Parece ser que ya nadie se acuerda que el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) para América Latina y el Caribe tiene como finalidad preferente la concesión de ayudas no reembolsables y, en su caso, préstamos no ligados […], bajo el régimen de cofinanciación con las autoridades nacionales de los países de América Latina (1). Y como objetivos y principios inspiradores favorecer la gestión pública, integral y participativa del recurso hídrico […]. Así como reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa del recurso (2). Sin embargo, este Fondo se ha convertido en el Fondo de Internacionalización de las empresas españolas y de Promoción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Barcelona, 7 de febrero.
El pasado 28 de julio, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento con una amplia mayoría de países, entre ellos España. Esto indica que ahora el acceso universal al agua potable y al saneamiento debe ser garantizado por los estados, ya que el agua se considera un bien común y no una mercancía. Sin embargo, la lógica de intervención del FCAS impulsada por el Gobierno español es totalmente incoherente con este avance.
En el Fondo están las empresas privadas
Sorprende la elevada presencia de empresas españolas en los espacios de consulta y trabajo del FCAS, una herramienta de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que en teoría debería regirse por la solidaridad y no por el afán lucrativo. Así, en el 2009 se constituye el Comité Asesor con más de 10 empresas españolas en el mismo; y en el 2010 se establece un Grupo de Trabajo Reducido, formado por 9 miembros, 4 de ellos provinentes del sector privado: Tecniberia, Aqualia, Prointec, y Tecnología y Creatividad (3). Empresas que no representan al sector sino a sus intereses particulares.
En el Fondo está el rescate del BID
En la cartera multilateral del Fondo se han otorgado ya al BID 501,2M $. Así, mientras que el Fondo debería pretender contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable y saneamiento en América Latina, así como favorecer la gestión pública, integral y participativa del recurso, lo que hace es apoyarse en actores que han liderado la privatización del servicio en la región: el BID.
En el período 1993-2005, el BID condicionó el 66% de sus créditos en el sector del agua a la promoción de la participación privada (5.300M$) (4). Un modelo que pretendía, con la incorporación del sector privado, dar respuesta a la crisis mundial del agua pero que, a nivel mundial, no aportó ni el 1% de las nuevas
conexiones necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (5).
En el Fondo está la ayuda reembolsable
Así, esos 501,2M$ han permitido viabilizar créditos a los países receptores por un valor de 296,5M $ (6) más. Es decir, en muchos casos, el FCAS ha supuesto el tramo de donación necesario para que los créditos se hiciesen efectivos. Además, estos créditos que computan para la cofinanciación son superiores a los mínimos requeridos por el reglamento del Fondo (7). Estos porcentajes mínimos de cofinanciación se establecen en relación al Índice de Desarrollo Humano de cada país y al Índice de endeudamiento, con lo que, idealmente, no deberían superarse.
Es preocupante ver cómo la herramienta crediticia está totalmente integrada en la parte del Fondo que gestiona el BID. Así, en su web se indica como proceder a la obtención de créditos del BID para los proyectos del Fondo: ¿Cómo proceder cuando los proyectos necesitan ser preparados? En estos casos puede aplicarse al AquaFund, un fondo de desembolso rápido del BID destinado, entre otras cosas, a la preparación de proyectos (8). En algún caso, estos proyectos del BID ya contemplan una segunda fase, como
en Guatemala (9), donde se contempla un crédito de 100M $, o Bolivia (10) con un crédito de 20M $.
En el Fondo está el sector privado
Otro elemento significativo que muestra como el Fondo es una herramienta para la mercantilización del agua, es el estudio de las entidades beneficiarias. Así, mientras el Reglamento del FCAS establece como únicas entidades elegibles a: a) Administraciones públicas –nacionales, regionales o locales– de los países receptores, siempre que tengan capacidad institucional suficiente. b) Organizaciones de la sociedad civil, cooperativas u otro tipo de asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la prestación de servicios de agua y saneamiento, o a tareas conexas con la provisión estos servicios públicos, en la región (11), el BID, en cambio, establece como elegibles a entidades gubernamentales (Nacionales, Regionales, Subnacionales, Locales) y empresas, cooperativas u otro tipo de asociaciones que presten servicios de agua y/o saneamiento. ONGs podrán también solicitar recursos siempre y cuando su actividad esté relacionada con la provisión de servicios de agua potable y saneamiento (12). Esto se traduce en una promoción desmesurada del sector privado mediante el Plan de Adquisiciones planteado por el BID en cada proyecto (13).
