Suprema establece la obligación del Estado de asegurar el acceso al agua a todos los habitantes del país

Fuente: Cooperativa

El máximo tribunal falló a favor de los habitantes de Nogales, en Valparaíso, para que se les asegure el consumo de 100 litros de agua al día por persona.

"Toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación", establece el fallo.

La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó a la Municipalidad de Nogales, Región de Valparaíso, asegurar el abastecimiento de, al menos, 100 litros de agua potable per cápita al día, especialmente a miembros de grupos vulnerables de la comuna.

La Tercera Sala del máximo tribunal estableció la obligación del Estado de asegurar el acceso al agua potable a todos los habitantes del país, especialmente a grupos vulnerables, tal como lo disponen diversos tratados internacionales suscritos por Chile.

"De las disposiciones recientemente citadas, emerge nítidamente una conclusión irredargüible: toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones", afirma el fallo.

La resolución agrega: "Que, si el derecho al agua es un derecho humano fundamental, con mayor razón lo es tratándose de ciertos grupos vulnerables y categorías protegidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: los pobres de zonas urbanas y rurales; las mujeres (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979); los niños (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989); las personas con discapacidad (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006); los refugiados y las personas internamente desplazadas; y los pueblos indígenas (Folleto Informativo N° 35: 'El derecho al agua', op. Cit., páginas 19 a 26)".

"Respecto de estos grupos y categorías protegidas, la obligación del Estado es especialmente intensa considerando la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. De esta manera, el Estado de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y los demás órganos competentes debe asegurar la provisión de, a lo menos, 100 litros diarios por persona, respecto de estos grupos o categorías protegidas".

"Que, de todo lo que se ha venido señalando hasta acá, fluye con nitidez el deber del Estado de garantizar el acceso de los recurrentes y de la población al agua, en una proporción no inferior a 100 litros diarios por persona, de manera que –si bien no puede endosarse a la recurrida Anglo American Sur S.A. una actuación u omisión ilegal o arbitraria–, sí se constata una actuación deficiente de la Municipalidad de Nogales al no adoptar todas las medidas necesarias para asegurar no sólo a los actores, sino a la comunidad toda, especialmente a las categorías protegidas por el Derecho Internacional, el acceso al agua, omisión que deviene en ilegal y arbitraria y que vulnera la garantía de igualdad ante la ley", añade.

DECLARACION PÚBLICA SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA

La Federación nacional de Agua Potable Rural de Chile -FENAPRU CHILE, organización con gran representación nacional, que reúne a 7 Asociaciones provinciales y regionales del país que trabajan en agua potable rural, incluyendo a la Asociación Limarí; Asociación Aconcagua; Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable de la Región de O’Higgins; Asociación Ñuble; Asociación Bío; Asociación Araucanía y Asociación Los Lagos, en el día mundial del agua declara a la opinión pública lo siguiente:

• Que desde hace varios años venimos señalando en distintos seminarios, reuniones con el poder ejecutivo y sesiones en el Congreso Nacional, respecto a la sobreexplotación y contaminación del agua, sin que a la fecha se tomen las medidas necesarias ante el estado de alerta roja en el que estamos.
• Hoy nuestro país está en una crisis hídrica aguda que ha hecho que varios de nuestros pozos de agua potable se estén secando, las bombas queden colgadas, las norias, vertientes, ríos y lagunas como Aculeo estén secas y, que de las 101 cuencas del país, la mayor cantidad estén agotadas, situación que es muy desastrosa para nuestro sector.
• Está situación está acentuada por el cambio climático que acecha, que no se puede revertir y respecto al cual vemos que poco y nada se está haciendo para mitigar sus consecuencias.
• No existe una coordinación nacional en materia de agua, que fije políticas públicas para una buena gestión del agua que permita, entre otros, recuperar las cuencas hoy agotadas y generar un buen ordenamiento territorial. Tampoco existe un balance hídrico actualizado, así como tampoco una fiscalización y sanciones de los usos y abusos, con varios casos de robo de agua comprobados, situación que nos parece inaceptable. Todo ello ha generado gravísimos problemas a lo largo del país, ante los cuales señalamos lo siguiente:
• No entendemos que, a pesar de la terrible crisis hídrica en la que se encuentra la mayor parte del país, se siga deforestando vegetación nativa para plantar monocultivos que requieren un alto consumo de agua, terminando con la flora y fauna natural que da equilibrio al ecosistema, generando erosión de los terrenos y por ende pérdida de su calidad de retención de agua.
• No entendemos que esta deforestación sea en buena parte producida por el fomento y subsidio del Estado al riego tecnificado, el cual se ha adoptado para optimizar los usos del agua. Este sistema no permite generar excedentes de agua que infiltren las napas subterráneas y puedan darle sostenibilidad a los acuíferos y a la fecha se ha incentivado sin incluir medidas que establezca límites a las plantaciones, dando como resultado que el agua que se ahorra con esta tecnología se termina utilizando para expandir las hectáreas agrícolas, con una explotación indiscriminada de nuestros recursos hídricos. Al final los únicos que se benefician con esta tecnología son el sector agropuecuario y la industria en general, en desmedro de las comunidades que conviven en el mismo territorio, lo que nos parece aberrante.
• No entendemos que se sigan autorizando industrias que impactan fuertemente la cantidad y calidad de las aguas, como sucede con la minería, y que además en el país se sigan vendiendo químicos para la agricultura que en otros países están prohibidos, como el glifosato, con el inmenso riesgo a la salud que ello implica y el impacto en la contaminación de aguas superficiales y subterráneas que tiene.
• No entendemos, que a la hora de solicitar derechos de agua para comunidades, las APRs debamos competir con todos los solicitantes, sin ninguna priorización al consumo humano.
• No entendemos que el Estado esté comprando Derechos de agua a particulares para otorgar a comunidades sin agua, cuando estos particulares la obtuvieron de forma gratuita.
• No entendemos que los Servicios de Agua Potable Rural tengan que comprar agua a Sanitarias o a Juntas de Vigilancia para proveer a su población, con sus correspondientes consecuencias en costos y calidad.
• Por último, no entendemos que el Estado no esté tomando medidas urgentes cuando hoy tenemos muchas comunidades sin agua a lo largo del país, con casos emblemáticos como Petorca, La Ligua, Cabildo, zonas del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y zonas de Chiloé.

