Chile Sustentable propone incorporar cierre de termoeléctricas a Ley Marco de Cambio Climático

Sara Larraín durante webinar sobre reformas para avanzar hacia la carbono neutralidad.

• En el encuentro virtual, organizado por el Observatorio Ley de Cambio Climático del (CR)2 y Centro de Derecho Ambiental, ambas instituciones de la Universidad de Chile.
• Larraín puntualizó que incluso se podría incorporar en los artículos transitorios el número y cronograma del cierre o reconversión programado de las 27 centrales existentes hoy.

La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, dijo este lunes que no hay que esperar una ley específica para asegurar el cierre gradual de las termoeléctricas a carbón, tecnologías cuyas emisiones agravan  el calentamiento global, sino que se puede incluir  aquello en la propia Ley Marco de Cambio Climático. La dirigenta ecologista hizo este planeamiento durante un webinar abierto en que ella junto al ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena y el jefe de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, comentaron el estudio “Identificación de reformas legales para alcanzar la meta decarbono neutralidad en Chile al 2050”.

El informe fue desarrollado por el Observatorio Ley de Cambio Climático, iniciativa del (CR)2 de la Universidad de Chile. El encuentro virtual, en tanto, fue organizado en conjunto con el Centro de Derecho Ambiental, también de la Universidad de Chile y la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

“Tú puedes incluir  en el texto (de la Ley Marco de Cambio Climático) un parafraseo donde diga que se terminará o se irá reduciendo gradualmente la generación mediante tecnologías en base a combustibles fósiles, empezando con el  más sucio, que es el carbón” indicó Larraín durante su exposición. En su visión, incluso es posible incorporar en los artículos transitorios un cronograma del cierre o reconversión para las 17 centrales a carbón que aún no tienen fecha de clausura, en coherencia con el cronograma de las 10 plantas cuyo término ya fue comprometido por la industria (8 anunciadas en julio pasado y 2 durante la COP25 en Madrid en diciembre). 

Sobre las 17 centrales aún sin fecha de cierre la autoridad ha informado que deberían dejar de operar al año 2040, es decir en un horizonte de 20 años.  Dejarlo en la ley permitiría coherencia con la política climática del Estado para la carbono neutralidad al 2050, dejando así de estar sujeta a la voluntad de las empresas y los gobiernos de turno .

Actualmente la Ley de Cambio Climático se encuentra en tramitación en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en período de audiencias públicas y “es clave incluir el cierre de carboneras en ese proceso. Si esperamos una reforma de la Ley Eléctrica puede ser demasiado tarde” afirmó la dirigenta. Agregó que “no afecta derechos constitucionales, como dicen algunos juristas, pues la Constitución reconoce, por un lado, la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación  y, por otro, la función social de la propiedad”, que se refiere esto último a condiciones sociales y ambientales del emprendimiento

Explicó Larraín que otra acción relevante para reducir las emisiones de CO2, además de la corrección y el incremento del impuesto verde a las emisiones, es aprovechar ahora el proceso de actualización de la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas (Decreto13), proceso que fuera ordenado en febrero de este año por la Contraloría. La idea es incluir en la norma una regulación de emisiones máximas de CO2, contaminante atmosférico que ya está gravado por el impuesto verde.  

Explicó que la actualización del Decreto 13 debe mejorar el estándar, al menos incorporando los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la emisión de material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, e idealmente alcanzar exigidos en la Unión Europea. Además, regular las emisiones de metales pesados como vanadio, plomo y mercurio, como estaba incluido en el expediente original (año 2010) de la norma de emisión para termoeléctricas .  

“Esto implicaría el aumento en el costo de la generación a carbón y eso es tremendamente importante, pues el costo social de las emisiones de CO2 es de 32 dólares y no los 5 que consigna el impuesto verde. Ello ayudaría a develar los verdaderos costos sociales de esta tecnología y los co-beneficios en salud  si apuramos la transición energética. Esto es clave, para terminar con la zonas de sacrificio” indicó Sara Larraín. De esta forma, al sincerarse cuanto cuesta la generación a carbón el Coordinador Eléctrico Nacional, luego de despachar centrales solares, eólicas e hidroeléctricas, que son las más económicas, podría autorizar para su ingreso al Sistema Eléctrico alternativas limpias como la solar con almacenamiento y  geotermia.  

A su turno, Marcelo Mena coincidió en la necesidad de incorporar el CO2 en la norma y los planes de descontaminación, sin embargo explicó que esto tiene dificultades al ser el calentamiento global un fenómeno que no se considera incide directamente en la salud a nivel local, por lo cual se requieren cambios normativos más profundos. “Establecer cuáles son los valores de saturación es algo muy interesante. Pero con el marco regulatorio vigente, con un Tribunal Ambiental, un Tribunal Constitucional y una Contraloría, un plan de descontaminación o una zona saturada es vulnerable legalmente, y por tanto aunque se nos ocurrió hacerlo en su momento, sabíamos que esto podía terminar rápidamente fuera por estar regulando algo que quizás no es un contaminante directo que afecte la salud” puntualizó.

Hallazgos del estudio

Durante el encuentro las investigadoras del CR(2) Pilar Moraga y Dominique Hervé expusieron los principales resultados del informe. Entre ellos que la mitigación debe ser entendida más allá de la acción humana (mitigación sectorial); la meta de carbono neutralidad requiere reformar diversos cuerpos legales y dictar nuevas normas; las reformas legales de cada cuerpo normativo identificado impactan diversos sectores productivos; las reformas dicen relación con las normas de diversa jerarquía normativa (constitucional, legal y administrativa); y son posible de agrupar en tipologías regulatorias (prohibiciones, incentivos).

Los compromisos ambientales del Presidente electo

Los objetivos ambientales de su Programa entran en clara tensión con sus compromisos en Recursos Naturales e Infraestructura.

Por Sara Larraín | Chile Sustentable

Este domingo triunfó por amplio margen Sebastian Piñera, para administrar el país durante el período 2018-2022. En este contexto hemos revisado una vez más su programa de gobierno en el área ambiental, donde destaca el “gran patrimonio medio ambiental que se manifiesta en la extraordinaria  biodiversidad del país que debemos proteger, ya que muchos de sus ecosistemas y especies están en riesgo”; y una declaración de intenciones “una sociedad solidaria debe asumir como una obligación ética el legar a las  futuras generaciones un mejor patrimonio natural que el que ha recibido”.

