Por José Luis Vargas, Observatorio Ciudadano, lunes 11 de abril de 2011
En febrero de 2010 la COREMA de Los Ríos dio luz verde al permiso ambiental para que Celulosa Arauco, del grupo Angelini, pudiera instalar un ducto para arrojar residuos tóxicos en la bahía de Mehuín. Comunidades lafkenche y pescadores, agrupadas bajo el Comité de Defensa del Mar, buscarán justicia en organismos internacionales ya que los tribunales chilenos validaron el proyecto, cuya tramitación tuvo vicios administrativos, actos de violencia y no se respetaron los procesos de consulta que exige el Convenio 169 de la OIT.
Este martes 12 de abril, a partir de las 12:00 horas, el Comité de Defensa del Mar se reunirá en la Plaza de la República de Valdivia para anunciar ante la comunidad y los medios de comunicación esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras la aprobación en febrero de 2010 por la COREMA de Los Ríos a la instalación de un ducto al mar en la bahía de Mehuín para los residuos de la empresa CELCO, y sin que se lograra obtener resultados positivos al recurso de protección interpuesto por el Comité de Defensa del Mar para revertir el permiso ambiental, el caso será presentado ante organismos internacionales. El Comité optó por una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exigir al estado de Chile respetar los derechos humanos de las comunidades mapuche-lafkenche, principalmente el derecho a consulta consagrado en el Convenio 169 de la OIT, que no efectuó en el proceso de evaluación ambiental del ducto de la empresa CELCO.
El conflicto con CELCO ha vuelto a generar revuelo en la región de Los Ríos luego que el 14 y 25 de marzo recién pasado, se dieran a conocer los peritajes judiciales de la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Celulosa Arauco por contaminación de su Planta Valdivia, los que claramente señalan la responsabilidad de la empresa en la contaminación del río Cruces. Además del escándalo que causó un programa de televisión –La Tierra en que Vivimos, TVN-, cuyo conductor -Sergio Nuño- reconoció su vinculación con la empresa Arauco para presentar una teoría que la exculpa, generando más certezas sobre la influencia y redes de poder de Arauco para evitar responder por el daño causado.
Las comunidades lafkenches han sido férreas opositoras a este proyecto y desde 1996 vienen trabajando para frenar la llegada de Arauco y su ducto al mar. Boris Hualme, dirigente lafkenche y miembro del Comité de Defensa del Mar, ha estado en todas la iniciativas que la comunidad ha levantado. Sin amilanarse ante un conflicto que ha durado años y donde ven coludidos a la empresa con el gobierno, buscan nuevos caminos para que la justicia por se logré y puedan por fin vivir y trabajar tranquilos.
“Hoy se abre la posibilidad de demandar al estado chileno y lo vamos hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en Chile ya no hay justicia”, adelanta Hualme, en conversación exclusiva con el Observatorio Ciudadano.
- Últimos peritajes acreditan la responsabilidad de la empresa CELCO en el desastre natural ocasionado en el río Cruces. Se dice que la empresa siempre lo supo y ocultó información, ¿cuál es la visión que hay desde el Comité de Defensa del Mar sobre este punto?
Nosotros como defensores del mar, desde hace 15 años venimos dando una pelea para que no se instale un ducto con desechos tóxicos en la bahía de Mehuín. En este transcurso, han pasado muchas situaciones que van desde amenazas de muerte, tráfico de influencias hacia la política chilena, y ocultamiento de información de todo tipo por parte de la empresa.
Por otro lado, ha existido un proceso paralelo dentro de lo que es el rechazo al ducto, porque el estado en el 2005 demandó a CELCO y ahora se acredita que esta empresa sí contamina. En ese sentido, hay un punto que a nosotros nos da la razón, respecto a nuestro rechazo a la instalación del ducto en Mehuín. Esto tiene que ver, principalmente, porque es un ducto contaminante para la flora, fauna y diversidad. Por eso se fortalece nuestra postura de no querer que el ducto salga por la bahía de Maiquillahue, porque ocasionaría un desastre comparable a lo ocurrido en el río cruces.
