Los compromisos ambientales del Presidente electo

Los objetivos ambientales de su Programa entran en clara tensión con sus compromisos en Recursos Naturales e Infraestructura.

Por Sara Larraín | Chile Sustentable

Este domingo triunfó por amplio margen Sebastian Piñera, para administrar el país durante el período 2018-2022. En este contexto hemos revisado una vez más su programa de gobierno en el área ambiental, donde destaca el “gran patrimonio medio ambiental que se manifiesta en la extraordinaria  biodiversidad del país que debemos proteger, ya que muchos de sus ecosistemas y especies están en riesgo”; y una declaración de intenciones “una sociedad solidaria debe asumir como una obligación ética el legar a las  futuras generaciones un mejor patrimonio natural que el que ha recibido”.

Entre las acciones prioritarias para ello destaca la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental, a través de su tecnificación y del diálogo temprano entre la comunidad y los titulares de proyectos y el SEA; la creación de un banco de compensaciones ambientales y sociales, y la evaluación internacional al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el ámbito de la contaminación atmosférica, compromete una “Estrategia Nacional de Control de Emisiones a la Atmósfera” (que incluya contaminantes locales y globales), con acciones de eficiencia en el sector vivienda y edificación, el secado de la leña, recambio de calefactores, una movilidad baja en emisiones, cobros por congestión y normas de eficiencia energética para vehículos livianos y medianos, además de avanzar hacia sistemas de transporte eléctricos. 

Incluye Piñera  la economía circular y la remediación ambiental en su programa, incluyendo “la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor” y Fomento al Reciclaje, un “Plan de Acción Nacional para la eficiencia en la gestión hidrica y energética en el sector público”, e incluyendo el etiquetado de la huella de agua y de carbono de sus productos para conocimiento de los consumidores. También propone crear un “Fondo de Remediación” para reparar los ambientes dañados, con recursos provenientes de planes de reparación y compensación de la Superintendencia de Medio Ambiente y de los Tribunales Ambientales. 

Concluye el programa ambiental con el compromiso de una “Ley de Cambio Climático” para cumplir los compromisos internacionales, fortalecer el Inventario de Gases Efecto Invernadero y el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, además de incorporar la adaptación al cambio climático al Sistema Nacional de Inversiones y a la Estrategia de Reducción de Riesgos; además de asignar responsabilidades sectoriales de reducción de emisiones y fortalecer la capacidad de fiscalización del impuesto al carbono y la creación de un Fondo Climático y una estrategia de financiamiento. 

Valorando los compromisos ambientales de Sebastián Piñera, nos preocupa enormemente como es que logrará cumplirlos, ya que en los capítulos sectoriales de su programa de gobierno las propuestas se fundamentan en promover la intensificación de la explotación de los recursos naturales para “duplicar la tasa de crecimiento de la economía”; y, al mismo tiempo, “agilizar el Sistema de Evaluación Ambiental, a fin de lograr procesos más expeditos”. Si miramos en detalle las propuestas, estas tienen un impacto sustancial sobre el territorio, los recursos naturales y su integridad ambiental, tal como se expresa en minería: “posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento económico”, “incentivar la exploración minera”, … “establecer una oficina de Gestión de Proyectos de Inversión que, de manera proactiva, busque atraer, coordinar y agilizar nuevas inversiones en el sector. Evaluar la creación de instrumentos específicos de atracción y protección de inversiones”. En agricultura, “aumentar la superficie y seguridad de riego, reimpulsando la “Estrategia Nacional de Recursos Hídricos” elaborada el año 2013. Impulsar el Plan Nacional de Regulación y Embalses, incluyendo el término de las obras en desarrollo y el inicio de nuevas obras”. En pesca, expandir la extracción y la acuicultura… y así suma y sigue con todos los sectores de la economía, al mismo tiempo que propone evaluaciones ambientales expeditas y sin considerar políticas de ordenamiento territorial, ni estrategias integradas de cuencas, con lo cual los objetivos ambientales de su Programa entran en clara tensión con sus compromisos en Recursos Naturales e Infraestructura. 

Fuente: Publicado en Diario Estrategia

¿Congelará Bachelet su legado en materia de aguas?

Sara Larrain
Foto: ChileSustentable.net

Por Sara Larraín | Directora Chile Sustentable

El agua viene escaseando en Chile hace varias décadas. Más allá de los años húmedos o secos, de la oscilación del Niño, la Niña, y la sequía prolongada de los últimos años, la evidencia muestra en los hechos una mega sequía, producto del cambio climático que llegó para quedarse.

Desde el parlamento se desarrollaron comisiones investigadoras sobre sequía y desertificación, sobre robo de aguas, se generaron nuevas comisiones de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, tanto en la Cámara como en el Senado, y se han multiplicado proyectos que intentan mejorar las políticas públicas en materia de acceso, gestión y protección de las aguas. 

En la misma línea, el actual gobierno, en coherencia con lo comprometido en su programa de gobierno, nombro un Delegado de Recursos Hídricos, una Mesa Inter ministerial del Agua, retomó la tramitación de la ley que crea los servicios sanitarios rurales, la ley que mejora la fiscalización y sanciones, y patrocinó la moción parlamentaria que Reforma el Código de Aguas, que se venía tramitando en la Cámara desde 2012. Asimismo patrocinó una Ley de Protección de Glaciares ingresada a tramitación por un conjunto transversal de diputados. Todas estas iniciativas claramente constituían una adecuada respuesta no sólo a la escasez y los conflictos crecientes por el agua, sino al principal problema de Chile para adaptarse al cambio climático, tal como ha reconocido recientemente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

La agenda del agua avanzó a inicios el gobierno, con liderazgo del Ejecutivo y el Parlamento, logrando aprobarse la ley de servicios sanitarios rurales, y recientemente la referida a mejoras en la fiscalización y sanciones. Pero la Ley de Protección de Glaciares, quedó congelada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y la Reforma al Código de Aguas, que se aprobó en dos comisiones y el pleno de la Cámara, y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, hoy se encuentra bloqueada en la Comisión de Agricultura, presidida por la oposición  y abandonada por el ministro del ramo Carlos Furche, que ha argumentado como gran excusa que “la tramitación de la reforma se contaminó con la coyuntura electoral”, cuando  es obvio que todo históricamente se ha contaminado con las tensiones electorales  desde que existen elecciones.