Entre las acciones prioritarias para ello destaca la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental, a través de su tecnificación y del diálogo temprano entre la comunidad y los titulares de proyectos y el SEA; la creación de un banco de compensaciones ambientales y sociales, y la evaluación internacional al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el ámbito de la contaminación atmosférica, compromete una “Estrategia Nacional de Control de Emisiones a la Atmósfera” (que incluya contaminantes locales y globales), con acciones de eficiencia en el sector vivienda y edificación, el secado de la leña, recambio de calefactores, una movilidad baja en emisiones, cobros por congestión y normas de eficiencia energética para vehículos livianos y medianos, además de avanzar hacia sistemas de transporte eléctricos. 

Incluye Piñera  la economía circular y la remediación ambiental en su programa, incluyendo “la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor” y Fomento al Reciclaje, un “Plan de Acción Nacional para la eficiencia en la gestión hidrica y energética en el sector público”, e incluyendo el etiquetado de la huella de agua y de carbono de sus productos para conocimiento de los consumidores. También propone crear un “Fondo de Remediación” para reparar los ambientes dañados, con recursos provenientes de planes de reparación y compensación de la Superintendencia de Medio Ambiente y de los Tribunales Ambientales. 

Concluye el programa ambiental con el compromiso de una “Ley de Cambio Climático” para cumplir los compromisos internacionales, fortalecer el Inventario de Gases Efecto Invernadero y el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, además de incorporar la adaptación al cambio climático al Sistema Nacional de Inversiones y a la Estrategia de Reducción de Riesgos; además de asignar responsabilidades sectoriales de reducción de emisiones y fortalecer la capacidad de fiscalización del impuesto al carbono y la creación de un Fondo Climático y una estrategia de financiamiento. 

Valorando los compromisos ambientales de Sebastián Piñera, nos preocupa enormemente como es que logrará cumplirlos, ya que en los capítulos sectoriales de su programa de gobierno las propuestas se fundamentan en promover la intensificación de la explotación de los recursos naturales para “duplicar la tasa de crecimiento de la economía”; y, al mismo tiempo, “agilizar el Sistema de Evaluación Ambiental, a fin de lograr procesos más expeditos”. Si miramos en detalle las propuestas, estas tienen un impacto sustancial sobre el territorio, los recursos naturales y su integridad ambiental, tal como se expresa en minería: “posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento económico”, “incentivar la exploración minera”, … “establecer una oficina de Gestión de Proyectos de Inversión que, de manera proactiva, busque atraer, coordinar y agilizar nuevas inversiones en el sector. Evaluar la creación de instrumentos específicos de atracción y protección de inversiones”. En agricultura, “aumentar la superficie y seguridad de riego, reimpulsando la “Estrategia Nacional de Recursos Hídricos” elaborada el año 2013. Impulsar el Plan Nacional de Regulación y Embalses, incluyendo el término de las obras en desarrollo y el inicio de nuevas obras”. En pesca, expandir la extracción y la acuicultura… y así suma y sigue con todos los sectores de la economía, al mismo tiempo que propone evaluaciones ambientales expeditas y sin considerar políticas de ordenamiento territorial, ni estrategias integradas de cuencas, con lo cual los objetivos ambientales de su Programa entran en clara tensión con sus compromisos en Recursos Naturales e Infraestructura. 

Fuente: Publicado en Diario Estrategia

¿Congelará Bachelet su legado en materia de aguas?

Sara Larrain
Foto: ChileSustentable.net

Por Sara Larraín | Directora Chile Sustentable

El agua viene escaseando en Chile hace varias décadas. Más allá de los años húmedos o secos, de la oscilación del Niño, la Niña, y la sequía prolongada de los últimos años, la evidencia muestra en los hechos una mega sequía, producto del cambio climático que llegó para quedarse.

Desde el parlamento se desarrollaron comisiones investigadoras sobre sequía y desertificación, sobre robo de aguas, se generaron nuevas comisiones de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, tanto en la Cámara como en el Senado, y se han multiplicado proyectos que intentan mejorar las políticas públicas en materia de acceso, gestión y protección de las aguas. 

En la misma línea, el actual gobierno, en coherencia con lo comprometido en su programa de gobierno, nombro un Delegado de Recursos Hídricos, una Mesa Inter ministerial del Agua, retomó la tramitación de la ley que crea los servicios sanitarios rurales, la ley que mejora la fiscalización y sanciones, y patrocinó la moción parlamentaria que Reforma el Código de Aguas, que se venía tramitando en la Cámara desde 2012. Asimismo patrocinó una Ley de Protección de Glaciares ingresada a tramitación por un conjunto transversal de diputados. Todas estas iniciativas claramente constituían una adecuada respuesta no sólo a la escasez y los conflictos crecientes por el agua, sino al principal problema de Chile para adaptarse al cambio climático, tal como ha reconocido recientemente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

La agenda del agua avanzó a inicios el gobierno, con liderazgo del Ejecutivo y el Parlamento, logrando aprobarse la ley de servicios sanitarios rurales, y recientemente la referida a mejoras en la fiscalización y sanciones. Pero la Ley de Protección de Glaciares, quedó congelada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y la Reforma al Código de Aguas, que se aprobó en dos comisiones y el pleno de la Cámara, y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, hoy se encuentra bloqueada en la Comisión de Agricultura, presidida por la oposición  y abandonada por el ministro del ramo Carlos Furche, que ha argumentado como gran excusa que “la tramitación de la reforma se contaminó con la coyuntura electoral”, cuando  es obvio que todo históricamente se ha contaminado con las tensiones electorales  desde que existen elecciones.

El abandono de la Reforma al Código de Aguas por parte del ministro de agricultura en particular y del gobierno (SEGPRES) en general, pone en evidencia la dudosa voluntad política de algunos sectores de la coalición de gobierno, de resolver los desafíos críticos que enfrenta el acceso y gestión del agua en Chile. Pero también  ponen en riesgo el importante legado del gobierno de Bachelet en materia de aguas, que está en juego, justamente en esta reforma al Código de Aguas, que establece el derecho humano al agua, la priorización del acceso al agua para usos esenciales, las condiciones de sustentabilidad ambiental en la gestión del agua, el fin del acaparamiento para uso especulativo de las aguas, el reconocimiento de las aguas ancestrales de los pueblos indígenas y la creación de concesiones de uso temporal de las aguas por 30 años renovables para los nuevos derechos  de aprovechamiento.

