Frontera

140. Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo

141. America Opazo Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica del Maule

142. Amarí Peliowski, Centro de Investigación en Artes y Humanidades, Universidad Mayor.

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Public Statement of Academics, Researchers, about the Draft Reform on The System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) Law

Academics and researchers who’ve undersigned this public statement, express our concern about the government’s approach to the challenge of building a public environmental institutionality that is democratic, just and decentralized.

In our fields we witness the historically conflictive relationships between communities and large investment projects. These conflicts, far from being reduced, tend to become more acute due to the sustained pressure exerted by investment projects on the resources available in the land; pressure that is not being contained or regulated by the state, the responsible entity to guarantee all actors — not only proponents of such projects — the right to decide about the uses and rights over common goods.

In this context, the proposal to reform the institutional framework for environmental assessment that entered again to the congress with extreme urgency, is not up to the challenge that is to reduce the controversies, and build common agreements on ever more stressed ecosystems, drained by the productivist pressure. We know that we face a large water crisis on the north and center of the country; we also know that the biodiversity loss has reached an unprecedented rate; we know that the impacts of soil, air, and water contamination due to mining, agroindustrial, and energy megaprojects is taking the lives of the people that live in lands where these projects are being implemented; and we know that the effects of climate change will increase the fragility and vulnerability of these land and its people.

The neoliberal perspective supposes that these projects are necessary to sustain economic growth. What is the cost of this growth? Can we speak of growth when the profits generated by these projects generally create costs on health, infrastructure, and on equal access to livelihoods that are much higher than said profits? Can we continue projecting initiatives in saturated areas, biodiversity hotspots, stressed watersheds, and in areas where endemic and cultural wealth is already being threatened and violated?

If public policy is not taking care of its ecosystems is already unsustainable. We cannot continue to allow projects with predatory effects on the environment. This cannot be resolved by a reform that prioritises the speed of processing over the quality of decisions. Decisions based on assessments that do not respect the diversity of the land; and that reduces the voices of the affected actors. We need a public policy with a socio environmental approach that has strategic and systemic look to the ecosystems in all their complexity, recognizing the synergic impacts of human actions and strategically assessing how appropriate said actions are looking into the future. Upon this principle, is necessary to design a System of Environmental Impacts Assessment (SEIA) that makes effective the application of preventive principles, strategic environmental assessments, and the deepening of citizen participation and indigenous consultation.

The methodologies given in the rounds of citizen participation within the SEIA are important spaces for discussion about specific projects, but completely insufficient to account for feelings of attachment, native species, indigenous ways of production, other ancient lifestyles, oral traditions, humans, animals, vegetables, and land. Citizens have shown indisputable evidence of their ability to overwhelm processes of citizen participation in the environmental assessment system. It is already common to see images showing leaders of neighborhoods, worker unions, and functional associations, all of them willing to discuss and reject the benefits promised by consultants that promote community development in asymmetric conditions of power and knowledge. In this understanding, we recognize the necessity to reclaim ownership of the inhabitants professionals, scientists, technicians, and wise men and women, of the regions in dispute, to decide about the vocation of the communities. Here, the SEIA cannot be immune to the political, understanding that all of the actors, public or private, who are concerned on the assessment of specific projects, cannot be called ex-post to these, nor can they be excluded to the pronouncing in production sector such as the building sector or in the planning for risks and disasters.

In the same way, the production of report of environmental assessment is another source of profit and waste of capacity for knowledge generation, where will all that knowledge go? Who are these base lines for? What environmental science is being generated and preserving the country? What are the conditions that this system creates for young professionals and researchers?

Finally , the increase in the judicial procedures according to the demands and administrative resources for greater environmental justice is one more sign that the modifications to the SEIA should not focus on accelerating the processing of projects of investment, but in facilitating the increase in the quality of decisions about benefits socio-technical-environment, in order not to increase the causes in the environmental courts.

We call to ecologize and not only modernize the SEIA. With this we make an interpellation to the political authorities to tune in their negotiations with those corresponding to a country that will host the COP25. This is because our role as hosts of this event of global relevance, cannot be confined to manage impacts efficiently, quickly and technically, via investment projects. That is, we cannot reduce the look without considering the importance of unavoidable increase of planetary infrastructural impacts. For this, is that it is extremely urgent to broaden the spaces for discussion before and after the SEIA to remedy and repair those historically impacted communities, promote creatively more-and-not-less dialogues between scientific communities, ancestral wisdom, close technological experimentation, and common sense, which call us around the challenges of intervening with prudence caution and care.

