En la sentencia, dictada por la segunda sala de la Corte de Talca, se establece que las autoridades maulinas no cometieron ninguna ilegalidad o arbitrariedad al aprobar el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa dueña del proyecto
TALCA.- “La resolución ha sido dictada de conformidad con la legislación ambiental vigente, sin que exista reproche alguno en cuanto a su legalidad, pero además, las discusiones ambientales de fondo, que en esta sede no es posible realizar en consideración a la naturaleza del recurso, han sido formuladas a la autoridad correspondiente, haciendo uso de los recursos legales y han sido debidamente considerados y aceptados conforme a las razones científicas y técnicas”.
En estos términos, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca decidió rechazar los 11 recursos de protección entablados por diversas instituciones públicas y gremiales, incluyendo algunos parlamentarios, cuyo objetivo común era que se declarara como ilegal y arbitraria la aprobación del estudio de impacto ambiental de la planta termoeléctrica a carbón Los Robles, presentado por la empresa transnacional AES Gener como propietaria.
Dicha resolución fue dictada, a fines del año pasado, por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema). El proyecto contempla la generación de 750 MW de potencia al Sistema Interconectado Central (SIC), cuyo combustible la combustión de carbón pulverizado. Su zona de emplazamiento -que incluye la instalación de un puerto para descarga, un sifón de succión de agua de mar y un depósito de cenizas- es el sector de Punta Pacoco, en la comuna de Constitución.
NORMATIVA AMBIENTAL
Pero todo el calendario de instalación, así como la gigantesca inversión, se encontraban paralizados a la espera de la resolución de la Corte de Talca, aunque tras el fallo dictado ayer, a partir del próximo lunes comenzará a correr el plazo de 10 días hábiles para una probable apelación a la Corte Suprema. La sentencia, a la cual Diario EL CENTRO tuvo acceso exclusivo, se emitió luego que siete abogados presentaran alegatos ante la segunda sala, incluyendo a representantes legales tanto de la empresa como de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), quienes abogaron por el rechazo de los recursos de protección.
En contraparte, se presentaron cuatro juristas a nombre de los denunciantes, todos con especialización en materias medio ambientales. Tras ello, el tribunal de alzada se dio un plazo de 30 días para estudiar los antecedentes y, luego, se realizó una inspección personal al lugar donde se emplazaría el proyecto. La diligencia, a cargo del ministro, Vicente Fodich, el mismo que redactó el fallo, estableció que la zona estaba deshabitada sin viviendas o lugares turísticos cercanos.
En este sentido, el fallo subraya que “formalmente, el estudio de impacto ambiental, su proceso de evaluación y aprobación, y por lo tanto, la resolución de calificación ambiental, cumplen con la normativa legal ambiental, no presentando defectos formales que le puedan ser reprochados o que afecten su legalidad. Tampoco se aprecia arbitrariedad en el actuar de la Corema, desde el momento que se cumplieron todos los pasos que la ley ambiental exige, dando los diversos servicios públicos participantes explicación sobre la razón de sus decisiones”.
REACCIONES
REACCIONES
Las reacciones no se dejaron esperar, aunque fueron sumamente cautas en razón de que la sentencia recién será notificada formalmente hoy. En razón de dicha situación, desde la oficina de comunicaciones de la empresa se señaló que no habrá comentarios oficiales, al menos por ahora, debido a que también existen plazos legales pendientes para recursos judiciales ante tribunales superiores.
A su vez, respecto a los denunciantes, el abogado José Ignacio Pinochet -quien representaba a diversas entidades, como la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, así como a parlamentarios de oposición que se hicieron parte de las acciones legales- reaccionó prácticamente en el mismo sentido, ya que hasta ayer no había tenido acceso al fallo. Pero aún así, adelantó que apelará a la Corte Suprema.
“Mientras no conozcamos el contenido de la sentencia no nos pronunciaremos. Pero en el caso de que fuese efectivo el rechazo de los recursos presentados, seria algo nefasto para la ciudadanía, porque el poder judicial no estaría actuando con independencia, ya que la ilegalidad es manifiesta y evidente, como lo acaba de atestiguar la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados”, dijo.
