Minutos después de la tramposa aprobación de HidroAysén el 9 de mayo pasado, una indignada multitud de dimensiones no previstas por la Coalición de Defensa de la Patagonia se congregó en Plaza Italia para marchar hacia la Moneda.
Las marchas Contra HidroAysén continuaron durante las semanas subsiguientes, durante las cuales también se iniciaron las movilizaciones por la “Educación Publica de Calidad – No al Lucro”.
El presidente Piñera y su gobierno debieron enfrentar el 21 de mayo, simultáneo a su mensaje a la nación, masivas marchas y manifestaciones contra HydroAysén, por la educación pública y diversas demandas sociales, en todo el país, y en el mismo salón plenario del Congreso, el despliegue de lienzos contra HidroAysén por un conjunto de diputados.
La respuesta del gobierno a la ciudadanía, independientemente de sus demandas, fue la represión policial y el anuncio de crear una Comisión Asesora Presidencial para la Matriz Eléctrica.
No obstante ante la unilateralidad de los integrantes de esta, la ciudadanía respondió a los pocos días con la creación de una Comisión Ciudadana Técnico -Parlamentaria para la Matriz y el Desarrollo Eléctrico, integrada por organizaciones ciudadanas, académicos, técnicos, diputados y los senadores de la Comisión de Energía y Minería del Senado.
Las movilizaciones sociales continuaron en los meses siguientes, agregándose las marchas “Por la Diversidad”, el rechazo a la privatización de las sanitarias, a la aprobación de minas de carbón en Isla Riesco, confluyendo en la paralización social convocada por los sindicatos el 24 y 25 de agosto, generándose una de las mayores manifestaciones ciudadanas desde el paso a la democracia, las que involucraron a más de 600 mil personas de todas las regiones del país.
Fue una expresión de las demandas por la educación, la justicia, el desarrollo local, el rechazo a megaproyectos energéticos, mineros, forestales, viales, de expansión urbana, y contra iniciativas gubernamentales que vulneran la soberanía territorial local y el acceso equitativo a los bienes naturales como el agua, y los beneficios de un patrimonio como el cobre.
Estas movilizaciones constituyen la expresión de un movimiento transversal de descontento de diferentes sectores de la sociedad frente a un sistema económico y político que decretado sin consulta, ni discusión durante el régimen militar, se ha perpetuado durante los gobiernos de transición liderados por la Concertación y resguardado por la Alianza, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría de la población.
Lo que en los últimos meses se evidencia es la necesidad de un cambio integral de las reglas del juego en la economía, el acceso y gestión del patrimonio ambiental, la convivencia y la participación: esto es una nueva Constitución.
Como parte del movimiento por las causas socio-ambientales de interés público tengo y tenemos la certeza de que los problemas y conflictos ambientales en Chile son la expresión justa y digna de un pueblo que se resiste a aceptar la destrucción, usurpación, abuso y lucro como excusas para la generación de riqueza y empleo para el “chorreo” y el desarrollo.
Dicha ideología, sobre la base de la inequidad, la destrucción ambiental y la ausencia de participación política proporcional ha provocado un sistema injusto y abusivo y una sociedad capturada y maltratada cuyos líderes sociales y nuevas generaciones no están dispuestos a aceptar.
Vivimos en un sistema que promueve la destrucción de ecosistemas, la usurpación de territorios y bienes naturales; la agresión, contaminación y el desplazamiento de comunidades para asegurar el beneficio de grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, hecho que evidencia la subordinación del poder político y sus decisiones a los intereses empresariales.
Ello contradice el mandato de representación popular y por ello hoy el gobierno de Piñera detenta en las encuestas solo 20% de aprobación, el más bajo de la historia de Chile y la oposición concertacionista sólo 16%. Esto es un masivo rechazo de los ciudadanos al sector y conducción política.
La Constitución del ’80 fue “convocada, votada y aprobada” en ausencia de registros electorales, sin tribunal calificador de elecciones, bajo estado de sitio, con persecución de opositores, con la población sin acceso a la prensa, a la propaganda, sin derecho a reunión, y con tribunales inoperantes.
Esta Carta Fundamental de Pinochet le permitió validar legalmente, mediante la dictación de decretos, (y debido al cierre del Congreso Nacional en la época) cuerpos legales como la Ley Eléctrica, el Código de Aguas, el Código Minero y la desnacionalización del cobre, el despojo de tierras indígenas, el subsidio a las plantaciones forestales, permitió la privatización de las empresas forestales, la Ley de Pesca, la Ley de Urbanismo y Construcción, y la Ley Orgánica de Educación, entre las muchas disposiciones determinantes de la insustentabilidad socio-ambiental y política de nuestro país.
Durante los gobiernos de la Concertación, a pesar de que se mitigó levemente el impacto del marco jurídico pro-privado empresarial del régimen militar, se continuó aprobando leyes y decisiones públicas que han favorecido a las grandes empresas y a la inversión extranjera, en perjuicio de los derechos de las comunidades, economías y culturas locales, y en contra de sus decisiones; amparando la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad de los territorios, sin posibilidad de beneficios, ni participación popular.
Hoy, 20 años después, la rebelión es estructural, ante un gobierno liderado por el mismo sector que al interior del sector militar diseñó las abusivas reglas del juego económico social y político. Pero también se rechaza al bloque político que administró estas distorsiones sin revertirlas.
La opción legítima y más efectiva para asegurar la soberanía popular es el plebiscito nacional, vinculante y de iniciativa ciudadana.
Ello, de concretarse, permitiría a la ciudadanía debatir ampliamente y decidir sobre los las políticas y leyes a impulsar para cambiar desde los fundamentos de la democracia y el bien común, el marco jurídico de nuestro estado derecho.
¿Se puede? Tenemos la certeza que sí se puede.
Recordemos que este mismo año, mientras el gobierno de Piñera firmaba acuerdos nucleares con Francia y Estados Unidos y además completaba la venta de las empresas sanitarias iniciada por la Concertación, en Italia, mediante votación popular, la población frenaba los planes de Berlusconi de privatización del agua potable y de uso de la energía atómica.
Para avanzar con legitimidad y éxito requerimos de un Proceso Constituyente capaz de responder a las necesidades y demandas actuales del pueblo chileno; incorporar a todos los actores que reprenden dichas necesidades y demandas; y desplegarse simultáneamente y en igualdad de condiciones en procesos regionales abiertos a todos los sectores y discriminando positivamente a los actores locales, las mujeres y los pueblos indígenas.
Chile puede avanzar hoy hacia una Constitución y una sociedad basada en los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Podemos reconstruir una convivencia nacional bajo el principio del bien común y el cuidado de la Tierra.
La inspiración, la fuerza y la gente están. ¡Aprovechemos este momento histórico!