En el Fondo se está impulsando la externalización de las empresas privadas españolas
Por otro lado, el FCAS es también una clara herramienta de la externalización de las grandes empresas españolas, no sólo por la participación de éstas en los órganos asesores del mismo, sino por la clara voluntad del gobierno en otorgarles contratos y licitaciones, como bien explicita la carta que recibió Tecniberia en el 2010: les recordamos que la Oficina del Fondo de Cooperación insiste en que las empresas de consultoría e ingeniería de Tecniberia han de animarse a presentar ofertas para los 8 proyectos que ofrecen antes del 24 de marzo (14). En ésta se indica la otorgación de más de 470.000€ por contratos de consultoría que no alcanzan los 20 meses de trabajo. Además, dicha carta dice textualmente: El sistema de contratación será el negociado sin publicidad. Otra vez no se cumple el reglamento, éste indica que la Oficina del Fondo pondrá todos los medios a su alcance para que la adjudicación de los contratos para la ejecución de los proyectos se efectúe siguiendo procedimientos de licitación transparentes y que garanticen la competencia y la calidad de las adjudicaciones (15).
Hay que recordar que las empresas españolas perdieron el 57% de los contratos que tenían en América Latina (16) por el rechazo de la población a los procesos de privatización. Así, en 2000 se expulsaron las compañías privadas de Cochabamba, en 2001 de Buenos Aires, en 2006 de Santa Fe, así como también se realizó un proceso constitucional, en 2004 en Uruguay, donde se blindó constitucionalmente la gestión pública del agua, proceso seguido posteriormente por Bolivia y Ecuador, entre otros.
En el Fondo participa la gran corporación mundial del agua, SUEZ, mediante su filial Aguas de Barcelona (AGBAR) (17)
La dotación de 11M € a Cartagena de Indias, donde el agua está gestionada por ACUACAR, una empresa mixta participada en un 46% por Aguas de Barcelona, es otro buen ejemplo (18). Los tres proyectos aprobados se desarrollan en la zona de concesión de ACUACAR, en los barrios Nelson Mandela y Olaya Herrera, y en la planta de tratamiento de Albornoz (19). Es decir, fondos públicos de cooperación que servirán para mejorar la explotación de ACUACAR y, por lo tanto, mejorar la cuenta de resultados de Aguas de Barcelona.
Para entender el papel destacado que juegan las empresas privadas en las licitaciones podemos analizar el caso de la asesoría que prestará Aguas de Barcelona en Puerto Príncipe (Haití). Haití, el país que hoy en día más necesita Reforzar el sistema institucional para una adecuada gestión del sector del agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa del recurso (20), se apuesta por una empresa privada francesa. Cuando más oportunidades tenía el Fondo de cumplir con sus objetivos se decanta otra vez hacía los intereses del lobby privado. El proyecto del BID tiene como objetivos hacer una reforma del sector del agua, reforma que tiene entre sus principios: la participación del sector privado en la gestión operativa del sector (21). Así este contrato de asesoría está contemplado en el marco de la Componente I (US$17 millones). Fortalecimiento institucional de la CAMEP y la DINEPA, alcanzando la inaceptable cifra de US$8 millones de los diecisiete (22).
En el Fondo no está el criterio de adicionalidad
El Fondo nace con el objetivo de llegar donde hoy no se está llegando, es decir, apoyar nuevos proyectos de ampliación de red y mejora de saneamiento, no con el de financiar proyectos ya comprometidos por otros actores. Así, es preocupante ver como algunos de los proyectos del BID responden a proyectos anteriores que ya tenía en cartera, como se puede ver al estudiar sus fichas en las que mantiene los códigos de referencia los proyectos antiguos (23).
