Por Sara
Larrain,
Directora
Programa Chile Sustentable.
Con 1.600
kilómetros de separación y dos realidades geográficas distintas,
Santiago y Calama enfrentan hoy el mismo problema: les quieren quitar el agua.
En Ia II región, la empresa Aguas Antofagasta, propiedad del grupo
Luksic, que además es una de las sanitarias más multadas del país, le ha vendido 550 litros por segundo de agua cruda del Río Loa a la minera Doña Inés de Collahuasi (propiedad de Anglo American y Xstrata Copper) para alimentar sus faenas mineras al interior de
Pica, en la región de Tarapacá.
Collahuasi
ingresó a evaluación en el SEA, un estudio de impacto ambiental
interregional de la tubería en que se pretende trasvasijar esta agua, desde el sector Lequena hasta la
localidad de Ujina.
Los
habitantes de de Calama y Antofagasta están indignados y no es para menos.
Aguas Antofagasta y Collahuasi pretenden llevarse agua desde el
desierto más seco del mundo para servir la expansión minera de una trasnacional.
Insólitamente
además la autoridad ambiental ha acogido a tramitación este proyecto que solo
evalúa el trazado de la tubería y del tendido eléctrico, pero que carece
absolutamente de información sobre el impacto ambiental que conlleva privar a
la ya degradada cuenca del Rio Loa de 550 litros por segundo agua y
que el agua no sea devuelta, pues hay muchos poblados y ecosistemas que
dependen de la infiltración de este a lo largo de cientos de kilómetros.
El estudio tampoco se hace cargo de otro impacto que debe evaluar la autoridad: el despojo a miles de personas de un recurso hídrico
que originalmente fue cedido y luego concedido a un servicio para consumo
humano.
Con un precio record del cobre ¿no será mucho que Collahuasi no apueste a la
desalación o a la impulsión de agua de mar para sus faenas tal como han
hecho otras compañías?
¿Por
qué el grupo Luksic vende el agua dulce del Loa, de la cual
depende toda la vida de las comunidades de Calama, Chiu Chiu, Lasana, Quillagua,
para alimentar la actividad minera en otras regiones?
¿Por qué la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios
no velan por la protección de las cuencas hídricas y los derechos de agua
dedicados a los servicios de agua potable?
¿Porque se
permite la exportación de agua desde la región de Antofagasta a la de
Tarapacá, cuando todos los estudios destacan que la zona requiere importación
masiva de recursos hídricos?
Definitivamente
ante esta irresponsabilidad gubernamental y empresarial, el patrimonio
ambiental y la sociedad
chilena están en riesgo.
Similar situación ocurre en Santiago donde la empresa sanitaria Aguas Andinas,
del consorcio franco español Suez-Agbar, vendió en 2011 parte de las aguas de
Laguna Negra y Embalse del Yeso, destinadas al agua potable de Santiago, para
que la trasnacional norteamericana AES-Gener las use para alimentar dos
centrales hidroeléctricas de su proyecto Alto Maipo (que se sumarian a
las 4 centrales que la empresa ya posee en el en la zona)
Esta venta y la puesta en marcha de las centrales no solo vulnera los derechos
de agua de regantes y agricultores; sino que amenaza todos los emprendimientos
turísticos del Cajón del Maipo y no da cuenta de los impactos sobre el suministro
de agua potable para la ciudad de Santiago. La Superintendencia de Servicios
Sanitarios, que debe velar por las aguas destinadas a agua potable, al parecer
interpreta que las sanitarias pueden usarlas para negocios distintos de la
concesión de servicios sanitarios.
Estos mismos afectados, además de realizar masivas manifestaciones públicas,
hoy inician diversas estrategias legales, entre las que destaca la
petición mediante
la Ley de Transparencia del convenio entre Aguas Andinas y Gener para el uso de
aguas pertenecientes al servicio de agua potable de los 6 millones de
habitantes de la región Metropolitana.
Y es que, en
ambos casos, la forma en que se hizo la venta del agua es un misterio
para la ciudadanía y las autoridades locales. El Gobierno, amparándose en la
denominación de "acuerdos entre privados” – término favorito de la actual
administración para evadir comunicar hechos vergonzosos e impopulares—
no ha hecho nada para que tanto los habitantes
de Santiago como los de Antofagasta y Calama lleguen a conocer las condiciones, el costo y
los impactos objetivos de dichas transacciones de agua potable.
Frente a
estos hechos, a los ciudadanos se nos viene a la mente el viejo refrán de
“borrar con el codo lo que se escribe con la mano”, pues mientras la Dirección
General de Aguas (DGA) declara destinar buena parte de su tiempo a fiscalizar y
sancionar el robo de agua, otro servicio dependiente del mismo Ministerio de
Obras Públicas, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios avala este
“robo institucionalizado” de agua que están haciendo las sanitarias, que hacen pingües negocios
vendiendo las aguas comprometidas en las concesiones
para servir el consumo humano a mineras e hidroeléctricas, obteniendo
enormes ganancias.
Al respecto,
hay que destacar que el Congreso Nacional ya debió parar, mediante reforma al
Código Sanitario, la venta de las aguas servidas tratadas que habían iniciado
las sanitarias, perjudicando a los agricultores y regantes. Al parecer,
defender el agua potable requerirá acciones legislativas similares.
Hoy la
pelea en el norte del país es a muerte. El acuerdo entre Inés de Collahuasi y
Aguas Antofagasta ha desatado una campaña que incluye movilizaciones,
recolección de firmas, apoyo de autoridades locales y parlamentarios y
hasta funas a la compañía minera que debió abandonar el viernes pasado el salón
del Municipio de Calama.
Lo que hoy
ocurre en Chile – y que en absoluto es un caso aislado - constituye un poderoso llamado de atención a
las instituciones de gobierno que deben velar, de acuerdo al nuevo mandato de
la Asamblea General de Naciones Unidas, por el derecho humano al agua y al
saneamiento de todos los habitantes del país.
De
continuar estas irregularidades y nuevas amenazas al abastecimiento de
agua, los movimientos ciudadanos probablemente continuaran durante
este año con la misma fuerza del 2011. Así, los ciudadanos y
ciudadanas defenderemos nuestro derecho al agua en el Parlamento, frente a las
instituciones de gobierno y en las calles.