El abandono de la Reforma al Código de Aguas por parte del ministro de agricultura en particular y del gobierno (SEGPRES) en general, pone en evidencia la dudosa voluntad política de algunos sectores de la coalición de gobierno, de resolver los desafíos críticos que enfrenta el acceso y gestión del agua en Chile. Pero también  ponen en riesgo el importante legado del gobierno de Bachelet en materia de aguas, que está en juego, justamente en esta reforma al Código de Aguas, que establece el derecho humano al agua, la priorización del acceso al agua para usos esenciales, las condiciones de sustentabilidad ambiental en la gestión del agua, el fin del acaparamiento para uso especulativo de las aguas, el reconocimiento de las aguas ancestrales de los pueblos indígenas y la creación de concesiones de uso temporal de las aguas por 30 años renovables para los nuevos derechos  de aprovechamiento.

Esta reforma, permite a Chile superar los retrasos sociales y ambientales que arrastra el Código de Aguas de 1981, pero además permite al país cumplir con las recomendaciones de la OECD en materia de aguas. Entre ellas, la necesidad de “adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos”; diseñar e “implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible”.

La OECD también es clara al recomendar a Chile “establecer usos esenciales del agua (agua potable saneamiento y protección de ecosistemas) a los que se otorgue alta prioridad” y ”acelerar la regularización y un registro transparente de los derechos de uso del agua y reforzar las medidas de fiscalización y las sanciones aplicables a las extracciones ilegales". También llama al gobierno a evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua, y expandir las normas de calidad de las aguas y monitorear la contaminación del suelo y “la extracción de agua para proteger los ecosistemas, en particular los humedales”.

El gobierno debe ser coherente con su programa de gobierno, con las recomendaciones de la OECD para alcanzar el estándar que requiere ser miembro de dicho bloque y ser responsable ante los riesgos de mayor inseguridad hídrica que trae el cambio climático. Esperamos que los meses que quedan, el gobierno de Michelle Bachelet sea coherente con sus compromisos, con el interés público nacional e internacional y no se deje arrastrar por las amenazas de la oposición que sigue defendiendo sólo intereses privados. ….y de unos pocos.

NO MÁS CARBÓN: ENERGIA LIMPIA AHORA

- Campaña Chile Sustentable - 

Viral sintetiza los “goles” que pretende pasar el gobierno en reforma al Código de Aguas

• La próxima semana se iniciará la votación en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, que ha sido presionada fuertemente por sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, para desmantelar el proyecto que busca garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
• Propuesta del Ejecutivo ha concitado rechazo entre organizaciones de la sociedad civil, además de parlamentarios del propio oficialismo y la oposición.

Con un video lanzado durante esta semana, el programa Chile Sustentable denunció los cambios que el gobierno está proponiendo a la reforma del Código de Aguas en el Senado. La iniciativa, aprobada en noviembre del año pasado por el pleno de la Cámara de Diputados, busca avanzar en garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
La ofensiva audiovisual, ue solo en facebook ya lleva más de 80 mil reproducciones, se suma a los cuestionamientos que, desde las propias filas oficialistas, la oposición y la sociedad civil, se han planteado frente a las indicaciones ingresadas recientemente por el Ejecutivo y que fueran coordinadas por el Ministerio de Hacienda. Esto llevó a la directora de Chile Sustentable, la ambientalista Sara Larraín, a señalar que “este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”.
Con el título “Peligro de gol a la reforma del Código de Aguas”, la pieza da cuenta de los principales cambios propuestos por la administración Bachelet para desmantelar el sentido profundo de la reforma, que va en la línea de ir instituyendo el derecho humano al agua como uno fundamental.
Es así que el gobierno plantea eliminar la figura de las concesiones temporales de agua para los futuros otorgamientos, oncepto que fuera aprobado por los diputados, manteniendo el de “derecho de aprovechamiento”. Esto es una distorsión con respecto a la forma en que se utilizan los demás bienes públicos, como las concesiones pesqueras o mineras, que en última instancia se reconocen como propiedad el Estado.   También aumenta el plazo  para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan estos.
Además exime a las empresas mineras de solicitar autorización para utilizar las aguas halladas en el área de la concesión y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas.  Asimismo, libera a los inversionistas en hidroeléctricas de hasta 20 megawatts de la exigencia de dejar caudal ecológico, lo cual es una excepción que hoy solo opera para los pequeños campesinos, beneficiarios de INDAP, y los usos de subsistencia.
Por último, permite cambiar los puntos de  extracción de aguas de una cuenca a otra sin evaluar los posibles perjuicios al medioambiente y a las comunidades locales.
A las indicaciones del Ejecutivo se sumó una del senador DC Jorge Pizarro que va en la misma línea (y que originalmente tenía pensado impulsar La Moneda) al proponer eliminar la priorización del agua para “uso doméstico de subsistencia”, lo cual perjudica a comunidades agrícolas, indígenas y campesinos.
Todos estos cambios van en sintonía con el lobby de sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, con el objetivo de revertir las reformas.
Reacciones
Desde el oficialismo han cuestionado fuertemente las indicaciones del gobierno.  Según consignó El Pulso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, señaló que “nos preocupa que se quiera modificar el tema de los derechos indefinidos con el objetivo de ‘eliminar ruidos’ como ha señalado el ministro de Hacienda”. “Sabemos que desde la derecha se ha intentado desinformar y que se ha hablado hasta de expropiación, lo que absolutamente falso. Esperamos que el Senado no dé luz verde a estos cambios y se respete el sentido de lo aprobado en primer trámite constitucional” explicó el legislador DC. Su correligionario Mario Venegas indicó que “la fuerza de los grupos de presión y del lobby está llevando a que se distorsione la idea apoyada en la Cámara. Si el Senado las aprueba tendremos que irnos a Comisión Mixta”, al tiempo que dio cuenta de la molestia de las bancadas de la Nueva Mayoría con la propuesta del Ejecutivo.
Desde el PPD, la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, anunció una ofensiva con los senadores para evitar que sean apoyadas las indicaciones. “Hay una contradicción porque si hablamos del agua como un bien nacional de uso público, no puede convertirse en propiedad privada y que se pueda disponer de ella como si fueran acciones. En cualquier lógica de sobrevivencia el recurso no puede ser apropiado por unos pocos, ni siquiera con equidad porque está concentrado donde hay más plata” señaló.