The history of the SEIA has coexisted with multiple and innovative forms of resistance in front of initiatives of effect in the face of threatening undesired projects, or in the face of crisis and disasters. These are knowledge sources about what it means to persistently participate in the public sphere as a civil society. In the same way, the production of scientific knowledge, humanistic, artistic, social, and environmental  must be dignified and valued as a public good for the ecologization of the SEIA, its peoples, enterprises and lands and not like an arbitrary product of the decision of current investments.

Therefore, we request to turn the focus of the current law reform project on the reform of the SEIA presented at the congress, with the aim of reclaiming the path of citizen discussions based on ethical principles circumscribed and ratified by the Chilean state to the United Nations; subscription to pending international agreements for the betterment of these standards like the Escazu agreement, and to move forward on the democratization and sustainability of the relationships between people and land.

Translated by Felipe Fontecilla

Declaración Pública del Comité de Defensa del Borde Costero de Cobquecura

A la comunidad de Ñuble informamos:

El 27 de septiembre del año en curso la Ilustre Municipalidad de Cobquecura por medio de don Julio Fuentes Alarcón, alcalde de dicha comuna, acompañado por el Sindicato de Pescadores de Cobquecura, Comité Comunal Ambiental de la Municipalidad, vecinos de la comuna y el Comité de Defensa del Borde Costero de Cobquecura entregan las observaciones en rechazo a la segunda adenda complementaria del Proyecto Centro de Cultivo noreste de Punta Rinconada (Pullay) en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la ciudad de Concepción.

En esta oportunidad el funcionario del SEA le informa al edil de Cobquecura, que este proyecto, será revisado y votado en la Región de Ñuble el día 04 de Octubre en Chillán, por el Intendente y las distintas SEREMIS de la región.

El mismo día jueves 27 de septiembre el SEA de la región del Bío Bío, por medio del Informe Consolidado de Evaluación recomienda rechazar la declaración de impacto ambiental del proyecto mencionado anteriormente. En esta misma fecha Inversiones Pelícano renuncia a 3 proyectos de instalación acuícola cercanos al Santuario de la Naturaleza en Cobquecura “Islote la Lobería”, esto logrado mediante las presiones desde la alcaldía, ciudadanía y el Comité de Defensa del Borde Costero de Cobquecura.

Las buenas noticias expuestas anteriormente han sido logradas gracias al apoyo de nuestro edil de la comuna don Julio Fuentes Alarcón, al grupo de abogados ONG Defensa Ambiental y al apoyo de profesionales y especialistas técnicos en las áreas comunicacional, social y científica. En esta última se destaca el apoyo y trabajo constante del Señor Romilio Espejo galardonado este año 2018 con el premio Nacional de Ciencias, quien además es habitante de la localidad de Buchupureo en Cobquecura.

Frente a estos hechos denunciamos a cualquier industria con su modelo de extractivismo y contaminación que ha destruido zonas completas en el sur de nuestro país y que no tiene respeto por los recursos naturales y las formas de vida de las comunidades que viven en la costa.

No aceptaremos:

• Industrias en nuestras costas con su modelo que produce daño a nuestra biodiversidad y que saquea nuestros recursos naturales.
• Que la miseria y la desolación de la contaminación lleguen a nuestro mar, campos y las calles de nuestro pueblo.
•  Las coimas, corrupción y la degradación de la convivencia social que acompaña a Pelícano S.A en nuestras esquinas, autoridades y patios de Cobquecura.

Todo lo anterior conocido el prontuario ya consumado de saqueo y contaminación de la industria salmonera en el sur de nuestro país.

Declaramos:

• Que no renunciaremos a vivir en un ambiente libre de contaminación y seremos los garantes de cumplir este derecho estipulado en la Constitución y además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Declaramos la amenaza de esta industria salmonera la cual considera el Océano Pacífico como basural, ya que al finalizar su explotación será lo único que dejará en nuestras costas.
• Que enfrentaremos a todos los que quieren cambiar el color de nuestro mar y de sus olas.
• Que creemos en la participación ciudadana real informada y consciente, libre de la corrupción de estas grandes empresas

Desde Cobquecura les decimos que:

Se encontrarán con hombres y mujeres, viejos y jóvenes, niños y niñas dispuestos a marchar, cantar y gritar que ustedes son la contaminación. Que nos negamos a perder nuestras bellezas y riquezas marinas.

Los exponemos aquí como ustedes son: oscuridad, residuos peligrosos, muerte. Para que todos los que hoy nos leen hagamos la fuerza necesaria y decirles que no los queremos.

Tenemos la voluntad de nuestro pueblo para seguir defendiendo nuestros territorios de cualquier amenaza. No descansaremos hasta expulsarlos de nuestras costas. Este es y será nuestro compromiso con las futuras generaciones.

Invitamos a toda la comunidad local y visitante a sumarse a esta lucha, manteniéndose atentos e informados para apoyar cualquier movilización cuando sea necesario manifestar el amor por nuestra tierra.

