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| Sara Larrain Foto: ChileSustentable.net |
El agua viene escaseando en Chile hace varias décadas. Más allá de los años húmedos o secos, de la oscilación del Niño, la Niña, y la sequía prolongada de los últimos años, la evidencia muestra en los hechos una mega sequía, producto del cambio climático que llegó para quedarse.
Desde el parlamento se desarrollaron comisiones investigadoras sobre sequía y desertificación, sobre robo de aguas, se generaron nuevas comisiones de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, tanto en la Cámara como en el Senado, y se han multiplicado proyectos que intentan mejorar las políticas públicas en materia de acceso, gestión y protección de las aguas.
En la misma línea, el actual gobierno, en coherencia con lo comprometido en su programa de gobierno, nombro un Delegado de Recursos Hídricos, una Mesa Inter ministerial del Agua, retomó la tramitación de la ley que crea los servicios sanitarios rurales, la ley que mejora la fiscalización y sanciones, y patrocinó la moción parlamentaria que Reforma el Código de Aguas, que se venía tramitando en la Cámara desde 2012. Asimismo patrocinó una Ley de Protección de Glaciares ingresada a tramitación por un conjunto transversal de diputados. Todas estas iniciativas claramente constituían una adecuada respuesta no sólo a la escasez y los conflictos crecientes por el agua, sino al principal problema de Chile para adaptarse al cambio climático, tal como ha reconocido recientemente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
La agenda del agua avanzó a inicios el gobierno, con liderazgo del Ejecutivo y el Parlamento, logrando aprobarse la ley de servicios sanitarios rurales, y recientemente la referida a mejoras en la fiscalización y sanciones. Pero la Ley de Protección de Glaciares, quedó congelada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y la Reforma al Código de Aguas, que se aprobó en dos comisiones y el pleno de la Cámara, y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, hoy se encuentra bloqueada en la Comisión de Agricultura, presidida por la oposición y abandonada por el ministro del ramo Carlos Furche, que ha argumentado como gran excusa que “la tramitación de la reforma se contaminó con la coyuntura electoral”, cuando es obvio que todo históricamente se ha contaminado con las tensiones electorales desde que existen elecciones.
El abandono de la Reforma al Código de Aguas por parte del ministro de agricultura en particular y del gobierno (SEGPRES) en general, pone en evidencia la dudosa voluntad política de algunos sectores de la coalición de gobierno, de resolver los desafíos críticos que enfrenta el acceso y gestión del agua en Chile. Pero también ponen en riesgo el importante legado del gobierno de Bachelet en materia de aguas, que está en juego, justamente en esta reforma al Código de Aguas, que establece el derecho humano al agua, la priorización del acceso al agua para usos esenciales, las condiciones de sustentabilidad ambiental en la gestión del agua, el fin del acaparamiento para uso especulativo de las aguas, el reconocimiento de las aguas ancestrales de los pueblos indígenas y la creación de concesiones de uso temporal de las aguas por 30 años renovables para los nuevos derechos de aprovechamiento.
Esta reforma, permite a Chile superar los retrasos sociales y ambientales que arrastra el Código de Aguas de 1981, pero además permite al país cumplir con las recomendaciones de la OECD en materia de aguas. Entre ellas, la necesidad de “adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos”; diseñar e “implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible”.
La OECD también es clara al recomendar a Chile “establecer usos esenciales del agua (agua potable saneamiento y protección de ecosistemas) a los que se otorgue alta prioridad” y ”acelerar la regularización y un registro transparente de los derechos de uso del agua y reforzar las medidas de fiscalización y las sanciones aplicables a las extracciones ilegales". También llama al gobierno a evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua, y expandir las normas de calidad de las aguas y monitorear la contaminación del suelo y “la extracción de agua para proteger los ecosistemas, en particular los humedales”.
El gobierno debe ser coherente con su programa de gobierno, con las recomendaciones de la OECD para alcanzar el estándar que requiere ser miembro de dicho bloque y ser responsable ante los riesgos de mayor inseguridad hídrica que trae el cambio climático. Esperamos que los meses que quedan, el gobierno de Michelle Bachelet sea coherente con sus compromisos, con el interés público nacional e internacional y no se deje arrastrar por las amenazas de la oposición que sigue defendiendo sólo intereses privados. ….y de unos pocos.
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