Esta reforma, permite a Chile superar los retrasos sociales y ambientales que arrastra el Código de Aguas de 1981, pero además permite al país cumplir con las recomendaciones de la OECD en materia de aguas. Entre ellas, la necesidad de “adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos”; diseñar e “implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible”.

La OECD también es clara al recomendar a Chile “establecer usos esenciales del agua (agua potable saneamiento y protección de ecosistemas) a los que se otorgue alta prioridad” y ”acelerar la regularización y un registro transparente de los derechos de uso del agua y reforzar las medidas de fiscalización y las sanciones aplicables a las extracciones ilegales". También llama al gobierno a evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua, y expandir las normas de calidad de las aguas y monitorear la contaminación del suelo y “la extracción de agua para proteger los ecosistemas, en particular los humedales”.

El gobierno debe ser coherente con su programa de gobierno, con las recomendaciones de la OECD para alcanzar el estándar que requiere ser miembro de dicho bloque y ser responsable ante los riesgos de mayor inseguridad hídrica que trae el cambio climático. Esperamos que los meses que quedan, el gobierno de Michelle Bachelet sea coherente con sus compromisos, con el interés público nacional e internacional y no se deje arrastrar por las amenazas de la oposición que sigue defendiendo sólo intereses privados. ….y de unos pocos.

En Comisión de Recursos Hídricos del Senado: Nueva Mayoría se une a la Derecha para mantener figura propietarista de “derechos de aprovechamiento” de agua

• Haciéndose eco de las acusaciones de la derecha sobre la inconstitucionalidad de la figura de concesiones, legisladores votaron a favor de revertir lo aprobado por la Cámara de Diputados.
• PPD Adriana Muñoz, aunque aportó a la unanimidad, argumentó en contra señalando que esto era “no solo un cambio de nombre, sino lo que se busca es ir asimilando cada vez más los nuevos derechos que se otorgarán a los ya otorgados”. 

A pesar de las diferencias públicas de la Nueva Mayoría con la Derecha respecto de las reformas al Código de Aguas, en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado aún persisten ciertas coincidencias. Durante la votación de las indicaciones del Ejecutivo que revierten varios avances alcanzados en la Cámara de Diputados, sus legisladores estuvieron a favor de mantener la visión propietarista del Código de Aguas al rechazar cambiar la figura de “derechos de aprovechamiento” por la de “concesiones”. 

Fue este martes que se inició la votación de las propuestas del gobierno, digitadas por un Ministerio de Hacienda que se hizo eco de las demandas del gran empresariado.

Entre otras, aumenta el plazo para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan dichos otorgamientos.

Asimismo desliga a las empresas mineras de pedir autorización para el uso de las aguas que afloren en sus faenas y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas, entre otras materias.

La comisión está integrada por Adriana Muñoz (PPD), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS), Francisco Chahuan (RN) y Víctor Pérez (UDI). 

“La reforma al Código de Aguas ha tenido graves problemas al ingresar al Senado, en la medida en que por presión del Ministerio de Hacienda, haciéndose eco de los distintos sectores productivos, la Presidenta Bachelet ha ingresado una indicación que elimina muchos de los avances que se lograron en la Cámara” señaló luego de la votación la directora de Chile Sustentable Sara Larraín. 

Durante la sesión cada uno de los legisladores, con excepción de Pizarro, entregó sus argumentos, votando unánimemente a favor de eliminar el concepto de “derechos de aprovechamiento”, aunque por distintos motivos. En el caso del RN Francisco Chahuan apeló a la “coherencia normativa” ya en su opinión debe usarse la misma figura para todos los tipos de autorizaciones, luego de amenazar insistentemente con recurrir al Tribunal Constitucional de aprobarse la figura de concesiones.

Por la Nueva Mayoría, Adriana Muñoz (PPD y presidenta de la comisión), aunque votó a favor, dejó establecida su postura critica, en el sentido que “esto no es solo un cambio de nombre, sino lo que se busca es ir asimilando cada vez más, y es la propuesta que han hecho los colegas de la oposición, los nuevos derechos -que se otorgarán sobre el 10 % de las aguas superficiales de las cuencas y el 50 % de las subterráneas- a los ya otorgados, y ese es el tema central”.

Otra de las indicaciones discutidas fue la de Pizarro, quien proponía eliminar dentro de los usos prioritarios el “doméstico de subsistencia”, debido a los riesgos que una amplia interpretación podía conllevar (el mejor ejemplo, lavado del auto). Sin embargo, varios senadores insistieron en mantener la frase “actividades de subsistencia” dentro de los usos prioritarios del agua, además del agua potable, el saneamiento y la preservación de los ecosistemas. 

Asimismo se aprobó la posibilidad de que el gobierno pueda establecer reservas de agua, lo cual implica que habrá un decreto del Ejecutivo que establece reservas de agua para usos prioritarios, y esas permitirán denegar derechos para usos productivos, para que así el Estado las cautele para consumo humano y protección de los ecosistemas.

La próxima semana –martes 16 de mayo- continuará la votación en particular sobre reformas fundamentales: la temporalidad de 30 años máximo en el otorgamiento de los nuevos derechos; y las causales para denegar la prórroga de estos, entre ellas si los recursos hídricos son destinados a usos distintos a los que se establecieron en su otorgamiento. También se resolverá sobre la obligación de las empresas mineras a informar sobre las aguas halladas en el área de su concesión y pedir autorización para su uso, tal como se le exige a todos los sectores productivos. Actualmente las así llamadas “aguas del minero” no se informan ni se solicitan, lo cual ha generado una distorsión a favor de un sector productivo particular.

Fuente: elecowebtivista.wordpress.com

Viral sintetiza los “goles” que pretende pasar el gobierno en reforma al Código de Aguas

• La próxima semana se iniciará la votación en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, que ha sido presionada fuertemente por sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, para desmantelar el proyecto que busca garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
• Propuesta del Ejecutivo ha concitado rechazo entre organizaciones de la sociedad civil, además de parlamentarios del propio oficialismo y la oposición.