Creemos que éstas son verdaderas Zonas de Sacrificio donde se viola sistemáticamente el derecho humano al agua, pues se trata de comunidades que deben abastecerse con camiones aljibe y sobrevivir con 50 litros por persona, cantidad insuficiente para la alimentación, aseo, lavado de ropa, alimentación para animales, riego de árboles y jardines domésticos. Consideramos que esto es producto de una total inconsciencia, pues algunas de estas comunidades vienen clamando por años y a la fecha no han tenido la respuesta que necesitan.

Ante este escenario como dirigentes demandamos que:

1. De una vez por todas se priorice el agua para el consumo humano y servicios ambientales, por sobre la propiedad de derechos de agua.
2. Se lleven a cabo las reformas pendientes al nefasto Código de Aguas de 1981 que favorece la privatización, la existencia de un mercado del agua y la separación del agua de la tierra, reformas que han estado en discusión por más de 8 años sin avanzar y que deben ir de la mano con una modificación al artículo 19 numeral 23 y 24 de la Constitución política de Chile referido a la propiedad.
3. No estamos de acuerdo con las indicaciones Sustitutivas a la Reforma al Código de Aguas presentada por el ejecutivo, ya que en esencia no beneficia para nada a la ciudadanía, sino que al empresariado, dando prioridad a la certeza jurídica que éste exige.
4. Se debe dar cumplimiento la Res 64/292 de las Naciones Unidas, firmada por el Estado de Chile el 28 de julio de 2010 y que reconoce el Derecho Humano al Agua y Saneamiento e incorporarlo en su legislación interna.

Chile necesita de un Estado que pueda proteger a todos sus ciudadanos por igual y que garantice la sostenibilidad de las comunidades y los ecosistemas. Las soluciones requieren de un gobierno que trabaje por el bien de todos y que entienda que el desarrollo económico no puede estar por encima de la vida de las personas y su ambiente natural.

La crisis es hoy y si no hacemos nada se agravará cada vez más, con más conflictos, comunidades desplazadas, pérdida de ecosistemas y más. FENAPRU hace un llamado urgente al Estado de Chile, a los empresarios y a la ciudadanía para tomar medidas ahora, antes de que sea demasiado tarde. 

El agua es vital para la vida y es un Derecho humano que no debemos soslayar.

FENAPRU CHILE
www.fenapruchile.cl
22 de marzo de 2019.-

TRAMITACIÓN REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

(Boletín 7543-12) Minuta N°82 Sesión Comisión de Agricultura, Senado 23/10/2017 - #Minuta #OjoconelPalamento 

MINISTROS DE AGRICULTURA Y OBRAS PUBLICAS EXPONEN FUNDAMENTOS Y VENTAJAS DE LA REFORMA AL CODIGO DE AGUAS Y SOLICITAN CONTINUAR LA TRAMITACION A LA BREVEDAD.

La Comisión de Agricultura recibió este martes 23 de octubre al Ministro de Agricultura, Carlos Furche; al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga y al Director General de Aguas, Carlos Estévez, quienes además de desmitificar los argumentos de los grandes empresarios agrícolas, expusieron las ventajas de la Reforma y demandaron a los senadores, retomar la tramitación que se encuentra congelada desde inicios de septiembre en esta Comisión. 

Comenzó la audiencia el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quién fundamentó y expuso los avances de la Reforma, mencionó que esta se hace cargo de los distintos usos del agua, con prioridad en el consumo humano y que reconoce los derechos de agua (DAA) ya otorgados por el Estado no cambiando la naturaleza jurídica de estos, ni prohibiendo su venta. Enfatizó que el futuro regimen de concesiones de largo plazo (30 años) para el 10% de las aguas superficiales y el 40% de las aguas superficiales aun sin otorgar, no tiene ningún efecto sobre los créditos a los que puedan optar los agricultores y que además dichas concesiones serán renovables. Destacó que el Estado ha hecho más inversiones en embalses, que lo aportado por el empresariado agrícola en los últimos 100 años, desmitificando declaraciones públicas de gremios como la SNA.

Undurraga concluyó que la reforma es un proyecto clave y urgente para los desafíos de seguridad hidrica que enfrenta el país, y que cualquier hipótesis de expropiación queda descartada.

A continuación, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, comenzó diciendo que esta es una reforma que ha generado debate, pero que se deben aclarar objetivos y dudas. Mencionó que desde el Código de 1981 hay nuevas condiciones en la oferta del recurso, debido al Cambio Climático y también en la demanda hídrica, la cual ha aumentado siendo usada en un 80% por el sector agrícola.

Furche destacó que la reforma garantiza el abastecimiento para las necesidades humanas y luego se prorratea para actividades productivas. Es una reforma acotada que no afecta a los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) ya otorgados y que para las nuevas concesiones 30 años que instaura la reforma para nuevos derechos, es tiempo más que suficiente para cualquier proyecto agrícola. Además, recordó que la tramitación para comenzar a regularizar los DAA en el caso de campesinos que no los tengan regularizados o inscritos, considera que el trámite se debe empezar dentro de los 5 años siguientes a la aprobación de la reforma, y que el Ministerio de Agricultura contempla 2.750 millones de pesos para apoyar dicha regularización a través de INDAP. Recordó que los DAA de las comunidades indígenas no están afectos a ningún plazo para iniciar esta diligencia.

Carlos Furche mencionó que los temas respecto del caudal ecológico sólo incluyen formalmente los cambios a la norma del año 2005 y que en áreas protegidas no se entregarán nuevos derechos.

Luego de la intervención de los ministros tomaron la palabra los senadores de la comisión:

Rabindranath Quinteros Lara (P.S.) solicitó que se inicien a la brevedad las audiencias a las 48 organizaciones inscritas, y que se ordenen las presentaciones por estamentos separados.

Víctor Pérez (UDI), pidió eliminar incertidumbres que no están basadas en mentiras sino en realidades y destacó como el ministro de agricultura fue ovacionado en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro) con el anunció de que el Gobierno había tomado la decisión de no apurar el proyecto de reforma al Código de Aguas durante el periodo electoral. Dijo que sería importante para la Comisión que el gobierno informara sobre quiénes son los especuladores del agua, que no la usan y solo la acaparan o la venden.

Manuel Antonio Matta (D.C.), habló de la campaña ideológica organizada en la Región del Maule, donde se dice que esta reforma es expropiatoria, aludiendo a una segunda Reforma Agraria. Preguntó cómo el gobierno respondía frente a esto, y porque el gobierno no se habia desplegado en el territorio para explicar la reforma.

José García Ruminot (R.N), quien preside la Comisión de Agricultura, dijo que es importante que los agricultores regularicen los DAA, y que ello ha sido bien recibido en su región. Pidió que se haga un programa lo más cercano a la gente para que no tengan problemas y evaluar si el monto propuesto para apoyar la regularización es suficiente para ello o no. Dudo a su vez de que el 80% de los recursos hídricos sean utilizados por la agricultura, lo que fue complementado por el senador Pérez quien solicitó estudios al respecto.