Desde el Senado, el independiente Antonio Horvath también criticó la propuesta: “Es un paso atrás respecto de lo que originalmente se había aprobado” indicó al canal aysenino Santa María TV, con lo que concordó el presidente de la Corporación Privada par el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, quien puntualizó que “estas indicaciones están planteando revertir, en alguna medida, todos los logros” alcanzados en la Cámara de Diputados. Recordó el dirigente que este tema es particularmente sensible para la zona austral, al existir impactos en el acceso al agua “para comunidades que están aguas arriba de los derechos entregados, particularmente en el caso del río Baker, porque se tiene que asegurar el caudal para que las potenciales hidroeléctricas deban operar. Entonces, la discusión sobre energía y agua es muy importante para la región de Aysén”.
El martes 2 de mayo, a partir de las 10:30 horas, la Comisión Especial de Recursos Hídricos comenzará la votación de todas las indicaciones que se presenten, sesión que podrá ser seguida online a través del portal de televisión del Senado.  Integran la comisión Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
Revisa el video acá:
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Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p-6xL33LaYI

Los "7 goles" que nos quieren meter en la Reforma al Código de Aguas

Sara Larraín: “Este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”

Sara Larraín - Congreso Nacional

• Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo  difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes  avances logrados en la Cámara de Diputados.
• “La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.

Como una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” definieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados.  Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).

En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.

“Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado

Los cambios

Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan  con esta.

Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales  el uso doméstico de subsistencia. También  retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen  de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.

Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento.  Tambien debilita  la regulacion referida a las  mineras,  eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo.  Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo  prestaba servicios a una compañía minera.

Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial  pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen.  Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de  caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW).  Insólitamente la autoridad  entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap  que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a  grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden  poner en peligro las fuentes de agua.

Finalmente la administración de Bachelet también propone  eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.

“La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó Larraín.

Comunicado de Prensa: Evaluación de Chile Sustentable tras presentación de Agenda Energética

Chile Sustentable hace una positiva evaluación de 5 lineamientos de la Agenda de Energía anunciada el día de hoy por la Presidenta Michelle Bachelet, mientras mantiene  reservas  en  2 lineamientos.

En base al mensaje entregado por Michelle Bachelet esta mañana, tras recibir de manos del Ministro de Energía el documento “Agenda de Energía. Un Desafío País, Progreso para Todos”, Chile Sustentable valora 4 de las siete medidas concretas para reformar el curso del desarrollo energético del país.

1. Chile Sustentable destaca que la mayor innovación de la Agenda se encuentra en la democratización de las decisiones sobre el desarrollo eléctrico mediante el compromiso de una planificación con participación ciudadana y planes de ordenamiento territorial, con participación de los ciudadanos y las regiones.
2. La segunda medida a celebrar es el nuevo rol del Estado que se hace responsable y asume un liderazgo en la orientación del desarrollo energético del país, sin temor a una participación directa y a un rol regulatorio más activo.
3. En cuanto a las medidas especificas parecen destacables la corrección de las distorsiones de mercado, lo cual se concretará en la reducción de un 30% de los costos marginales de la energía en el SIC, al año 2017; y la clara señal de priorizar las energías renovables no convencionales (ERNC) para lograr  una presencia de un 45% ERNC en la matriz eléctrica al año 2025.
4. Se valora que finalmente la Agenda comprometa un plan concreto de eficiencia energética con la meta de reducir 20% del consumo esperado al año 2025. Esta, es una meta ambiciosa dada la situación actual de la gestión energética, no obstante es perfectamente posible tomando en cuenta el primer plan nacional de eficiencia energética ya publicado el año 2010.
5. Chile Sustentable celebra una mayor presencia del Estado en la participación del sector, tanto por el fortalecimiento del rol de ENAP, con una inversión de US 400 millones, como con la inversión pública de US 250 millones para el desarrollo de una matriz más limpia y eficiente, donde las organizaciones ciudadanas serán fundamentales.
6. Finalmente, Chile Sustentable advierte dificultades en el excesivo apoyo a la hidroelectricidad convencional  destacado en la Agenda, medida que  junto a la priorización de hidroeléctricas y termoeléctricas en el Plan de Obras vigente y la facilitación de inversiones constituyen áreas donde existen graves inequidades y han significado graves errores e injusticias cometidas por varios de los gobiernos pasados.

Chile debe cambiar el paradigma de desarrollo energético dando al Estado y a los Ciudadanos mayores atribuciones para determinar el desarrollo eléctrico futuro sobre la base del interés público y el bien común.

Sara Larraín

Directora Ejecutiva

COMUNICADO DE PRENSA: “Existen Pasos legales Aún Pendientes por Hidroaysen”

Tras el fallo de la Corte Suprema, Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable, resaltó la existencia de juicios civiles y penales en el caso del proyecto hidroeléctrico, además de la vista de más de mil reclamaciones ante el Consejo de Ministros. 