Con un video lanzado durante esta semana, el programa Chile Sustentable denunció los cambios que el gobierno está proponiendo a la reforma del Código de Aguas en el Senado. La iniciativa, aprobada en noviembre del año pasado por el pleno de la Cámara de Diputados, busca avanzar en garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
La ofensiva audiovisual, ue solo en facebook ya lleva más de 80 mil reproducciones, se suma a los cuestionamientos que, desde las propias filas oficialistas, la oposición y la sociedad civil, se han planteado frente a las indicaciones ingresadas recientemente por el Ejecutivo y que fueran coordinadas por el Ministerio de Hacienda. Esto llevó a la directora de Chile Sustentable, la ambientalista Sara Larraín, a señalar que “este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”.
Con el título “Peligro de gol a la reforma del Código de Aguas”, la pieza da cuenta de los principales cambios propuestos por la administración Bachelet para desmantelar el sentido profundo de la reforma, que va en la línea de ir instituyendo el derecho humano al agua como uno fundamental.
Es así que el gobierno plantea eliminar la figura de las concesiones temporales de agua para los futuros otorgamientos, oncepto que fuera aprobado por los diputados, manteniendo el de “derecho de aprovechamiento”. Esto es una distorsión con respecto a la forma en que se utilizan los demás bienes públicos, como las concesiones pesqueras o mineras, que en última instancia se reconocen como propiedad el Estado.   También aumenta el plazo  para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan estos.
Además exime a las empresas mineras de solicitar autorización para utilizar las aguas halladas en el área de la concesión y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas.  Asimismo, libera a los inversionistas en hidroeléctricas de hasta 20 megawatts de la exigencia de dejar caudal ecológico, lo cual es una excepción que hoy solo opera para los pequeños campesinos, beneficiarios de INDAP, y los usos de subsistencia.
Por último, permite cambiar los puntos de  extracción de aguas de una cuenca a otra sin evaluar los posibles perjuicios al medioambiente y a las comunidades locales.
A las indicaciones del Ejecutivo se sumó una del senador DC Jorge Pizarro que va en la misma línea (y que originalmente tenía pensado impulsar La Moneda) al proponer eliminar la priorización del agua para “uso doméstico de subsistencia”, lo cual perjudica a comunidades agrícolas, indígenas y campesinos.
Todos estos cambios van en sintonía con el lobby de sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, con el objetivo de revertir las reformas.
Reacciones
Desde el oficialismo han cuestionado fuertemente las indicaciones del gobierno.  Según consignó El Pulso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, señaló que “nos preocupa que se quiera modificar el tema de los derechos indefinidos con el objetivo de ‘eliminar ruidos’ como ha señalado el ministro de Hacienda”. “Sabemos que desde la derecha se ha intentado desinformar y que se ha hablado hasta de expropiación, lo que absolutamente falso. Esperamos que el Senado no dé luz verde a estos cambios y se respete el sentido de lo aprobado en primer trámite constitucional” explicó el legislador DC. Su correligionario Mario Venegas indicó que “la fuerza de los grupos de presión y del lobby está llevando a que se distorsione la idea apoyada en la Cámara. Si el Senado las aprueba tendremos que irnos a Comisión Mixta”, al tiempo que dio cuenta de la molestia de las bancadas de la Nueva Mayoría con la propuesta del Ejecutivo.
Desde el PPD, la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, anunció una ofensiva con los senadores para evitar que sean apoyadas las indicaciones. “Hay una contradicción porque si hablamos del agua como un bien nacional de uso público, no puede convertirse en propiedad privada y que se pueda disponer de ella como si fueran acciones. En cualquier lógica de sobrevivencia el recurso no puede ser apropiado por unos pocos, ni siquiera con equidad porque está concentrado donde hay más plata” señaló.

Desde el Senado, el independiente Antonio Horvath también criticó la propuesta: “Es un paso atrás respecto de lo que originalmente se había aprobado” indicó al canal aysenino Santa María TV, con lo que concordó el presidente de la Corporación Privada par el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, quien puntualizó que “estas indicaciones están planteando revertir, en alguna medida, todos los logros” alcanzados en la Cámara de Diputados. Recordó el dirigente que este tema es particularmente sensible para la zona austral, al existir impactos en el acceso al agua “para comunidades que están aguas arriba de los derechos entregados, particularmente en el caso del río Baker, porque se tiene que asegurar el caudal para que las potenciales hidroeléctricas deban operar. Entonces, la discusión sobre energía y agua es muy importante para la región de Aysén”.
El martes 2 de mayo, a partir de las 10:30 horas, la Comisión Especial de Recursos Hídricos comenzará la votación de todas las indicaciones que se presenten, sesión que podrá ser seguida online a través del portal de televisión del Senado.  Integran la comisión Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
Revisa el video acá:
Facebook: https://www.facebook.com/chilesustentable/videos/1386815904689782/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p-6xL33LaYI

Sara Larraín: “Este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”

Sara Larraín - Congreso Nacional

• Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo  difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes  avances logrados en la Cámara de Diputados.
• “La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.

Como una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” definieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados.  Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).

En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.

“Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado

Los cambios

Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan  con esta.

Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales  el uso doméstico de subsistencia. También  retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen  de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.

Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento.  Tambien debilita  la regulacion referida a las  mineras,  eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo.  Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo  prestaba servicios a una compañía minera.

Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial  pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen.  Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de  caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW).  Insólitamente la autoridad  entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap  que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a  grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden  poner en peligro las fuentes de agua.

Finalmente la administración de Bachelet también propone  eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.

“La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó Larraín.

Derecha y política ambiental: los dichos y los hechos

Fuente: Cooperativa - Escrito por Sara Larraín

Una reciente columna de la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez publicada en El Mercurio (http://www.elmercurio.com/blogs/2013/03/02/9708/la-centroderecha-y-las-politicas-ambientales.aspx) pontifica sobre las importantes medidas de protección ambiental que habría tomado el gobierno de Sebastián Piñera, y argumenta sobre el liderazgo ambiental de la centroderecha. Pero la mayoría de los logros que destaca la ministra, se caen fácilmente al chequear las fechas, el Diario Oficial y los medios de comunicación.

Sin caer en el juego maniqueísta que la Concertación es pro-ambiente y la derecha es anti-ambiente, los hechos muestran que la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417) que crea el Ministerio, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue creada y entró en vigencia en el gobierno anterior. Y que, al contrario de lo que se afirma, el actual gobierno demoró excesivamente su implementación.