En respuesta a lo planteado por los senadores, el director de la DGA, Carlos Estevez, dijo que los elementos centrales “uso, goce y disposición” se mantienen y que solo hay dos excepciones que afectan la disposición que hoy existen en el Código de aguas pero no se les pone plazo: a los especuladores y a los usos ociosos, donde hoy se entrega el agua que se pide, no lo que se necesita. Expresó que es difícil saber quiénes son todos los especuladores, pues actualmente hay dos vías de obtención de derechos: una administrativa y otra vía Tribunales, y estos últimos no siempre se informan a la DGA, por esta razón la reforma corrige esta situación, estableciendo la obligación de informar y estableciendo que es el servicio el que otorga los DAA.

En referencia a los agricultores, Estévez dijo, que es conveniente que inscriban sus derechos, porque de ese modo pueden postular a subsidios. Además, agregó que la reforma establece que se puede regularizar los DAA en forma colectiva.

Al final de la sesión, se acordó que se retomara la tramitación, iniciando las audiencias públicas, las que comenzarían la semana del 20 de noviembre, luego de las elecciones.

Asistieron los senadores Garcia Ruminot, Quinteros, Matta y Perez Varela. El senador Felipe Harboe estuvo ausente de la Sesión.

Viral sintetiza los “goles” que pretende pasar el gobierno en reforma al Código de Aguas

• La próxima semana se iniciará la votación en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, que ha sido presionada fuertemente por sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, para desmantelar el proyecto que busca garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
• Propuesta del Ejecutivo ha concitado rechazo entre organizaciones de la sociedad civil, además de parlamentarios del propio oficialismo y la oposición.

Con un video lanzado durante esta semana, el programa Chile Sustentable denunció los cambios que el gobierno está proponiendo a la reforma del Código de Aguas en el Senado. La iniciativa, aprobada en noviembre del año pasado por el pleno de la Cámara de Diputados, busca avanzar en garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
La ofensiva audiovisual, ue solo en facebook ya lleva más de 80 mil reproducciones, se suma a los cuestionamientos que, desde las propias filas oficialistas, la oposición y la sociedad civil, se han planteado frente a las indicaciones ingresadas recientemente por el Ejecutivo y que fueran coordinadas por el Ministerio de Hacienda. Esto llevó a la directora de Chile Sustentable, la ambientalista Sara Larraín, a señalar que “este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”.
Con el título “Peligro de gol a la reforma del Código de Aguas”, la pieza da cuenta de los principales cambios propuestos por la administración Bachelet para desmantelar el sentido profundo de la reforma, que va en la línea de ir instituyendo el derecho humano al agua como uno fundamental.
Es así que el gobierno plantea eliminar la figura de las concesiones temporales de agua para los futuros otorgamientos, oncepto que fuera aprobado por los diputados, manteniendo el de “derecho de aprovechamiento”. Esto es una distorsión con respecto a la forma en que se utilizan los demás bienes públicos, como las concesiones pesqueras o mineras, que en última instancia se reconocen como propiedad el Estado.   También aumenta el plazo  para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan estos.
Además exime a las empresas mineras de solicitar autorización para utilizar las aguas halladas en el área de la concesión y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas.  Asimismo, libera a los inversionistas en hidroeléctricas de hasta 20 megawatts de la exigencia de dejar caudal ecológico, lo cual es una excepción que hoy solo opera para los pequeños campesinos, beneficiarios de INDAP, y los usos de subsistencia.
Por último, permite cambiar los puntos de  extracción de aguas de una cuenca a otra sin evaluar los posibles perjuicios al medioambiente y a las comunidades locales.
A las indicaciones del Ejecutivo se sumó una del senador DC Jorge Pizarro que va en la misma línea (y que originalmente tenía pensado impulsar La Moneda) al proponer eliminar la priorización del agua para “uso doméstico de subsistencia”, lo cual perjudica a comunidades agrícolas, indígenas y campesinos.
Todos estos cambios van en sintonía con el lobby de sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, con el objetivo de revertir las reformas.
Reacciones
Desde el oficialismo han cuestionado fuertemente las indicaciones del gobierno.  Según consignó El Pulso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, señaló que “nos preocupa que se quiera modificar el tema de los derechos indefinidos con el objetivo de ‘eliminar ruidos’ como ha señalado el ministro de Hacienda”. “Sabemos que desde la derecha se ha intentado desinformar y que se ha hablado hasta de expropiación, lo que absolutamente falso. Esperamos que el Senado no dé luz verde a estos cambios y se respete el sentido de lo aprobado en primer trámite constitucional” explicó el legislador DC. Su correligionario Mario Venegas indicó que “la fuerza de los grupos de presión y del lobby está llevando a que se distorsione la idea apoyada en la Cámara. Si el Senado las aprueba tendremos que irnos a Comisión Mixta”, al tiempo que dio cuenta de la molestia de las bancadas de la Nueva Mayoría con la propuesta del Ejecutivo.
Desde el PPD, la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, anunció una ofensiva con los senadores para evitar que sean apoyadas las indicaciones. “Hay una contradicción porque si hablamos del agua como un bien nacional de uso público, no puede convertirse en propiedad privada y que se pueda disponer de ella como si fueran acciones. En cualquier lógica de sobrevivencia el recurso no puede ser apropiado por unos pocos, ni siquiera con equidad porque está concentrado donde hay más plata” señaló.

Desde el Senado, el independiente Antonio Horvath también criticó la propuesta: “Es un paso atrás respecto de lo que originalmente se había aprobado” indicó al canal aysenino Santa María TV, con lo que concordó el presidente de la Corporación Privada par el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, quien puntualizó que “estas indicaciones están planteando revertir, en alguna medida, todos los logros” alcanzados en la Cámara de Diputados. Recordó el dirigente que este tema es particularmente sensible para la zona austral, al existir impactos en el acceso al agua “para comunidades que están aguas arriba de los derechos entregados, particularmente en el caso del río Baker, porque se tiene que asegurar el caudal para que las potenciales hidroeléctricas deban operar. Entonces, la discusión sobre energía y agua es muy importante para la región de Aysén”.
El martes 2 de mayo, a partir de las 10:30 horas, la Comisión Especial de Recursos Hídricos comenzará la votación de todas las indicaciones que se presenten, sesión que podrá ser seguida online a través del portal de televisión del Senado.  Integran la comisión Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
Revisa el video acá:
Facebook: https://www.facebook.com/chilesustentable/videos/1386815904689782/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p-6xL33LaYI

