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jueves, 21 de enero de 2021

Suprema establece la obligación del Estado de asegurar el acceso al agua a todos los habitantes del país

Fuente: Cooperativa

El máximo tribunal falló a favor de los habitantes de Nogales, en Valparaíso, para que se les asegure el consumo de 100 litros de agua al día por persona.

"Toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación", establece el fallo.

La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó a la Municipalidad de Nogales, Región de Valparaíso, asegurar el abastecimiento de, al menos, 100 litros de agua potable per cápita al día, especialmente a miembros de grupos vulnerables de la comuna.

La Tercera Sala del máximo tribunal estableció la obligación del Estado de asegurar el acceso al agua potable a todos los habitantes del país, especialmente a grupos vulnerables, tal como lo disponen diversos tratados internacionales suscritos por Chile.

"De las disposiciones recientemente citadas, emerge nítidamente una conclusión irredargüible: toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones", afirma el fallo.

La resolución agrega: "Que, si el derecho al agua es un derecho humano fundamental, con mayor razón lo es tratándose de ciertos grupos vulnerables y categorías protegidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: los pobres de zonas urbanas y rurales; las mujeres (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979); los niños (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989); las personas con discapacidad (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006); los refugiados y las personas internamente desplazadas; y los pueblos indígenas (Folleto Informativo N° 35: 'El derecho al agua', op. Cit., páginas 19 a 26)".

"Respecto de estos grupos y categorías protegidas, la obligación del Estado es especialmente intensa considerando la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. De esta manera, el Estado de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y los demás órganos competentes debe asegurar la provisión de, a lo menos, 100 litros diarios por persona, respecto de estos grupos o categorías protegidas".

"Que, de todo lo que se ha venido señalando hasta acá, fluye con nitidez el deber del Estado de garantizar el acceso de los recurrentes y de la población al agua, en una proporción no inferior a 100 litros diarios por persona, de manera que –si bien no puede endosarse a la recurrida Anglo American Sur S.A. una actuación u omisión ilegal o arbitraria–, sí se constata una actuación deficiente de la Municipalidad de Nogales al no adoptar todas las medidas necesarias para asegurar no sólo a los actores, sino a la comunidad toda, especialmente a las categorías protegidas por el Derecho Internacional, el acceso al agua, omisión que deviene en ilegal y arbitraria y que vulnera la garantía de igualdad ante la ley", añade.

martes, 28 de agosto de 2012

Corte Suprema rechaza construcción de megaproyecto Central Castilla

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/08/655-480453-9-corte-suprema-rechaza-construccion-de-central-castilla.shtml

La Tercera Sala de la Corte Suprema determinó paralizar definitivamente la construcción del proyecto termoeléctrico Central Castilla y el puerto asociado a la iniciativa.

Cabe recordar que el 24 de julio el juez de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, determinó que sería la justicia la que definiría el futuro del proyecto termoeléctrico Central Castilla y el puerto del mismo nombre -propiedad de MPX, ligada al empresario brasilero Eike Batista y la alemana E.On- luego que los representantes de la empresa y los opositores a la iniciativa no alcanzaran un acuerdo en la segunda audiencia de conciliación.

En junio, MPX presentó un plan de compensaciones adicionales a las comunidades por US$17 millones, las que se suman a los US$558 millones en mitigaciones contenidas en el estudio ambiental, el que, sin embargo, no fue aceptado en la segunda audiencia de conciliación por la totalidad de los habitantes y pescadores de la zona del Totoral y caleta Chascos.

El proceso se enmarca dentro de las apelaciones a los fallos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en el caso de la central acogió el recurso de protección presentado contra la aprobación ambiental de la iniciativa, paralizando el proyecto, y el dictamen que dio luz verde a la construcción del puerto.

A fines de mayo el juez Muñoz llamó a las partes a buscar una conciliación argumentando, entre otras razones, que de confirmarse los dos fallos emitidos por la Corte de Antofagasta, Castilla tendría autorización para construir el puerto, pero no el proyecto termoeléctrico, lo que no beneficiaría ni a la empresa ni a las  comunidades.

MPX busca construir un megaproyecto termoeléctrico, con una capacidad instalada de 2.100 MW y una inversión de unos US$5.000 millones -incluyendo el monto considerado para medidas de mitigación-, en la costa de la Región de Atacama.