Por otro lado, están los movimientos oscuros que ha hecho CELCO, pues este caso se debió haber aclarado mucho antes. Que se sepa la verdad ahora, es positivo, y deja una mancha negra para la empresa, pues no solamente contamina con desechos tóxicos, también lo hace socialmente, quebrantando las relaciones humanas, dividiendo familias, entre otros aspectos.
- Señala que de parte de la empresa ha existido tráfico de influencias a nivel de autoridades políticas, ¿cuál es la repercusión que ha tenido eso en el marco de este conflicto?
Lo más grave es que la empresa siempre ha ocultado información de acuerdo a sus intereses, tal como ocurrió con el desastre del río Cruces. Eso lo hemos vivido nosotros y ha sido denunciado públicamente, por eso cobra mucho sentido la defensa que estamos haciendo del territorio con el objetivo de mantenerlo libre de contaminación por siempre.
Yo digo que existe tráfico de influencias, porque hay situaciones duras que nos ha tocado vivir a nosotros, por ejemplo, cuando se aprueba el falso estudio de impacto ambiental presentado por CELCO en febrero del año pasado. La empresa nunca hizo un estudio como tiene que hacerlo, porque expulsamos a los funcionarios de CELCO del territorio y nunca pudieron hacer ningún tipo de estudio. Aún así, las autoridades aprobaron el proyecto presentado por la empresa, no obstante saber que el estudio no cumplió con los procedimientos, pues siempre se los hicimos entender en distintas instancias.
Seguido eso, nosotros interpusimos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia, denunciando la violación del procedimiento de consulta establecido en el convenio 169 de la OIT en el marco del proceso de evaluación ambiental de este proyecto, pero los tribunales se entramparon en lo estipulado en el Convenio 169, argumentando que dicha consulta se había realizado a través del proceso de participación ciudadana contenido en la ley de medioambiente. Relación no calza por ninguna parte.
Pensamos que hubo tráfico de influencias y corrupción, pues las empresas utilizan a la clase política chilena en función de sus intereses, por eso pasan irregularidades como éstas en Chile. A pesar de todo, nosotros aún nos mantenemos firmes, pero mucha gente ha caído por plata, en favorecer a CELCO.
- ¿Además del derecho a consulta, qué otros aspectos de la forma vida de las comunidades lafkenche de la zona se verían afectadas con la instalación de este ducto?
Ese es el tema de fondo, porque la empresa nunca debió tratar instalarse sobre tierras indígenas, afectando al mar que es nuestro sustento. Para las comunidades mapuche lafkenche hay además otro tipo de contaminación y atropello, como es nuestro idioma, que sale de la naturaleza y estaría condenado a desaparecer en el tiempo. Si muere el mar y todo lo que habita en él, nuestro idioma se va ir empobreciendo y su proyección en términos lingüísticos.
En términos culturales y religioso-espiritual lafkenche, nuestras actividades perderían todo su sentido, ¿para qué seguir realizándolas si ya no hay vida en el mar? Para nosotros, los mapuche lafkenche, es una contaminación ambiental y sociocultural a todo nivel, nos condena a desaparecer con el paso del tiempo.
- Pese a las distintas sanciones que ha recibido la empresa, ¿consideran que el estado ha dejado operar libremente a esta compañía?
El estado ha sido parte de las empresas a nivel general y específicamente en este conflicto, han dejado que CELCO haga lo que quiera. No ha intervenido cuando ha tenido que actuar como estado, protegiendo los derechos de sus ciudadanos. La falta de gobernabilidad del estado la vemos a favor de la empresa y la vivimos en contra nuestra por proteger el mar ante la llegada de un ducto.
DENUNCIA INTERNACIONAL
-¿Cuál es la motivación principal de llevar este conflicto a la CIDH?
Porque éste es un estado donde se practica bastante la corrupción y no hay justicia, por ende nada positivo podemos esperar en el país para proteger nuestros derechos. Los tribunales chilenos, cuando han tenido la oportunidad de hacer justicia, no favorecen al pueblo mapuche y otros sectores sociales, sino a los empresarios.
En este caso, por ejemplo, todas las respuestas que nos han dado la Corte de Apelaciones de Valdivia y la Corte Suprema, han sido negativas y han violado legislaciones vigentes, como el Convenio 169 de la OIT, y las normativas ambientales. Hoy se abre la posibilidad de demandar al estado y lo vamos hacer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en Chile ya no hay justicia.