Respecto del pronunciamiento del miércoles 4 de abril de la Tercera Sala de la Corte Suprema que decidió no acoger los recursos de protección presentados por la ciudadanía en contra del proyecto Hidroaysen, es importante destacar ante la opinión pública que la sentencia de la corte no fue unánime, y que al igual como ocurrió cuando el caso se vio la corte de Apelaciones de Puerto Montt, se trató de un fallo dividido. 

“Si bien el fallo no acogió los siete recursos de protección, la sentencia tuvo los votos en contra de los Ministros  Sonia Araneda y Haroldo Brito, quienes sí consideraron que Hidroaysen vulnera la legalidad ambiental y provocará daños al ecosistema de la zona que no han sido correctamente estimados” destacó Sara Larraín, quien precisó que “esto obviamente muestra ante la opinión pública que no hubo coincidencia entre los jueces sobre la no vulneración de las garantías constitucionales sobre las cuales diversas organizaciones ciudadanas y ambientalistas han recurrido a la justicia”, dijo la directora del programa Chile Sustentable.

Por lo tanto, indicó Larraín, “este fallo, si bien es adverso, es sólo el primer paso de acción en la estrategia legal para evitar el desarrollo del proyecto”.

La ecologista indicó que están en curso más juicios en lo civil, particularmente contra la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, “por una serie de resoluciones y procedimientos administrativos, como la resolución 1.800 del año 2010, con la que se modificaron criterios técnicos del organismo, para facilitar el desarrollo tanto de este proyecto como de otros megaproyectos hidroeléctricos en el sur del país”.

También Larraín recordó que existe un juicio penal por falsificación de documento público durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto, en contra de la Seremi de Vivienda, que primero habría emitido un informe negativo al proyecto el que fue reemplazado por otro que lo aprobaba. Y que el Consejo de defensa del Estado evalúa la presentación de una querella criminal por las anomalías de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) “debido a que dicha entidad habría cambiado y falseado el informe presentado al SEA, al dejar fuera la opinión de los ingenieros forestales que trabajaban en el Estudio de Impacto Ambiental, posibilitando así la aprobación de HidroAysén”, agregó.

“No olvidemos que también existe una causa por el perjurio y presentación de medios de prueba falsos que dio el vicepresidente ejecutivo de Hidroaysen, el señor Daniel Fernández, al Tribunal de la Libre Competencia, en agosto de 2010”, dijo Larraín. 

Además, la directora del programa Chile Sustentable puntualizó que está pendiente la vista de más de mil reclamaciones ciudadanas ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad respecto a las irregularidades y perjuicios ambientales y económicos que causará este proyecto. “En este contexto, este pronunciamiento de la Corte es un fallo lamentable, pero no se han terminado las instancias de acción para evitar la realización de este proyecto”, finalizó. 

CONTACTO:

 GWENDOLYN LEDGER, COMUNICACIONES CHILE SUSTENTABLE F: 2097028 / 209 1979 – CEL 09 8566801

NEGATIVO BALANCE DE LA GESTIóN ENERGETICA-AMBIENTAL EN 2011

El Programa Chile Sustentable evalúa un mal desempeño ambiental del gobierno durante 2011; extrema lentitud en la tarea legislativa de relevancia ambiental y pone como mayor logro la conciencia y movilización ciudadana.

LO MÁS NEGATIVO

ENERGIA:

1-La aprobación de mas de una decena de centrales termoeléctricas, principalmente a carbon: Castilla (8), Pacifico, Patache, Laraquete y una mina a carbon: Mina Invierno, de un mega-emprendimiento de 5 en Isla Riesco, Región de Magallanes. Todos ellos, además de ser altamente contaminantes, impactan gravemente la salud  de la población, el  medioambiente, y además agravan la actual carbonización de la matriz energética del país.

2-El empeoramiento de la contaminación ambiental por causa de las fundiciones y las termoeléctricas destacando la inaceptable situación de Puchuncaví y los graves episodios que obligaron al Gobierno a anunciar el traslado del colegio La Greda. A lo cual se suman la insostenible situación de contaminación en Tocopilla, Huasco y Coronel, que concentran generación térmica y constituyen áreas de sacrificio para el ambiente y la salud de la población.

3-La irregular aprobación ambiental de 5 centrales de Endesa y Colbún en la Patagonia, las cuales además de destruir los valles de los ríos Baker y Pascua, condenando a la región de Aysén a perder un gran patrimonio turístico. Significan agravar la concentración en el mercado de la generación en Chile y condenar a 7 regiones del país a sufrir impactos de obras de generación y torres de trasmisión (2.000 Km.) para alimentar de energia a las empresas mineras que se encuentran entre Rancagua y Taltal al sur de Antofagasta.

AGUA:

4-En el tema hídrico,  destacan las señales negativas, con  la venta de la propiedad del Estado en las sanitarias Aguas Andinas, Essbío y Esval,  enajenando así bienes nacionales de uso publico de todos los chilenos y desoyendo nuevamente a la ciudadanía y a los sindicatos de las sanitarias que se oponían a la enajenación.

5-La inconsistente gestión del gobierno ante la situación critica de los recursos hídricos, donde por un lado declara diversas localidades como zonas de escasez hídrica y aumenta la fiscalización de robos de agua, mientras que por otra deroga decreto de reservas de agua para el abastecimiento humano (pozos de la Concordia, Arica) entregándolos a la agroindustria en zonas de restricción.

6-La irregular concesión de permisos  de obras hidráulicas a GENER para la construcción de su proyecto Alto Maipo, que pretende entubar las aguas de los ríos Volcán, Yeso, Colorado y Maipo para generar electricidad, vulnerando los  derechos de agua de los agricultores del valle del Maipo, destruyendo la base del desarrollo turístico del Cajón del Maipo y poniendo en  riesgo la principal fuente de suministro de agua potable de  Santiago.

