Hace
20 años se realizó la Cumbre de la Tierra de Río 1992, después que la Comisión Mundial para el Desarrollo del Medio
Ambiente de las Naciones Unidas concluyera que la vida del planeta se
encontraba en serio riesgo debido a la erosión del medio ambiente. El objetivo de dicha Cumbre era concebir
una política y un programa económico que permitiese reorientar la economía y
salvar al planeta de una crisis anunciada. Se puso en escena la propuesta del desarrollo sostenible para sacarnos de la debacle que la acelerada
extracción de los recursos naturales y la contaminación ambiental había
generado. Se apuntaba igualmente a restablecer
los ritmos de crecimiento que permitiesen mantener las tasas de ganancia de
modo de superar los índices de pobreza sin afectar el medio natural de vida de
la población. Las clases dirigentes del mundo
aceptaron la propuesta, atribuyendo una buena intención a los artífices de esta
política.
No
obstante las expectativas generadas, 20 años más tarde se ha agravado la crisis
ambiental, social y ecológica, ello sin mencionar las guerras, invasiones y las
nuevas políticas de despojo que se han impuesto sobre la Tierra y los
territorios, particularmente en los llamados países en desarrollo o del sur del
mundo. El supuesto desarrollo sostenible ha
beneficiado a los grupos privilegiados, acrecentando los problemas de vastos
sectores y comunidades de los países arrasados por la usurpación de los bienes
comunes. Políticas públicas intencionadas han
favorecido la mercantilización de la naturaleza y se han impuesto culturalmente
patrones de producción y de consumo que transgreden los límites y equilibrios
naturales, aumentando de manera alarmante la inequidad y el empobrecimiento en
amplias regiones del mundo.
El
modelo chileno ha operado como punta de lanza en el continente para impulsar
estas lógicas mercantiles. Se habla de desarrollo sostenible mientras se
vulnera compromisos internacionales y se viola la precaria legislación nacional
sobre esta materia; entregando el Estado los bienes comunes y colectivos a la
voracidad del capital nacional y transnacional. Las clases dominantes, gobierno
y empresarios, se vanaglorian de los índices de crecimiento y de las políticas
macroeconómicas actuales, sin embargo, Chile ostenta la mayor desigualdad de
ingresos y ha llegado a ser uno de los países más caros de la región. Al mismo
tiempo, los índices de calidad ambiental empeoran a lo largo del país, siendo
los sectores más pobres los que padecen de forma más intensa los efectos de
estas políticas de muerte.
Durante
estos 20 años se han profundizado en Chile la vulneración de derechos, la
privatización de los bienes públicos y la mercantilización del agua, la vida y
la naturaleza. Esto lo sufrimos en todos los ámbitos de la sociedad y la
economía: en la educación, el mundo del trabajo, la salud y los servicios
básicos; en todo el territorio avasallado por la mega-minería, la
agro-industria, la mega-generación eléctrica, las plantaciones forestales y
otras infraestructuras que agreden sistemáticamente a los pueblos y comunidades
indígenas y rurales, destruyendo su hábitat, sus culturas y economías locales.
Las
organizaciones y sectores sociales que han hecho conciencia de estos procesos
están logrando trascender el escenario de desintegración de las redes sociales
pos dictadura y han comenzado, pese a la creciente represión, criminalización y
persecución gubernamental, a construir movimientos más amplios que demandan
cambios estructurales en el sistema político y económico.
La
cumbre Río+20 es una privilegiada oportunidad para debatir y subvertir esta
tendencia, más aún cuando el planeta está siendo agredido por una crisis
sistémica, que se enmascara con fórmulas como "la economía verde" o
la "gobernanza ambiental", ejes conceptuales de la reunión que se
llevará a cabo en junio del 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Esta Economía Verde
para supuestamente derrotar la pobreza no es más que otra artimaña para
lanzar un salvavidas a la crisis galopante del sistema capitalista, creando
nuevas oportunidades para la acumulación del capital por la vía de la
mercantilización incluso de “productos intangibles”, que permitan ampliar las
fronteras neoliberales haciendo aún más precaria la sobrevida humana y la
recuperación ambiental del planeta.
En
un esfuerzo entre muchos y muchas, estamos constituyendo esta plataforma social
amplia y diversa que permita representar con fuerza las demandas de justicia
ambiental y social, esas que miles de comunidades y colectivos esgrimimos
como bandera de lucha en nuestros territorios asolados o amenazados por el
sistema que Río+20 pretende perfeccionar.
Desde
esta plataforma convocamos a que generemos espacios de discusión y debate en
nuestros territorios en torno al desarrollo que queremos para nuestras
comunidades, levantamos propuestas de acción conjunta, motivemos la
movilización y la creación colectiva a nivel local, regional y nacional, de
manera amplia, diversa y descentralizada, de modo de instalar estos temas
urgentes en la agenda de nuestras organizaciones y del país en su conjunto.
Convocan
a esta Plataforma:
Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, Colectivo Viento Sur,
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas - ANAMURI, Coalición
Ecuménica por el cuidado de la Creación, Confederación de Trabajadores del
Cobre – CTC, Secma – FECH, Red Ambiental Norte – RAN, Colectivo Mapuexpress,
Centro Ecoceanos, Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, Ecosistemas, Caravana
Ahimsa por la Tierra, Programa Radial Semillas de Agua, Red de Defensa de la
Precordillera La Florida, Acción A.G., Observatorio Ciudadano, Comité por el Derecho a la Vida
Región de Valparaíso, Defendamos la Ciudad, Instituto Alejandro Lipschutz
ICAL, Marcha Mundial de las Mujeres, Centro de Estudios Nacionales de
Desarrollo Alternativo – CENDA - Programa Vigilante Costero Maule Itata, Red Ambiental del Maule - RAM.
