Fuente: El Ciudadano
Denuncian que los 11 proyectos acuícolas de Inversiones Pelícano S.A. contaminará el mar de la futura región del Ñuble, afectando el turismo, una de las actividades principales de la comuna.
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| Fotos: Todos Somos Cobquecura (Mov. Civil Organizado) |
Preocupación existe en la comunidad de Cobquecura (Provincia de Ñuble) por la instalación de 11 proyectos acuícolas en las costas de dicha comuna y también en las vecinas Coelemu y Trehuaco, a cargo de la empresa Inversiones Pelícano S.A., por un monto de US$ 2,6 millones (c/u). La iniciativa contempla el cultivo de cuatro grupos de especies: cojinova del norte, salmónidos, mitílidos y macroalgas.
La resistencia a la iniciativa empresarial ha congregado a la sociedad civil y también al municipio, actores que llegaron hasta Santiago para reunirse con autoridades medioambientales, durante este lunes 16 de octubre.
“Queremos comprometer al Estado para que efectivamente dé las condiciones necesarias para que comunas como las nuestra puedan proyectarse turísticamente, protegiendo su entorno, naturaleza y medio ambiente”, dijo el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, en conversación con el Área Audiovisual de El Ciudadano, previo a su reunión con el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena.
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| Con Ministro Medio Ambiente, Marcelo Mena |
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| Cesar Aguila |
Los motivos de Cobquecura
Águila, junto a representantes de organizaciones ambientales, participó en una reunión con la dirección nacional del Servicio de Evaluación Ambiental. En la instancia, los actores cobquecuranos expusieron que la vocación de la comuna es la agricultura de subsistencia y el turismo, por lo que la actividad acuícola afectará directamente el quehacer cotidiano de la comunidad.
“Las observaciones dicen relación principalmente al grado de afectación que pueda tener en nuestro desarrollo, a la incertidumbre que generan estos proyectos, en función de otras inversiones de planificación, de otras inversiones en función del desarrollo turístico y de cómo esto está alterando la normal convivencia de una comunidad netamente rural, que se ha orientado hacia un desarrollo turístico, pensando en cómo estos proyectos extractivistas van coartando un desarrollo que en realidad ha sido pensado y repensado desde hace muchos años, a través de múltiples instrumentos de planificación”, explicó César Águila.
“Cobquecura es una comuna netamente agrícola, con una agricultura de subsistencia, que se mezcla con un turismo incipiente, producto de la gran cantidad de belleza escénica que tenemos, pero también los elementos positivos, en función del valor ecosistémico que tiene Cobquecura para todo el borde costero de la región de Ñuble y la zona de Pelluhue, podemos observar que la materialización de este proyecto sería un terrible impacto para toda nuestra gente”, añadió el funcionario municipal.
Por otro lado, los representantes de Cobquecura recuerdan el desastre medioambiental generado a raíz de la agresiva marea roja en las costas de Chiloé, durante mayo de 2016, hecho atribuido por los pescadores artesanales al vertimiento de toneladas de salmones en mal estado a las aguas del archipiélago.
“El terrible ejemplo de Chiloé es un precedente para nosotros. El desastre chilote se cristaliza en el año 2016. Al poco andar, fuimos a conocer el impacto en primera persona y observamos cuál es el daño al patrimonio chilote, a la identidad chilota, al territorio y vemos que ese daño, esas grandes empresas lo quieren trasladar hacia el norte y a la zona de Magallanes”, sostiene Águila.
A su vez, Cristóbal Bustos, miembro del movimiento ciudadano Todos Somos Cobquecura, afirmó que quieren proteger el valor patrimonial y turístico de la zona, “sobre una industria nefasta para este país, que ha sido protegida y avalada por los poderes económicos y por la Corfo, porque genera movimiento económico, pero más que eso genera abandono, destrucción, contaminación y creemos, definitivamente, que el turismo va a aportar mucho más en esta comuna y en el país, que es algo que podemos producir los pobladores y no solo una industria concentrada”.
¿11 proyectos o uno fraccionado?
Además del potencial daño ambiental que generaría la industria acuícola en Cobquecura, los reparos de la comunidad también se dirigen a eventuales irregularidades en el proceso de calificación ambiental.
El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Fernando Cortés, explica que “lo que ocurre en este caso, es que por parte del mismo titular, se han presentado 11 Declaraciones de Impacto Ambiental que son, en términos reales, lo mismo”. Agrega que “estamos ante un caso de fraccionamiento, que en este caso, debería entrar por Estudio de Impacto Ambiental, en vez de por Declaración de Impacto Ambiental”.
La diferencia no es menor, puesto que si Inversiones Pelícano S.A. hubiese estado en la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por la envergadura de su proyecto, tendría que haber existido un proceso de participación ciudadana, según exige la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En cambio, al tratarse de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) esa participación se efectúa siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas.