7-Destrucción de glaciares: Durante 2011 se  confirmo la intervención de la Minera Anglo-American  en el  glaciar La Paloma, en la Cordillera de Santiago, hecho que además de su ilegalidad  amenaza la provisión de agua de  riego y de Santiago, sin que se conozcan sanciones del gobierno ante este hecho.  Adicionalmente a finales de año la División Andina de Codelco, presento un plan de ampliación de su mina Sur-Sur en el valle del Aconcagua, que implica la destrucción de mas de 100 hectáreas de glaciares de roca, lo cual constituye un atentado a las reservas hídricas de esa cuenca, afectando la agricultura del valle del Aconcagua y la región de Valparaíso.

INSTITUCIONALIDAD  AMBIENTAL Y POLITICAS PÚBLICAS:

8-Grave retraso en la tramitación de la Ley que crea los Tribunales Ambientales que completa dos años de tramitación, lo cual impide que entre en funciones la Superintendencia de Medioambiente. Ello mantiene una situación de déficit de fiscalización de la regulación ambiental y el desamparo de la ciudadanía frente al daño ambiental.

9-Grave retraso de la tramitación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, debido al deficiente e inconsulto proyecto de Ley presentado por el gobierno, lo cual genero una negativa de los senadores a iniciar su tramitación, mientras no se subsane las deficiencias y propuestas inaceptables de esta Ley, tales como los mecanismos privatizadores de las Áreas Protegidas.

10-El grave retraso de los proyectos de Ley para aumentar a 20% la cuota obligatoria de energias renovables no convencionales en la matriz electrica; el proyecto aprobado unánimemente por el Senado ha sido primero retrasado y  luego bloqueada su aprobación en la sala por el gobierno.

Por su parte, el proyecto de Ley para establecer las tarifas a la generación residencial (conocida como Net-metering) aunque ha sido aprobado en el Senado y la Comision de Energia de la Cámara de Diputados, ahora ni el gobierno, ni el diputado Melero (presidente de la Cámara) le dan la urgencia para terminar el tramite en la Cámara.

LO MÁS POSITIVO

1- El despertar ciudadano con las manifestaciones contra las mega centrales de Castilla( Atacama), la aprobación de la Mina Invierno en Isla Riesco (Magallanes) y marchas contra la aprobación de Hidroaysén en la Patagonia (Aysén) y el continuismo de la política electrica. Este despertar se expreso también en

2-La conformación de la Comisión Ciudadano Técnico Parlamentaria, con 40 organizaciones ciudadanas, académicas, gremiales y parlamentarios de distintas bancadas, elaboraron una propuestas consensuada para “Una Gran Reforma Energetica”, para la seguridad y sustentabilidad del desarrollo eléctrico, la que se entrego al Congreso y al Presidente Piñera en el mes de noviembre.

3-El reconocimiento del Gobierno (Ministro Álvarez) de que existe “una fragilidad enorme” en el sistema eléctrico del país. En el sistema eléctrico del Norte Grande (SING) ello obligará a un racionamiento eléctrico en las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá durante todo el verano, debido a fallas en las centrales y problemas en las líneas de transmisión. A ello se suma la vulnerabilidad del Sistema Interconectado Central (SIC), luego de los apagones de septiembre pasado; evidenciando los problemas de mantenimiento, planificación  y fiscalización  del actual modelo de desarrollo eléctrico.

EL PEOR FRACASO INTERNACIONAL

1- El fracaso de las negociaciones del  clima en el Marco de la Convención de Cambio Climático, desarrollada en  Durban,  Sudáfrica. Este hecho, luego de las frustradas reuniones de Copenhague y Cancún, pone en crisis los acuerdos para enfrentar el calentamiento global y arriesga al planeta a sufrir la mayor catástrofe social y ambiental si el aumento de temperatura supera los 2º C

Essal: Una Fallida Venta

DECLARACIÓN PUBLICA

Ante la fallida venta de acciones de la sanitaria Essal, anunciada públicamente por CORFO en horas de la tarde de ayer jueves 15 de diciembre, Chile Sustentable desea expresar su satisfacción frente a la decisión de suspender esta transacción.

Si bien tal medida fue justificada por el bajo precio ofrecido por el 40,46% de acciones a vender en la sanitaria de Los Lagos, esta acción significa la paralización temporal de una medida inconsulta e impopular, otorgándole una oportunidad política histórica al presidente Piñera para enmendar esta acción que atenta contra la propiedad de activos públicos que son patrimonio de todos los chilenos y chilenas.

Al respecto, destacamos y compartimos la permanente oposición de la ciudadanía representada por las juntas de vecinos y organizaciones de consumidores de las ciudades bajo la concesión sanitaria de ESSAL; de los sindicatos representantes de los trabajadores de las empresas sanitarias agrupados en la FENATRAOS junto con la CUT, y representante políticos -alcaldes, diputados y senadores- de diversos sectores con los que, de manera reiterada, hemos manifestado al gobierno lo inconveniente de llevar adelante la enajenación de la participación que posee el Estado en las empresas del sector sanitario, y a lo cual nos hemos opuesto desde un primer momento, cuando se anuncio la venta de acciones de Aguas Andinas, Esval y Essbio.

En consecuencia, nuestra organización hace un llamado al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a desistir del todo en su afán de privatizar los activos sanitarios que el Estado chileno aún posee, y que son altamente rentables para el erario nacional. Lo instamos además, a retomar su rol y responsabilidad respecto de la provisión, gestión, tratamiento y cuidado del agua del país, la que no debe ser tratada como una mercancía más, sino como un elemento de primera necesidad para las personas y el medio ambiente. 

Santiago, 16 de diciembre de 2011.

Comunicaciones Chile Sustentable

“¿Por qué pagamos tanto por la electricidad en Chile?”

