*Ciudadanía afirma que tanto empresas eléctricas como asesores de éstas
promueven argumentos para profundizar la generación eléctrica en base a carbón y
megaproyectos hidroeléctricos, al tiempo que subestiman el verdadero aporte que
podrían entregar las energías renovables no convencionales.
*Todo esto en el marco de una nueva licitación del suministro eléctrico para los
próximos 11 años y de las dificultades que ha tenido el gobierno para imponer
su agenda energética en el Congreso.
En opinión del
organismo dicho informe, realizado por Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán,
Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman, desconoce las deficiencias del modelo del
desarrollo eléctrico implantado en el país a partir del año 1982 y culpa de los
altos costos y de la limitada confiabilidad del sistema a la judicialización de
los proyectos energéticos, resultante de la masiva oposición de las comunidades
y los movimientos ciudadanos a dichos emprendimientos.
Esta situación
ya fue evidenciada en 2011 por un conjunto de 40 líderes sociales, técnicos,
académicos y del ámbito legislativo, quienes formaron la Comisión Ciudadana
Técnico Parlamentaria para la
Matriz y el Desarrollo Eléctrico, en el contexto de las
grandes protestas sociales ocurridas en Chile luego de la aprobación de
proyectos de generación eléctrica de alto impacto, y como respuesta a la
consolidación de un sistema eléctrico caro, contaminante, concentrado,
vulnerable y dependiente de factores externos.
STATU
QUO VERSUS PROPUESTA CCTP
El informe de la Confederación de la Producción y el
Comercio presupone un escenario de estrechez energética que pondría en riesgo
el desarrollo y crecimiento del país, criticando una supuesta dificultad para
echar a andar proyectos ya aprobados, debido a judicialización y oposición
ciudadana.
El informe
considera el período 2013-2020, pidiendo --a raíz de la licitación de bloques
de energía por parte de las empresas distribuidoras que se efectuará a fines de
este año-- que se establezcan condiciones para que puedan participar en dicho
proceso centrales existentes que hoy operan con petróleo diésel, manifestándose
a favor de los megaproyectos hidroeléctricos, por su bajo costo operacional.
A juicio de la CCTP este informe desconoce
el aporte real y creciente de las ERNC y la eficiencia energética (EE), pasando
por alto los impactos ambientales de las mega-represas. Sin mencionar además
que aunque la hidroenergía se obtiene a bajo costo porque su principal insumo
se obtiene gratis (gracias a los
derechos de agua otorgados en los años 80-90), el recurso hídrico se paga a
precio diesel debido al sistema marginalista imperante.
Por ende, no
es cierto que proyectos como HidroAysén bajarían los precios finales de dicha
electricidad.
En esa misma
senda, en el estudio no existe ningún juicio crítico al sistema eléctrico
actual sino que solamente “prepara la cancha” para una licitación eléctrica de
11 años, en vez de los 4 regulares, empleando lo que la CCTP califica como
“argumentos del terror”: la falacia de un apagón inminente por la falta de
proyectos, que impactaría el crecimiento de país junto con supuestos altos
costos e inseguridad de suministro de
las ERNC.
Tampoco
considera la posibilidad de una interconexión SIC-SING --que permitiría usar
los excedentes energéticos del norte grande hacia las regiones II y IV sin
necesidad de construir nuevos proyectos --ni se hace cargo de las
externalidades ambientales y sociales negativas de los combustibles fósiles
tradicionales.
En cambio, la
propuesta “Chile necesita una gran reforma energética” apunta a democratizar el
sector eléctrico chileno, estableciendo el acceso a la energía como un bien
público; ampliando la responsabilidad y atribuciones del Estado para orientar
el desarrollo eléctrico; incluyendo condiciones de transparencia y control del
mercado eléctrico en cuanto a costos, diversificación y competencia.
Hasta la
fecha, los evidentes problemas del funcionamiento del sistema eléctrico han
sido enfrentados por la autoridad mediante las llamadas leyes cortas que
aportan paliativos parciales e insuficientes a un modelo de desarrollo que
requiere de cambios estructurales.
A juicio de
los integrantes de la CCTP ,
Chile necesita una política activa del Estado, respaldada por una participación
ciudadana informada y vinculante, y orientada al bienestar de la población, el
cuidado del territorio y la sustentabilidad del desarrollo. El futuro
energético de Chile no puede ser determinado por los intereses de las empresas
eléctricas, su lobby, y sectores políticos que en el Parlamento favorecen a las
empresas, por sobre el interés común y la ciudadanía.
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