Cómo se fraguó la insólita legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico

Fuente: ciper - Por: Alberto Arellano en Reportajes de investigación - EL MILLONARIO NEGOCIO DEL AGUA II

Chile se está secando. El diagnóstico es oficial, pero ni las autoridades ni las instituciones asumen la magnitud del problema. Fallas de regulación que se arrastran por más de 30 años han terminado por crear profundas inequidades en la asignación del recurso. Según la ley, el agua para consumo humano no es más importante que el agua para suministro minero o agrícola. Las prebendas establecidas por el Código de Aguas a favor de intereses privados, y cuyo epítome ha sido la consolidación de un lucrativo y desregulado mercado de las aguas, colocan nota roja a Chile en la gestión de un elemento clave.
(Esta investigación es parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales).
Entre coloridos gráficos, tablas y medidas diseñadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros, el crudo diagnóstico –incluido casi de soslayo– pasó prácticamente inadvertido en medio de los aplausos de los asistentes: Chile se está secando. “La disponibilidad natural del agua y su demanda en las distintas regiones del país, nos permite concluir que ya al año 2010, desde la Región Metropolitana al norte la demanda superaba con creces la disponibilidad de este recurso. En esta zona del país se observa un déficit en la disponibilidad de agua que en algunas regiones es cercano al 100%”, consigna el documento de cuarenta páginas preparado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) (ver documento).

El crítico diagnóstico del MOP no resiste ambigüedades. Pese a ello, todos los ejes estratégicos propuestos por la institución –entre los que destaca favorecer la equidad social en términos de acceso, el nudo más crítico del actual sistema– proponen correcciones que pasan por alto la piedra angular que ha condicionado por más de 30 años el manejo y la asignación del agua en Chile: el Código de Aguas de 1981.

La normativa, redactada en dictadura entregó a privados el dominio sobre el agua a través de derechos de aprovechamiento cedidos de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad, dejándole al mercado la responsabilidad de asignar el recurso. También desbarató los mecanismos reguladores y fiscalizadores del Estado. Ello permitió la emergencia y consolidación de un robusto mercado de aguas en Chile en el que los derechos de agua, desde entonces transables, pueden reportarles multimillonarias ganancias a sus propietarios. Así lo demostró CIPER en la primera entrega de esta serie con la historia del discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga. Sus efectos son tan crudos como el diagnóstico del MOP.

Sólo en el transcurso de 2013, la Dirección General de Aguas (DGA) ha decretado zona de catástrofe en las comunas de Salamanca, Illapel, Canela, Andacollo y La Higuera, en la Cuarta Región, las que se suman a la Ligua, Petorca y Cabildo, en la Quinta Región, que ya se encontraban en esa condición. Asimismo, entre las regiones de Copiapó y El Maule, la DGA ha declarado zona de escasez en cinco provincias, seis comunas y tres cuencas. Al término de 2012 y según datos del Ministerio de Agricultura, 108 comunas de Chile (31% del total nacional) se hallaban en condición de emergencia agrícola producto del déficit hídrico, el doble de las registradas en 2011. Y la situación no sólo se remite a la zona centro–norte: 41 comunas de la Región del Biobío sufren de escasez de agua, la que afecta incluso el consumo humano, según denunció recientemente el presidente de la Asociación de Municipalidades de esa región.

La dramática situación que se vive en varias regiones del país, tiene su origen, en parte, en un lucrativo mercado paralelo de los derechos de agua cuyas transacciones millonarias no han dejado de crecer en los últimos años. Así lo establece un informe de 2011 del Banco Mundial -encargado por la DGA, el que estima que entre 2005 y 2008, se realizaron casi 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de agua entre privados por un valor anual cercano a los US$ 1.2 billones (mil doscientos millones de dólares). La cifra que anualmente mueve el mercado de las aguas en Chile, y que deja en el bolsillo de muchos de los que allí intervienen exuberantes utilidades, es igual a la que fue destinada para la reparación de caminos, puentes, puertos, aeropuertos y edificios públicos tras el terremoto de febrero de 2010 o al incremento del presupuesto en educación durante 2013.

Chile se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia en lo que respecta a disponibilidad y acceso de la población al agua. Y la falta de lluvia no es la única responsable. Problemas estructurales de gestión y regulación; aumento explosivo de la demanda por agua, principalmente para abastecer la expansión de la inversión minera y agrícola exportadora; inmovilidad política y una férrea defensa de intereses privados de por medio, han llevado a Chile a las puertas del “colapso hídrico”, según algunos expertos.

–El término correcto para explicar el colapso hídrico que hoy vive Chile es el de escasez más que el de sequía. Lo que aquí sucede es que la demanda supera con creces la oferta y los derechos otorgados a particulares en muchas partes están muy por sobre la disponibilidad real de agua, lo que ha producido el agotamiento del recurso. El problema es grave porque no hay agua para sustentar el modelo de desarrollo que se instaló en Chile en los años ‘80. A partir de entonces nos estamos consumiendo la línea de crédito -señaló a CIPER el hidrogeólogo y profesor de la Universidad de Chile, Raúl Campillo.

Jorge Núñez, investigador del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es claro en señalar que si bien es posible constatar una intensificación de la aridez en algunas zonas, tal como ha ocurrido en otras épocas, lo que determina la actual crisis hídrica es el explosivo incremento en la demanda por agua de las últimas décadas y un aumento de la desprotección de las personas frente a la disponibilidad del recurso.

–Todos los eventos más importantes de déficit de agua registrados en la historia de Chile desde 1650 en adelante, coinciden con la condición climática que vivimos hoy. Pero nunca la demanda por agua fue tan significativa como lo ha sido en los últimos treinta años. Por ello, los impactos económicos y sociales pueden ser ahora muchísimo mayores que en el pasado. Al incremento exponencial en la demanda de agua, hay que agregar un incremento de la vulnerabilidad frente al déficit hídrico en la última década -señala Núñez.

UNA LEGISLACIÓN A FAVOR DEL LUCRO

Con anterioridad a 1981, el Código de Aguas de 1951 –la primera codificación en la materia existente en Chile– le entregaba al Estado diversas herramientas para ejercer un efectivo control sobre las aguas y sus posibles usos. El Estado podía caducar derechos que no se utilizaran; priorizar el uso del agua cuando dos o más personas lo requerían; las peticiones de derechos debían explicitar su uso sin poder ser alterado una vez otorgado el aprovechamiento; y los derechos de agua estaban indisolublemente asociados a la propiedad de la tierra. En 1967, se introdujo una reforma constitucional que declaró las aguas chilenas de dominio nacional y expropiables en caso de que se requiriera conforme a los cambios de tenencia y uso de la tierra que impulsaba la reforma agraria en curso.