Desde Cobquecura Santuario de la Naturaleza, Monumento Nacional (Zona Típica Patrimonial), Monumento Natural decimos FUERA LAS SALMONERAS DE NUESTRAS COSTAS.

Firma: Comité de Defensa del Borde Costero de Cobquecura

Declaración/Comunicado | Fuerza en Defensa de los Territorios |

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Declaración Oficial: Departamento Medio Ambiente Colegio Médico de Chile #Quintero #Puchuncavi

DECLARACION PUBLICA COMITE EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE PICHIDEGUA

El Comité en Defensa del Medio Ambiente Pichidegua declara:

“Agradecemos profundamente la justa decisión tomada el viernes 13 de Enero de 2012 por las autoridades de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de O’Higgins, de rechazar la Declaración de Impacto Ambiental de la empresa Fibroandes. Esta decisión devuelve el futuro a Pichidegua, a sus habitantes y a su agricultura, resguarda a la región de O’Higgins del uso de tecnologías fracasadas en el mundo, que solo traen contaminación, enfermedad y ruina. Ella incentivará las inversiones y el trabajo agrícola en el valle del Cachapoal y será pilar de una agricultura limpia. Reconocemos la unidad y fortaleza de la sufrida y noble comunidad de Pichidegua, en la defensa inclaudicable de sus medios y modos de vida y que el 13 de Enero festejaron el fin de la pesadilla que los amenazó durante veinte meses. Destacamos el gran compromiso de las autoridades municipales y de todos los parlamentarios de la zona con su comunidad y la muy favorable recepción y apoyo que encontramos en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Agradecemos al colegio médico del VI región, a científicos, profesionales y a todos quienes colaboraron en la defensa informada de la salud, agricultura y modo de vida en nuestro valle.

Pichidegua, 14 de enero 2012

Declaración Pública: ACUSACIONES DEL GOBIERNO Y APELACIÓN A LEY ANTITERRORISTA ANTICIPAN NUEVA ETAPA DE CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE

Desde hace algunos días, la ciudadanía ha apreciado con impotencia la ocurrencia de numerosos incendios forestales que han afectado patrimonio natural de todos los chilenos, tal como el ocurrido en Torres del Paine, o bien de monocultivos forestales de compañías privadas que ocupan grandes extensiones de territorio en las regiones del sur, como los acontecidos en comunas de la regiones del Bio Bio y La Araucanía.  Junto a ello, nos hemos informado del incendio declarado en el Fundo La Piedra de Forestal Mininco, en la comuna de Carahue, el que lamentablemente ha cobrado la vida de siete brigadistas forestales que luchaban contra las llamas.

1.- Dado el impacto que estos incendios han tenido en la opinión pública, consideramos que ellos ameritan un análisis desde una perspectiva ciudadana, así como la precisión de algunos  hechos.

Nos preocupa primeramente la situación de los incendios ocurridos en la Región de la Araucanía, por las vidas que ha cobrado, y por las imputaciones que la empresa afectada y el gobierno han hecho sobre la participación en su generación de personas u organizaciones mapuche. Las versiones de la empresa forestal, que dice haber identificado el día jueves 50 focos simultáneos en el origen de este incendio, lo que probaría su intencionalidad, contrastan con las del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Carahue, que ha señalado la hipótesis de la extensión involuntaria de las llamas a partir de las faenas de fabricación de carbón que se realizan en las inmediaciones del Fundo Los Laureles, y que las llamas se habían iniciado el sábado anterior en el fundo Los Laureles, deduciéndose de sus declaraciones que éstas se habrían extendido en los días siguientes hasta el Fundo La Piedra, lugar de la tragedia.

2.- En este contexto de informaciones todavía imprecisas y sin que se conozca el resultado de los peritajes correspondientes, el Presidente de la República en forma enérgica expresa que para el gobierno existe “intencionalidad criminal” y que se invocará la ley antiterrorista para investigar estos hechos.  En tanto, el Ministro del Interior y el Intendente de la Región de la Araucanía han relacionado los incendios forestales con los atentados incendiarios que han afectado en los últimos días a particulares de la Región y que medios de prensa han atribuido a activistas de la causa mapuche, en particular a la Coordinadora Arauco Malleco. El gobierno para nada se hace cargo de los datos aportados por autoridades locales y trabajadores forestales, que evidencian una negligencia de parte de la propia empresa forestal y sobre todo de lentitud de los organismos públicos encargados de prevenir y alertar sobre estos incendios.