Prueba de ello es que la primera acción de la actual ministra, el 15 de marzo de 2010, retiró de Contraloría los decretos con fuerza de ley (DFL) que ponían en operación el ministerio de Medioambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Ese mismo día, Benítez dictó un instructivo, suspendiendo la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental. Al mismo tiempo, el gobierno le quitó el carácter de “urgente” a la tramitación de los Tribunales Ambientales en el Senado. Todas acciones que atrasaron en un año la instalación de la nueva institucionalidad ambiental.

En el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, el retraso fue mayor, postergándose su operación para finales de 2012, lo que significó un franco retroceso en la fiscalización ambiental que durante todo el gobierno volvió a los servicios y careció de coordinación. Peor aún, ello también retrasó la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales, cuya conformación preliminar (pues solo partió el de Santiago) recién se concretó la primera semana de marzo, es decir, a escasos meses de las próximas elecciones presidenciales.

También hay que destacar que la institucionalidad ambiental existente tampoco funciona expeditamente.

Por ejemplo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se ha reunido en escuálidas ocasiones, casi siempre a puertas cerradas y sin dar mayores explicaciones.Ha aprobado proyectos que habían sido rechazados por las regiones (como el caso de Punta Alcalde) y se resiste a pronunciarse sobre algunas reclamaciones, como el caso HidroAysén, donde completa casi 2 años sin el pronunciamiento al que está obligado.

Finalmente, con respecto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el gobierno ingresó el proyecto respectivo a tramitación en el Congreso Nacional, pero careció de capacidad para responder a las múltiples falencias detectadas por los senadores y no llegó a consenso, por lo cual el proyecto lleva ya dos años de tramitación sin resultados.

Con respecto a la normativa de calidad del aire, la ministra adjudica al actual gobierno la norma para PM 2,5, la de artefactos de combustión a leña, la norma para termoeléctricas y la de refinerías.

Esta última es la única formulada durante su administración, ya que la realidad es que el gobierno del presidente Piñera retrasó la vigencia de la norma de material particulado fino (PM 2,5) a pesar de que en el anteproyecto publicado en el Diario Oficial por el gobierno anterior demostraba el ahorro de 33 mil millones de dólares por reducción de enfermedades respiratorias. Aunque se publicó en 2010, recién entró en vigencia el año pasado.

En el tema aire, el actual gobierno relajó el anteproyecto de norma de termoeléctricas, que había sido publicado en el Diario Oficial por el gobierno anterior, permitiendo mayores emisiones de dióxidos de azufre y dejando fuera límites para las descargas de metales pesados, mercurio, vanadio y níquel. Lo cual es un retroceso, pues dichos tóxicos sí están normados en la norma de incineración vigente.

La ministra también adjudica al actual gobierno la norma para artefactos de combustión a leña, pero la verdad es que la Ley para regular los calefactores había sido ingresada a tramitación por el gobierno pasado el 15 de julio de 2009 (Mensaje 6616/12) a la cual se le hizo pequeños cambios y reingresó un año después en agosto de 2010 (Mensaje 7141/08).

En lo que respecta a los Planes de Descontaminación por PM 10 y SO2 vigentes, estos fueron en su mayoría decretados entre 1992 y 2009, y entre ellos destaca el plan de descontaminación de la RM, la zona donde vive casi el 60% de la población del país, y que está al debe: fue reformulado el año 2009, pero no ha sido implementado completamente.

Además, hoy corresponde declarar a Santiago zona saturada para PM2.5 y elaborar nuevo plan de descontaminación. Algo similar ocurre en Temuco y otras ciudades del sur que no han sido decretadas zonas saturadas en PM2.5, además de Viña y la zona del Valle del Aconcagua.

En el ámbito de la contaminación atmosférica, además, el gobierno se ha negado a implementar el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2010-2020, que permitiría al país reducir la contaminación local y evitar la emisión de 14.501.609 toneladas de CO2 a la atmósfera, permitiendo a Chile ahorrar $970 mil millones de dólares (más de 300 veces lo que valen las nuevas líneas 3 y 6 del Metro).

Tampoco ha cumplido el programa de diversificación de matriz energética, para hacer más limpia la matriz eléctrica, al no respaldar la ley 20/20 (20% de ERNC al año 2020), a pesar de que está escrito en el programa presidencial de Piñera y que el Senado aprobó unánimemente una ley sobre la materia.

Finalmente, la ministra de Medioambiente adjudica a su gobierno la solución de los pasivos ambientales mineros por la dictación de la Ley de Cierre y Abandono de Faenas Mineras. La realidad es que dicho proyecto de ley también es obra del gobierno anterior, al cual el actual Ejecutivo hizo una indicación sustitutiva.

Pero dicho proyecto no remedia los pasivos ambientales mineros, sino que previene la creación de nuevos pasivos de las faenas aún en operación. La solución de los pasivos existentes solo será posible si el gobierno patrocina la Ley de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, presentado al gobierno por el senador José Antonio Gómez, pero que hasta el día de hoy el ministerio de Minería y el ministerio de Medioambiente se niegan a patrocinar.

En resumen, los hechos demuestran que la actual administración apretó fuerte el freno, y no el acelerador en políticas ambientales.

Esto evidencia que, a pesar de que la derecha tiene entre sus filas parlamentarios con una labor ambiental destacable, como el senador Antonio Horvath, su voluntad política en materia ambiental sigue centrada en intensificar la adjudicación del capital ambiental del país al sector privado, (litio, recursos pesqueros, agua y sanitarias, concesiones eléctricas, borde costero, el bosque, entre otros) más que en llevar adelante las políticas ambientales que requiere un desarrollo sustentable en Chile.

Recuperar el agua como bien público

Sara Larraín

Por Sara Larraín - Fuente: http://blogs.cooperativa.cl/opinion/medio-ambiente/20121123074544/recuperar-el-agua-como-bien-publico/

Chile enfrenta actualmente un tercer año de sequía y un grave proceso de desertificación que afecta a casi 70% del territorio nacional, y que impacta especialmente a las comunidades rurales y economías locales; además de la producción agrícola, la generación eléctrica y el abastecimiento de agua potable en la zona centro y norte del país.

