Señor Director:
En este país ocurre con frecuencia que empresas nacionales y extranjeras conciban proyectos que alteran el equilibrio ambiental de zonas habitadas, los cuales conllevan un perjuicio para el buen vivir de sus habitantes y para sus ecosistemas.
Ocurre con frecuencia también que las empresas que solicitan la autorización para la puesta en marcha de esos proyectos presenten a las autoridades estudios de impacto que falsean la realidad, y que, sabiendo de antemano que la ciudadanía afectada se opondrá, ofrecen compensaciones por un daño que permanecerá en la zona a perpetuidad.
También ocurre con frecuencia en este país que las autoridades competentes en materia ambiental, a pesar de la oposición ciudadana, den su autorización al proyecto, desentendiéndose de las justas y razonables objeciones de la población afectada y de sus organizaciones sociales, incluyendo en este rechazo hasta los mismos tribunales de justicia a los que en última instancia se recurre, como recientemente ocurrió en el conflicto de las torres de alta tensión por el recurso que los limachinos presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Proyecto Cardones Poalpaico).
Por eso también es frecuente que en este país la opinión pública ponga en duda la idoneidad de quienes deciden el sí o el no en la autorización de estos proyectos, hasta la total pérdida de confianza en los poderes del Estado de una democracia que gradualmente está dejando de ser representativa.
Todo lo antes dicho, para hacer presente que esta vez, el peligro que amenaza a los habitantes de tantas comunas de norte a sur por dichos proyectos industriales y energéticos, le tocó a Cobquecura. Frente a esa comuna campesina y costera, "Inversiones Pelícano S.A." pretende instalar ocho proyectos acuícolas en sus costas, siete de los cuales cultivarían anualmente 3.000 toneladas de salmón, 1.900 toneladas de cojinova del norte, 618 toneladas de choros y 20 toneladas de huiros. Afortunadamente el alcalde y consejo de la comuna se oponen a que su mar territorial sea invadido por industrias contaminantes. Todos están conscientes de que tal proyecto, como ya se ha visto en otros casos, altera gravemente el ecosistema marino por la acumulación de fecas de salmón, residuos de productos alimenticios, excesivo uso de antibióticos y propagación de enfermedades que los peces contraen en sus cercos enjaulados, tales como: caligidosis, amebiasis y el virus ISA.
La empresa no hizo estudios previos para determinar el diseño completo del ecosistema marino que incluye el amplio sector llamado la "lobería", la mayor concentración de lobos marinos del país, animales que suelen destruir las jaulas de los peces en cautividad, ni sabe nada de las rutas de desplazamiento y alimentación de las ballenas, orcas, delfín chileno y vías de aves migratorias; y, de realizarse el proyecto, todo eso sería alterado más la completa abolición de la pesca artesanal, pudiendo la empresa escoger otro lugar no poblado de la dilatada costa chilena, lo que obviamente le significaría una instalación más onerosa.
Cabe preguntarse finalmente si esta vez las autoridades ambientales le cuidarán una vez más el bolsillo a la empresa o escucharán el clamor ciudadano. ¿El dinero manda?
Gastón Soublette