El código de 1981 demolió la institucionalidad vigente introduciendo un modelo único de gestión de aguas a nivel mundial, caracterizado por la nula regulación y una débil fiscalización institucional. El agua se separó de la propiedad de la tierra, lo que fomentó la creación de un mercado paralelo estimulado por la entrega de agua gratuita, a perpetuidad y sin restricción de volumen a particulares.

–Uno de los errores más grandes fue haber entendido al agua como un bien económico, algo que no se ve en otra parte del mundo. Si aumenta la demanda, aumentas la oferta, eso uno lo puede entender si lo que se comercializa son calcetines ¡Pero estamos hablando de agua! -señala Campillo.

En 1992,  el ex presidente Patricio Aylwin ingresó al parlamento una moción para modificar aspectos claves del Código de Aguas. “La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país”, señalaba el mensaje del Ejecutivo. En lo sustancial, se buscó establecer límites a la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas y que éstos, una vez entregados, volvieran a manos del Estado en caso que el titular no les diera uso. Tal como ocurría antes de 1981.

Pese a la urgencia de la moción, los parlamentarios se lo tomaron con calma. Tanta, que el proyecto de ley demoró trece años en el Congreso. Fue a mitad de este distendido trámite, cuando el ex presidente Eduardo Frei comenzó la enajenación y venta de la propiedad de las sanitarias -Essal, Esval y Emos- hasta entonces en manos del Estado, a grandes consorcios extranjeros y que concluyó bajo el gobierno actual tras la venta de las últimas acciones que conservaba el fisco en la propiedad del agua potable en Chile.

La Ley 20.017 que modifica el Código de Aguas recién vio la luz el 2005. Tras fuertes presiones del mundo privado –entre los que se encontraba ENDESA que por entonces ya poseía el 60% de las aguas para generación hidroeléctrica del país– y también de algunos legisladores que calificaron el proyecto como un retorno a las “recetas socialistas”, lo que de allí salió fue una reforma cosmética. La moción de restitución de derechos al Estado no fue atendida y fue reemplazada por el cobro anual de una “patente por no uso“, cuyo fin era desincentivar la acumulación ociosa de agua. También tuvo la intención de que los propietarios de los derechos efectivamente los usaran con fines productivos. Pero una vez más se creó una excepción a nivel mundial en la gestión de las aguas en Chile: la regla general en la mayoría de los países es que se cobre por usar el agua y no por no utilizarla.

–Es llamativo el camino de cobro por no uso del agua que se adoptó en Chile. Porque ese enfoque de abundancia de los recursos hídricos, se decidió en un contexto internacional donde predomina el enfoque de escasez a través del cobro por uso o tenencia del agua -señala a CIPER el ingeniero en recursos naturales e investigador del Heidelberg Center para América Latina, Christian Valenzuela.

A ocho años de la entrada en vigencia de la única reforma realizada al Código de Aguas de 1981, los hechos demuestran que no ha logrado corregir uno de los principales vicios del sistema: el acaparamiento especulativo del agua. Si bien lo castiga en algún grado, no lo elimina, porque por regla general el valor de la patente es muy inferior a la rentabilidad que alcanza el precio del agua en el mercado y que, producto de la escasez, ha ido en aumento año tras año.

Según una investigación del propio Christian Valenzuela, publicada este año en la Revista de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en regiones como Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, el precio mercado del agua es entre 17 y 22 veces mayor que el valor de la multa por no uso. Antes que renunciar a sus derechos de agua, los titulares prefieren pagar la multa, mantener sus derechos y venderlos sin apuro al mejor postor conforme aumentan los precios año a año. En Antofagasta y Atacama, el precio mercado del agua puede llegar a ser 100 veces superior a la multa por no utilizar el recurso. Así, el mecanismo que supuestamente castiga a quienes acaparan agua de manera ociosa para especular y venderla ni siquiera rasguña a quienes lucran con el recurso.

Lo que en un principio fue planteado como una cirugía mayor terminó siendo, luego de más de una década de trámite en el Congreso, una reforma ambulatoria detrás de la cual aún persisten las insólitas falencias que arrastra el sistema desde su creación: distribución inequitativa del recurso; sobre otorgamiento de derechos; acumulación de agua en manos de privados con fines especulativos; consolidación de un mercado de compra–venta desregulado y poco transparente y debilidad institucional para ejercer una fiscalización efectiva, por nombrar sólo algunas.

–Hace un tiempo, en un congreso latinoamericano de hidrogeólogos, me encontré con unos uruguayos a quienes el Estado les pidió introducir modificaciones a su Código de Aguas. Les pusieron una sola condición: no hagan nada que se parezca al código chileno –indica Campillo.

CHILE VIOLA DERECHO HUMANO AL AGUA

El Estado chileno no cumple siquiera con los estándares mínimos a nivel internacional que protegen y aseguran el derecho humano al agua, es lo que se desprende del Informe de Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales que este año incluyó a Petorca y la grave escasez de agua que vive la provincia, como uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en Chile.

“En la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines de consumo personal y doméstico. Asimismo, debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades”, es lo que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas entre sus normativas a las que nuestro país adscribe.

En Petorca, actualmente son cerca de 3 mil las personas cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo y son más de 4 mil las hectáreas de cultivo de propiedad de pequeños agricultores que han sido abandonadas por no tener cómo regarlas. Asimismo, se han reportado casos de familias que no cuentan siquiera con agua para satisfacer necesidades higiénicas básicas.

–Si es que se quisiera remediar la legislación chilena para cumplir con los estándares internacionales, tendríamos que volver al Código de Aguas de 1951. Allí existía un orden de prelación que debía seguir la DGA al momento en que se le solicitaran derechos de agua. Y en ese esquema la prioridad era entregar el agua para consumo humano. Ni la Constitución ni el Código de Aguas actual regulan los derechos de aprovechamiento de aguas de acuerdo a los estándares del derecho Internacional de los Derechos Humanos, señala el abogado Matías Guiloff, responsable del capítulo sobre Petorca en el informe de la Universidad Diego Portales.

En la práctica, las contradicciones que ha introducido el Código de Aguas chileno se ven reflejadas, por ejemplo, en el hecho de que, pese a la dramática situación que viven muchas familias en Petorca, a fines de 2012 existían 50 derechos de agua en esa misma zona, en manos de privados, por un caudal total de más de 600 litros por segundo sin ser utilizados al menos desde hace tres años. Así se desprende de las bases de datos de la DGA con las listas de personas y empresas afectas al pago de patente por no uso.