Esta difícil coyuntura ha evidenciado los problemas del Código de Aguas, que por 30 años muestra falencias para regular el acceso, la conservación y gestión sustentable del agua, y la falta de capacidad y limitaciones legales del Estado para corregir situaciones de acaparamiento, usurpación, degradación ambiental y desabastecimiento que se han agravado estructuralmente.

En forma reiterada, las organizaciones ciudadanas hemos declarado que el marco regulatorio para el acceso y la gestión del agua en Chile, amparado por el Código de Aguas de 1981, diseñada y dictada por el régimen militar de la época, debe ser reformado. En virtud de este Código, una vez que el Estado entrega los derechos de agua a los privados que la solicitan, ya no vuelve a intervenir, y el propietario privado de derechos de agua, los puede arrendar, comprar y vender como cualquier bien inmueble.

Además, el fuerte sesgo pro mercado del cuerpo legal separó el agua del dominio de la tierra para posibilitar su libre compra y venta, en un contexto de transacciones sin regulación, denominado “mercado de aguas”, el que ha favorecido una extrema concentración de la propiedad sobre el agua en empresas eléctricas, mineras y agro exportadoras, consideradas ‘motores’ del desarrollo nacional y perjudicando el acceso al agua de la mayoría de la población, sus actividades de subsistencia y a la protección del medio ambiente.

Para revertir esta situación y favorecer las necesidades básicas de la población (bebida y producción de alimentos) por sobre los intereses y usos competitivos de las empresas, Chile requiere un enfoque de derechos, y recuperar el agua como bien nacional de uso público, como derecho humano, y como recurso básico para la vida, el que necesita ser gestionado pública y participativamente.

Ello implica una ampliación de lo público, desde la exclusividad del rol del Estado hacia la co-responsabilidad y control ciudadano en la administración sustentable de los recursos hídricos.

Aunque sectores minoritarios pero poderosos se oponen a cualquier reforma en la política sobre el agua y rechazan la idea de proteger los glaciares, es evidente la legitimidad política que tienen las reformas legales y constitucionales que se han propuesto durante las últimas dos décadas, tanto desde el Ejecutivo como del Congreso Nacional.

Desde el retorno a la democracia, el poder legislativo ha presentado numerosas propuestas de reformas constitucionales y del Código de Aguas, lo cual expresa la importancia y urgencia que ya se manifestaba hace 20 años de solucionar los problemas del Código. Una primera reforma al Código de Aguas se presentó en el gobierno de Patricio Aylwin, siendo aprobada luego de 13 años de tramitación en el año 2005, pero hoy muestra ser francamente insuficiente.

Entre 2008 y 2011, parlamentarios de todas las tendencias han presentado nueve proyectos de reforma a la Constitución en materia de aguas y once propuestas de reformas al Código de Aguas, junto a un proyecto de ley de protección de glaciares. Esto evidencia la objetividad y urgencia de los problemas existentes sobre el acceso y gestión de las aguas en Chile y las limitadas atribuciones del Estado y de la política pública para responder a los desafíos que presenta la gestión democrática y sustentable de este recurso.

En los últimos años, también la ciudadanía, representada por diversas organizaciones sociales, indígenas, sindicales, de iglesia, agricultores, consumidores, sindicatos y comunidades afectadas por sobreexplotación, escasez, o contaminación del agua, han creado una articulación nacional por la defensa del agua, denominada Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, lo que ha dado un nuevo impulso político a la Agenda de demandas por el agua en Chile.

Esta agenda busca restablecer constitucionalmente la soberanía nacional sobre este recurso estratégico, e implementar el derecho de los chilenos y particularmente de las comunidades locales sobre el agua, impidiendo su enajenación y mercantilización. También está entre sus demandas asegurar el acceso de la población al agua para responder a las necesidades básicas, a los requerimientos de la economía local y a la integridad del medio ambiente, por sobre su uso con fines comerciales.

La ciudadanía también aboga por la protección y preservación de los glaciares que alimentan las cuencas hidrográficas, y demandan restablecer en cada cuenca caudales ecológicos y estándares de calidad de las aguas. También han exigido información pública sobre el estado y disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas, y la creación de espacios formales de participación pública en las decisiones sobre el agua; implementar regulaciones para el manejo integrado de cuencas, y con participación vinculante de las organizaciones locales y usuarios tradicionales del agua.

Las demandas por el agua han irrumpido fuertemente como prioridades políticas de la sociedad chilena durante los últimos 4 años, intensificadas por la escasez hídrica por lo cual el Parlamento ha debido crear Comisiones Investigadoras sobre la Sequía, sobre la Usurpación de Aguas y sobre las Irregularidades en la Aprobación Ambiental de proyectos que utilizan el agua como insumo fundamental.

La naturaleza estructural del problema y la intensificación de los conflictos por el agua, motivó, en 2012, la articulación de diversos parlamentarios para la creación de una “Bancada Transversal del Agua”, la que realizó un diagnostico sobre la crisis hídrica y la acción del gobierno en esta área: También analizó las decenas de reformas legales sobre la gestión del agua, ingresadas al Congreso tanto por los gobiernos, como por los parlamentarios.

Como resultado de este trabajo, la Bancada Transversal del Agua concluyó que se requiere priorizar el cambio de las políticas públicas sobre este recurso, y solicitaron al seno del Parlamento, la constitución de una nueva comisión permanente en la Cámara de Diputados. La constitución de esta nueva comisión fue aprobada por casi unanimidad en septiembre del presente año y constituida oficialmente en el mes de octubre como Comisión del Agua, Sequía y Desertificación.

Este hecho constituye una importante oportunidad política para acelerar las reformas legales e institucionales que requiere la gestión justa y sustentable del Agua en Chile y para responder a las crecientes demandas ciudadanas sobre el derecho humano al agua, la protección de los recursos hídricos, la recuperación de este patrimonio natural estratégico para todos los chilenos y la adaptación del desarrollo nacional a los desafíos del cambio climático.

Estas demandas de reformas estructurales por parte de la sociedad chilena, coinciden con las propuestas de la comunidad internacional para la gestión sustentable y equitativa de los recursos hídricos a nivel mundial, lo cual requiere un Acuerdo Internacional en el marco de Naciones Unidas, que al igual que el recién establecido “Derecho Humano al Agua” (en 2010), ahora defina y establezca para el agua, un estatus jurídico como un bien común y patrimonio de la humanidad.