Escrito por Sara Larraín - Fuente: http://bit.ly/sTD5xy

Hay consenso en afirmar que en nuestro país pagamos uno de los precios más altos por la electricidad, tanto de Latinoamérica como  del mundo, atribuyéndolo siempre a nuestra natural escasez de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural; o la ocurrencia de años secos.

Pero esta falta local de combustible no es la causa relevante, sino que es debido a que las empresas generadoras están marginando más de un 50% de sobre utilidad en el sector de los consumidores residenciales, por encima del 10% aplicado sobre su costo incluida la generación, teniendo presente que dicha tasa de rentabilidad es la estipulada en la regulación para los segmentos de transmisión y distribución.

Para llegar a eso, hay que partir por aclarar que el negocio de la generación eléctrica en Chile es un mercado libre, y que su comercialización es través de contratos bilaterales entre las empresas generadoras que retiran electricidad de los sistemas interconectados con los clientes libres o las empresas distribuidoras.

Debido a ello, el precio final para el consumidor queda determinado por el precio establecido en dichos contratos, más el valor por los servicios de transmisión y distribución de la electricidad.

En términos generales, lo que cuesta en la actualidad producir una unidad de energía eléctrica –es decir, un Mega Watt Hora (MWh)- para un cliente domiciliario (lo que se denomina en jerga eléctrica un “cliente regulado”) o de un cliente libre, es del orden de 110 dólares, monto que al tipo de cambio de agosto de 2011 es de $52 pesos por KiloWat-hora (mil kilowats es un MegaWat).

Los clientes libres, es decir, empresas grandes como mineras, celulosas y otras del SIC y SING, en promedio, pagan un valor de entre 117 y 135 dólares por cada MW/h, produciendo un margen de sobreutilidad de casi un 15% a las empresas eléctricas comercializadoras (generadoras que retiran electricidad de los sistemas interconectados).

La cifra aumenta sustancialmente al observar el valor que pagamos los clientes regulados, que es entre 160 y 190 dólares el MWh, lo que implica que en nuestras cuentas de luz las empresas están marginando más de un de 50% sobre utilidad. Es decir, recuperan lo invertido en la generación, se llevan un 10% de ganancia por la generación, transmisión y además un 50% adicional de ingresos!

¿No lo cree? Sumemos:

Costos de inversión asociado a cada uno de los diferentes medios de generación (y ya amortizado gran parte del parque generador)=  17 US$/MWh. Costo de operación, mantención, administración y comercialización= 48 US$/MWh

A esto se debe agregar el costo aproximados por los servicios regulados de transmisión 10 US$/MWh, y distribución, 12 US$/MWh. Esto suma 87 US$/MWh

Si se consideran además pérdidas en el sistema completo (Generación, Transmisión y Distribución) del orden del 10%, se obtiene un costo de la electricidad igual a: 97 US$/MWh. Y si se aplica una rentabilidad del 10% en el negocio, se infiere que el valor de compraventa de la electricidad debería ser del orden de los 107 US$/MWh, lo que en cifras macro podría “redondearse” a 110 US$/MWh, ó $51.260  pesos chilenos (tipo de cambio de agosto: 1 US$ = $ 473 pesos)

El tema es que en cualquier cuenta de electricidad en Santiago se puede apreciar que el valor del kilowat hora es mayor a $76 pesos. Esto resulta de sumar lo indicado en su cuenta mensual como: cargo fijo, cargo único por uso del sistema troncal y energía base, y dividir dicha suma por los KWh consumidos en el mes.

En términos monetarios, equivale a  $76.000 pesos por MWh, es decir, 160 dólares, versus los 97 que salía generar cada MW/h. Resultado que muestra una rentabilidad mayor al 60%, dado que el consumidor regulado está haciendo rentar el sector eléctrico más del 50% de sobre utilidad como adicional al 10% señalado en la normativa para los sectores de transmisión y distribución.

Multiplíquelo luego por los millones de clientes domiciliarios de Santiago y las regiones que integran el SIC y del SING y podrá tener una idea de las ganancias de cada empresa; montos verificables, por lo demás, cada año en los balances públicos de las empresas eléctricas y sus compañías relacionadas.

Quizás lo más singular es que esta situación no es una ilegalidad. Al contrario: la regulación actual  lo permite conforme a lo señalado en la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE: DFL 4/año 2006 ex DFL 1/año 1982) y en su normativa complementaria (Reglamento de la LGSE y procedimientos complementarios).

Dicho de otro modo, la culpa del alto precio de la electricidad no es responsabilidad de los actores que ofrecen el suministro en el mercado (principalmente concentrado en tres empresas generadoras que poseen más del 85% de participación en el mercado: Endesa, Gener y Colbún; y sus filiales) si no que, simplemente, es el resultado de la aplicación de la normativa vigente y por lo tanto la responsabilidad es de los encargados de gobernar y de legislar en la materia, y que después de 30 años no han siquiera intentado modificar.

Por eso es que, cuando se creó en mayo la Comisión Asesora Eléctrica Presidencial, un grupo de técnicos, parlamentarios, organizaciones ciudadanas y ambientales sabíamos que sería más de lo mismo y en respuesta conformamos la Comisión Ciudadano Técnico Parlamentaria por la Matriz Eléctrica (CCTP), con la que hemos trabajado durante estos meses por hacer una propuesta país destinada a cambiar esta situación.

Es que el sistema eléctrico nacional está haciendo crisis, y lo que corresponde es una reforma estructural  al  mercado eléctrico mediante la inclusión de condiciones de equidad social, sustentabilidad ambiental y reglas de transparencia para el desarrollo eléctrico.

Es mucho lo que se puede hacer: priorizar la generación eléctrica con tecnologías limpias, basadas en energías renovables no convencionales, de bajo costo operacional; regular el segmento de generación; incorporar el concepto de reserva estratégica, una reforma del modelo marginalista, llevar a cabo licitaciones separadas para la adjudicación de los bloques de energía para el cumplimiento de las cuotas de ERNC, licitar en forma separada los bloques de energía destinados a respaldar los sistemas eléctricos en demanda “de punta” y un cambio de la estructura corporativa del CEDEC, para su transparencia e independencia, entre otras.