–Al evaluar una solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas no está facultada para denegarla si es que quisiera resguardar las necesidades de consumo doméstico de la población. A los únicos factores que debe atender es que exista disponibilidad suficiente en el respectivo curso de agua y que su otorgamiento sea legalmente procedente -señala el abogado Guiloff.

Un segundo informe oficial, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), incluyó un preocupante capítulo sobre la crítica situación del agua en Chile, donde insiste en las inequidades existentes en la población respecto a la disponibilidad y su acceso. “Los resultados de estas políticas (de Estado) –en lo que refiere a sectores vulnerados: pequeños agricultores, campesinos e indígenas, y comunidades agrícolas– evidencian que, a pesar de estos programas y de la inversión pública, persiste la brecha de acceso para estos sectores, debido al rezago con que han accedido a la titularidad de derechos de agua y que está directamente asociado a la concentración de estos derechos”, señala el documento (ver informe).

En el mapa de conflictos socioambientales que presenta el INDH en su página web (ver mapa), de los casi 100 casos descritos a lo largo de todo Chile, más del 70% involucran directa o indirectamente tensiones relativas a acceso, disponibilidad y uso de agua.

Cabildo y Encuentro Nacional por la Defensa del Agua y la Vida Congreso Nacional Santiago, 10 y 11 de Octubre 2013

Presentación

El Cabildo y Encuentro Nacional por la Defensa del Agua y la Vida, realizado durante los días Jueves 10 y Viernes 11 de Octubre en Santiago, contó con la participación de más de 100 dirigentes desde Arica a Punta Arenas, sindicatos y comités de agua potable rural, en torno a la discusión sobre perspectivas, estrategias y demandas para el reconocimiento y ejercicio del derecho humano, derecho colectivo y derecho territorial al agua y la vida.

Durante el primer día, compartimos posiciones y miradas en torno a 6 definiciones y prioridades formuladas por las organizaciones y movimientos que participaron de la primera Marcha Carnaval por la Recuperación y la Defensa del Agua (Abril de 2013). A estos 6 puntos, la secretaría ejecutiva de la Coordinadora Nacional por la Defensa del Agua y la Vida, convocante de este Cabildo, sugirió incorporar el rechazo a la criminalización de los dirigentes, organizaciones y movimientos sociales que ejercen el legítimo derecho a la defensa del agua y la vida en sus comunidades y territorios. ver más

EL DERECHO AL AGUA COMO UN DERECHO HUMANO: EL CASO DE LA PROVINCIA DE PETORCA*

@rodrigodelao

Sin lugar a dudas, el caso emblemático de la provincia de Petorca, es una experiencia de admiración e impotencia quedando expuesta una realidad indesmentible que proviene de siniestros códigos de agua fundados en la penumbra de una época donde tramites democráticos no participaban del proceso de gestión. Eso, estimo, debiera abordarse comprendiendo escenarios críticos con claras evidencias.

Petorca, es un ejemplo de lucha por la igualdad de acceso al el elemento liquido esencial para la vida. La vida propia y otras fundado en su reconocimiento como Derecho Humano básico.

Este texto, en su capitulo 7, relata un hito en nuestro país, una lucha frente a la injusticia y junto a una organización admirable, participación activa de personas y organismos independientes... sumando voces hacia a un tema vital que merece atención y ordenamiento; entendiendo la gravedad de la proyecion de la escasez del recurso. Esto, asociado a actos presumiblemente delictivos, casualmente, de personas connotadas en altos cargos del poder

ver documento

Agua: El Gobierno creará subsecretaría para gestionar el recurso

Fuente: @el_dinamo http://www.eldinamo.cl/2013/07/05/agua-el-gobierno-creara-subsecretaria-para-gestionar-el-recurso/
Tras un estudio encargado por el MOP al del Banco Mundial, en el primer trimestre de 2014 se enviará al Congreso un proyecto de ley para conformar una nueva institucionalidad. El ministro de Agricultura dijo que es vital revertir el atraso que existe en infraestructura y considerar el cambio climático.
Tras un estudio elaborado realizado a lo largo de ocho meses por el Banco Mundial, a solicitud del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el organismo dio a conocer un informe de casi 90 páginas que en el que detalla los principales problemas que el país enfrenta de cara al manejo de los recursos hídricos.
Y es que, la administración pública cumple 102 funciones, ejercidas por más de 40 organismos, como la Dirección General de Aguas, la Comisión Nacional de Riego y el Indap, entre otros, informa La Tercera.
En este contexto el BM apuntó como falencias el financiamiento, la generación de información, la definición de políticas y los objetivos sectoriales, además de la coordinación institucional y la baja jerarquía de la autoridad actual.
Nuevo nombre para el MOP
Y para subsanar esto, el organismo propuso crear una Subsecretaría de Recursos Hídricos, que permita centralizar todo lo relacionado al agua dulce; es decir, glaciares, mediciones de calidad y cantidad de agua, red hidrométrica, ríos, usuarios y derechos de agua, entre otros.
Según la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, “el objetivo de esta reforma legal es potenciar la institucionalidad, darle mayor relevancia dentro del Estado, dado que, en opinión del Banco Mundial, la que existe y su fortalecimiento no es suficiente”, al tiempo que detalló que la cartera pasaría a llamarse Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos.
En este contexto, se espera que en el primer semestre de 2014 se despache al Congreso un proyecto de Ley al respecto, debidamente consensuado con los diferentes actores del sector. Asimismo, la autoridad apuntó que una vez que esta nueva institución esté completamente operativa, si es necesario seguirán avanzando hacia una Agencia Pública, cuya característica es su autonomía.
A su turno, el titular de Agricultura, Luis Mayol, subrayó que es vital revertir el atraso que existe en infraestructura y considerar el cambio climático. Y añadió que “hoy día nuestra agricultura riega 1,2 millones de hectáreas. Si aprovecháramos el 50% del agua que perdemos en el mar, podríamos regar cinco millones de hectáreas más”. De ahí que subraye la importancia de que exista “un órgano que se especialice”.
El abogado Alberto Cardemil, quien participó en la elaboración del estudio, señaló que se debe considerar que las actividades productivas que requieren consumo de agua son la mayoría en el país, por lo que es “un tema central y esencial. Además, por la diversidad geográfica se hace difícil manejar un tema como éste sin la implementación de políticas integrales”.
Para el director general de Aguas, Francisco Echeverría, “lo que viene ahora es hacer un estudio de implementación, cuántos funcionarios se necesitan, cómo se tiene que crear el organismo, cuál es el presupuesto que se necesita, las reformas legales necesarias”.
Echeverría agregó que la propuesta, que será entregada al próximo Gobierno, se desarrolló en conjunto con actores técnicos y políticos de diferentes tendencias, ya que “nuestra intención es entregarle un proyecto al país”.