Comisión de Agua: Un gran avance

RECIENTEMENTE se aprobó, por 70 votos a favor y sólo nueve en contra, la creación de una Comisión Permanente sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía en la Cámara de Diputados. La creación de esta comisión permite, por una parte, separar el tema hídrico de los temas que aborda la Comisión de Obras Públicas, pero sobre todo permitirá la presentación de reformas a la Constitución y al Código de Aguas, junto con dinamizar la fiscalización de las políticas hídricas en marcha.

El acceso al agua, así como su gestión y distribución, viene generando preocupación nacional por su relevancia para el consumo humano, la producción de alimentos, la agricultura, la industria y la minería, además de la protección de nuestros ecosistemas y la supervivencia de diversas comunidades en el territorio nacional.

Actualmente, la comunidad científica ha establecido que 49% del territorio de nuestro país está considerado árido o semiárido, pues sus acuíferos y otras fuentes de agua (incluidos los glaciares) están degradados o sobreexplotados.

Asimismo, en los últimos años, diversos fenómenos, como el calentamiento global, la mayor presión de los sectores productivos y la contaminación han generado una creciente escasez y una situación crítica en la disponibilidad de recursos hídricos en la mayor parte de las regiones del país.

Ello está generando conflictos entre las comunidades locales y los agricultores con otros sectores productivos, y riesgos de abastecimiento para centros poblados. Recordemos que hoy más de 100 comunas del país, incluidas zonas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos, están en emergencia agrícola por la falta de agua.

Esta situación que aqueja a Chile ha sido conocida por los parlamentarios y la Cámara de Diputados ha establecido en años recientes comisiones especiales e investigadoras tales como las comisiones investigadoras sobre situación de los depósitos de relaves mineros, la comisión sobre la extracción ilegal de aguas y áridos y, recientemente, la comisión especial sobre sequía Atacama/Maule.

Adicionalmente, para enfrentar estas problemáticas, parlamentarios de todos los sectores políticos han presentado diversas mociones de ley para avanzar hacia la gestión más justa y eficiente del agua, con miras al bien común, las mejoras en la institucionalidad y la fiscalización, el fomento de las obras de regadío y el apoyo a los sectores afectados por la escasez hídrica.

No obstante, tanto el cambio climático como las condiciones cíclicas que enfrenta Chile evidencian la necesidad de mantener una atención permanente sobre los recursos hídricos como prioridad nacional. Es por ello que celebramos -como parte de una extensa red nacional de organizaciones ciudadanas por la defensa del agua- la iniciativa de la Cámara de Diputados de establecer una comisión permanente en materia de agua, desertificación y sequía, dedicada a estudiar y discutir iniciativas legales que respondan a los urgentes desafíos que enfrenta la sociedad chilena en materia de recursos hídricos, y la necesidad de nuevas políticas en esta materia.

Fuente: Columna de Sara Larraín publicada en La Tercera del día jueves 23 de agosto.

COMUNICADO DE PRENSA: “Existen Pasos legales Aún Pendientes por Hidroaysen”

Tras el fallo de la Corte Suprema, Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable, resaltó la existencia de juicios civiles y penales en el caso del proyecto hidroeléctrico, además de la vista de más de mil reclamaciones ante el Consejo de Ministros. 

Respecto del pronunciamiento del miércoles 4 de abril de la Tercera Sala de la Corte Suprema que decidió no acoger los recursos de protección presentados por la ciudadanía en contra del proyecto Hidroaysen, es importante destacar ante la opinión pública que la sentencia de la corte no fue unánime, y que al igual como ocurrió cuando el caso se vio la corte de Apelaciones de Puerto Montt, se trató de un fallo dividido. 

“Si bien el fallo no acogió los siete recursos de protección, la sentencia tuvo los votos en contra de los Ministros  Sonia Araneda y Haroldo Brito, quienes sí consideraron que Hidroaysen vulnera la legalidad ambiental y provocará daños al ecosistema de la zona que no han sido correctamente estimados” destacó Sara Larraín, quien precisó que “esto obviamente muestra ante la opinión pública que no hubo coincidencia entre los jueces sobre la no vulneración de las garantías constitucionales sobre las cuales diversas organizaciones ciudadanas y ambientalistas han recurrido a la justicia”, dijo la directora del programa Chile Sustentable.

Por lo tanto, indicó Larraín, “este fallo, si bien es adverso, es sólo el primer paso de acción en la estrategia legal para evitar el desarrollo del proyecto”.

La ecologista indicó que están en curso más juicios en lo civil, particularmente contra la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, “por una serie de resoluciones y procedimientos administrativos, como la resolución 1.800 del año 2010, con la que se modificaron criterios técnicos del organismo, para facilitar el desarrollo tanto de este proyecto como de otros megaproyectos hidroeléctricos en el sur del país”.

También Larraín recordó que existe un juicio penal por falsificación de documento público durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto, en contra de la Seremi de Vivienda, que primero habría emitido un informe negativo al proyecto el que fue reemplazado por otro que lo aprobaba. Y que el Consejo de defensa del Estado evalúa la presentación de una querella criminal por las anomalías de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) “debido a que dicha entidad habría cambiado y falseado el informe presentado al SEA, al dejar fuera la opinión de los ingenieros forestales que trabajaban en el Estudio de Impacto Ambiental, posibilitando así la aprobación de HidroAysén”, agregó.

“No olvidemos que también existe una causa por el perjurio y presentación de medios de prueba falsos que dio el vicepresidente ejecutivo de Hidroaysen, el señor Daniel Fernández, al Tribunal de la Libre Competencia, en agosto de 2010”, dijo Larraín. 

Además, la directora del programa Chile Sustentable puntualizó que está pendiente la vista de más de mil reclamaciones ciudadanas ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad respecto a las irregularidades y perjuicios ambientales y económicos que causará este proyecto. “En este contexto, este pronunciamiento de la Corte es un fallo lamentable, pero no se han terminado las instancias de acción para evitar la realización de este proyecto”, finalizó. 

CONTACTO:

 GWENDOLYN LEDGER, COMUNICACIONES CHILE SUSTENTABLE F: 2097028 / 209 1979 – CEL 09 8566801

“¿Por qué pagamos tanto por la electricidad en Chile?”

Escrito por Sara Larraín - Fuente: http://bit.ly/sTD5xy

Hay consenso en afirmar que en nuestro país pagamos uno de los precios más altos por la electricidad, tanto de Latinoamérica como  del mundo, atribuyéndolo siempre a nuestra natural escasez de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural; o la ocurrencia de años secos.