Si se conjugan dichas variables, seríamos capaces como país de tener un mínimo costo eléctrico tanto para clientes libres como para los clientes regulados, resultado de una planificación estratégica consensuada, que nos permitiría ayudar en forma importante a la disminución de la extrema pobreza y al crecimiento del país, y también de forma más limpia y sustentable.

Rompiendo el Paradigma: Chile Necesita Una Gran Reforma Energética

Por Rodrigo de la O – Fotos Gentileza:l www.maucho.cl

Después de varios meses de trabajo en distintas ciudades del país la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria, CCTP, se dio cita en el Centro Cultural La Moneda para hacer público el lanzamiento del texto “Chile Necesita Una Gran Reforma Energetica” documento que se constituye como una apuesta sin precedentes, ambiciosa, que involucra a parlamentarios de distintos sectores, organizaciones no gubernamentales, profesionales, técnicos, privados y a la ciudadanía de diferentes regiones del país.

Las propuestas expresadas, con la fuerza de las ideas, establece un desafío mayor a la conformada Comisión Asesora para el Desarrollo Electrico de gobierno la que ha demorado más de lo contemplado en su desarrollo y presentación y que se espera pueda estar terminada a mediados de este mes.

Amaro Gomez-Pablos introdujo las alocuciones de los Senadores Rincón, Allende, Horvath, Cantero, miembros de la CCTP junto a representantes de ONGs, privados y organizaciones ciudadanas quienes participaron de la presentación. Es relevante mencionar que la Comisión de Energía y Minería del Senado participa de la CCTP en plenitud a excepción de uno de sus integrantes.

Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable, fue quien comentó acerca de la génesis de la CCTP y la propuesta de una transición hacia un desarrollo eléctrico limpio, seguro, sustentable y justo. Manifestando que hoy vivimos un punto de quiebre que deriva en un problema de gobernabilidad democrática recordando importantes manifestaciones sociales como fue el caso de Barrancones e Hidroaysen.

La Senadora por el Maule, Ximena Rincon, señalo que en los elevados costos de la Energía no se usa todo el potencial de eficiencia energética recalcando la necesidad de que la empresa privada fomente e incentive un porcentaje mayor en el desarrollo de eficiencia energética agregando que la electricidad en el país “es cara, insegura y sucia” y que “el futuro no es el lugar a donde vamos, sino el que estamos creando hoy día”.

El Senador Horvath mencionó que el proyecto Hidroaysen no está aprobado y que aún existen temas legales en tribunales y que después de conocido el documento presentado es aun mas absurdo que esta se construya.

Pedro Maldonado del Instituto de Asuntos Publicos de la Universidad de Chile (INAP) mencionó respecto de la Ley General de Aguas de 1982 la irracionalidad y apropiación espuria de los derechos de agua. Comento también la importancia de la Ley de Medición Neta (Net Metering) y la eficiencia energética como una política de Estado permanente (Plan de Acción de Eficiencia Energética. 15% a 20% al 2020).

Ramiro Plaza, de la región del Maule, hizo la presentación en representación de los ciudadanos y privados que participaron del proceso de trabajo del documento en la séptima región. En su alocución mencionó lo impactado que se encuentra nuestro río Maule señalando que “las comunidades son las que se ven afectadas y el Maule se encuentra hecho pedazos”.

Además hizo mención sobre la importancia que tienen zonas prístinas como el cajón del Río Achibueno y la zona Costera de la región como patrimonio natural de nuestra región y como lugares lícitos de poder potenciar en sectores relacionados con el turismo de intereses especiales y de tradiciones locales, cualidades que nuestra región posee y que desde la perspectiva de desarrollo económico local es ética y moralmente lógico que se pueda proyectar ese potencial versus proyectos altamente invasivos y contaminantes. Además, destacó que la región del Maule es una de las que más aporta al SIC lo que no se traduce en un beneficio directo para las zonas donde se generan ya que el grueso de esa energía se va hacia el norte.

Al finalizar, señaló que "el modelo económico actual es absolutamente insostenible en el tiempo y que es necesario proponer con urgencia un nuevo modelo, debiendo evolucionar de manera inteligente, proponiendo soberanía energética y que seamos capaces de reconocer la deuda ambiental que existe en muchos sectores del país donde se han impuesto condiciones económicas abusivas por sobre las comunidades".

Hugo Altomonte, representante de CEPAL, mencionó que hace 15 años que se ha identificado la concentración de mercado y que desde ese entonces se ha insistido en la necesidad de diversificar la matriz tal como lo han hecho en alguna medida Brasil y México invirtiendo en Eficiencia Energética. En ese sentido indicó que "con este documento presentado por la CCTP, se inicia un proceso encaminado hacia un sector energético más compatible con un desarrollo sostenible”.

A continuación, le correspondió intervenir a Raúl Sohr, destacado periodista, analista internacional y conocedor de las problemáticas relacionadas con la energía, mencionó de entrada que esto “no es una reforma, es un cambio de Chile” el cual “quiebra, rompe, altera, el proceso de desarrollo que ha tenido nuestro país” siendo el conflicto mayor el de la energía el cual calificó como la “espina dorsal de un país” añadiendo que esta debiera ser “limpia, económica y segura” aludiendo a las palabras del Presidente Sebastián Piñera y sus compromisos de campaña.

El Señor Sohr agregó que “la Carbonización de la matriz de nuestro país podría llegar a convertirnos en los segundos, después de China, en emisiones de PPM (partículas por millón) de CO2” y que “Chile es absolutamente vulnerable a la crisis de oriente y la denominada "Primavera Arabe”" poniendo énfasis en que “tiene que haber una solución colectiva ante la ingobernabilidad mundial”.