DECLARACION OFICIAL MARCHA (POR EL AGUA) CARNAVAL 22 DE ABRIL

Somos organizaciones y comunidades que hace años venimos viendo disminuir nuestros ríos, morir nuestros cultivos, enfermar nuestros hijos, contaminar nuestras aguas; hace años venimos cambiando nuestras culturas para adaptarnos a la escasez de agua, pero nuestros esfuerzos no han mejorado la situación y todo es cada día más dramático.

Por eso hemos salido a buscar agua y nos hemos encontrado con otros y otras que, hace más o menos tiempo, vienen denunciando a autoridades sordas y medios de comunicación obsecuentes, la misma realidad. Entonces hemos descubierto que en Chile hay agua, pero que la muralla que la separa de nosotros se llama lucro y que se construye con el Código de Aguas, la Constitución, los acuerdos internacionales como el Tratado Binacional Minero, pero fundamentalmente con la imposición de una cultura que ve como normal que el agua que cae del cielo, tenga dueños.

Esta muralla está secando nuestras cuencas, está devastando los ciclos hídricos que han sostenido nuestros valles por siglos, está sembrando la muerte en nuestros territorios y debe ser derrumbada ahora.

El Código de Aguas de 1981 transformó el agua en propiedad privada, bajo las garantías constitucionales del artículo 24, esas que igualan el derecho a la propiedad con el derecho a la vida. Separó el agua de la tierra. Le confirió al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y a perpetuidad a los privados, permitiendo que esos

derechos se pudieran comprar, vender o arrendar, sin tomar en consideración prioridades de uso.

De manera que hoy la mayoría del agua de todos y todas, la utiliza, y peor aún, la posee, un grupo de empresarios que la vende a quien mejor paga, o sea, a grandes grupos económicos extractivistas que necesitan agua para llevarse nuestros bosques, nuestros suelos, nuestros minerales y nuestras aguas. Los niveles de concentración de propiedad son simplemente escandalosos. El Código creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. Los derechos consuntivos (no devuelven un caudal al río) se encuentran fundamentalmente en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que más de un 80% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.

El Tratado Binacional Minero, en tanto, suscrito en 1997 y ratificado en el 2001, entrega las nacientes de todas nuestras cuencas, donde se encuentran los ecosistemas glaciares, a las transnacionales mineras, dando muestras de que a quienes gobiernan no les importa el cuidado de los ecosistemas, la preservación de nuestra vida, ni la defensa de los bienes comunes.

En esta misma línea, de crear leyes para la muerte, se inscriben otras medidas que amenazan el acceso al agua en cantidad y calidad a todas las comunidades y ecosistemas. Siguiendo los Consejos del Banco Mundial, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se inició la venta y entrega en concesión a privados de las empresas sanitarias, es decir, del agua potable. Actualmente, este proceso se encuentra prácticamente concluido, ya que el gobierno de la Alianza, en menos de dos años, ha terminado de vender la participación fiscal en las sanitarias, salvándose de manera estoica, SMAPA, de Maipú, que aún mantiene una gestión municipal por presión de las y los vecinos. La privatización de las empresas sanitarias fue un buen y suculento negocio, sólo el año 2011 Aguas Andinas obtuvo en utilidades el equivalente a 111 mil millones de pesos, que entre todos y todas pagamos para tener acceso a lo que la naturaleza nos regala.

En Chile la privatización de las aguas, la institucionalidad creada para maquillar el saqueo descarado del que somos víctimas, y la prevalencia del mercado como rector de las aguas, simplemente han hipotecado la vida de las mayorías, provocando además daños ecológicos irreparables. Hay que romper la muralla del lucro para que las aguas puedan otra vez correr libres por nuestros valles y alimentar la vida, no los bolsillos insaciables de esta cultura de muerte. Esa es la convicción que nos hace caminar desde el norte y sur hacia Santiago, para que junto a las comunidades de la Región Metropolitana, demos una señal de alerta a las autoridades y a los inversionistas, pero sobre todo, motivemos el despertar en otros y otras que aún no entienden que sin agua no hay vida y que el agua que queda debemos defenderla y recuperarla antes de que sea demasiado tarde.

Por eso este 22 de abril, día Mundial del Planeta Tierra, se inicia un proceso de recuperación de nuestras aguas que exige:

1. Fin al lucro: El agua es un bien común, y tal como Chile reconoció en Naciones Unidas, es un derecho humano básico, y debe ser consagrado como tal en nuestra Constitución, dejando de este modo de ser una mercancía regulada por el mercado.

2. Propiedad colectiva: El agua es de la vida y de todos los seres que de ella dependen, por lo tanto, el rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino que garantizar, bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del agua. Para ello, es vital incorporar prioridades de uso, de manera que el uso asociado a agua para bebida, servicios sanitarios e higiénicos, producción de alimentos y mantención de los ecosistemas, tenga preferencia por sobre otras actividades productivas. Del mismo modo, se debe recuperar el control público sobre el abastecimiento y saneamiento del agua de bebida para la población.

3. Gestión comunitaria: Los pueblos tenemos el derecho de determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital para viabilizar los proyectos locales y definir la cultura que debemos generar para que sean posibles. Por lo tanto, se hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de desarrollo minero, forestal, energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestros territorios, de modo de evaluar entre todos y todas, seria y rigurosamente los costos y beneficios que este ha traído a las regiones, el país y el planeta.

4. Derogación de los instrumentos privatizadores: El agua y la tierra son indivisibles, tal como lo comprenden todas las cosmovisiones campesinas e indígenas, por lo tanto, se deben derogar todos los instrumentos que fracturan este principio elemental, como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero, de modo que el agua deje de ser un derecho empresarial inalienable, contra la vida y la sustentabilidad de las comunidades y los ecosistemas.

5. Leyes para la vida: Debemos dictar con urgencia una ley que proteja los ambientes fragilizados, en especial los ecosistemas glaciares y periglaciares, para preservar las nacientes de nuestras cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos.

