GABRIEL
ASCENCIO - Diputado
de la República de Chile (Distrito N°58, Región de los Lagos)
No es menor lo que se está discutiendo en torno a la
Ley larga de Pesca, bautizada también como Ley Longueira; los intereses en
juego con el marco regulatorio de la actividad pesquera por las siguientes dos
décadas son muchísimos, pues se habla de un rubro que genera anualmente tres
mil millones de dólares a partir de la extracción y comercialización de los
recursos del mar chileno y que por ende, son de todos los chilenos.
Los intereses sobre el acceso a los recursos se han
evidenciado en las semanas previas a la votación en la Cámara de Diputados de
este proyecto de ley. Los artesanales de todo el país, entre ellos los de
Chiloé, se han movilizado, han salido a las calles, han bloqueado caminos y los
han tomado detenidos por protestar en contra de esta ley que sienten los
perjudica en favor de los industriales. Ellos, para alcanzar sus
objetivos, no necesitan protestar ni salir con lienzos y pancartas a la calle,
pues en este proyecto de ley tienen de aliado al gobierno y a los
parlamentarios oficialistas, ya que el nuevo marco regulatorio para la
actividad es un traje a la medida para unos cuantos grupos económicos que, con
en el transcurrir de los años, han concentrado prácticamente la totalidad de la
capacidad de captura industrial en el país.
Las 7 familias
Se habla de siete familias, así como en la película El
Padrino; siete grupos familiares conformados además por las personas más ricas
del país. ¿Quiénes son estas personas cuya identidad poco se conoce y que
están detrás de estos grandes grupos empresariales que quieren mantenerse como
actores exclusivos de la actividad pesquera en Chile?
Las siete familias privilegiadas con la explotación
gratuita de los recursos pesqueros de Chile son: Angelini, Sarkis, Stengel,
Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes en el último tiempo se han
fusionado en tres grandes conglomerados que controlan nada más y nada menos que
el 76% de la capacidad pesquera industrial del país. Se reparten utilidades
calculadas en a lo menos unos tres mil millones de dólares anuales, a partir de
la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.
Hubo un tiempo en que estas familias poseían por
separado sus propias flotas pesqueras, pero a partir de la repartición de las
cuotas individuales de captura, ocurrida en el 2001, estas multimillonarias
familias comenzaron a fusionar sus empresas, a concentrar sus riquezas y sus
poderes de captura. Así, por ejemplo, las Pesqueras San José y South Pacific
Korp, de Angelini y la familia Lecaros se fusionaron para dar origen a la
Pesquera Orizon, que captura el 80% de la sardina y jurel en el norte del país.
Lo mismo ocurrió sólo el año pasado entre las Pesqueras Camanchaca y Bío Bío,
de Jorge Fernández y Jan Stengel, que juntas ahora capturan el 20,4% del jurel
del país. A mediados del año pasado las Pesquera Itata y El Golfo, vinculadas a
la familia Sarquis y al grupo Yaconi-Santa Cruz, también se unieron y juntas
extraen el 20% del jurel y facturan al año 400 millones de dólares.
Por otro lado, el Grupo Angelini, a través de Corpesca
y SPK, reunió en 2009 el 24% de la captura global de jurel; San José, otra
poderosa industria, se unió a la segunda y concentró el 12,4%. Así, ambos
grupos sumarían el 56% de las extracciones de 2009 y el 46,6% de las cuotas del
jurel del año 2010.
A ellas se sumó Blumar S.A. que es titular del 20,28%
de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de
merluza común y del 15,74% de merluza de cola. De esta empresa nada se sabía en
Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era completamente desconocido hasta
el 8 de octubre de 2011, cuando apareció en el Diario Oficial y en la exclusiva
escena del mapa pesquero nacional. Blumar S.A. pasó a llamarse Pesquera Itata y
luego de fusionarse con Pesquera El Golfo se convirtieron en la empresa
individual que concentra la mayor parte de los recursos pesquero del país.
Como dato complementario, hasta el año 2001, cuando se
repartieron las cuotas individuales de captura, existían en Chile 78 firmas
pesqueras dedicadas a la extrañación del jurel. Al poco tiempo esas 78 se
redujeron a sólo 26, producto de la concertación de capitales.
Tras las últimas fusiones, quedaron sólo 4 grandes
conglomerados que controlan el 92 por ciento del sector pesquero nacional:
Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José); Blumar (fusión de
Itata y Golfo) y Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Biobio) y Marfood
(fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp).
Estos grandes grupos corresponden a las siete familias
de la pesca, que son: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo
y Santa Cruz, a quienes les interesa que nada se modifique, quieren seguir
engordando sus fortunas y apelan a derechos históricos sobre los recursos y les
ha ido bien: el gobierno está con ellos en esa demanda, pues el proyecto
de ley contempla que se les entreguen a perpetuidad e incluso en calidad de
heredables, los derechos sobre los recursos del mar chileno.