Un aspecto no menor que Raul Sohr recalcó fue el desorbitante gasto de Chile en Seguridad en los ultimo 10 años con una inversión en armamento cercana a los US$ 5000 convirtiendo al país, por lejos, en el que más gasto per cápita posee en la región en defensa reflexionando que “lo lógico hubiese sido invertir en autonomía energética y seguridad energética”.

Concluyo, señalando que habría que considerar la discriminación entre “electricidad limpia” y “electricidad sucia”, conocer la “huella de carbono” que poseen los distintos productos y/o servicios poniendo el énfasis en el eje energetico en nuestra sociedad.

Para cerrar esta jornada correspondió la alocución de Ana Stipicic, vocera y representante de la organización ciudadana Alerta Isla Riesco, que  opone a la explotación de mineral de carbón en el proyecto Mina Invierno en la Isla Riesco. Sus sentidas palabras sirven para entender que vivimos un proceso en movimiento y del cual, queramos o no somos parte, donde “cambiar el  mundo implique, en su justo orden, primero poder cambiar uno mismo” entendiendo que el escenario actual “permite actuar con gran libertad de generar negocios para los privados existiendo una notoria falta de participación del Estado”. Ana Stipcic, fue muy clara al señalar que “lo legal no necesariamente es lo moral” y que, sencillamente, “no se puede perseguir un bien a través de un mal”. Finalizó haciendo un llamado emplazando a los grandes grupos económicos, al gobierno y a cada uno de nosotros a trabajar de forma solidaria entendiendo que debemos poder tener un desarrollo más pausado, más inteligente en donde todos “somos socios y no adversarios”.
En conclusión, surge una nueva mirada país en donde alrededor de 50 personas han participado desinteresadamente de un trabajo con visión de futuro, propositivo, que busca desarrollar de manera participativa, colectiva, lo que realmente es importante: poder encontrar la búsqueda de la unión de todos por un bien mayor, fortaleciendo nuestra democracia y el desarrollo sustentable de nuestro país.

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www.energiaciudadana.cl

La Comisión Ciudadana-Técnica-Parlamentaria (CCTP) quedó constituida por 40 personas, e integrada por parlamentarios, académicos y técnicos, organizaciones gremiales y organizaciones ciudadanas de interés público. Son miembros la CCTP, los parlamentarios de la Comisión de Energía y Minería del Senado: Carlos Cantero (Ind), José Antonio Gómez (PRSD), Ximena Rincón (DC), Isabel Allende (PS) y el senador Antonio Horvath (RN) representante de la región de Aysén; y los diputados Enrique Accorsi (PPD), Patricio Vallespín (DC), Alfonso de Urresti (PS) de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Del sector académico y gremial participan en la Comisión: Roberto Román (U. de Chile), Pedro Maldonado (U. de Chile), Miguel Márquez (U. Austral), Verónica Vukásovic (IDMA), Oddo Cid y Rodrigo García (ACERA), Ramiro Plaza (Pymemad), Fernando Rosselot (Madeex), Stephen Hall (Energía Sustentable), Rodrigo Herrera y René Reyes (AIFBN), Verónica Munita (Asociación de la Biomasa); y los especialistas y asesores de los parlamentarios: Andrés Romero, Alejandro Sule, Rafael Sáenz , Luís Donoso y Marcelo Pérez.

Desde las organizaciones ciudadanas integran la Comisión: Iván Couso (PSL), Sara Larraín y Teresa Montecinos (Chile Sustentable), Matías Asún y Milko Yúnusic (Greenpeace), Manuel Baquedano y Alicia Esparza (IEP), Flavia Liberona y Rodrigo Bórquez (Fundación Terram), Bernardo Reyes (Ética en Bosques), Patricio Rodrigo (Chile Ambiente), Juan Pablo Orrego, Mitzi Urtubia y Hernán Echaurren (Ecosistemas), Michael Álvarez y Sebastian Ainzúa (Fundación Heinrich Böll), Paz Araya (CODEFF), Alejandro San Martín (Partido Ecologista), Ernesto Medina (Aquí la Gente). A ellos se sumaron: Rosa Martínez (Valparaíso), Patricio Segura y Miriam Chible (Aysén), Bernardita Araya (Arica-Parinacota), Sigisfredo Bustos y Rodrigo de la O (Maule), representantes de las mesas regionales que se conformaron en diversas localidades del país que enfrentan conflictos energéticos y que aportaron insumos al trabajo de la CCTP.

INVITACION: Seminario-Taller: La privatización del Agua en Chile.

Las organizaciones convocantes, tienen el agrado de invitar a representantes de Organizaciones Sociales, Medio ambientales, Colectivos, Federaciones, CCAA, Sindicatos, entre otros, a participar de:

• Seminario-Taller: La privatización del Agua en Chile.

Esta jornada tiene como objetivo compartir información sobre el marco jurídico general del acceso y gestión del agua en Chile; Análisis del conflicto que pone en riesgo la permanencia de la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, como servicio público y municipal. 

Los convocantes, desean reunir a representantes de organizaciones sociales y personas interesadas en contribuir al impulso de agendas locales e instancias ciudadanas de coordinación para apoyar la gestión pública y social de las aguas en Chile.

Esta jornada se realizará el viernes 30 de septiembre.

A partir de las 9.00 Hrs.

Lugar: Fundación Heinrich Boell,  Av. Fco. Bilbao N º 882.

(Esquina/ José Manuel Infante. Providencia - Santiago.)

Se requiere inscripción previa y confirmar asistencia a:

Email: chilesus@chilesustentable.net ; cvillarroel@chilesustentable.net

Teléfonos: (02) 2097028 begin_of_the_skype_highlighting            (02) 2097028      end_of_the_skype_highlighting  / (02) 2091979 begin_of_the_skype_highlighting            (02) 2091979      end_of_the_skype_highlighting.

(Si pertenece a una organizacion social y tiene interés en asistir, contáctenos)