6. Restructuración institucional: Es imprescindible que la institucionalidad, especialmente la Dirección General de Aguas, detenga sus conductas criminales, entregando más derechos de agua de lo que las cuencas pueden recargar, y resolviendo cuestiones técnicas en virtud de criterios político económicos. La institucionalidad que regule las aguas, no puede ser una pantalla democrática del saqueo, debe desburocratizarse ahora, estar al servicio de las comunidades y tener facultades y competencias para garantizar el buen uso de las aguas.

El agua nos invita a despertar ¡32 años de gestión privada del agua están secando al país!

Movilizarse, informarse, tomar conciencia, exigir postura de todos los candidatos sobre este tema, hacerse oír, derrumbar el muro del lucro que ha represado aguas, culturas, identidades y miles de vidas en nuestro país; es un imperativo moral. Todas y todos quienes amamos la vida, debemos hacernos cargo.

Marcha Carnaval Nacional por la defensa y recuperación del agua, este 22 de abril en Santiago… no hay mejor manera de celebrar el día de la Tierra que permitiendo que se vuelva a unir con el agua.

Convocan:

1. Red Socioambiental de Valparaíso.

2. Red Ambiental Limarí.

3. Movimiento Ambientalista el Melón.

4. Corporación Ecológica EcoQuilpué .

5. Pastoral de la Salvaguarda de la Creación, Alto del Carmen.

6. Organización ambiental de Salamanca (Ocas).

7. Comunidad Indígena Diaguita Patay Co. Alto del Carmen.

8. Comunidad Indígena Diaguita Sierra de Huachacán. Alto del Carmen.

9. Asamblea por el Agua de Huasco Alto.

10. Movimiento Comunidades por el Derecho a la Vida, Ventanas.

11. Red Ambiental por la Defensa de la Araucanía (Rada). Temuco.

12. Guerreros de la Paz, Red socioambiental Mataquito.

13. Red Socioambiental Mataquito.

14. Movimiento Defensa Achibueno.

15. Movimiento por la Defensa del Mar, Mehuín.

16. Bienestar Integral por los Derechos Ambientales y Sostenibles. (Bidas). Antofagasta.

17. Asociación de Ciudadanos de la Salud y el Medio Ambiente. (Desama). Viña del mar.

18. Consejo de Defensa del Valle Huasco.

19. Consejo Ecológico de Molina.

20. Valles en Movimiento, Monte Patria.

21. Red Ambiental Norte

22. Centro Medioambiental Ceibo, Maipú.

23. Coordinadora por la Defensa del Agua del río Loa. Calama.

24. Fenxen Pu Choyûm, Temuco.

25. Jóvenes por un Desarrollo Limpio, San Joaquín.

26. Red por la Defensa de la Precordillera, Santiago.

27. Acutrade, Puerto Montt.

28. Junta de Vecinos Totoral.

29. Ecojóvenes, Monte Patria.

30. Freirina Conciente.

31. SOS Huasco.

32. Movimiento por la Defensa de la Patagonia.

33. Red Ambiental Copayapu. Copiapó.

34. Comunidades por el Derecho a la Vida, Valparaíso.

35. Movimiento Socioambiental Valle del Huasco.

36. Comité Defensa Medio Ambiente Pichidegua.

37. Agrupación Ecologista de Aconcagua. (AGE), Aconcagua.

38. Grupo Derechos Colectivos IX región, Melipeuco.

39. Red Mujeres El Loa, Calama.

40. Red de Organizaciones Ambientales de Panguipulli.

41. Sindicato de Agricultores de Totoral.

42. Comité Pequeños Agricultores Tranguil.

43. Coordinadora por la Defensa del Agua y Medio Ambiente, Tierra Amarilla.

44. Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la tierra y respeto al Medio Ambiente. (MODATIMA). La Ligua, Petorca.

45. Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida.

46. Red Ambiental Serena/Coquimbo.

47. Comunidad Ancue.

48. Comité Defensa Medio Ambiente.

49. Gratiferia Arica.

50. Vega Acción.

51. Centro de Estudios Mapuches Weliwen Kimûn.

52. Frente Defensa de Coronel.

53. Comité de Defensa de Caimanes.

54. Mesa Social en Defensa de Atacama.

55. Coordinadora Tierra Amarilla.

56. Comité de Defensa de la Madre Tierra.(Codemat).Tarapacá.

57. Huasco Conciente.

58. Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable rural. Agresap.

59. Movimiento Ecosocialista.

60. Coordinadora Ambiental de Melipilla

61. V región en Defensa del Valle del Huasco.

62. Agrupación Cultural y socioambiental Salvemos los Valles. Ovalle.

63. Radio Comunitaria FM del Choapa.

64. Comité de Defensa del Borde Costero, el agua y la vida de Ancud

65. Coordinadora de Comités de Defensa del borde Costero de Chiloé

66. Comité de Defensa Valle de Lluta.

67. Concilio Aymara.

68. Consejo Territorial de Chapiquiña.

69. Asambleas por el Agua Arica.

70. Frente Ecológico Defensa Austral.

71. Vigilante Costero Maule Itata

Adhieren:

1. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA.

2. Programa Radial Semillas de Agua.

3. Fech.

4. Quimantú.

5. Revolución de la Cuchara.

6. Caravana Ahimsa por la tierra.

7. Radio Placeres.

8. Ecoceanos.

9. RAP/Chile.

10. Radio del Mar.

11. Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, OCMAL.

12. Pacto Mundial Conciente.

13. Mapuexpress.

14. Cet V región.

15. Chile Sustentable.

16. Observatorio Ciudadano.

17. Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación.

18. Observatorio de Aguas.

19. Greenpeace.

20. Defendamos la ciudad.

21. JPIC Columbanos.

22. Jupic Conferre.

23. Amerindia.

24. FENAPRU.

25. Coordinadora Ríos del Maipo.

26. Centro Ecuménico Diego de Medellin.

27. Porlapachamama.

28. Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH)

29. Comunidad de izquierda de Macul

30. Corporación Privada para el Derecho de Aysén

31. Ecosistemas

32. Ciudadanos en Acción, Maipú.

33. Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. ANAMURI.

34. Colectivo Agar, Santiago.

35. Ong Tremonhue, Santiago.

36. Con-spirando,Santiago.

37. Comité Oscar Romero, Santiago.

38. Círculo de Mujeres por la Paz, Santiago.

39. Centro Ecuménico Diego de Medellín.

40. Red de Organizaciones de San Pedro.

41. Consejo del Medio Ambiente Maipú. (CODEMA)

42. Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida.

43. Amapach

44. Comité de Medio Ambiente Chacabuco

45. Frente Amplio Maipú

46. Asamblea Provincia Cordillera

47. Vigilante Costero Maule Itata