Por otro lado, el gobierno no quiere regular la pesca
de arrastre, a cargo justamente de los industriales en todo el país y
responsables de la pérdida de biomasa en los mares chilenos, de la sobre
explotación, pues la sustentabilidad de los recursos, que debiese ser el eje
del la nueva ley, está lejos del debate y de la propuesta del gobierno.
Portazo a las licitaciones
Hasta el año pasado se habló de licitar las cuotas de
captura de pesca. Era y es lógico pensar en que era bueno que nuevos y más
actores se sumaran a esta actividad. El arribo del Pablo Longueira al
Ministerio de Economía echó al tarro de la basura esa posibilidad que se veía
con bueno ojos, pues el propio Presidente de la República, cuando era senador,
fue uno de sus impulsores en la ley de pesca de 1991. Además en las sucesivas
legislaciones la derecha siempre votó por mantener la licitación que contempla
el Artículo 27 de la ley de pesca actualmente vigente.
Se ha dicho que la licitación abre la puerta a lo que
han denominado la “amenaza extranjera”, lo que es absolutamente falso, pues la
actual norma dice que para pescar en Chile la nave debe ser de bandera chilena,
y el tema de fondo en cuanto a las licitaciones (como cualquier otra que hace
el Estado chileno) es que una actividad económica, enormemente lucrativa y
hecha sobre la base de explotar recursos naturales de todos los chilenos,
tienen el mejor retorno para el Estado y para la sustentabilidad de los
recursos, si se licita.
Hasta ahora las industrias pagan patentes, pero no por
los recursos que pescan. Además, ese discurso nacionalista en cuando a la pesca
no cuadra con el silencio en relación al agua, a la minería, a las carreteras,
a la televisión, a la telefonía, a la producción de energía y otras áreas de la
economía nacional en donde se valora y aplaude la participación de empresas
extranjeras.
Así, el escenario se vuelve absolutamente propicio y
favorable para los mismos de siempre y el gobierno busca, mediante instancias
paralelas a la legislativa, imponer acuerdos con los beneficiarios
privilegiados de siempre, para que sigan siendo los únicos que reciban las
cuotas, además, a perpetuidad y en calidad de heredables. Lo que no ocurre en
ninguna otra área en donde el Estado entrega una concesión a un privado, pues
cualquier empresa que postula a una concesión por 20 años sabe que tras ese
tiempo el recurso o el servicio volverán a ser patrimonio del Estado, como
ocurre con las carreteras o con el espectro para la televisión o radio. Por
ello, es absurdo que se hayan negado siquiera discutir la licitación, que sigue
siendo, según lo evidencia la propia realidad de Chile, el mejor mecanismo para
asignar transparentemente los derechos de pesca y no a dedo como se quiere
además ahora legalizar.
Lo curioso es que ha sido la centro izquierda, acusada
muchas veces de estatista, la que ha salido a defender la libre competencia
(máxima del mercado) y el ingreso de nuevos actores a este sector económico,
cuando debiera ser el propio gobierno y sus partidos, es decir la derecha,
quienes lo promovieran, tal como lo han anunciado con medidas para combatir el
“mercado imperfecto” de las farmacias, los medicamentos y otros.
Para los artesanales nada
¿Pero qué pasa con el sector pesquero artesanal, que
indiscutiblemente tiene derechos históricos y sí son herederos de una actividad
milenaria y ancestral en las costas del país?
En la propuesta del gobierno la torta no alcanza para
ellos y las demandas históricas del mundo artesanal no están contempladas en la
ley. No se quiere proteger los caladeros históricos de la pesca artesanal; no
quieren establecer las 5 millas de protección artesanal en todo el país; no se
quiere siquiera discutir si algunas pesquerías debiesen estar en su
totalidad en manos de los artesanales y la prioridad del gobierno es imponer
más restricciones a la flota artesanal, insistiendo, por ejemplo, en la
instalación de posicionadores satelitales en las embarcaciones de estos.
No hay, como se ha solicitado hasta el
cansancio, la creación de políticas públicas de fomento al sector
artesanal, que pudiesen traducirse en apoyos financieros, técnicos y otros que
ayuden a mejorar las condiciones de trabajo y económicas de las familias
vinculadas a la extracción artesanal de los recursos del mar y que son mucho
más que siete.
La torta no alcanza para ellos, pues se quiere
repartir entre unos cuantos poderosos e influyentes millonarios y a los
pescadores sólo les queda la calle para manifestarse, reclamar, protestar y
casi suplicar, pues sienten que de aprobarse la Ley Longueira están condenados
a desaparecer y quizás su única fuente de subsistencia sea luego buscar trabajo
en la industria, embarcarse en ella hasta que, así como están las cosas y como
ha ocurrido en otras áreas, la codicia de algunos termine matando la gallina de
los huevos de oro.