Por otro lado, se hace evidente que son en realidad las grandes empresas españolas y el BID, quienes a día de hoy están condicionando la cartera de proyectos, como lo demuestra la noticia referente al proyecto de Santa Marta: El Alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granados Pinedo se reunió ayer en Madrid con los directivos de la AECID… El Primer Mandatario Distrital estuvo acompañado del Presidente del Grupo Empresarial Triple A, don Edmundo Rodríguez Sobrino y del Subgerente General de Metroagua, el operador de agua de Santa Marta, Diego Fernando García Arias, empresarios que han impulsado ante la AECID la aprobación de proyectos para el desarrollo de Santa Marta (24). Metroagua es un operador privado, filial de la Triple A, que a su vez lo es del Canal de Isabel II, el operador público de agua de Madrid, constantemente envuelto entre noticias de privatización, y que fuera de su área de concesión en Madrid, actúa como una auténtica multinacional. Los más de 5M € conseguidos por Metroagua son para un colector de aguas pluviales incluido en el programa de obras de Metroagua (25), proyecto sumamente controvertido (26).
Pese a que hacía tiempo que Metroagua tenía comprometida esta obra, ha acabado siendo financiada por fondos públicos de cooperación.
En el Fondo es necesario un nuevo rumbo
Por todo lo expuesto, consideramos que el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento no pude ser considerado un mecanismo de AOD sino más bien una herramienta para la externalización de la empresa privada española y dar salida a los créditos del BID.
Así, ponemos en duda la idoneidad de la participación de las ONGD en el Comité Asesor y en el Grupo de Trabajo Reducido del FCAS, sino se vuelve la senda que marcaban los objetivos del Fondo de contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura. Favorecer la gestión pública, integral y participativa del recurso hídrico […]. Y reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del sector agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa del recurso (27).
En concreto, este nuevo rumbo debe empezar poniendo en práctica las siguientes medidas:
- Creación de un nuevo Consejo Asesor formado por entidades que tengan en sus estatutos los mismos principios que establece el FCAS, destacando que no tengan ánimo de lucro y impulsen la gestión pública (28). Estos actores podrían ser entes reguladores y operadores públicos de agua, pues son estos actores quienes verdaderamente pueden contribuir al acceso universal a agua y al saneamiento, con un enfoque de cuenca y el refuerzo de las instituciones públicas. En el mismo sentido, consideramos que no deben formar parte del Comité Ejecutivo los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio o el Instituto de Crédito Oficial, pues sus intereses no convergen con la finalidad del Fondo.
- No otorgación de ningún proyecto más al BID y paralización de los proyectos no aprobados en estado de preparación. En este sentido, exigimos la no otorgación de fondos a ninguna Institución Financiera Internacional, dado la incompatibilidad de principios y políticas entre ambos actores.
- Que todo el presupuesto restante del FCAS se ejecute a través de proyectos 100% no reembolsables, y se cree un mecanismo para hacer un seguimiento exhaustivo de todos los créditos vinculados a las aportaciones locales, ajustándose siempre de forma prioritaria a los porcentajes establecidos en el reglamento.
- Exigir que las licitaciones sean, ante todo, de carácter nacional en cada país de actuación respectivamente, favoreciendo así las estructuras locales y evitando que estas licitaciones se conviertan en una herramienta al servicio de las empresas españolas. En cualquier caso, solicitamos la entrega de un listado exhaustivo de todos los concursos, licitaciones y adjudicaciones acaecidas en el marco del Fondo, y en concreto un informe detallado sobre la participación de Aguas de Barcelona en los proyectos financiados por el Fondo. Además, teniendo otras opciones propuestas por entidades sin ánimo de lucro, consideramos que no se debe otorgar ninguna licitación más a empresas privadas.
Para más información:
Eloi Badia Casas
agua@isf.es
Federación Español de Ingeniería Sin Fronteras
933022753
3. De los cuales sólo una es una asociación empresarial.
6. Tabla pública facilitada por el gobierno: “Estado de los proyectos multibilaterales” facilitada por el Gobierno Español (adjuntada).
26. Agua y trasnacionales en la Costa Caribe