En este sentido, el representante de Defensa Ambiental comenta que “el titular, con el objeto de tener una ganancia económica superior, evita con esto eludir el sistema y por eso es necesario que realicemos estas labores de presión social y jurídica (…) Lo único que exigimos en este caso, es que se cumpla con la normativa legal y es por eso que estamos teniendo estas reuniones y haciendo esta presión”.
“No puede ser que el mismo titular presente estos 11 proyectos de una sola forma. Son proyectos idénticos, de salmonicultivo, son proyectos que a su vez, obviamente por los antecedentes que no se acompañaron en la misma declaración, no vamos a saber cuáles son las repercusiones reales al medio ambiente y a la sociedad de Cobquecura”, subraya el abogado Cortés.
Extensión de plazo bajo sospecha
El pasado 6 de octubre, el director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío, Christian Cifuentes Bastías, resolvió autorizar la extensión de la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental para el 31 de octubre de 2018, tras la petición efectuada por el representante legal de Inversiones Pelícano S.A., Mark Stengel Uslar, quien es sobrino de Jan Stengel Meierdirks, director de la Compañía Pesquera Camanchaca S.A.
Al respecto, el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, expresó su extrañeza por “varios pasos que la empresa ha dado frente a este proyecto. Uno de ellos es que apareció una extensión de plazo, (que) traspasa este gobierno hasta el 31 de octubre de 2018, lo que obviamente da tiempo a que ellos vayan superando muchas observaciones que puedan tener a través de las diferentes inquietudes que la comunidad ha presentado”.
El abogado Fernando Cortés explicó que el movimiento de la Inversiones Pelícano S.A. significa “establecer un plazo de un año para que la comunidad sepa recién qué es lo que va a contestar el titular, en este caso, el mismo Servicio de Evaluación Ambiental le dijo a la comunidad que debía esperar hasta esa fecha para que podamos saber qué es lo que tiene que decir la empresa respecto del proyecto”.
¿11 proyectos o uno fraccionado?
Además del potencial daño ambiental que generaría la industria acuícola en Cobquecura, los reparos de la comunidad también se dirigen a eventuales irregularidades en el proceso de calificación ambiental.
El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Fernando Cortés, explica que “lo que ocurre en este caso, es que por parte del mismo titular, se han presentado 11 Declaraciones de Impacto Ambiental que son, en términos reales, lo mismo”. Agrega que “estamos ante un caso de fraccionamiento, que en este caso, debería entrar por Estudio de Impacto Ambiental, en vez de por Declaración de Impacto Ambiental”.
La diferencia no es menor, puesto que si Inversiones Pelícano S.A. hubiese estado en la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por la envergadura de su proyecto, tendría que haber existido un proceso de participación ciudadana, según exige la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En cambio, al tratarse de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) esa participación se efectúa siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas.
En este sentido, el representante de Defensa Ambiental comenta que “el titular, con el objeto de tener una ganancia económica superior, evita con esto eludir el sistema y por eso es necesario que realicemos estas labores de presión social y jurídica (…) Lo único que exigimos en este caso, es que se cumpla con la normativa legal y es por eso que estamos teniendo estas reuniones y haciendo esta presión”.
“No puede ser que el mismo titular presente estos 11 proyectos de una sola forma. Son proyectos idénticos, de salmonicultivo, son proyectos que a su vez, obviamente por los antecedentes que no se acompañaron en la misma declaración, no vamos a saber cuáles son las repercusiones reales al medio ambiente y a la sociedad de Cobquecura”, subraya el abogado Cortés.
Extensión de plazo bajo sospecha
El pasado 6 de octubre, el director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío, Christian Cifuentes Bastías, resolvió autorizar la extensión de la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental para el 31 de octubre de 2018, tras la petición efectuada por el representante legal de Inversiones Pelícano S.A., Mark Stengel Uslar, quien es sobrino de Jan Stengel Meierdirks, director de la Compañía Pesquera Camanchaca S.A.
Al respecto, el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, expresó su extrañeza por “varios pasos que la empresa ha dado frente a este proyecto. Uno de ellos es que apareció una extensión de plazo, (que) traspasa este gobierno hasta el 31 de octubre de 2018, lo que obviamente da tiempo a que ellos vayan superando muchas observaciones que puedan tener a través de las diferentes inquietudes que la comunidad ha presentado”.
El abogado Fernando Cortés explicó que el movimiento de la Inversiones Pelícano S.A. significa “establecer un plazo de un año para que la comunidad sepa recién qué es lo que va a contestar el titular, en este caso, el mismo Servicio de Evaluación Ambiental le dijo a la comunidad que debía esperar hasta esa fecha para que podamos saber qué es lo que tiene que decir la empresa respecto del proyecto”.
COLUMNA CIUDADANA EL CIUDADANO - JUAN PABLO CARDENAS - ECOCEANOS
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