- ¿Qué darán a conocer ante la comunidad internacional respecto del actuar de CELCO y el estado en este territorio?
Que en Chile no se practica la supuesta democracia que proyectan en el extranjero y que se violan derechos humanos. Con distintos grados de violencia, se han violado derechos hacia el pueblo mapuche desde siempre, sin que el estado haya sido capaz de reparar ese daño.
Los sucesivos gobiernos tienen una tremenda deuda, más allá de este conflicto que afuera se conoce poco, siempre han tratado de tapar esos vacíos con un discurso desarrollista y abierto a las grandes inversiones sobre territorios de comunidades indígenas. En ese sentido, se tendría que saber internacionalmente que aquí se están violando derechos humanos, sociales, territoriales y políticos del pueblo mapuche en favor de las empresas.
La empresa (Celco Arauco) es responsable y siempre lo supo
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Cronología conflicto CELCO-Mehuín:1996.- CELCO presenta su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a Conama de la X región de Los Lagos para descarga de desechos en río Cruces o bahía de Maiquillahue (Mehuín), ambas alternativas son manejadas por la empresa.
1998.- COREMA aprueba EIA presentado por CELCO, y rechaza descarga de riles en la bahía de Maiquillahue, permitiendo que la empresa pueda efectuar descarga de desechos en el río Cruces con tratamiento terciario.
2004.- La planta inicia su funcionamiento. Al poco tiempo se registran una serie de incumplimientos a la normativa ambiental y se comienza detectar masiva muerte de cisnes de cuello negro en el río Cruces.
2004-2005.- Año marcado por las masivas manifestaciones ciudadanas en contra de la contaminación en el río Cruces y la muerte de cisnes de cuello negro, producidos por el actuar de la empresa.
2005.- En enero de este año, ciudadanía organizada presenta recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia, éste es acogido y ordena la paralización de la planta. No obstante la Corte Suprema rechaza el recurso de protección, usando un informe técnico que apoya los argumentos de la empresa, pero resulta ser falso.
En el CDE demanda a CELCO por daños ambientales, acción legal que sigue vigente hoy día. En tanto el gobierno emite nuevas resoluciones ambientales, bajando en un 20% la producción de la planta, pero generando nuevos parámetros que permiten a la empresa seguir botando al río desechos contaminantes. Se exige a la empresa debe buscar una alternativa de descarga de los riles.
2006.- CELCO comienza a sondear a la bahía de Maiquillahue como fuente de descarga de desechos, se acentúa oposición de pescadores de la zona.
2007.- En octubre, la empresa CELCO firma con el sindicato de trabajadores de Mehuín un convenio de cooperación y asistencia recíproca, por el cual la empresa se compromete a aportar grandes sumas de dinero a cambio de la cooperación de los pescadores para lograr la aprobación del proyecto del ducto.
2008.- En abril, pescadores que suscriben acuerdo con la empresa atacan sede del Comité de Defensa del Mar. Producto de la instalación de un clima de violencia e inseguridad en la zona, se presenta un recurso de amparo que es acogido por la Corte de Apelaciones de Valdivia y se proporciona resguardo policial en las caletas de Mehuín y Missisipi.
El gobierno cambia la resolución ambiental y autoriza a la empresa a producir al 100% nuevamente, sin ningún informe técnico que dé cuenta de que el río se esté recuperando.
2009.- En enero, ingresa el Estudio de Impacto Ambiental para la instalación de ducto al mar ante la CONAMA de Los Ríos. Los pescadores que apoyan a la empresa colaboran con los estudios y hacen lobby para autorizar el ducto.
2010.- En febrero la COREMA de Los Ríos aprueba el proyecto. En marzo del mismo año se presenta un recurso de protección tratando de invalidar la RCA favorable al proyecto, que es rechazada por la Corte de Apelaciones de Valdivia y posteriormente por la Corte Suprema, en octubre del mismo año.
2011.- En marzo del 2011 se conocen los peritajes en el marco de la causa civil del CDE contra CELCO, responsabilizando a la empresa del desastre ambiental del río Cruces.
11/04/2011
Por José Luis Vargas / Observatorio Ciudadano
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