3.- Nadie duda de la necesidad de realizar una investigación seria y acuciosa tendiente a establecer la verdad de los hechos y sancionar las responsabilidades que pudiera haber tras ellos. No obstante, resulta preocupante que el Gobierno haya decidido presentar una querella criminal contra los presuntos responsables invocando la ley antiterrorista, cuyas implicancias lejos de colaborar con una investigación, desvía la atención sobre otros temas relevantes que estos incendios han dejado de manifiesto. 

En primer lugar la invocación de ley antiterrorista dirige la mirada hacia el pueblo mapuche como un presunto responsable de estos incendios.  Aunque el Ministro Chadwik precisó que no hay que hacer esta vinculación, en  la práctica el uso arbitrario y discriminatorio de esta legislación en la última década ha generado un estigma sobre este pueblo. Esto es grave ya que el vínculo que el Gobierno ha hecho entre la “intencionalidad criminal” del siniestro con las demandas mapuche, puede redundar en una nueva fase de criminalización de la protesta social de este pueblo. 

Además, la ley antiterrorista tiene aún un debate pendiente en nuestra sociedad, ya que no cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos y obstaculiza las garantías mínimas de un debido proceso.  Afortunadamente el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, llamó a tener prudencia y manifestó que luego de las indagatorias se determinará qué figura legal es la más adecuada. 

Las palabras del Presidente Piñera invocando esta ley son irresponsables, y debiera llamar la atención que su fuente de información sean las propias empresas forestales y el delirio de un Ministro del Interior que ve enemigos y problemas de seguridad pública en cada hecho que ocurre en el país, más aún si estos ocurren en territorios que demandan comunidades mapuches. No hay que dejar de recordar que la primera vez que un Presidente de la República invocó la ley antiterrorista hace una década, fue justamente para proteger los intereses de las compañías forestales y se inició una fuerte represión en contra del pueblo mapuche. 

4.- Estos lamentables hechos hacen más relevante volver a generar un debate sobre el modelo forestal de plantaciones de monocultivo que hoy impera en el centro sur de Chile. Cabe señalar que sólo Arauco y Mininco (CMPC), las dos empresas afectadas por los incendios ocurridos en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, poseen en conjunto un patrimonio de más de dos millones de hectáreas, en su gran mayoría plantados con monocultivos de pino radiata y eucapiltus. 

A pesar de la evidencia que existe de los impactos ambientales que estas plantaciones provocan -entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad-, sin hablar de sus impactos sociales, como  la emigración y el empobrecimiento de la población, éstas han seguido adelante. Las actividades de estas empresas han sido además cuestionadas por sus impactos ambientales y la vulneración de derechos laborales básicos de sus trabajadores, y sus plantaciones se expanden sin respetar los derechos de comunidades rurales e indígenas. Una impuesta relación vecinal cuyos resultados vimos en el Valle del Itata, con casas consumidas por las llamas que dejó cientos de víctimas. 

Se trata de una política irresponsable que por largo tiempo ha sido no solo  promovida por el estado, sino además financiada a través de subsidios, política que ha permitido que estas empresas obtengan grandes utilidades.  Así, solo el 2010 estas empresas obtuvieron en conjunto un total de 1.300 millones de dólares.

5.- Por último, en relación a la devastación por las llamas de más de 15 mil hectáreas, muchas de ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, queremos llamar la atención sobre la situación de abandono en que se encuentran las áreas protegidas del estado. La insuficiencia de los recursos asignados por el estado a CONAF para la administración de estas áreas y enfrentar los siniestros que en ellos puedan ocurrir ha sido reconocida por todos los actores, incluyendo los funcionarios de esta entidad. No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado días atrás. 

Vemos con preocupación que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición de dicho servicio al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones. De aprobarse esta legislación en sus actuales  términos, el estado seguirá evadiendo su responsabilidad en el cuidado de bienes comunes que constituyen el patrimonio ambiental de todos los chilenos, como el Parque Torres del Paine. 

6.- Ante hechos tan impactantes y que conmocionan a la comunidad, lo que se espera es que las autoridades actúen con más seriedad.  El gobierno como una primera medida  por los hechos ocurridos en las Torres del Paine propuso aumentar las penas por el delito de incendio, y ahora para enfrentar la emergencia en los incendios de plantaciones forestales invoca la ley antiterrorista.  Lo que además de discriminatorio, le entrega toda la razón a quienes acusan a este gobierno de pirotécnico y poco sustancioso. 

Llamamos al gobierno a tener más responsabilidad ante estos siniestros, desarrollando políticas públicas coherentes, que permitan evitarlos y prevenirlos a futuro. Instamos a la justicia a desarrollar las investigaciones que correspondan y a determinar los hechos ocurridos, y en el evento que existan responsabilidades penales, hacerlas efectivas. 

Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN A.G.

Observatorio Ciudadano

06 de enero de 2012