Pero esta falta local de combustible no es la causa relevante, sino que es debido a que las empresas generadoras están marginando más de un 50% de sobre utilidad en el sector de los consumidores residenciales, por encima del 10% aplicado sobre su costo incluida la generación, teniendo presente que dicha tasa de rentabilidad es la estipulada en la regulación para los segmentos de transmisión y distribución.

Para llegar a eso, hay que partir por aclarar que el negocio de la generación eléctrica en Chile es un mercado libre, y que su comercialización es través de contratos bilaterales entre las empresas generadoras que retiran electricidad de los sistemas interconectados con los clientes libres o las empresas distribuidoras.

Debido a ello, el precio final para el consumidor queda determinado por el precio establecido en dichos contratos, más el valor por los servicios de transmisión y distribución de la electricidad.

En términos generales, lo que cuesta en la actualidad producir una unidad de energía eléctrica –es decir, un Mega Watt Hora (MWh)- para un cliente domiciliario (lo que se denomina en jerga eléctrica un “cliente regulado”) o de un cliente libre, es del orden de 110 dólares, monto que al tipo de cambio de agosto de 2011 es de $52 pesos por KiloWat-hora (mil kilowats es un MegaWat).

Los clientes libres, es decir, empresas grandes como mineras, celulosas y otras del SIC y SING, en promedio, pagan un valor de entre 117 y 135 dólares por cada MW/h, produciendo un margen de sobreutilidad de casi un 15% a las empresas eléctricas comercializadoras (generadoras que retiran electricidad de los sistemas interconectados).

La cifra aumenta sustancialmente al observar el valor que pagamos los clientes regulados, que es entre 160 y 190 dólares el MWh, lo que implica que en nuestras cuentas de luz las empresas están marginando más de un de 50% sobre utilidad. Es decir, recuperan lo invertido en la generación, se llevan un 10% de ganancia por la generación, transmisión y además un 50% adicional de ingresos!

¿No lo cree? Sumemos:

Costos de inversión asociado a cada uno de los diferentes medios de generación (y ya amortizado gran parte del parque generador)=  17 US$/MWh. Costo de operación, mantención, administración y comercialización= 48 US$/MWh

A esto se debe agregar el costo aproximados por los servicios regulados de transmisión 10 US$/MWh, y distribución, 12 US$/MWh. Esto suma 87 US$/MWh

Si se consideran además pérdidas en el sistema completo (Generación, Transmisión y Distribución) del orden del 10%, se obtiene un costo de la electricidad igual a: 97 US$/MWh. Y si se aplica una rentabilidad del 10% en el negocio, se infiere que el valor de compraventa de la electricidad debería ser del orden de los 107 US$/MWh, lo que en cifras macro podría “redondearse” a 110 US$/MWh, ó $51.260  pesos chilenos (tipo de cambio de agosto: 1 US$ = $ 473 pesos)

El tema es que en cualquier cuenta de electricidad en Santiago se puede apreciar que el valor del kilowat hora es mayor a $76 pesos. Esto resulta de sumar lo indicado en su cuenta mensual como: cargo fijo, cargo único por uso del sistema troncal y energía base, y dividir dicha suma por los KWh consumidos en el mes.

En términos monetarios, equivale a  $76.000 pesos por MWh, es decir, 160 dólares, versus los 97 que salía generar cada MW/h. Resultado que muestra una rentabilidad mayor al 60%, dado que el consumidor regulado está haciendo rentar el sector eléctrico más del 50% de sobre utilidad como adicional al 10% señalado en la normativa para los sectores de transmisión y distribución.

Multiplíquelo luego por los millones de clientes domiciliarios de Santiago y las regiones que integran el SIC y del SING y podrá tener una idea de las ganancias de cada empresa; montos verificables, por lo demás, cada año en los balances públicos de las empresas eléctricas y sus compañías relacionadas.

Quizás lo más singular es que esta situación no es una ilegalidad. Al contrario: la regulación actual  lo permite conforme a lo señalado en la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE: DFL 4/año 2006 ex DFL 1/año 1982) y en su normativa complementaria (Reglamento de la LGSE y procedimientos complementarios).

Dicho de otro modo, la culpa del alto precio de la electricidad no es responsabilidad de los actores que ofrecen el suministro en el mercado (principalmente concentrado en tres empresas generadoras que poseen más del 85% de participación en el mercado: Endesa, Gener y Colbún; y sus filiales) si no que, simplemente, es el resultado de la aplicación de la normativa vigente y por lo tanto la responsabilidad es de los encargados de gobernar y de legislar en la materia, y que después de 30 años no han siquiera intentado modificar.

Por eso es que, cuando se creó en mayo la Comisión Asesora Eléctrica Presidencial, un grupo de técnicos, parlamentarios, organizaciones ciudadanas y ambientales sabíamos que sería más de lo mismo y en respuesta conformamos la Comisión Ciudadano Técnico Parlamentaria por la Matriz Eléctrica (CCTP), con la que hemos trabajado durante estos meses por hacer una propuesta país destinada a cambiar esta situación.

Es que el sistema eléctrico nacional está haciendo crisis, y lo que corresponde es una reforma estructural  al  mercado eléctrico mediante la inclusión de condiciones de equidad social, sustentabilidad ambiental y reglas de transparencia para el desarrollo eléctrico.

Es mucho lo que se puede hacer: priorizar la generación eléctrica con tecnologías limpias, basadas en energías renovables no convencionales, de bajo costo operacional; regular el segmento de generación; incorporar el concepto de reserva estratégica, una reforma del modelo marginalista, llevar a cabo licitaciones separadas para la adjudicación de los bloques de energía para el cumplimiento de las cuotas de ERNC, licitar en forma separada los bloques de energía destinados a respaldar los sistemas eléctricos en demanda “de punta” y un cambio de la estructura corporativa del CEDEC, para su transparencia e independencia, entre otras.

Si se conjugan dichas variables, seríamos capaces como país de tener un mínimo costo eléctrico tanto para clientes libres como para los clientes regulados, resultado de una planificación estratégica consensuada, que nos permitiría ayudar en forma importante a la disminución de la extrema pobreza y al crecimiento del país, y también de forma más limpia y sustentable.